Un futuro incierto le aguarda a la Amazonía peruana, pues exgobernadores y exalcaldes investigados por corrupción y otros delitos son los virtuales gobernadores de cuatro regiones, como resultado de estas Elecciones Regionales y Municipales 2022. Además, dos de estas nuevas autoridades son accionistas de empresas que realizan actividades relacionadas con la deforestación de estos territorios: el cultivo de palma aceitera y la minería artesanal.

Los candidatos a gobernadores regionales que ocuparon los primeros puestos en Ucayali, Madre de Dios, Loreto y San Martín obtuvieron más del 30% de los votos válidamente emitidos, por lo que asumirán estos cargos públicos, mientras que, en Amazonas, el postulante con mayor votación no superó esta valla y tendrá que disputar una segunda vuelta con su contendor más cercano.

Tres de los cuatro virtuales gobernadores amazónicos pertenecen a partidos políticos nacionales y sólo uno integra un movimiento regional. Por el Partido Democrático Somos Perú, fueron elegidos Jorge René Chávez Silvano, en Loreto, y Walter Grundel Jiménez, en San Martín. En representación de Avanza País ganó Luis Otsuka Salazar.

Ajeno a una bandera partidaria, en Ucayali, fue electo Manuel Gambini Rupay, del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino. En Amazonas, el gobernador será elegido en un balotaje entre Gilmer Horna, de Sentimiento Amazonense Regional, y Grimaldo Vásquez Tan, del Movimiento Regional Victoria Amazonense.

Los virtuales gobernadores amazónicos no sólo tienen en común que son investigados por el Ministerio Público y afrontan procesos en el Poder Judicial por corrupción y otros delitos, sino tambíén que aparecen en informes de la Contraloría General de la República por irregularidades en obras realizadas cuando ocuparon cargos públicos.

El minero artesanal

“¿Cómo es posible que, por yo abrir una carretera en el Manu, tenga denuncia? Una carretera es para llevarle el desarrollo a los pueblos que viven en extrema pobreza. Me están investigando por abrir una carretera. Ya van siete años pagando abogado”, se quejó Luis Otsuka, virtual gobernador de Madre de Dios, cuando Convoca.pe le preguntó sobre la investigación que afronta por delitos ambientales. 

En su primer año como gobernador de Madre de Dios, en 2015, Otsuka inició la construcción de una carretera entre Nuevo Edén y Puerto Shipetiari, sin solicitar la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Dicha entidad advirtió que la vía beneficiaría a taladores y mineros ilegales y afectaría la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, donde viven comunidades nativas y grupos de indígenas en aislamiento voluntario y que está ubicada cerca al Parque Nacional del Manu.

Como Otsuka insistió en construir la carretera de 12 kilómetros, la Fiscalía Provincial en Materia Ambiental de Madre de Dios le inició una investigación preliminar, en septiembre de 2015, por presuntos delitos ambientales contra los recursos naturales en agravio del Estado Peruano.

Esta fue una de las tantas veces que Otsuka desafió a entidades del Poder Ejecutivo durante su gestión como gobernador. Su público enfrentamiento con el ministro del Ambiente, Javier Pulgar-Vidal, en la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, motivó que el titular de esta cartera lo acusara de “querer la impunidad total en Madre de Dios y pretender destruir la Amazonía”.

Hoy, Luis Otsuka vuelve “recargado” al Gobierno Regional de Madre de Dios, respaldado por el 31% de los votos de su región. El único gobernador electo por Avanza País amenaza con denunciar ante el Poder Judicial “a todos esos corruptos y ladrones”. “Y si tuviese el poder, los elimino a todos esos ladrones. Hay que ordenar el Perú. Hay que hacer una limpieza, pero una limpieza moral”, agrega. 

El virtual gobernador de Madre de Dios, el empresario minero Luis Otsuka, afronta una investigación por delitos ambientales, iniciada durante su primera gestión al frente de la región, en 2015. Foto: Facebook

Antes de asumir la gobernación, en el 2014, Luis Otsuka se desempeñaba como minero artesanal en la Minera K-1 EIRL, empresa de su propiedad, ubicada en la provincia de Tambopata. Además, era dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) y lideró varios paros de mineros artesanales y pequeños mineros contras diversas medidas dispuestas por el Ejecutivo para formalizar las actividades extractivas.

