Actualización: Jueves 17 de julio de 2025

El caso Yanaquihua continúa. La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Condesuyos, María Rondón Vigil, decidió reprogramar la audiencia donde analizará el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Giovanni Matos en enero de 2025. Hoy 17 de julio iba a sustentar su pedido. Como reveló Convoca.pe, el representante del Ministerio Público busca archivar el caso de los 27 mineros fallecidos en la minera Yanaquihua con la tesis de la "autopuesta en peligro".

La magistrada tomó esa decisión porque "no se encuentran motivadas o no han sido devueltas al Poder Judicial" las notificaciones de la audiencia dirigidas a los familiares de diez mineros que fallecieron el 6 de mayo de 2023 al interior de los socavones de la Minera Yanaquihua.

La audiencia fue reprogramada porque las notificaciones a familiares de las víctimas no fueron devueltas. 

A la audiencia asistieron sólo dos abogados de los familiares de los mineros fallecidos. Por parte de la minera asistió el abogado de la minera Yanaquihua, Roberto Noriega, quien también representa a los investigados William Carpio Cárdenas (administrador de Yanaquihua), Mario Pérez Anaya (jefe de mina) y Josmel Carli Vilca (jefe de seguridad).

Por parte de la defensa del investigado Leandro Tito Huamaní Urday, gerente de la contratista Sermigold, asistió el abogado Augusto Gamarra Aliaga. 

Durante la audiencia, el abogado de la Minera Yanaquihua hizo mención que han "celebrado transacciones con las 27 familias damnificadas". Convoca.pe pudo confirmar que en estas transacciones las familias se comprometieron a no demandar ni a la minera ni a Sermigold.

La nueva fecha ordenada por la Jueza de Investigación Preparatoria para la audiencia donde analizará el pedido de sobreseimiento será el martes 23 de septiembre.
 

Reportaje original: Miércoles 16 de julio de 2025

Era la madrugada del 6 de mayo de 2023 cuando el humo de un incendio comenzó a invadir las galerías de la mina Esperanza I, operada por Minera Yanaquihua SAC en la provincia de Condesuyos, en la región sur andina Arequipa en el Perú. Veintisiete mineros de la contratista Sermigold, que trabajaban bajo el régimen de la tercerización, no lograron salir. Murieron asfixiados, atrapados en el interior del socavón por los gases tóxicos. 

La minera aurífera Yanaquihua SAC, según la legislación peruana, está en el régimen de la pequeña minería: tiene un modelo de producción híbrido que combina su propia producción formal de oro con la compra de este metal a mineros artesanales. Según datos de Aduanas, solo entre 2016 y julio de 2023, exportó 1.1 toneladas de barras de oro a Estados Unidos por más de 42.9 millones de dólares y 11.2 toneladas a Suiza por 403 millones 800 mil dólares a su principal compradora, la refinadora suiza Metalor.

2023. Veintisiete mineros que trabajaban para la Minera Yanaquihua murieron en el interior del socavón Esperanza I y Espezanza II

Más de dos años después del fatal incendio, el fiscal provincial de Condesuyos, Giovanni Matos, ha decidido que no formulará acusación contra nadie. Ni contra la minera ni contra la contratista ni contra los cuatro investigados. En su lugar, ha esgrimido una tesis fiscal distinta: que fueron los propios mineros fallecidos quienes decidieron quedarse dentro de la mina a pesar del peligro. Con este argumento busca archivar la investigación a través del sobreseimiento que deberá sustentar el jueves 17 de julio ante el Poder Judicial.

Convoca.pe accedió a la solicitud fiscal del sobreseimiento, en la que Matos sostiene que no hubo una infracción “deliberada” de las normas de seguridad por parte de los investigados supervisores o responsables de la minera Yanaquihua o de la contratista Sermigold. Para el fiscal, el desastre fue producto de una “autopuesta en peligro”. Así, una tragedia con 27 muertos podría cerrarse sin responsables penales.

