La presidenta de la Corte Superior Nacional Penal Especializada, Inés Villa Bonilla, le envió un oficio y respondió que se están cumpliendo disposiciones emitidas luego del reclamo que formularon fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

Esta respuesta ya tiene más de una semana, no sé por qué el Poder Judicial no la difundió (antes). Por eso emitimos un lineamiento de trabajo en el que nos acoplamos a la respuesta de la doctora Villa Bonilla, para que todos los fiscales comparezcan a todas las audiencias en las cuales se pidan ceses de prisión preventiva relacionadas con el COVID-19. Nuestra posición original era que esto no era materia de las primeras decisiones del Poder Judicial. 

Los lineamientos del Equipo Especial Lava Jato se dieron entonces tras la carta de la doctora Villa.

Por eso fue que inmediatamente emitimos un lineamiento para que todos los fiscales asistieran a las audiencias que se convocaran sobre cese de prisión preventiva relacionadas con la pandemia. Por esa razón, el doctor (José Domingo) Pérez asistió a la audiencia de (cese de prisión preventiva) de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, en cumplimiento de ese lineamiento.

A pesar de la discrepancia, acuden a las audiencias judiciales.

Nuestro primer pedido era que no se tramitaran los pedidos de cese de prisión preventiva, que se están programando (en el Poder Judicial). No hay que olvidar que, de un momento a otro, nos programaron hasta 12 audiencias de cese de prisión preventiva. Entonces, la doctora Villa respondió que los ceses estaban dentro de los presupuestos que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial había aprobado y ella también. Nosotros emitimos el lineamiento señalando que los casos (relacionados con el) COVID-19 sí podíamos atenderlos porque no rompían el aislamiento social obligatorio y no dependían del conocimiento de la carpeta de investigación. Es decir, no había necesidad de ir al Ministerio Público y recabar la carpeta fiscal (para revisar los documentos del caso). Ahora los fiscales están autorizados a participar de esas diligencias. 

Varios especialistas interpretan que esta carta de la magistrada Inés Villa es la primera respuesta dura de la Sala Penal Nacional contra el Equipo Especial Lava Jato. ¿Cómo la toman ustedes?

Normal. Es una respuesta a un documento que le habíamos dirigido y es perfectamente posible que ella nos respondiera. Es más, nosotros pedimos que lo hiciera. Ella es dueña de sus palabras. Por supuesto, que lo que conteste siempre debe estar en el contexto de la legalidad, y eso es lo que nosotros analizamos también. Lo tomamos con el mayor respeto a ella y creo que ella lo ha hecho con el mayor respeto a nosotros. Por eso es que emitimos luego los lineamientos y, más bien, si esa es la interpretación, pese a las discrepancias que hemos hecho ver como en el caso de los jueces (Juan Carlos) Sánchez Balbuena y (Santos) Benites, pese a ello la doctora no ha dicho nada al respecto eso ya escapa a nosotros. 

Hemos visto que, por ejemplo, jueces de turno resolvieron casos que nunca antes vieron.

Hemos reclamado y nos sorprende que un juez que no conoce los casos (a profundidad), finalmente decida excarcelaciones, pero entendemos que eso fue lo que respaldó la doctora Inés Villa Bonilla y eso está en la comunicación que envió. Ella dijo que cualquier juez puede resolver, pero bueno, eso está dentro de la independencia de un Poder del Estado que, al final, puede tener un razonamiento diferente al nuestro.

Pero, finalmente, el pedido tenía una razón importante.   

Nosotros lo que pedíamos era una cuestión de razonabilidad y de diferencia de un mismo trámite. Por ejemplo, el ex árbitro del caso Odebrecht (Richard James Martin Tirado), quien fue liberado por un magistrado que sí conocía la investigación, es decir, el juez Jorge Chávez Tamariz, del "caso arbitrajes". Sin embargo, quien convocó a la audiencia fue el juez Sánchez Balbuena. Podíamos reclamar que no fuese Sánchez Balbuena quien decida (la excarcelación), pero cuando el fiscal acudió a la audiencia finalmente se encuentra con el juez Chávez Tamariz, quien estaba al tanto del caso. Por eso no presentamos queja por la competencia del juez.

Sin embargo, en otros casos hubo jueces que sí resolvieron los pedidos, sin antes haber conocido el expediente principal a profundidad.

