Elecciones 2021: Empresas vinculadas a tres candidatos fueron inhabilitadas para contratar con el Estado por presentar información falsa

Tres candidatos que pretenden acceder a altos cargos públicos en las elecciones generales de abril próximo figuran como directivos o dueños de la mayoría de acciones en empresas que fueron sancionadas por el tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por haber presentado información falsa u ocultar información, durante un proceso de selección o cuando sus compañías buscaban renovar el registro de proveedores de entidades estatales.

Convoca.pe halló esta información al cruzar los datos de las empresas que fueron consignados por los candidatos en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el registro histórico de sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado de OSCE. Para este análisis, solo se consideraron las compañías en las cuales ellos registraron tener puestos de dirección o gerencia, pues según las normas de contrataciones estatales, son los apoderados los que tienen la responsabilidad administrativa de la sociedad comercial.

Del cruce de esa información, se encontró que tres candidatos de diferentes partidos políticos son apoderados y representantes legales del mismo número de empresas. Se trata del postulante a la segunda vicepresidencia por Victoria Nacional, Jorge Chávez Álvarez; y los aspirantes a una curul, César Ramírez Baldeón, de Renovación Popular; y Segundo Héctor Acuña Peralta, de Alianza Para el Progreso (APP).

Jorge Chávez —quien integra la plancha presidencial que lidera George Forsyth— figura como presidente ejecutivo de Maximixe Consult S.A., dedicada a actividades de consultoría de gestión. Esta compañía registra una sanción vigente de 38 meses de inhabilitación para contratar con el Estado debido a que presentó documentación adulterada o información inexacta durante un proceso de adjudicación. La sanción se inició el 9 de julio de 2019 y finalizará el 9 de septiembre de 2022, según la resolución del tribunal de OSCE.

Maximixe Consult S.A., del candidato a la vicepresidencia por Victoria Nacional, está impedida de contratar con el Estado por adulterar información durante un proceso de selección. Fuente: OSCE

Maximixe Consult S.A. fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) al confirmarse que presentó un documento adulterado para tratar de cumplir con los requisitos de calificación de un proceso de selección con la empresa pública Activos Mineros S.A.C., en relación al "Servicio de consultoría para la formulación del plan de desarrollo de la provincia de Sechura (Piura) con orientación a un clúster minero". El contrato por S/ 296 mil fue otorgado a esta consultora, el cual fue firmado el 19 de julio de 2017.

Sin embargo, el 22 de septiembre de ese año, Activos Mineros S.A.C. resolvió declarar la "nulidad de oficio" de aquel contrato, tras verificar que la compañía de Jorge Chávez transgredió el principio de presunción de veracidad al presentar un documento con información adulterada durante la etapa de calificación del proceso de adjudicación.

Ese documento era una Constancia de Prestación de Servicios supuestamente emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por un contrato que firmó en 2014 con la consultora mencionada. Según la resolución del TCE, Maximixe Consult S.A. había presentado una Constancia de Prestación de Servicios en la cual se había adulterado la información del monto contratado y las penalidades. 

La empresa de Jorge Chávez presentó un documento adulterado durante un proceso de selección, de acuerdo con el tribunal del OSCE.

Entre los antecedentes de contratos con entidades públicas, la consultora de Jorge Chávez registra adjudicaciones para consultorías con el Estado, de forma individual y a través de consorcios, por más de S/ 7 millones 234 mil. Además, a nombre de la misma consultora se emitieron órdenes de servicio, sin concurso público, que superan los S/ 6 millones 346 mil 687. Un total de 158 contratos otorgados por entidades estatales entre los años 2008 y 2020. 

Solo en adjudicaciones, la compañía del candidato de Victoria Nacional obtuvo 14 contrataciones con la estatal Petroperú, que suman S/ 1 millón 157 mil en total. Asimismo, logró siete contratos con el Ministerio de la Producción por encima de S/ 1 millón 102 mil; y cuatro buenas pro con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por un total de S/ 834 mil 312.

Jorge Chávez Álvarez postula a la segunda vicepresidencia en la plancha que encabeza George Forsyth. Nótese en la imagen el mensaje de alerta del OSCE por la inhabilitación de su consultora.

Respecto a órdenes de servicio emitidas por entidades del Estado, la consultora del candidato a la segunda vicepresidencia registra 12 pagos —a través de esta modalidad— con el Ministerio de la Producción, cuya suma asciende a S/ 1 millón 105 mil. Además, también vía órdenes de servicio recibió S/ 519 mil de EsSalud. La empresa registra, en total, 124 órdenes de servicios a su favor.

