El inicio de la investigación judicial al exgobernante Alberto Fujimori, sus ex ministros de Salud y otros funcionarios acusados por la política de esterilizaciones forzadas que afectó a las más de mil mujeres que participan en el caso, es visto como un avance por las víctimas, tras más de 20 años de búsqueda de justicia. Sin embargo, también les genera preocupación, pues el Poder Judicial las ha llamado a declarar nuevamente y a realizarse exámenes que demuestren que fueron operadas contra su voluntad, a pesar de que ellas viven en regiones alejadas y carecen de recursos económicos.

“[Después de] más de 25 años que estábamos en lucha, por fin se abrió el juicio. Estamos avanzando nuestro caso. Siempre hemos dicho que nunca nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahorita, nos indigna que dicen 'de vuelta las [tomas de] declaraciones' y van volver a hacernos pasar una prueba [médica], que es un poco costosa, y no sé si el Estado va a cubrir eso”, contó a Convoca.pe Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef).

La mayoría de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas viven en comunidades alejadas y en extrema pobreza. Foto: Difusión

Rute Zúñiga es una de las 737 mujeres cuyas declaraciones serán recogidas de forma virtual hasta el 12 de julio próximo. Como la mayoría de víctimas, Rute vive en un poblado alejado, en la comunidad de Pampaconga, en el distrito de Limatambo, en la provincia de Anta, en Cusco. Para tener acceso a internet y dar su declaración al juez, tendrá que viajar al distrito de Anta.

“En las comunidades lejanas no tenemos servicio de internet y no podemos contactarnos porque no tenemos acceso a celulares modernos, pero nos apoyamos entre nosotras”, cuenta Zúñiga, quien en varias oportunidades ha tenido que ir a buscar a mujeres que fueron esterilizadas forzadamente y viven en zonas alejadas para traerlas al pueblo y puedan declarar virtualmente sobre sus casos.

Superada la lejanía y la falta de acceso a Internet, se presenta otro problema. Las víctimas tienen que hablar una vez más sobre cómo las esterilizaron contra su voluntad y lo que sufrieron, entre los años 1996 y 2000.

“Ya nos estábamos olvidando, tanto tiempo que nos han hecho ese daño. Volver a recordar es un poco difícil, un poco doloroso. Como dicen que tienen que hacerse una prueba, es un trauma para nosotras. De vuelta nos están victimizando. Veo que el Estado peruano siempre se burla de nosotras, quiere hacernos caer en toda forma”, dice Rute Zúñiga.

Además de ordenar la toma de la declaración de las 737 agraviadas, el juez Litman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, ha dispuesto que sean sometidas a una prueba médica llamada salpingoscopía, que permitirá probar que fueron esterilizadas, a pesar de que ellas ya dieron su testimonio y pasaron por un médico legista. “El juez le ha dicho a la Fiscalía que en diez días le diga dónde y cómo se van a hacer estas pruebas. Esta prueba no es barata”, advierte María Esther Mogollón, asesora de Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef).

"Para aquellas mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad y no han podido declarar nunca, es una oportunidad de contar, pero para muchas otras es una revictimización. Además, preocupa mucho que el juez haya dispuesto hacer pruebas a las agraviadas para corroborar que fueron esterilizadas. ¿Quién va a asegurar que las denunciantes, que todavía están en situaicón de pobreza, inviertan en hacerse esa prueba?", resaltó María Ysabel Cedano, abogada de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Demus.

Otro problema que destaca María Esther Mogollón, asesora de Ampaef, es que más de mil de las 1.321 afectadas por esterilizaciones forzadas que figuran en este caso no tienen un abogado. La defensa pública del Estado representa a 108 mujeres, el Instituto de Defensa Legal, IDL, patrocina a 13 agraviadas (ocho de Anta, en Cusco, y cinco de Huancabamba, en Piura) y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Demus, se encarga de dos víctimas mortales (Mamérita Mestanza y Celia Ramos).

“Más de mil víctimas no tienen abogados. No sabemos si han sido debidamente notificadas para entrar en esta etapa de testimonios, que aplaudimos que se realice, pero también queremos las mayores posibilidades y oportunidades para que las mujeres estén presentes con su testimonio”, resalta Mogollón.

El exministro de Salud Alejandro Aguinaga no declaró en audiencia virtual, debido a sus "recargadas labores" como congresista de Fuerza Popular. Foto: Difusión

Los ausentes

Con el inicio de las diligencias el último 3 de marzo, el juez Litman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, comenzó a tomar las declaraciones de los acusados y de las víctimas, de forma virtual, como parte de las cerca de 2 mil diligencias previstas. Los primeros en dar su versión fueron el ex ministro de Salud del régimen fujimorista Eduardo Yong Motta y el ex asesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar.

A pesar de que cuentan con la tecnología y los recursos económicos, no se presentaron a declarar los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco. El primero no justificó su inasistencia, mientras que el segundo alegó que no podía asistir por sus recargadas labores como congresista del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, hija del implicado Alberto Fujimori.

El ex ministo de Salud Eduardo Yong Motta sigue negando que haya habido una política de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori y que tanta gente del Programa de Salud reproductiva y Planificación Familiar del Ministerio de Salud haya concertado para que suceda esto, recordó María Ysabel Cedano, abogada de Demus. Sin embargo, la defensora destacó que, en el expediente, hay varios indicios sobre su responsabilidad.

El Poder Judicial tiene un plazo de ocho meses, hasta noviembre próximo, para probar o descartar la responsabilidad del exmandatario y de otros seis acusados como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Como el trámite de investigación judicial del expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas está suspendido hasta que el gobierno de Chile autorice que sea juzgado por un delito distinto al determinado en su extradición, la defensa legal de las víctimas también pidió a las autoridades que inicien el trámite para cambiar esta situación. 

“El Ministerio Público ha pedido al juez la ampliación de la extradición, que es un trámite que debe comenzar en la Corte Suprema, luego ir al Ministerio de Justicia, para que sea tramitado ante el gobierno de Chile y se active la condición de procesado y sea incluido”, detalló el abogado Milton Campos, abogado de Demus, que defiende a los familiares de Celia Ramos y Mamérita Mestanza, quienes fallecieron por las esterilizaciones forzadas.