Al término de su gestión en el Gobierno Regional, en 2019, Otsuka retomó la actividad extractiva con Minera K-1. Sus ingresos declarados en 2021 suman 1 millón 534 mil 535 soles, por el ejercicio de su labor en el sector privado. “¿Y le parece mucho que declare yo mis ingresos, mis egresos? Eso me está controlando la Sunat”, respondió a este medio digital sobre la alta suma que percibe anualmente.

Además, Otsuka es titular de tres concesiones mineras y un grifo, posee predios con un valor total de autovalúo superior al medio millón de soles y 14 vehículos por una suma de medio millón de soles, de acuerdo con su declaración jurada de hoja de vida presentada al JNE.

“Ja, ja, ja. Me está tomando como si yo fuese el malo, el depredador. Yo trabajo porque tengo concesión minera y eso lo tienen todas las grandes empresas. ¿Por qué no cuestionan a las grandes empresas que tienen concesiones? Yo también tengo concesión y me dicen que estoy depredando”, responde Otsuka sobre su ocupación como minero artesanal.

Acerca de una supuesta alianza con los mineros ilegales, Otsuka asegura que es un mito que han creado en su contra. Además, acusa al Estado de generar la mayor ilegalidad en la minería y afirma que “el Perú es el único país del mundo que ha prohibido trabajar a la minería artesanal”.

El agricultor de palma aceitera

En Ucayali, Manuel Gambini, del Movimiento Independiente Cambio Ucayalino, obtuvo el 37,6% de los votos, por lo que volverá a gobernar esta región, tal como lo hizo del 2015 al 2018. Antes de llegar al sillón regional, fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Irázola durante dos periodos entre 2007 y 2014.

En agosto de este año, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali formalizó y dispuso la continuación de una investigación preparatoria por un plazo de 36 meses a Manuel Gambini y otras 58 personas, acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y lavado de activos.

De acuerdo con la tesis del fiscal Dennis Vargas Sotelo, esta red delincuencial, supuestamente conformada por Gambini y otros funcionarios de su gestión como gobernador regional, entregaba títulos individuales de tierras consideradas intangibles. Estas formaban parte de bosques de protección permanente o de comunidades indígenas que aún no estaban tituladas.

Con el título, los nuevos propietarios vendían sus tierras a la empresa de cultivadora de palma aceitera Plantaciones de Ucayali (la misma que luego las transfirió al grupo Ocho Sur) para cultivar palma aceitera. Durante los tres años que gobernó Manuel Gambini, la Fiscalía identificó que el Gobierno Regional de Ucayali emitió 128 certificados de posesión de terrenos, con una extensión total de más de 4 mil hectáreas, en el distrito de Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo.

"Esta última denuncia me sorprende. No tengo ni arte ni parte, pero los que deberían de estar ya no están", dijo Manuel Gambini al medio regional La Voz Ucayalina, en agosto último. En este caso, el fiscal Dennis Vargas archivó la investigación a Celia Isabel Prado Seijas y Miguel Ángel Seijas Del Castillo, exdirectores de agricultura en el gobierno de Jorge Velásquez Portocarrero, y al empresario Dennis Melka.

El entonces candidato negó que tenga que ver con Plantaciones de Ucayali y su director Dennis Melka, empresario estadounidense investigado por la deforestación masiva que le permitió plantar casi 11 mil hectáreas de palma aceitera en la selva de Ucayali. Gambini ecordó que cuando asumió el gobierno regional en 2015, esa empresa ya estaba cosechando su palma.

La Fiscalía investiga a Manuel Gambini, virtual gobernador de Ucayali, por su presunta participación en una organización criminal de tráfico de tierras y lavado de activos. Foto: Facebook

Junto con Gambini son investigadas otras 58 personas, la mayoría han sido funcionarios públicos. Uno de ellos es Isaac Huamán Pérez, ex director de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, quien es acusado de ser el cabecilla de la organización criminal y otorgar de forma ilegal derechos de posesión de tierras. De acuerdo con información del expediente fiscal publicada por Convoca.pe, Huamán era protector de la empresa Plantaciones de Pucallpa, de Dennis Melka.