El fiscal provincial Giovanni Matos busca archivar el caso Yanaquihua con la tesis de la "autopuesta en peligro". Foto: Miguel Gutiérrez

Desde el inicio, la investigación fiscal se basaba en el artículo 168-A del Código Penal, que sanciona los atentados contra la seguridad y salud en el trabajo. Este establece penas de hasta ocho años de prisión cuando la omisión de medidas de seguridad cause la muerte del trabajador. En ese contexto, fueron incluidos como investigados cuatro representantes de la empresa y la contratista: William Carpio Cárdenas (administrador de Yanaquihua), Mario Pérez Anaya (jefe de mina), Josmel Carli Vilca (jefe de seguridad), y Leandro Tito Huamani Urday (gerente de Sermigold).

La hipótesis inicial sostenía que los cuatro sabían que no había supervisores de seguridad en el turno de noche, incumpliendo los artículos 38 y 40 del Reglamento de Seguridad Ocupacional en Minería. A pesar de ello, permitieron el ingreso de los trabajadores al socavón Esperanza I.

Pero esa línea de investigación cambió de rumbo con el paso de los meses. En su pedido de sobreseimiento, el fiscal Matos ahora afirma que no se encontró “una infracción deliberada” y sostiene que los trabajadores actuaron por voluntad propia, asumiendo las consecuencias.

El fiscal Matos tiene como principal testigo del caso a Roberto Quispe Monroy, trabajador de la empresa Sermigold, la tercerizadora en la que trabajaban los 27 fallecidos.

¿Qué sostiene ahora el fiscal Matos?

El argumento central es el siguiente: si el empleador tomó medidas preventivas y el trabajador no las siguió, entonces no hay delito. Para justificar esta posición, el fiscal Matos cita una resolución de la Corte Suprema sobre un accidente de tránsito, en el que un peatón fue atropellado en estado de ebriedad. Irónicamente, la resolución no exculpa al conductor, sino que confirma su responsabilidad y aumenta la reparación civil.

La versión del Ministerio Público está basada en el testimonio de Roberto Quispe Monroy, trabajador de Sermigold, quien ese día se encontraba en la mina y usaba un monitor de gases. Quispe declaró que en el trayecto hacia la Galería 475, su medidor marcó 64 partes por millón de monóxido de carbono, muy por encima del máximo permitido (25 ppm).

Según dijo, avisó al supervisor Apolinar Flores Meneses —quien finalmente falleció en el incendio— para evacuar a los trabajadores, pero este le respondió: “sí, sí, ahorita los sacamos”. Para el fiscal, esa respuesta demuestra que el supervisor reconoció el riesgo y no actuó a tiempo.

Para el fiscal Matos, la muerte de los 27 mineros fue “resultado de una exposición voluntaria al riesgo, pudiendo deberse a propia negligencia o imprudencia”.

El fiscal se basa en otra situación para reforzar la tesis de la "autopuesta en peligro" de los mineros fallecidos. Quispe Monroy, el trabajador sobreviviente de Sermigold que ahora se ha convertido en el testigo clave de la nueva tesis del fiscal Matos, dijo que él mismo empezó a advertir a varios trabajadores que debían evacuar, pero algunos lo siguieron y otros no.

Matos concluye que el desenlace fatal -es decir, la muerte de los 27 mineros- estuvo influenciado por la propia asunción de riesgo de las víctimas, excluyendo así la responsabilidad penal de los investigados bajo la doctrina de la imputación objetiva.

“El análisis permite colegir que el accidente fatal no fue atribuible a la falta de supervisión o implementación de medidas de seguridad. La conducta de autopuesta en peligro, en este caso, abarca tanto a los trabajadores como al supervisor Flores Meneses, quienes decidieron permanecer en la zona de riesgo”, afirma el fiscal Matos.

