Excongresistas que se opusieron a reforma de la Ley Universitaria postulan en planchas presidenciales y listas parlamentarias

 

Los partidos Podemos Perú, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, el PPC y Democracia Directa llevan entre sus candidatos para los comicios de abril próximo, a políticos que cuando eran legisladores cuestionaron y votaron contra la Ley Universitaria, la cual creó la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior). Dos de ellos, son dueños de universidades, como es el caso de José Luna y Telesup, centro de estudios que no demostró tener las condiciones mínimas de calidad educativa y que ha buscado seguir operando a través de medidas cautelares en el Poder Judicial. 

 

Por Luis Enrique Pérez y Asis Loyola | 29 de enero del 2021

 

Siete exlegisladores que votaron en contra de la Ley Universitaria y que incluso presentaron demandas para declarar inconstitucional esta norma, buscan llegar nuevamente al Congreso por organizaciones políticas vinculadas a dueños de universidades sin licencia o por partidos que cuestionan la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), según un análisis realizado por Convoca.pe a las diferentes listas de candidatos de planchas presidenciales y de postulantes al Parlamento.

Se trata de los candidatos José Luna Gálvez, José Luis Elías Ávalos, Luis Galarreta Velarde, Antonio Medina Ortiz, Ángel Neyra Olaechea, Luis Iberico Núñez y Alberto Beingolea Delgado, quienes como parlamentarios —en 2014— fueron férreos opositores a la Ley Universitaria y votaron en contra de su aprobación, en consonancia con las bancadas que integraban.

Uno de los casos notorios es el del candidato José Luna Gálvez, quien busca volver al Congreso como cabeza de la lista de Podemos Perú por Lima Metropolitana. Luna es propietario de la Universidad Telesup, centro de estudios que no demostró cumplir con las condiciones mínimas de calidad educativa, razón por la cual su licencia fue denegada en mayo de 2019, por parte de Sunedu.

 

Luna Telesup
La universidad no licenciada Telesup de Luna Gálvez ha buscado anular la decisión de Sunedu por la vía judicial. Foto: Difusión

 

La Universidad Telesup insistió para recuperar su licenciamiento por la vía judicial. Incluso, en noviembre de 2019, obtuvo una medida cautelar por parte del Segundo Juzgado Civil de Bagua (Amazonas), a cargo del juez Alberto Cohen Vela, quien requirió que la Sunedu dejara sin efecto la resolución con la que se le denegó la autorización a seguir operando. 

El juez Cohen Vela también ordenó a la Sunedu que otorgara a Telesup un "plazo razonable" (de entre uno y dos meses) “para la reformulación y presentación de un plan de adecuación” y, así, cumplir con las condiciones básicas de calidad; y que la superintendencia la evalúe en un plazo similar. Días después, al hacerse conocida esa decisión judicial, el magistrado renunció. La resolución fue declarada nula en diciembre de 2020, por la Sala Civil Permanente de la Provincia de Utcubamba (Amazonas).

El también presidente del partido Podemos Perú, en 2014 era parte de la bancada de Solidaridad Nacional, agrupación que era liderada por su entonces socio político Luis Castañeda Lossio. En 2020, la bancada parlamentaria de Luna votó a favor de dar facultades a la Comisión de Educación para investigar a la Sunedu por supuestos favoritismos en el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

Otro de los candidatos de Podemos Perú que estuvo en contra de la Ley Universitaria es José Luis Elías Ávalos, quien fue congresista del 2011 al 2016 por Fuerza Popular, agrupación liderada por Keiko Fujimori. Elías, fundador y propietario de la Universidad San Juan Bautista, postula ahora para ser representante de la región Ica.

 

diaz ávalos
Elías Ávalos es dueño de la Universidad San Juan Bautista y buscó que el TC derogara la Ley Universitaria. En noviembre de 2019, Sunedu le otorgó el licenciamiento.