En el subsistema de lavado de activos, el juez Santos Benites Burgos debió remitir el pedido de (cese de prisión preventiva o excarcelación) de Jaime Yoshiyama y el de Keiko Fujimori al juez Víctor Zúñiga Urday, pero él quiso resolverlo directamente. Nosotros reclamamos que ante una misma situación jurídica, los sistemas resolvieran de una manera diferente.  

Keiko Fujimori en audiencia pública sobre su prisión preventiva. Foto: Difusión
 

¿MÁS EXCARCELACIONES EN CUARENTENA?

Con un estado de emergencia y cuarentena ampliados, deben existir varios pedidos de cese de prisión preventiva por supuesto riesgo de contagio por COVID-19. ¿Esto frena la lucha anticorrupción?

El Poder Judicial ha dicho que todos esos trámites se van a dar y nosotros nos tenemos que someter a esa interpretación por la situación de emergencia, o sea ya hemos dado los lineamientos para que los fiscales sí comparezcan, discutan y litiguen todo lo que se trate de riesgo de la pandemia y el derecho a la vida de los internos.

Pero no todos los reos por corrupción están en riesgo de contagio.

Nosotros pensamos que el documento que mayor peso específico tiene es el informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el informe pericial del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, porque ambos aspectos están intervinculados. El INPE es el responsable de la vida de los penales y no depende del Ministerio Público ni del Poder Judicial, pero garantiza la vida y salud de los internos, y es lo que nosotros siempre vamos a respetar y hacer prevalecer, es decir, que no exista un grave riesgo para la vida y salud de los internos.

Por la crisis sanitaria, existe un universo grande de presos con el mismo riesgo. 

Este es un asunto de política general pública, porque como usted comprenderá, los abogados del caso Lava Jato pugnan mucho con este tipo de decisiones, pero no cualquier otro interno tiene ese mismo derecho y accesibilidad de que sus casos se puedan ver, sino fíjese lo que sería, en el Poder Judicial habrían 500 o mil pedidos internos que tampoco soportaría el propio trámite judicial.

SIN CONTACTO DIRECTO CON OTRAS INTERNAS

¿El INPE les ha informado sobre cuál es la situación de Keiko Fujimori dentro del penal de Mujeres?

El INPE ya emitió el informe en el que señala que la señora Keiko Fujimori está en un ambiente sola. (Ella) no tiene contacto con la población penitenciaria, se encuentra en una zona casi del mayor aislamiento posible, solamente colinda en un patio con dos internas que cumplen un castigo y solo tienen una hora de acceso a ese patio. Es bien difícil que la señora Fujimori tenga contacto con ellas. La única posibilidad de que tuviera contacto con esas personas es que ella acceda hacerlo. Ella está en el máximo cuidado posible y eso debe ser valorado por el Poder Judicial y el fiscal competente que es José Domingo Pérez.

La investigada Fujimori, hasta donde se sabe, no padece enfermedades preexistentes y no está en la población de riesgo. 

A eso es lo que llamamos pedidos oportunistas, un uso procesal malicioso de un mecanismo de cese (de prisión preventiva) a partir del riesgo de pandemia. Pero de cualquier manera, siempre reitero, lo que justifica una decisión judicial son los documentos que se puedan presentar y a partir de eso hay una valorización de los mismos y sobre eso es lo que se decide. La señora (Keiko) Fujimori es una persona joven, además deportista, por boca de ella sabemos que ha participado en maratones Iron Man, hace muy poco colgó en una red social que nadaba habitualmente, pero esas son consideraciones que se evaluarán en la audiencia.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, afirma como queja que no podido interrogar a testigos protegidos para defender a su patrocinada. ¿Es cierto?

La señora Loza le dijo al juez (Rómulo) Carcausto que nunca interrogó a un testigo protegido, lo cual es falso. El excongresista (Rolando) Reátegui —uno de los testigos protegidos— ha sido interrogado por ella. El exlegislador Daniel Salaverry y el empresario Antonio Camayo también fueron interrogados por ella directamente. (Loza) le ha mentido al juez Carcausto y si él no tiene el cuidado de confrontar esa respuesta, pueda dar por cierto algo que no es verdad. Y eso se comprueba con la carpeta de investigación y los elementos que se han acompañado y si uno revisa se puede dar perfectamente cuenta que ha mentido.