Fiscal brasileño Vladimir Aras: Evidencias de 'Castillo de Arena' se pueden usar si otra fuente las corrobora

Luego de siete años de investigación en el Perú, el caso Castillo de Arena sigue siendo objeto de artificios legales que buscan empantanar los avances del Ministerio Público. La constructora brasileña Camargo Correa, la principal implicada, ha insistido en su estrategia de solicitar a la justicia peruana eliminar las evidencias de hechos de corrupción, registrados por sus propios directivos, que apuntan al pago de presuntos sobornos y de financiamiento oculto de campañas políticas durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011).

Sin embargo, el último miércoles 9 de marzo, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró improcedente una acción judicial de la compañía y su ex máximo directivo en Perú, Marcos de Moura Wanderley, con la que pedía que el Equipo Especial Lava Jato no pueda utilizar estos medios probatorios que son claves para su investigación.

Convoca.pe conversó al respecto con el exprocurador brasileño Vladimir Aras, quien fue fiscal del caso Castillo de Arena en Salvador de Bahía y luego fue jefe de cooperación internacional de la Fiscalía General de Brasil (2013-2017) cuando el Ministerio Público peruano coordinaba fluidamente la entrega de información sobre el caso Lava Jato. Para el jurista, existen varias maneras de probar los indicios de corrupción ya conocidos a pesar de que las evidencias puedan llegar a ser invalidadas.

Contexto problemático

Como se sabe, la Operación Castillo de Arena tuvo su origen en una investigación sobre un esquema de lavado en Brasil y de envíos irregulares de divisas al exterior. Siguiendo la pista, las autoridades llegaron a descubrir que el dinero provenía de Camargo Correa y estaba ligado al pago de coimas a cambio de obras públicas en ese país. En 2009, la Policía Federal brasileña allanó varios inmuebles relacionados con la constructora y sus principales ejecutivos. Incautó abundante información sobre las cuentas paralelas que llevaba en distintos países, incluído el Perú.

En 2009 las oficinas de Camargo Correa fueron allanadas por la Policía Federal de Brasil. Foto: Difusión.

A pesar de la abrumadora cantidad de evidencias recogidas, Castillo de Arena hoy es un caso emblemático de impunidad.

De hecho, Aras recordó que cuando él era fiscal en Salvador de Bahía realizó una investigación sobre licitaciones de obras públicas relacionadas con el caso en su ciudad, gracias a que la Fiscalía de Sao Paulo compartió con su equipo la información decomisada. "Empezamos un proceso [de investigación], pero no fue posible elevar esta cuestión a juicio porque todas las pruebas fueron invalidadas por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, una corte de casación que tenemos acá", señaló.

En efecto, en Brasil, Camargo Correa consiguió que en el 2011 la máxima instancia judicial brasileña acogiera una demanda de habeas corpus y declarara que las evidencias incautadas eran ilegales ya que su obtención, supuestamente, afectó sus derechos fundamentales por haberse basado en una denuncia anónima.

La decisión fue por mayoría, pero no unánime. Como ha informado Convoca.pe desde 2015, la corte no valoró que las autoridades encargadas de las pesquisas sí habían hecho constataciones previas para corroborar la autenticidad de la información denunciada y que habían solicitado los permisos judiciales de rigor para practicar sus diligencias.

"Cuando yo era jefe de la Cooperación Internacional de la Fiscalía General de Brasil, hubo un diálogo con la Fiscalía de Perú para que pudiésemos compartir estas pruebas (...). Y en el momento, el juez que estaba encargado de esta cuestión no permitió que lo hiciéramos porque le parecía que, con la decisión del Tribunal Superior, no estaba permitido que los jueces de las instancias inferiores hagan algo con las pruebas que teníamos acá. Porque [consideró que] sería compartir informaciones que acá no son válidas", comentó Aras.

Vladimir Aras fue jefe de la oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de Brasil cuando se iniciaron las pesquisas del caso Lava Jato en Perú. Foto: Convoca.pe

El último miércoles, en audiencia frente al juez Concepción Carhuancho, fue esta misma sentencia del Tribunal Superior brasileño la que Camargo Correa trató de hacer valer en el Perú para restar validez a las evidencias. Concepción señaló que el pedido planteado a su despacho judicial no era la vía correspondiente para reconocer una decisión jurisdiccional extranjera, sino que debía hacerlo a través del trámite judicial denominado exequátur.

Pero así como a la constructora aún le resta dicha carta por jugar, la Fiscalía peruana también tiene algunas opciones por explorar.

Aras menciona que el Equipo Especial Lava Jato del Perú tienen la posibilidad de revisar la sentencia de la corte brasileña para conocer sus límites de aplicación, pues no todas las pruebas fueron anuladas y se puede solicitar su uso para casos específicos.

"Es posible que los fiscales peruanos vengan acá, coordinen su visita con la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia de Brasil, para plantear al magistrado federal de Sao Paulo que permita que las pruebas sean facilitadas a Perú para que en el Perú se haga la verificación de la validez de estas pruebas, como fue la decisión del Tribunal Superior de Brasil", anotó.

En este sentido, el jurista agregó que "no está en la competencia" del juez brasileño encargado del caso definir si las pruebas están vinculadas o no al vicio inicial por el cual se invalidaron algunas de ellas.

"El problema está ahí: [definir] si el origen de las pruebas fue legal, conforme a las reglas constitucionales de Brasil, que no está en contra de los tratados de Derechos Humanos en materia de producción de evidencias. Si están bien, pueden ser utilizada en los juicios de Perú. ¿Pero quién debe decidir si las evidencias son buenas? Son las cortes de Perú", advirtió.

Descubrimiento inevitable

Sin embargo, Aras comentó que "a veces no es necesario tener un documento específico para tener una buena investigación". "Podría ser [que se prueben los indicios] a través de inteligencia. Podría ser que las informaciones iniciales puedan ser corroboradas por otras fuentes independientes. Hay teorías de la Corte Suprema de los Estados Unidos que [consideran] que aunque haya un vicio inicial en la evidencia, esta se puede utilizar si hay una fuente independiente que la corrobora", advirtió.

Se trata de la teoría jurídica del "descubrimiento inevitable" ("inevitable discovery"), profundizada en Estados Unidos a raíz del caso Nix vs. Williams (1984), donde primero se descubrió el homicidio de una niña por medios no permitidos, pero luego se encontró una manera lícita de llegar a la misma certeza. En este caso, la "prueba prohibida" se convirtió en admisible para la justicia norteamericana y el razonamiento comenzó a replicarse en tribunales de todo el mundo.

"Lo que se puede hacer en Castillo de Arena es exactamente eso. Y es por eso que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil sirve bien para que otros fiscales de otros países puedan encontrar una solución adecuada según sus leyes", apuntó.

"Se debe primero coordinar la cooperación internacional (...) y obtener la evidencia. Y después, debatir este tema según estas teorías que son muy comunes (...), que son utilizadas en todo el mundo, para que haya una proporcionalidad en la materia probatoria y no se deje que un asesinato, como este caso del año 1984, o este caso de corrupción en Perú y Brasil, queden sin condenas", comentó.

El jurista brasileño señaló que es importante proteger el derecho a la defensa de todas las personas, pero que también es necesario que este se equilibre con el interés público. "Es importante (...) que haya un equilibrio entre el interés de la defensa y el interés de la ciudadanía, de las naciones, de obtener condenas de personas culpables de los hechos que están siendo denunciados", concluyó Aras.