El argumento de la Fiscalía es muy parecido al que utilizó la Minera Yanaquihua SAC. en julio de 2023 cuando buscó revertir la resolución de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) de Arequipa que ordenó la paralización definitiva de las operaciones de las labores mineras Esperanza I y II. La empresa también usó los mismos alegatos en febrero de 2024 ante el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas con el mismo objetivo.

En esos documentos presentados por la Minera Yanaquihua SAC, la empresa afirmó que los "trabajadores y supervisores de la empresa contratista Sermigold no dimensionaron adecuadamente los riesgos y peligros, a pesar de las alertas que accionó la minera". Estas visiones compartidas de lo ocurrido en el accidente se encuentran tanto en los documentos de la minera como en los alegatos presentados por el fiscal Matos ante el Poder Judicial.

Coinciden argumentos presentados por el fiscal Matos para archivar el caso de la muerte de los trabajadores y los alegatos de la Minera Yanaquihua.

El informe ignorado

¿Pero el trabajador sobreviviente Roberto Quispe sólo dijo lo que el fiscal Matos ahora sostiene con argumentos similares a la minera Yanaquihua? No. Veamos lo que ignoró el fiscal.

Matos no dio relevancia para su investigación a una parte clave del testimonio de Quispe. El trabajador contó que llamó al vigilante de la mina que se encontraba en la superficie desde el teléfono de emergencia para reportar el gas, y este le aseguró que el incendio “ya estaba controlado” y que el personal de mantenimiento estaba atendiendo la situación. Esa contraorden desde la superficie provocó confusión y retrasó la evacuación.

Este punto coincide con el informe de investigación de accidente N° 002-2023 de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) de Arequipa, al que accedió Convoca.pe. El documento, fechado el 2 de junio de 2023, afirma que hubo una “confusión de órdenes” que llevó al supervisor Flores Meneses a tomar una ruta de evacuación por la mina Esperanza II sin saber que por ahí también ingresaban los gases tóxicos.

El informe del Gobierno Regional de Arequipa señala que existió una “contraorden” que generó confusión en los trabajadores que fallecieron.

En la investigación de la GREM figuran testimonios de varios trabajadores. Entre ellos, el de Quispe Monroy, quien el 13 de mayo de 2023, casi un mes antes de declarar ante la Fiscalía, escribió con su puño y letra que esa noche “no teníamos una buena comunicación” con el personal de superficie.

A la pregunta realizada sobre los peligros y riesgos que tenía identificados en la labor minera, Quispe Monroy reconoció que se registró el "desprendimiento de rocas, gas producto de la voladura y energía eléctrica". Además, al ser consultado sobre quién se encontraba como supervisor en el día del accidente, el minero respondió que "no tenía" a su jefe inmediato.

Cuando la GREM consultó a Quispe Monroy si tenía algo más que agregar o comentar sobre el accidente, éste dijo que recomienda "que ayga (sic) [haya] más comunicación y efectiva con los de agente, esa noche no teníamos una buena comunicación", reconoció.

En su respuesta, Quispe se refería al agente conocido como ‘guachimán’, quien le dijo que ya se había controlado la situación de peligro. Además, reconoció que en la mina identificaba una serie de riesgos.

El principal testigo de la Fiscalía escribió en una declaración ante el Gobierno Regional de Arequipa que no tenía a su jefe inmediato en la noche del incendio.

¿Qué protocolos de seguridad incumplió la minera Yanaquihua?

Otro de los entrevistados por el gobierno regional, reconoció que faltaban mejorar las señalizaciones y delimitar las chimeneas que conectan a la superficie. Además, agregó que faltaba realizar simulacros de gran magnitud y mejorar el circuito de ventilación.
 

El principal testigo del fiscal Matos escribió ante la GREM que la noche del accidente “no tenían una buena comunicación” con el agente de seguridad en la superficie.