"Hay funcionarios regionales investigados porque se han beneficiado económicamente a través del otorgamiento ilegal de derechos sobre tierras de la Amazonía. Isaac Huáman Pérez está imputado por delitos contra la comunidad de Santa Clara de Uchunya", explicó a este medio Álvaro Másquez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a esta comunidad indígena en un proceso penal ambiental por crimen organizado. Huamán fue detenido el 12 de diciembre de 2018.

A los comuneros de Santa Clara de Uchunya les tocó enfrentar al Grupo Melka, un conglomerado transnacional que accedió a estos territorios que ellos reclaman como tierras ancestrales. "De un día a otro, llegaron decenas de tractores que se instalaron sobre siete mil hectáreas que habían negociado previamente y empezaron a desforestarlas, árbol por árbol. Dentro del territorio hay una plantación de palma aceitera en siete mil hectáreas de bosque, lo que ha generado un perjuicio permanente en la comunidad", recordó el abogado Álvaro Másquez.

Al referirse al investigado Isaac Huamán, ex funcionario durante su gestión en el gobierno regional, Manuel Gambini dijo a La Voz Ucayalina: "No estoy para taparle a un funcionario o una funcionaria. Nosotros nombramos, pero como son unidades ejecutoras las direcciones regionales, tampoco estamos metidos en todo. Si alguien falló, que la justicia diga si cometió o no faltas y errores".

En el Ministerio Público, Manuel Gambini figura con seis investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, contra la administración pública, colusión, malversación y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, de acuerdo con el portal Vigilancia Electoral. En el Poder Judicial, tiene cuatro procesos por supuestos delitos contra la administración pública, cohecho activo genérico, peculado y colusión.

Al ser consultado por el número de investigaciones fiscales y juicios que tiene, Manuel Gambini respondió a La Voz Ucayalina: "Tengo varias denuncias preliminares" y explicó que lo involucraron en casos de las direcciones regionales porque que era titular del gobierno regional.

Además, Manuel Gambini aparece en cuatro informes de control de la Contraloría General de la República realizados entre 2018 y 2019. Estos están relacionados con obras, contrataciones, adjudicaciones de predios y nombramiento de funcionarios durante su gestión como gobernador regional de Ucayali.

Palmicultor, cacaotero, dedicado a actividades agrícolas, es la ocupación que Manuel Gambini declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones para los últimos comicios. Sus ingresos anuales ascienden a S/ 343.316 y provienen de intereses originados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros.

Manuel Gambini es accionista en tres empresas: Servicentro Palma SAC, Oleaginosas Amazónicas SAC y y Agroindustrias Oleaginosas del Perú, que cultivan y extraen aceite de palma. Tiene 14 predios registrados a su nombre, la mayoría rurales y ubicados en Pucallpa. Diez de ellos fueron adquiridos por adjudicación y cuatro por compra venta.

El empresario que dona sus bienes

“Yo tengo ocho años de alcalde en la provincia de San Martín. He hecho muchas obras sin ninguna denuncia de corrupción y eso me da una garantía de que yo trabajo en base a resultados”, aseguró Walter Grundel, del partido Somos Perú, a los periodistas que le preguntaron sobre las investigaciones que tiene en el Ministerio Público, tras una reunión que tuvieron los gobernadores electos con el presidente Pedro Castillo, el último lunes.

Sin embargo, el gobernador electo de San Martín tiene un proceso en el Tercer Juzgado Unipersonal de Tarapoto, con número de expediente 936-2017, por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. A Walter Grundel se le acusa de contratar irregularmente a una empresa para el cobro de deudas a Telefónica del Perú, lo que habría generado un perjuicio económico de más de 100 mil soles a la Municipalidad de San Martín, cuando era alcalde provincial, en 2015.

Por un audio difundido en redes sociales el 17 de octubre de 2021, la jueza del Tercer Juzgado Unipersonal de Tarapoto, Mariella Del Rocío Vargas Flores, se apartó del proceso contra Walter Grundel, en la etapa del juicio oral, a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tarapoto. 

En la grabación, un interlocutor, que se sospecha que sería Walter Grundel, se refiere a hacer un pago de "150", a hablar con una jueza, de nombre Mariella, y a tener cuidado con su esposo, de apellido Sotelo. Estos datos coincidían con la magistrada y su cónyuge, por lo que la Fiscalía argumentó que la investigarían por presuntos hechos de corrupción para favorecer al exalcalde.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exalcalde Grundel negó que haya sido una de las personas que aparece en el audio donde se alude a una coima para la referida jueza.

