En entrevista con Convoca.pe, el fiscal coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato, aclaró que no participaron en la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori por no tratarse de un asunto relacionado a un riesgo de contagio de COVID-19. También se pronunció sobre carta de la magistrada Inés Villa Bonilla, presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. 

 

El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato, consideró que sería una ilegalidad que el Poder Judicial resolviera a favor de Keiko Fujimori, en relación a la apelación de la prisión preventiva ordenada en su contra, pedido de la excandidata presidencial que hoy quedó al voto en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Crimen Organizado.

En diálogo con Convoca.pe, el fiscal Vela recordó que el Ministerio Público no participó de dicha audiencia realizada esta mañana, pues no se encuentra referida a los casos de cese de prisión preventiva que presentaron varios reos del caso Lava Jato, a propósito de la pandemia por nuevo coronavirus.

"Enviamos dos oficios (a la Sala Penal de Apelaciones), uno de mi adjunto superior Hernán Mendoza y otra mía, y no obtuvimos respuesta. Y donde pedíamos la suspensión (de la diligencia), le comunicamos formalmente a la sala que no podíamos asistir y ejercer defensa material y técnica porque (la audiencia) no tiene relación con la pandemia del COVID-19”, remarcó Vela.

Vela indicó que el 20 de abril pasado emitió la Resolución Organizacional S/N-2020-REVB-FSCEE-MP, en la cual señala que sólo participarán en audiencias judiciales convocadas por el órgano jurisdiccional por la vía virtual y no presencial. El fiscal superior comentó, además, que esta audiencia requería que su equipo obtuviera copias certificadas del citatorio, actividad que expondría la salud del personal administrativo y la vulneración del aislamiento social obligatorio, al tener que acudir a una sede judicial para digitalizar documentos.

 

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Oficio enviado por el fiscal Hernán Mendoza para posponer audiencia de apelación de prisión preventiva.


Ilegalidad al frente

Al ser consultado de cómo tomarían un eventual fallo de la sala de apelaciones a favor de Keiko Fujimori y su posible excarcelación, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato respondió que estaríamos ante una ilegalidad. 

Como una ilegalidad, sin duda, porque desde nuestra perspectiva,  se está imposibilitando lo que ha sido una posible defensa del Ministerio Público, más allá de todo lo que ha arropado la circunstancia de su trámite. Habría que analizar cuales son los fundamentos de la sala, no podemos especular si es que la van a excarcelar a  la señora Fujimori, porque es una decisión del Poder Judicial. Nosotros podemos critica la decisión una vez que se notificada sino nos favorece y podemos plantear recursos legales“, dijo Vela Barba.

Consultado sobre qué recursos podrían presentar, Vela remarcó que podría ser una solicitud de nulidad de vista de la causa o de casación.

 

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 Respuesta de Inés Villa Bonilla al fiscal Rafael Vela Barba


Respondieron con lineamientos

Rafael Vela Barba se pronunció además sobre la carta emitida por la presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Inés Villa Bonilla, respecto al oficio que envió como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

Esta respuesta ya tiene una semana, no sé por qué el Poder Judicial no la difundió y por eso emitimos un lineamiento de trabajo dónde nos acoplamos a la respuesta de la doctora Villa Bonilla, y después de eso emitimos ese lineamiento para que todos los fiscales comparezcan a todas las audiencias dentro de los cuales se pidan ceses de prisión preventiva relacionadas con el COVID-19, con la pandemia, que en nuestra posición original era que esto no fue materia de las primeras decisiones del Poder Judicial”, explicó.

Como se recuerda, el 28 de enero último, el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Crimen Organizado, ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.