Entre las causas del accidente, la investigación técnica de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) encontró que existía ausencia de procedimientos para evacuación de personas, la delegación indebida de jerarquía ya que solo se realizaba con personal subalterno, ausencia de mapa de riesgo y ausencia de señalética para rutas de evacuación. Además, que no se realizaron simulacros en caso de incendios o evacuación por acumulación de gases.

Esta información clave de la GREM que señala fallas estructurales que dependían de la empresa, y no individuales, como la causa del accidente, fue omitida por el fiscal Matos en su resolución de pedido de sobreseimiento al Poder Judicial para archivar el caso. Para el representante del Ministerio Público “las decisiones individuales de las víctimas representaron un rol determinante en los hechos”.

Otro trabajador reconoció ante la GREM que “faltaban mejorar las señalizaciones” y “realizar simulacros de gran magnitud” en la mina Yanaquihua.

El futuro de esta investigación sobre los 27 mineros que murieron al interior de una mina en Arequipa está en manos de la jueza María del Carmen Rendón Vigil, quien deberá definir si acepta o rechaza el pedido de sobreseimiento, es decir el archivo definitivo de un caso que está a punto de quedarse en el gran pantano de la impunidad.

Convoca.pe ha investigado la situación de las muertes de trabajadores durante accidentes en los campamentos mineros en los últimos años y ha logrado identificar que los casos se suelen archivan en el sistema de justicia y no se logra identificar a los responsables.   

Ante este sistema fallido de justicia y la vulnerabilidad que atraviesan los familiares de los trabajadores fallecidos, los casos suelen cerrarse con acuerdos privados entre la empresa donde ocurre el accidente y las familias afectadas. Esta misma historia se está repitiendo con los muertos de Yanaquihua.

Los familiares de las 27 víctimas llegaron a acuerdos extrajudiciales con Yanaquihua SAC y la contratista Sermigold. A cambio de compensaciones económicas, firmaron cláusulas de confidencialidad y compromisos para no denunciar a las compañías.

La jueza María del Carmen Rendón Vigil ha convocado para este jueves 17 de julio a una audiencia para escuchar los argumentos del fiscal. La magistrada deberá resolver si acepta o no el pedido de sobreseimiento. En la práctica, esto significaría archivar definitivamente el caso. 

Las causas del accidente que fueron encontradas por el Gobierno Regional de Arequipa no fueron consideradas en el sobreseimiento presentado por el fiscal Matos.

Convoca.pe envió preguntas al fiscal Giovanni Matos, vía WhatsApp y vía correo electrónico, sobre la tesis de la “autopuesta en peligro” de los trabajadores que murieron y por qué no incluyó los hallazgos del informe de la GREM ni valoró la información de su propio testigo sobre el agente de seguridad de la Minera Yanaquihua, quien dijo erróneamente que el incendio estaba controlado.

Ante nuestra insistencia para conocer las respuestas, el representante del Ministerio Público en Condesuyos derivó las preguntas al área de imagen institucional del Distrito Fiscal de Arequipa, desde donde la noche del martes 15 se comunicaron con nuestro equipo periodístico para informarnos que evaluarían el cuestionario y que responderían el miércoles 16 de julio antes del mediodía. Sin embargo, llegada la hora, el área de imagen informó que no darían respuesta a las interrogantes porque "podría afectar la reserva de la investigación". También indicaron que el fiscal Matos es "autónomo en su proceder y decisión" y que en caso una de las partes no quede conforme con su posición, puede apelar ante la siguiente instancia donde hay otros fiscales que pueden ver el caso.

No obstante, Convoca.pe confirmó que los deudos de las víctimas no pueden denunciar a Yanaquihua ni a la contratista Sermigold por la transacción extrajudicial que firmaron con ambas compañías.

El incendio en el que murieron 27 personas, en medio de las operaciones de una minera de pequeña escala que exporta cargamentos de oro valorizados en cientos de millones de dólares desde el Perú, puede quedar impune.