Los argumentos que archivaron en Brasil el caso ‘Castillo de Arena’, que involucra a la empresa constructura Camargo Corrêa en presuntos pagos de soborno a políticos y favores para ganar licitaciones en diversos países, obviaron hechos relevantes para continuar con la investigación según el análisis del único vocal que se opuso a su anulación y otros documentos a los que accedió Convoca. Estos elementos ponen sobre la mesa la validez de los hallazgos encontrados por la Policía Federal de presuntas coimas de la empresa brasileña en momentos clave de la construcción de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, tal como reveló Convoca y BRIO. Tales evidencias cobran especial relevancia en Perú debido a las indagaciones ya iniciadas por las autoridades del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.

Sábado 28 de marzo de 2009, al final de la tarde en las instalaciones de la Policía Federal de São Paulo. Unos hombres caminan apurados en fila, casi en la penumbra, cubriendo sus rostros con casacas y protegidos por otras personas de traje negro que bien podrían tratarse de sus guardaespaldas. Mientras avanzan, una ráfaga de flashes de cámaras fotográficas los persigue. Pero ellos no dan la cara. Son Pietro Giavina Bianchi, Dárcio Brunato, Fernando Dias Gomes y Raggi Badra Neto, directores de la constructora brasileña Camargo Corrêa, que luego de cuatro días de detención salieron en libertad junto a otros seis investigados.

Esa tarde, los ejecutivos liberados por decisión de la jueza federal Cecilia Mello, dejaron en manos de sus abogados las explicaciones a la prensa frente a los hallazgos que los vinculaban con el llamado ‘doleiro’ (cambista) Kurt Paul Pickel, denunciado por lavado de dinero y otros delitos financieros. 

El trabajo de la Policía continuó en los siguientes meses con hallazgos importantes que alcanzarían al Perú. Con fecha 5 de octubre de 2009, los investigadores elaboraron un informe con los documentos encontrados en el allanamiento a las oficinas y domicilio de Pietro Giavina Bianchi de Camargo Corrêa. Entre esos papeles se encontraron las evidencias de presuntos pagos de soborno para la carretera Interoceánica Sur en Perú durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, que en junio último Convoca y BRIO sacaron a la luz y han propiciado el inicio de las investigaciones de la justicia peruana.

El reporte de la Policía en el que se menciona a la Interoceánica no solo da cuenta de hechos irregulares en Brasil y Perú sino en otros países de América Latina y África. Como bien indica la Policía Federal, las indagaciones “se iniciaron para investigar la transferencia ilegal de divisas, de delitos en el extranjero y el blanqueo de dinero” que tenía como principal sospechoso a Pickel pero luego se encontraron evidencias de la conexión con Camargo Corrêa y el financiamiento de “la campaña electoral de diferentes partidos políticos” así como donaciones sospechosas que “estarían relacionadas con el apoyo a varias licitaciones para la ejecución de obras públicas”.

A pesar de los avances iniciales de la Policía, el 5 de abril de 2011, la Sexta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), compuesta por los vocales Maria Thereza de Assis Moura, Haroldo Rodrigues, Celso Limongi y Og Fernandes decidieron –con tres votos contra uno– archivar el caso ‘Castillo de Arena’.

La principal razón que argumentaron los que decidieron la anulación fue que la investigación se inició por una denuncia anónima de las prácticas ilegales de Pickel, pero no tomaron en cuenta las indagaciones que sirvieron para sustentar cada permiso que obtuvo la Policía de la justicia brasileña, tal como aparece en la argumentación del único vocal que votó a favor de continuar con el caso: Og Fernandes.

Convoca se comunicó con Fernandes y accedió a la argumentación de su voto de 46 páginas, en la que presenta cuatro motivos por los que no debió archivarse ‘Castillo de Arena’.

El vocal de la Sexta Sala del STJ, Og Fernandes, votó en contra de la anulación del caso Castillo de Arena.

El voto disidente  

Aunque Fernandes no puede pronunciarse sobre ninguno de sus casos debido a que la ley se lo prohíbe, sus argumentos son claros y contrastan con lo que consideraron los otros tres vocales de la Sexta Sala: que la investigación “realizó inadecuadas medidas coercitivas absolutamente genéricas e invasivas a la intimidad”, como se lee en la sinopsis en respuesta a los hábeas corpus 159.159-SP y 137.349-SP presentados por la defensa de los ejecutivos de Camargo Corrêa y Kurt Paul Pickel.

Según estos recursos legales presentados en 2009, “la denuncia anónima no fue sometida a una investigación preliminar” ni vincula “razones para utilizar una medida preventiva” pero según Fernandes esto no es verdad. En la sustentación de su voto, el vocal explicó como primer motivo para no archivarse el caso, que “paralelamente a la denuncia anónima hubo diligencias (…) de la autoridad policial que antecedieron al levantamiento del secreto telefónico (sigilo telefônico)”.

Cuando la Policía Federal recibió la denuncia anónima de que un tal K.P, que luego se supo era Kurt Paul Pickel, estaría dedicado al desvío de divisas, los investigadores iniciaron sus indagaciones “en los bancos de datos” de la Unidad de Inteligencia de la Policía. Esto permitió identificar a Pickel y recoger indicios de que este personaje “estaría actuando en delitos contra el Sistema Financiero Nacional y de ‘lavado’ de activos”, tal como se señala en la misma decisión de la justicia federal que otorgó el 22 de enero de 2008 la autorización a la Policía para acceder al registro de llamadas de las empresas de telefonía y rastrear a Pickel.