En la revisión de sus contrataciones, Convoca.pe detectó que la empresa Maximixe Consult había sido contratada mediante la modalidad de órdenes de servicio por dos entidades públicas, a pesar estar impedida de hacerlo.

Según información de los portales de transparencia, en enero de 2020 Maximixe Consult fue contratada por el Ministerio de la Producción por un total de S/ 53 mil 515 para el servicio de consultoría respecto a la evaluación de resultados de una capacitación. También figura que la Municipalidad de Lima emitió una orden de servicio en noviembre de 2020 a favor de la consultora para elaborar informes periciales con el fin de determinar el justiprecio por la expropiación del terreno de propiedad del Jockey Club, por el que se pagó S/ 17 mil 238.

En los portales de transparencia de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de la Producción figuran órdenes de servicio a favor de Maximixe Consult, mientras esa empresa estaba inhabilitada. Las entidades indicaron que ambos requerimientos no constituyen un incumplimiento de la norma.

Contactado por Convoca.pe, el gerente de administración de Maximixe Consult, Mario Figallo, sostuvo que la orden de servicio de enero de 2020 se debió al último pago de un contrato por un servicio de consultoría que se había iniciado el 2018. Afirmó que la norma señala que los compromisos asumidos con anterioridad a la sanción del OSCE continúan su vigencia. Esto fue confirmado por el Ministerio de la Producción.

Sobre el desembolso realizado por la Municipalidad de Lima, de noviembre de 2020, Figallo alegó que el servicio de la orden pericial fue realizado a pedido del tribunal arbitral que resolvió el laudo entre el Jockey Club y la comuna, con el objeto de determinar un justiprecio por la expropiación parcial de un terreno de propiedad del club hípico, el cual se ejecutó en 2017, por la gestión edil de Luis Castañeda. Añadió que ambas partes tuvieron que pagar la mitad de los costos del proceso, incluido el informe pericial. La administración del actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, corroboró este dato y ratificó que no constituyó "un servicio para una entidad del Estado en particular".

Tenía otra compañía sancionada

Por su parte, César Augusto Baldeón Ramírez, aspirante al Congreso por Renovación Popular para representar a la región Junín, declaró ante el JNE que es gerente general de Cesba Ingenieros Contratistas Generales S.A.C., compañía que opera en Huancayo (Junín) y se dedica a actividades de construcción e ingeniería. De acuerdo con la web de la Sunat, Baldeón es gerente de esa empresa desde noviembre de 2006.

Esta empresa fue inhabilitada temporalmente por el OSCE hasta en dos oportunidades. La primera resolución sancionadora del TCE indica que César Baldeón dio información inexacta en agosto de 2015, cuando buscó renovar el registro de proveedor del Estado para Cesba Ingenieros y consignó ante la entidad supervisora que no tenía ningún impedimento para participar en procesos de contratación con instituciones públicas.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidos de ser proveedores del Estado aquellas empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, apoderados, entre otros, que formen o hayan formado parte de compañías que se encuentren sancionadas con inhabilitación.

No obstante, el OSCE halló que Baldeón también tenía el 33% de las acciones de Ingarq Perú S.A.C., en la cual, asimismo, ocupa la gerencia general. A la fecha de la solicitud de renovación del registro de proveedor para Cesba Ingenieros, su otra compañía tenía una sanción de vigente de 36 meses de inhabilitación, situación que también impedía a esta empresa de realizar contrataciones con el Estado. El ahora candidato omitió esa información a la entidad supervisora, según con la resolución.

El candidato Baldeón no consignó que otra de sus empresas había sido inhabilitada. Por esa razón, el Tribunal de Contraciones del Estado también sancionó a su constructora.

Por ese motivo, el TCE inhabilitó a Cesba Ingenieros con seis meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de contratación. Pero, la empresa sancionada presentó un recurso de reconsideración que detuvo los efectos de la referida sanción.

Meses después, el 31 de enero de 2020, el tribunal del OSCE resolvió el pedido de reconsideración y decidió que los alegatos expuestos por la compañía del ahora postulante al Legislativo, carecían de sustento suficiente para revertir el sentido de la resolución sancionadora, que continuó vigente hasta agosto de 2020.

Los socios, accionistas o apoderados de empresas inhabilitadas no pueden contratar con el Estado mediante otras compañías en las que tengan participación.

