“Las más complejas de la historia”, dijo en referencia a las elecciones 2026 Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la presentación de lo que sería la cédula electoral ante la Comisión de Constitución del Congreso hace tan solo unas semanas. En dicha exposición, que realizó junto a Roberto Burneo, presidente del JNE, y Carmen Velarde, jefa del Reniec, Corvetto confirmó que había 42 organizaciones políticas aptas para participar en las elecciones generales, que podrían presentar en total unos 10 mil candidatos. 

Este 26 de marzo, sin embargo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que el número de agrupaciones políticas que podrían participar en las elecciones son 41. 

Los peruanos elegirán 198 nuevas autoridades: presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores, y 5 parlamentarios andinos. Se confirmó, además, que habrá 93 mil 650 mesas de votación distribuidas en 11 mil 286 locales.

Para afrontar este despliegue logístico, el Jurado Nacional de Elecciones solicitó al MEF un presupuesto preliminar de S/864,079,105. Dicho monto, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, incluye los gastos preliminares de este año, concernientes a las Elecciones Generales 2026, Elecciones Regionales y Municipales 2026 y las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026. Esto, sin embargo, será solo un gasto preliminar ya que no incluye el 2026, por lo que los procesos electorales superarán, según las previsiones del JNE, los S/ 1082 millones gastados en las elecciones de 2021. 

En enero, el presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que solo en 2025 los gastos se elevarían a S/1500 millones. 

Gasto electoral del JNE, ONPE y Reniec. Fuente: JNE

La cédula más grande de la historia

Todo apunta a que estas elecciones batirán todos los récords de la historia de la democracia no solo en el gasto y en el número de partidos y candidatos. La propia cédula ostenta otro: ser la más grande entre todas las usadas hasta la fecha en los procesos electorales en Perú. Esto, para tener el suficiente espacio para el símbolo y nombre de cada agrupación política, además de la foto del candidato presidencial.

Piero Corvetto Salinas muestra la enorme cédula de votación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República,  Foto: El Peruano                                                                                                                                                                           

En cinco columnas, los votantes podrán elegir la fórmula de presidente y vicepresidentes, diputados, senadores (con dos opciones: distrito único o múltiple), y parlamento andino. Cabe recordar que en estas elecciones el Congreso de Perú volverá a la bicameralidad tras 30 años, a pesar de que en 2018 el 85% de los peruanos rechazó esta reforma en un referéndum. 

Precisamente por la cantidad de posibles candidatos que este retorno ofrece, estuvo sobre la mesa la opción de que no fuera una sola cédula de votación y el JNE presentó opciones, pero el Congreso decidió que fuera una cédula única –es decir, una sola hoja-, como parte de las disposiciones que han tomado para “simplificar las elecciones 2026”. 

Entre otros puntos que incluye el dictamen aprobado por el Parlamento, se extiende hasta el 2 de agosto de este año el plazo para que se consoliden y se inscriban las posibles alianzas políticas que, casi sin duda, tendrán que establecerse entre algunos partidos. Esas alianzas podrían reducir la cédula electoral.

Otro factor que podría influir en su tamaño es la posibilidad, por confirmar, de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejerzan su voto a través de medios electrónicos no presenciales. Esto también evitaría otras complicaciones o gastos logísticos. Antes de que ganara peso la propuesta del voto electrónico, se esperaba que militares y policías votarían en la localidad en la que estuvieran destacados para cumplir con su servicio, más allá de que no coincida con la dirección y localidad que figura en su DNI.

Las elecciones primarias se realizarán el 30 de noviembre y el padrón electoral se cerrará 180 días calendario antes de la fecha definitiva de las elecciones. Tras su aprobación en el Congreso, el documento que modifica la Ley Orgánica de Elecciones (N° 26809), la Ley de Organizaciones Políticas (N° 28094) y la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (N° 26497) espera ya su promulgación u observación por parte del Ejecutivo.
 

Gasto récord

Para llevar a cabo el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones solicitó al Ministerio de Economía un presupuesto preliminar de S/864,079,105, solo para financiar los gastos asociados a los procesos electorales a realizarse el presente año. Estos gastos preliminares incluyen las elecciones primarias que se realizarán en noviembre, y se dividen entre el JNE, la ONPE y RENIEC. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N°038-2025-EF del 11 de marzo de 2025, el MEF asignó solo S/500,000,000, por lo que el JNE informó a Convoca que se está viendo cómo reasignar lo programado para ítems como fiscalización, instalación de los Jurados Electorales Especiales (JEE), bienes y servicios. Actualmente, el JNE se encuentra en la elaboración del plan electoral 2025.

Fuente: Jurando Nacional de Elecciones

Del monto total de S/. 864,079,105 solicitado, al Jurado Nacional de Elecciones le corresponderían S./122,801,010 soles, a la ONPE S/.622,589,187 y al RENIEC S/. 118,688,708. Sin embargo, al asignar el MEF solo 500 millones de soles –es decir, el 58% de lo solicitado inicialmente-, el presupuesto quedó de la siguiente forma: JNE, 70 millones de soles; ONPE, 350 millones de soles, y RENIEC, 80 millones de soles. O sea, se ha cubierto el 57%, 56% y 67% de lo solicitado por cada institución. 

A través de solicitudes de información, Convoca ha accedido al presupuesto electoral pormenorizado. Los 70 millones de soles que corresponden al Jurado Nacional de Elecciones están divididos en gasto corriente (Personal y obligaciones sociales: 36 677 724 soles; bienes y servicios, 32 148,776) y gasto de capital (Adquisición de activos no financieros: S/. 1 173 500).