La propia justicia de Brasil reconoció que el otorgamiento de este permiso era necesario al no existir “otros medios para investigar los hechos” e “identificar el presunto modus operandi y el origen de los fondos”.

De acuerdo con el informe final de la Policía Federal sobre el caso, estas diligencias previas realizadas tras acceder a los registros de llamadas, permitió establecer que el ‘doleiro’ Pickel tenía participación y vínculos en diversas compañías. Era uno de los socios de las empresas Cornwall Representações e Participações e Empreendimientos Comerciais LTDA (que estaba vinculada al Swiss Bank Corporation) y de Venture Partness Negócios e Finanças S/C LTDA.  Pero no solo eso, la Policía descubrió en sus investigaciones preliminares que Pickel mantenía “una intensa comunicación con directores del Grupo Camargo Corrêa, para quien estaría prestando sus servicios ilegales”.

A pesar de los avances, la Policía explicó a la justicia brasileña que debido a la naturaleza de los de los delitos era “difícil comprobar” este tipo de “operaciones de ‘cabo’ (sobornos), en las cuales no existen transferencias físicas de valores, ya sea por la dificultad de la identificación de los agentes, o la misma destrucción de las pruebas, en la mayoría de veces”. Con estos argumentos, solicitó el 8 de febrero de ese año el permiso para la interceptación telefónica a las líneas de Pickel. La Justicia Federal otorgó la autorización cinco días después.

Con permiso judicial 

Og Fernandes precisó como segundo punto que el acceso a los “datos de las líneas telefónicas no debe confundirse con la interceptación de conversaciones telefónicas”.

Como se ve en la secuencia de los hechos, estos pedidos fueron progresivos como parte del avance en las investigaciones realizadas por la Policía. Como tercer argumento, el vocal de la Sexta Sala del STJ expuso que “el levantamiento del secreto telefónico, en el momento en que se produjo, era indispensable para deslindar los hechos” verificados debido al alto riesgo de caer en conclusiones equivocadas.

Como cierre de su voto, Fernandes resaltó que no se perjudicó a los investigados en su derecho a acceder oportunamente al expediente. 

La argumentación del vocal pone sobre la mesa la validez de los hallazgos encontrados por la Policía Federal sobre presuntas coimas para la Interoceánica Sur. En forma simultánea, permite desenterrar otros indicios de irregularidades como las 22 adendas a los contratos de la obra que permitieron que se incremente, entre otros hechos, el precio inicial de la carretera de unos 800 millones de dólares a más de 2 mil millones.

Aunque el caso ‘Castillo de Arena’ tuvo amplia difusión en Brasil y su principal implicada, Camargo Corrêa, operaba en nuestro país, la Fiscalía no solicitó información a Brasil, según fuentes que tuvieron acceso directo a los hechos. En esos días en que gobernaba Alan García, Gladys Echaíz era la fiscal de la Nación. Su desempeño, desde abril de 2008 a mayo de 2011, fue vinculado al entonces partido aprista debido a que su esposo Flavio Miguel Núñez Izaga, fue alcalde de Chiclayo por el Apra y candidato en las elecciones regionales de 2010 por el mismo partido. Echaíz no ha querido responder a las preguntas de Convoca a pesar que se acordó con ella una entrevista telefónica luego de mucha insistencia.

Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación de abril de 2008 a mayo de 2011. 

Recién en junio último, el Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso de IIRSA Sur declarando el caso como “complejo” con un plazo inicial de ocho meses a diferencia de los cuatro meses que tomaría una indagación regular. El procurador anticorrupción Joel Segura explicó a Convoca que esto se debe a la cantidad de implicados, los cargos que ocuparon en el gobierno, el número de delitos, y la vinculación del caso con empresas extranjeras. “Pediremos toda la información que sea necesaria a Brasil”, aseguró el procurador. Por lo pronto, ya solicitó la autorización para viajar a ese país donde aguardan los indicios y evidencias que pueden permitir llegar al fondo de los presuntos pagos de soborno de la Interoceánica Sur.

El procurador anticorrupción Joel Segura es quien está a cargo de las investigaciones sobre el caso Interoceánica.

Indicios y pruebas

En una entrevista con el diario La República el 30 de junio, el ex procurador Christian Salas señaló que en las investigaciones de Perú “no se pueden usar las pruebas invalidadas por Brasil”, pero luego precisó a Convoca que pueden servir como “referencia”. “Lo que necesitamos son indicios porque las pruebas las vamos a conseguir con estas medidas que estamos solicitando”, añadió.

El ex procurador anticorrupción Christian Salas explicó a Convoca los requisitos para la apertura

de una investigación preliminar por delitos de lavado de activos o corrupción.

En la línea del vocal Og Fernandes y lo argumentado por la Policía Federal de São Paulo, Salas consideró que en casos de corrupción y lavado de activos, basta con indicios para solicitar el levantamiento “del secreto de comunicaciones, secreto bancario e incautaciones”.  Explicó que es lo razonable porque si un fiscal “pide esta información mediante oficio a la empresa Camargo Corrêa” nunca se la van a entregar. 

Fecha de Publicación: Domingo, 12 de julio. 11: 30 am 

Artículo también publicado en la versión impresa del 12 de julio de 2015 del diario La República.