 

Además de haber votado en contra de la Ley 30220 (Ley Universitaria) durante su debate en el Parlamento, en junio de 2014, Elías Ávalos fue uno de los congresistas que firmó una acción de inconstitucionalidad para derogar esa norma, pues según indicaron los impulsores, encabezados por Martha Chávez, “violaba la autonomía universitaria y se afectaba el derecho a la inversión privada en el sector educación y las libertades de empresa y contratación”. Esa demanda fue declarada improcedente por los magistrados del Tribunal Constitucional.

En tanto, Fuerza Popular también lleva en sus filas a dos excongresistas que se opusieron con sus votos a la aprobación de la Ley Universitaria. Uno de ellos es Luis Galarreta Velarde, candidato a primer vicepresidente en la lista que encabeza Keiko Fujimori. Galarreta se opuso a la reforma cuando era legislador de la bancada del Partido Popular Cristiano - Alianza Para el Progreso (PPC-APP), y en ese momento calificó a la norma como una “propuesta velasquista” que buscaba la intervención del Estado para evitar la competencia entre privados en el sector Educación.

Otro de los exparlamentario fujimorista que en 2014 votó contra la Ley 30220 es Antonio Medina Ortiz, quien intenta ser nuevamente electo como congresista en la lista de Fuerza Popular por la región Apurímac.

Una postura similar, de oposición a la Ley Universitaria, fue manifestada en aquella ocasión por Ángel Neyra Olaychea, excongresista fujimorista y ahora candidato al Parlamento Andino por Democracia Directa.

 

PPC
Luis Galarreta votó contra la Ley Universitaria cuando era miembro de la coalición PPC-APP, en 2014. Ahora postula a la vicepresidencia junto a Keiko Fujimori. Foto: Andina

 

En el Plan de Gobierno de Fuerza Popular, esta agrupación política propone crear un “marco normativo” que permita finalizar sus estudios a alumnos de universidades con licenciamiento denegado.

Sin embargo, esas normas ya existen pues las universidades no licenciadas pueden firmar convenios con universidades autorizadas para el traslado de los estudiantes o incluso pueden fusionarse empresarialmente con universidades que sí cuenten con el licenciamiento para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.

Finalmente, el excongresista Luis Iberico Núñez votó en contra de la reforma de la educación superior al señalar que "tenía reservas" respecto al contenido de la norma, por lo que votó en contra de su aprobación junto a los otros cinco congresistas de la bancada PPC-APP. Iberico también fue uno de los parlamentarios que firmó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria.

En la actual campaña electoral, Iberico postula a una curul por Lima Metropolitana y a la segunda vicepresidencia por el Alianza Para el Progreso (APP), que tiene como postulante a la presidencia al propietario de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta, quien es padre de César Acuña Núñez, dueño de la Universidad Señor de Sipán.

 

APP iberico
Luis Iberico junto a César Acuña Peralta (dueño de la Universidad César Vallejo), César Acuña Núñez (propietario de la Universidad Señor de Sipán) y Virgilio Acuña (dueño de la Universidad de Lambayeque, que no fue licenciada por Sunedu).

 

En diálogo con Convoca.pe, el promotor y principal defensor de la Ley Universitaria en su primera etapa, el exlegislador Daniel Mora, indicó que no le parecería raro que en el próximo Congreso se vuelva a atacar a esta norma. Además, comentó que “los congresistas electos vinculados a universidades buscarán ubicarse en la Comisión de Educación para presentar proyectos en contra de la reforma de la educación”.

Asimismo, Mora señaló que se debe cambiar el Reglamento del Congreso, esto debido a que cuando presidía la Comisión de Educación trabajó con legisladores que eran representantes de universidades, en la práctica. “Aquellos congresistas que tengan intereses directos con asuntos que se tratan en una comisión parlamentaria no pueden ser parte del grupo de trabajo”, refirió. 

Finalmente, sobre el debate de que las facultades de licenciamiento de institutos superiores pasen a la Sunedu, opinó que el “lobby empresarial” se ampliará debido a que los dueños de universidades, como el caso de José Luna, también están vinculados a institutos superiores.