En el caso de la ONPE, los 350 millones de soles están divididos principalmente en cinco actividades: “Gestión del programa” (S/. 37 621 920), “Proceso electoral oportuno y eficiente/ Procesos electorales y consultas planificados” (S/. 280 860 837), “Personas capacitadas en el proceso electoral” (S/. 15 855 193), “Población informada sobre el proceso electoral” (S/. 15 442 650) y “Resultados electorales procesados, computados y gestionados” (S/. 219 400). 

Finalmente, los 80 millones de soles destinados al RENIEC se dividen en dos actividades fundamentales: “Otorgamiento de Documento Nacional de Identidad” (S/. 38 531 171) y “Gestión electoral” (S/. 41 468 829). 

Es necesario señalar que todos esos gastos corresponden únicamente al presupuesto para este año 2025 (el DS Nº 038-2025-EF indica “Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025”). Dado que recién se está elaborando el Plan Electoral 2025, aún no es posible saber exactamente cuál será el monto que se sumará a los más de 300 millones de soles que han quedado pendientes en el pedido original del JNE al MEF.

El 25 de marzo, Dina Boluarte convocó a las Elecciones generales del 2026 para el 12 de abril, por lo que falta aún más de un año de recorrido en el que, sin duda, aparecerán nuevos gastos. 

Riesgos de las elecciones

“La primera de las cosas más complicadas es la persistencia de la narrativa del fraudismo (sic), de la idea de que las elecciones del 2021 fueron robadas y seguir atacando por ello a las cabezas de los organismos electorales”, explica a Convoca el politólogo José Alejandro Godoy. Este discurso queda ejemplificado, según el analista, en un reciente  discurso de la propia Keiko Fujimori durante la celebración por los 15 años de Fuerza Popular. “Ganamos pero nos robaron los votos”, volvió a insistir el 10 de marzo Fujimori. 

Para Godoy, este discurso del supuesto fraude va a acompañado por intentos de control de las elecciones con iniciativas legislativas. “Ellos intentan controlar la elección cambiando las reglas electorales, muy abruptas, muy a su modo, muy a su estilo, para tratar de controlar la Junta Nacional de Justicia o el sistema electoral”. 

La eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) puede desembocar en un escenario difícil de manejar, al contar con una cédula enorme y más de 10 mil candidatos. “Esto ha contribuido a elevar los costos del proceso electoral y la carga laboral de las instituciones responsables se multiplicará significativamente”, señala el analista. 

Las PASO formaron parte de la reforma electoral aprobada en agosto del 2019, durante el gobierno de Vizcarra, pero, primero, se postergaron por la pandemia de Covid-19 y, luego, en octubre del 2023, se dejaron de lado por una iniciativa de Fuerza Popular que buscaba volver al sistema anterior. Las PASO buscaban una masiva participación ciudadana que validara las opciones de las agrupaciones políticas previas a las elecciones generales, como explicó a Convoca Fernando Tuesta Soldevilla, quien fuera presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, instaurada en diciembre del 2018 

Para Tuesta, no se están tomando medidas adecuadas sobre la cantidad de los partidos inscritos, a lo que se añade, además, la falta de control del financiamiento privado a estas agrupaciones. 

“Hay siempre una posibilidad de ingreso de dinero de manera irregular en un país donde los partidos también son altamente informales y donde hay incentivos económicos grandes”, explica. “Yo creo que, sobre todo en el Parlamento, va a haber congresistas apoyados por grupos criminales, mafias, minería ilegal, las universidades truchas, los transportistas, algo que ya lo vemos ahora y que puede crecer”.

Gerardo Távara, analista político, considera preocupante el silencio de los partidos políticos ante normas recientemente aprobadas por el Congreso que facilitan el ingreso de dinero de economías ilegales, que legalizan el “pitufeo” y que permiten usar financiamiento público otorgado a los partidos para pagar la defensa legal de sus líderes.

“Sabemos que Vladimir Cerrón, de Perú Libre, Keiko Fujimori de Fuerza Popular o José Luna Gálvez de Podemos son algunos de los líderes de los partidos que más dinero reciben y cuyos dirigentes se encuentran en problemas con la justicia”, recuerda Távara.  “Y ahora se puede autorizar que se utilice el financiamiento público directo que reciben estos partidos para pagar a sus abogados. Eso es lo que me preocupa más en este momento, incluso más que la proliferación de candidaturas”. 

El analista político Eduardo Dargent considera que si bien Perú es un país fragmentado y volátil en cuanto a su representación política, hay grupos de interés que mantienen su representación y presencia para defender sus intereses.

“Cambian las caras de los partidos que están en el Congreso (...), pero, si bien cambian, los intereses que hay hoy en día en el Congreso encontrarán nuevos representantes. O sea, la bancada pro universitaria, la banca anti Sunedu, la bancada del transporte informal, la bancada del oro ilegal, se reconstituirán”. 

Para Dargent en la actualidad las bancadas no representan el interés común de la sociedad, de las familias, los trabajadores o los estudiantes, por ejemplo. “Pensemos en el tiempo qué ha legislado este Congreso. ¿Qué es lo programático que han hecho más que avanzar intereses particulares o apoyar agendas de veto o debilitar instituciones? Creo que ninguno de los congresistas podría darte una agenda”.