Al referirse a las esterilizaciones forzadas de mujeres en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, la congresista Rosángela Barbarán, del partido Fuerza Popular, argumentó que solo existían 61 casos denunciados, citando un informe de la Defensoría del Pueblo. La parlamentaria además desmereció el pedido del congresista de Perú Libre Luis Kamiche para que este grupo de trabajo investigue el tema.
"Existe ya un informe de la Defensoría del Pueblo (...) de que todas esas mentiras que se vinieron diciendo y repitiendo, de 300 mil o 200 mil esterilizaciones forzadas, es un mito, es una falsedad. Existen, realmente, sí, 61 denuncias que competen a tres gobiernos (...) Ya hay personas sancionadas. La Fiscalía, el Poder Judicial, han hecho su trabajo durante todos estos años", dijo Rosángela Barbarán, en la sesión del 22 de noviembre pasado.
Consultado por Convoca.pe, Milton Campos, abogado de los familiares de Mamérita Mestanza Chávez, una de las mujeres fallecidas como resultado de la esterilización forzada, recordó que hay tres grandes investigaciones sobre los casos de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV): una en el Poder Judicial (expediente 000059-2019) y dos en el Ministerio Público. Además, aseguró que hasta ahora no hay ninguna persona sancionada ni sentenciada por estas denuncias.
El expediente judicial, llevado por el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, incluye 1,321 casos de mujeres que aseguran que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1995 y 2000. Cinco de las víctimas sufrieron lesiones graves seguidas de muerte y el resto, lesiones graves.
Los acusados en este caso son el expresidente Alberto Fujimori; los exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga Recuenco; el exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el fallecido exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio; la doctora Magda Isabel González Carrillo y el exasesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar.
A Fujimori y los otros denunciados se les acusa de ser autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Actualmente, este caso es visto por el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, cuyo titular Rafael Martínez Vargas debe terminar de leer la resolución que define si abre una investigación judicial a Fujimori y los otros acusados. La próxima audiencia será este jueves 2 de diciembre.
Los casos de esterilizaciones forzadas superan los 1321 vistos por el Poder Judicial. El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia ya tiene inscritas a más de 7 mil víctimas, según destacó el abogado Milton Campos.
"Todos estos números son muy superiores a la ínfima cifra que la congresista (Rosangela Barbarán) señala y que solo evidencia que se encuentra 'desinformada'. ¿O acaso pretende desconocer estas cifras?", manifestó Campos.
Las 61 denuncias de esterilizaciones forzadas que la congresista Rosángela Barbarán atribuye a la Defensoría del Pueblo se refieren al tercer y último informe defensorial titulado "La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos III", elaborado en el año 2002. La investigación abarca el estudio de 773 quejas registradas entre junio de 1999 y agosto de 2002.
En el tercer informe defensorial, 61 de las 703 quejas fueron calificadas bajo el rubro de anticoncepción quirúrgica sin consentimiento. Sin embargo, hubo 340 quejas consideradas con ausencia del período de reflexión para las personas, 40 sobre anticoncepción quirúrgica sin ratificación de consentimiento, cinco referidas a coacción para el uso del método anticonceptivo, entre otras.
El primer informe defensorial, realizado en 1998, presentó los casos de nueve mujeres esterilizadas sin cumplir los requisitos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para las Actividades de Anticoncepción Quirúrgica. La segunda investigación de la Defensoría sistematizó 157 quejas recibidas entre junio de 1997 y mayo de 1999.
El informe final de la Comisión Sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del Ministerio de Salud concluyó, en el año 2002, que entre los años 1993 y 2000 se realizaron 346,219 ligaduras y 24,535 vasectomías. Además, reportó 11 muertes atribuibles a los procedimientos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria realizados entre 1996 y 1999.
Para dicho informe, la comisión del Ministerio de Salud recogió el testimonio de 507 personas, de las cuales solo el 10% aceptó que se sometió en forma voluntaria a la anticoncepción quirúrgica violuntaria, con las promesas de bienestar económico y familiar.
Por lo expuesto, en base a la investigaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público, Convoca.pe concluye que es falsa la afirmación de la congresista Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, hija del denunciado Alberto Fujimori.