El próximo lunes 9 de septiembre se realizará una nueva audiencia del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros miembros vinculados a Fuerza Popular, implicados en el denominado “Caso Cócteles”. Esta sesión se realizará en medio de la decisión tomada por la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial Lava Jato para reemplazar al fiscal José Domingo Pérez de la investigación contra Fujimori y otros coacusados por los delitos de lavado de activos y organización criminal. 

Pero ¿qué impacto tiene esta decisión sobre el juicio que inició en julio de este año? En diálogo con Convoca.pe, el fiscal Rafael Vela Barba afirma que esta medida “se toma para proteger el proceso de lo que pueda venir más adelante”. 
 

Parte del documento que sustenta la decisión del fiscal Rafael Vela Barba.
 

Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional el fiscal Vela ratifica lo dispuesto en su resolución respecto a la facultad que tiene la fiscalía cuando se investiga el delito de organización criminal. 

“Cuando se investiga una organización criminal se hace desde las diversas miradas que tiene la organización para actuar y para ello es mejor que un solo fiscal investigue todo el proceso, sino tendríamos un fiscal por cada accionar de la organización y con ello el uso de mayores recursos y diversas miradas”, precisó, 
 

La resolución señala precisamente que “con el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional conllevaría que, por cada delito se avoque un fiscal, con la alta probabilidad de adoptar decisiones contradictorias entre sí, por la divergencia de las teorías de casos que se tendrían circunscritas a una misma organización criminal (...) desnaturalizando así los principios de eficacia y eficiencia que debe primar en el sistema procesal penal.”

Vela Barba adelantó que en la resolución firmada por su despacho “se establece una crítica a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, pero lo aceptamos porque las decisiones en última instancia son de obligatorio cumplimiento”, razón por la cual el fiscal Pérez Gómez solicitó a su coordinación el análisis de la posible exclusión. 

“Los fiscales no tenemos la potestad de inhibición que sí poseen los jueces, por eso es que el fiscal Pérez presenta este pedido para que se analice su posible exclusión y evitar que se afecte el proceso”, asevera. 

“Algunos dicen que con esta decisión estamos respaldando la posición del TC y no es así, en la resolución se hace una crítica a la misma”, precisa el fiscal. 

En efecto, la resolución establece que esa posición está respaldada “con el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, conforme a lo prescrito en el artículo 139.20 de la Constitución Política del Perú, en el sentido, que toda persona puede formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales”.

La medida que reemplaza al fiscal Pérez Gómez por su colega Manuela Rosana Villar Ramírez se tomó tras la evaluación de un pedido presentado por el mismo letrado que lleva adelante la acusación fiscal en el caso Cócteles. 

Villar Ramírez es titular del segundo despacho de la  Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de activos. Tiene a su cargo, entre otros casos, la investigación seguida contra el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la presunta comisión del delito de lavado de activos por un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana, durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. 
 

En el pedido el fiscal Pérez se refiere a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el pedido del abogado Arsenio Oré para que se anule la actuación fiscal en el marco de la investigación preparatoria por el delito de obstrucción a la justicia.

La sentencia fue utilizada en el juicio oral por los abogados defensores de Keiko Fujimori y sus coacusados para que puedan ser incluidos en esa figura y evitar que sean procesados -en este juicio- por dicho delito.

Al igual que Oré, sindicado por la fiscalía como el abogado que presionó e instruyó a posibles testigos del caso, los demás coacusados -a través de sus defensas- aseguraban que el fiscal Pérez Gómez no era la persona adecuada para llevar adelante una nueva acusación por su “falta de objetividad”. El juzgado presidido por la jueza Juana Caballero decidió excluir a los procesados del caso sobre obstrucción a la justicia usando como precedente la sentencia del TC, sin embargo el juicio seguiría su curso sobre los otros delitos mientras la fiscalía reiniciaba la investigación preliminar.

“Hemos dejado sin efecto la citación para el juicio oral para las personas que han sido favorecidas por la decisión del TC, no hemos anulado ni archivado ninguna investigación, simplemente se ha retrotraído el caso a la investigación preparatoria, solamente eso”, señaló Caballero en la lectura de dicha decisión. 
 

¿Seguirá el fiscal Pérez en el caso Cócteles?