Publicación del Ministerio Público tras difusión de audio de Walter Grundel que involucraría a jueza a cargo de proceso por colusión.

En 2018, la difusión de otro audio de Walter Grundel generó el inicio de una investigación fiscal por una supuesta conversación con el ex presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas. Este último habla de un traspaso de maquinaria pesada y se compromete a financiar la candidatura para la reelección del entonces burgomaestre de San Martín y a conseguirle obras públicas. El diálogo se habría producido en 2013.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tarapoto inició una investigación a Walter Grundel y a Víctor Isla, por el presunto delito de lavado de activos, en la carpeta fiscal 1369-2017. El exalcalde aceptó públicamente que su voz estaba en la grabación, mientras que el extitular del Congreso lo negó.
 

A su salida del Palacio de Gobierno, el virtual gobernador de San Martín, Walter Grundel, dijo que no tiene denuncias por corrupción, lo cual no es cierto. Foto: Presidencia de la República.

El traspaso de bienes no es una novedad para Walter Grundel. En su declaración jurada de hoja de vida presentada este año al JNE, el candidato informó que no tenía ningún inmueble, pues el último registrado a su nombre lo otorgó a otra persona, en calidad de donación, en junio de 2022. Además, transfirió la propiedad de diez de los 15 vehículos registrados a su nombre, por un valor de más de 170 mil soles, en favor de terceros, también como donación.

El año pasado, Walter Grundel percibió 15 mil 390 soles de ingresos anuales, en el sector privado, según declaró al JNE. Desde 2018, es gerente general y accionista de la empresa Agroavícola Escalera. A partir de 2021, también ocupa la gerencia general del Grupo Las Brisas, empresa de la cual dejó de ser accionista, en 2016, porque transfirió sus acciones en favor de un tercero.

El exalcalde también tiene un proceso judicial por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, iniciado en 2016. Ya se emitió sentencia y se encuentra en estado de apelación. 

Walter Grundel fue alcalde provincial de San Martín en dos períodos, de 2011 a 2014, y de 2015 a 2018. Por su gestión en dicho municipio, aparece en dos informes de la Contraloría General de la República: en 2017, por la ejecución contractual de una obra de saneamiento, y en 2019, por ampliaciones de plazo de la obra de construcción de un puente vehicular sobre el río Shilcayo.

Jorge René Chávez, virtual gobernador de Loreto, a su salida de Palacion de Gobierno. Tiene investigaciones por peculado en la Fiscalía Anticorrupción y tuvo una sanción administrativa. Foto: Presidencia de la República.

El llamado médico del pueblo

El virtual gobernador de Loreto, Jorge René Chávez, del partido Somos Perú, se hace llamar el médico del pueblo, apelativo que se autoimpuso cuando brindaba atención médica en los barrios de Loreto durante la pandemia del Covid-19.

Entre 2015 y 2018 fue alcalde provincial de Datem del Marañón. En 2020, trabajó en la Dirección Regional de Loreto y, en 2021, en el sector privado. A diferencia de las otras autoridades regionales, René Chávez sí tiene estudios superiores y ha declarado ante el JNE que vive de su profesión de médico. En 2021, su ingreso anual fue de 35 mil 830 soles. 

René Chávez afronta tres investigaciones por peculado en las Fiscalías Anticorrupción y un proceso judicial por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Además, el candidato declaró que tenía una sanción derivada de un proceso administrativo disciplinario, que se encontraba en plazo de apelación para ser resuelto por el tribunal de Servir, la entidad del Servicio Civil. Dicha sanción ya no figura en el registro de esa autoridad.

Chávez consideró esa sanción como una persecución política. Lo sancionaron por haber recibido y permitido el pago de incentivos laborales a funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto, en noviembre y diciembre de 2020, por montos mayores a los establecidos en la escala única de incentivos aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Debo decirles que estemos del lado correcto y, de una vez por todas, hagamos las cosas denunciando los actos de corrupción, que hacen bastante daño al país”, dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, el último lunes, a los virtuales gobernadores regionales que acudieron a Palacio de Gobierno, entre ellos las nuevas autoridades de Loreto y San Martín. Este es el pedido de un mandatario investigado por corrupción y otros delitos formulado a nuevas autoridades que son investigadas por hechos similares.