Cesba Ingenieros, cuyo dueño es César Baldeón, registra en el OSCE un total de 34 adjudicaciones de forma individual y en consorcio por un total de S/ 53 millones 532 mil 280. Los contratos que firmó esa compañía están relacionados con proyectos de construcción de pistas y carreteras, con municipalidades distritales y gobiernos regionales de departamentos del centro del país, como Junín, Pasco y Huancavelica. 

Según información oficial, la entidad que más ha contratado con la firma propiedad del candidato de Renovación Popular es la Municipalidad Distrital de Tintay Punco, ubicada en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica. Cesba Ingenieros S.A.C., como parte de consorcios, ha suscrito tres contratos con ese gobierno local por un valor superior a los S/ 15 millones 447 mil para la construcción de pistas y veredas, así como obras en colegios de esa localidad, durante los años 2014, 2015 y 2017.

Un dato que resulta interesante en el registro del OSCE es que la empresa de Baldeón obtuvo la buena pro de una obra de la Municipalidad Provincial de Satipo, en Junín, tan solo 11 días después de que finalizara la sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La obra en mención fue obtenida el 14 de agosto de 2020 por el Consorcio Universal Llaylla, en el que Cesba Ingenieros formó parte, para el servicio de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales del distrito de Llaylla, contrato cuyo monto fue de S/ 1 millón 724 mil 465. 

Impedimento por vínculo familiar con congresista

En tanto, Héctor Acuña Peralta, postulante al Legislativo por Alianza Para el Progreso (APP) en la lista de la región La Libertad, es gerente general y titular del 59% de acciones de Afar Consult S.A.C. Esta compañía fue sancionada debido a que, en octubre de 2015, Héctor Acuña renovó su registro como proveedor del Estado y aseguró que no tenía ningún impedimento para contratar con entidades públicas.

En 2016, el OSCE detectó la vinculación familiar de Héctor Acuña con el entonces congresista Richard Acuña Núñez, su sobrino, pues es hermano de César Acuña Peralta, fundador de APP y actual candidato presidencial por este partido.

En su momento, el empresario Héctor Acuña no informó al OSCE que el congresista Richard Acuña Ñúñez era su sobrino, hecho que configuraba un impedimento para contratar con el Estado. Foto: Difusión

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, las empresas de familiares de funcionarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, están impedidos de contratar con instituciones públicas.

Por ocultar esa información, el TCE abrió un proceso sancionador contra Afar Consult S.A.C. y en julio de 2018 sancionó a la compañía con seis meses de inhabilitación temporal.

El Tribunal de Contrataciones del Estado corroboró el vínculo familiar de Héctor Acuña Peralta y el entonces legislador Ríchard Acuña.

La compañía de Héctor Acuña, que se dedica a actividades inmobiliarias, pidió al TCE reconsiderar la sanción, pero ese tribunal no sólo reafirmó la inhabilitación, sino que amplió el plazo de seis a ocho meses, sanción que estuvo vigente de agosto de 2018 a abril de 2019.

La empresa de Acuña Peralta inició sus actividades en julio de 2020 y hasta la fecha no registra contratación alguna con instituciones públicas. 

La empresa de Héctor Acuña apeló la primera sanción, que era de seis meses. El TCE decidió ampliar la inhabilitación a ocho meses.

Para recoger sus versiones, Convoca.pe se comunicó con las áreas de Prensa de los tres candidatos mencionados en este informe. 

En respuesta sobre la inhabilitación a su empresa consultora, Jorge Chávez Álvarez dijo que fue desproporcionada la sanción de tres años que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado, y consideró que esta debió ser por un periodo menor.

"Son sanciones que no tienen proporcionalidad. Deberían ser de tres o cuatro meses, salvo que sean un delito", opinó.

Según la Sunat, Baldeón sigue como gerente de otra firma que fue inhabilitada por el OSCE, en su momento.

A su vez, César Baldeón manifestó su postura de no pronunciarse sobre la inhabilitación impuesta por el OSCE a su compañía Cesba Ingenieros.

No obstante, aseguró que ya no tiene relación con Ingarq Perú S.A.C., razón por la cual no la consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero, en la web de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) figura que la referida empresa aún está activa y que Baldeón sigue como gerente general.

De otro lado, Héctor Acuña Peralta, no contestó a los mensajes enviados por este medio digital, hasta el cierre de este informe.

(*) Con la colaboración de Asis Loyola.

(**) La imagen principal fue compuesta por Luis Pacheco.