Al ser el fiscal que lideró la investigación contra Keiko Fujimori, el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) y otros acusados, seguirá presente en las audiencias del juicio oral que preside la magistrada Juana Caballero. 

Al respecto, el fiscal Vela Barba aseguró que “el juicio no se verá afectado” y respaldó la permanencia de Pérez Gómez al frente de la acusación fiscal en el juicio que se le sigue a la cúpula de Fuerza Popular. 

Consultado si los abogados podrían usar esta resolución como una forma de querer excluir totalmente a Pérez, el fiscal Vela asegura que “para eso se han tomado estas medidas” y afirma que los defensores de Keiko Fujimori, Mark Vito y otros no podrían usar esto para una exclusión total. 

El fiscal José Domingo Pérez seguirá en las audiencias del caso Cocteles. Foto: Poder Judicial

“La única forma (de hacerlo) es a través del propio Poder Judicial, de la dirección del juicio pero ese (proceso) ya está iniciado, así que ahí no hay marcha atrás, no hay ninguna afectación de ese tipo”, señala. Manifiesta, sin embargo, que pueden existir estrategias de afectación futuras. 

“Por ejemplo, si buscan a través de estos nuevos fiscales, encontrar pronunciamientos contradictorios ahí pudieran tratar de articular algo al respecto (...) es lo que ellos buscan: romper la unidad de la investigación para que exista caos en la posibilidad de las decisiones, pero a corto plazo eso no va a pasar porque están en una etapa recién preliminar”, señala.

Sin embargo, la fiscalía deberá estar atenta a lo que las defensas argumenten más adelante porque la decisión del Tribunal Constitucional, es inédita. No existe antecedentes donde se excluya a un fiscal por verse perjudicado ante el accionar de investigados o acusados por el delito de organización criminal. La decisión del TC sienta un precedente toda vez que bastaría afectar al fiscal que investiga a organizaciones criminales para que sea retirado del caso. 

Convoca.pe buscó a la abogada Giuliana Loza, defensora legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori pero no obtuvimos respuesta a nuestros pedidos de entrevista. Sin embargo, Loza se ha pronunciado en diversos medios de comunicación señalando que el reemplazo del fiscal Pérez es “un reconocimiento tardío a un reclamo que había sostenido desde el inicio del proceso”, pues el representante del Ministerio Público “carecía de criterio y objetividad”. 
 

La situación del caso

Para entender esto hay que retroceder al 5 de julio de 2021, fecha en la que el fiscal Pérez Gómez inició la investigación preliminar contra la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori, el partido Fuerza Popular y otros por delitos de lavado de activos tras conocerse una serie de audios Según la disposición fiscal, en los audios donde -aseguraba la fiscalía- existían indicios de entrega de dinero o financiamiento a Fuerza Popular de manera irregular. 

#AHORA 🔴 El fiscal José Domingo Pérez abrió investigación preliminar contra @KeikoFujimori por el presunto delito de lavado de activos en la campaña electoral 2021. La excandidata respondió que pedirá la exclusión del fiscal de su caso. ¿QUÉ OPINAS? https://t.co/eYVBqsuTW4 pic.twitter.com/goyx3tNHgm

— Convoca (@ConvocaPe) July 5, 2021

En ese momento, Pérez señaló que la organización criminal que actúo en los procesos electorales de 2011 y 2016 se reactivó para la campaña electoral año 2021. Por su parte el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), Juan Carlos Tassara, admitió a Convoca.pe el contenido del audio en el que se le escucha decir que el gremio de empresas constructoras está haciendo una colecta para dar aportes "por fuera" a la campaña de Fuerza Popular en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Entre los acusados se encontraba el abogado Arsenio Oré quien presentó en 2023 una demanda ante el Tribunal Constitucional señalando que se había atentado contra sus derechos fundamentales y pidió el retorno al estado anterior del proceso en su contra, es decir que se reinicie la investigación preliminar y bajo un nuevo fiscal toda vez que Pérez “carecía de objetividad”. Argumento que ha sido usado en reiteradas oportunidades por los abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto, defensores de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, respectivamente.  

Con el estado actual de la situación la expectativa está frente a lo que pueda ocurrir en la audiencia de este lunes y en las posteriores sesiones para ver si la defensa de los acusados deciden o no ampliar su estrategia para pedir la exclusión total del fiscal José Domingo Pérez Gómez.