Los congresistas que impulsaron el desmontaje de la reforma universitaria entre 2021 y 2022 volverán al poder en el nuevo Senado. Una revisión de Convoca.pe de las votaciones y proyectos legislativos de los congresistas reelegidos a la cámara alta revela que 10 parlamentarios electos de Fuerza Popular y Renovación Popular respaldaron activamente normas y decisiones que debilitaron la supervisión universitaria y redujeron las capacidades de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

A mediados de mayo, ocho de esos diez congresistas volvieron a actuar en bloque cuando votaron para que el proyecto de ley que habilita la reelección inmediata de rectores en universidades públicas, conocido como la “ley Jerí” por beneficiar directamente a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fuera exonerado de revisión en la Comisión de Educación para pasar directamente al Pleno del Congreso.

Aunque la iniciativa finalmente no fue sometida a votación en el Pleno, el intento del pasado jueves 14 de mayo evidenció la articulación política detrás del proyecto. Esto provocó protestas dentro de la universidad San Marcos. Los estudiantes tomaron las puertas de la ciudad universitaria en rechazo a la iniciativa que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. 

La Federación Universitaria de San Marcos exigió al Congreso archivar el proyecto y advirtió que la medida beneficiaría directamente a la actual rectora, Jerí Ramón Ruffner, quien en 2022 celebró públicamente la aprobación de la primera contrarreforma universitaria. 

El 7 de mayo de 2026 Jerí Ramón recibe homenaje institucional en el Congreso, conducido por Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM

Los 10 congresistas de la contrarreforma universitaria que vuelven 

De los 57 congresistas que postularon a la nueva Cámara Alta, solo 14 consiguieron un escaño. Entre ellos, diez registran votaciones favorables a la contrarreforma universitaria aprobada durante el actual periodo parlamentario. La norma permitió que universidades continúen operando sin cumplir condiciones básicas de calidad. 

El Ministerio de Educación advirtió, en su opinión técnica enviada al Congreso, que el proyecto de ley representaba un serio retroceso para la educación superior y ponía en riesgo el sistema de aseguramiento de la calidad educativa construido desde 2014, además reducía el rol rector del Estado en la supervisión universitaria y permitía que las propias universidades supervisadas recuperaran influencia dentro del organismo regulador, generando posibles conflictos de interés.

Las votaciones revisadas por Convoca.pe muestran que los congresistas respaldaron el texto sustitutorio de la ley que modificó la composición del Consejo Directivo de la Sunedu, apoyaron la segunda votación de la norma, votaron a favor de insistir en su aprobación pese a las observaciones del Poder Ejecutivo y rechazaron los pedidos de reconsideración que buscaban revertirla.

Estudiantes de Arequipa en protesta contra la reforma universitaria en mayo de 2022. Foto: El Buho

El partido con mayor presencia en este grupo es Fuerza Popular. Siete de los diez senadores electos vinculados a la contrarreforma pertenecen a la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

Entre ellos figuran Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores Ruiz, David Jiménez Heredia, Nilza Chacón y Héctor Ventura.

A ellos se suman Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, así como Bernardo Quito, de Juntos por el Perú.

En contraste, Ruth Luque y Silvana Robles votaron contra la contrarreforma universitaria y también rechazaron el proyecto que favorece la reelección inmediata de rectores. El senador electo Víctor Cutipa se abstuvo durante las votaciones de la contrarreforma y votó en contra de la exoneración de la “ley Jerí”.

En su análisis, el Minedu también recordó que el Tribunal Constitucional ya había validado la constitucionalidad de la reforma universitaria, por lo que modificar su estructura implicaba un riesgo para el derecho de miles de estudiantes a acceder a una educación superior de calidad. 

Pese a estas observaciones técnicas, los congresistas respaldaron las votaciones que permitieron aprobar e insistir en la contrarreforma universitaria desde el Congreso

La iniciativa que abrió paso a la contrarreforma universitaria fue presentada en noviembre de 2021 bajo el nombre “Ley que restablece la autonomía universitaria en el Perú”. El autor principal de la propuesta fue el congresista Esdras Medina. Entre los coautores figuraron dos parlamentarios que ahora integrarán el nuevo Senado: Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui.

Los ocho que apoyaron la votación exprés de la “ley Jerí”

La iniciativa legislativa denominada ‘ley Jerí’ de autoría del legislador de Perú Libre, Edgar Tello Montes, fue presentada el 9 de octubre de 2025

El proyecto busca modificar el artículo 66 de la Ley Universitaria para permitir que los rectores puedan reelegirse de manera inmediata, una posibilidad actualmente prohibida por la legislación vigente.

Este proyecto debía pasar por la Comisión de Educación.  Sin embargo, el Pleno rechazó una cuestión previa que buscaba devolver el proyecto a la Comisión para una evaluación especializada. 

Entre quienes votaron para impedir que la propuesta regresara a comisión estuvieron los hoy senadores electos Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores Ruiz, David Jiménez Heredia, Nilza Chacón, Héctor Ventura, Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui, todos con antecedentes de apoyo a la contrarreforma universitaria.

La coincidencia de votos evidencia la continuidad de la coalición parlamentaria que previamente impulsó el debilitamiento de la Sunedu y la flexibilización de los controles sobre las universidades.

Aunque el proyecto finalmente no fue sometido a votación final en el Pleno, el intento de aprobarlo mediante una vía acelerada mostró que el bloque político que promovió la contrarreforma universitaria sigue actuando de manera coordinada en el Congreso.

Fernando Rospigliosi, tuvo un rol clave en poner en agenda del pleno debatir el proyecto que habilita la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en universidades públicas

Rospigliosi, de Fuerza Popular, levantó la sesión sin abrir el debate. Aun así, el proyecto logró avanzar de manera exprés y evitó el análisis técnico previo de la Comisión de Educación.

Más de 50 universidades sin estándares mínimos

Las consecuencias de las contrarreformas aprobadas entre 2020 y 2024 ya han sido documentadas por centros de investigación y observatorios especializados.

Según el portal “Hechos y no palabras” del Grupo de Investigación de Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del Perú (GIES-PUCP), las modificaciones legislativas permitieron que más de 50 universidades continúen operando sin cumplir condiciones básicas de calidad.

El informe advierte que miles de estudiantes reciben educación deficiente sin contar con información suficiente sobre las limitaciones académicas de sus universidades y que el mercado laboral termina absorbiendo profesionales que no necesariamente cumplen estándares mínimos de formación.

Un Senado con más poder y sin posibilidad de disolución

El retorno de estos legisladores adquiere mayor relevancia debido al nuevo diseño institucional aprobado para el Congreso bicameral.

A diferencia del actual Parlamento unicameral, el Senado tendrá competencias ampliadas: revisará leyes y reformas constitucionales, participará en la designación de altas autoridades del Estado y tendrá influencia en futuras decisiones sobre el sistema universitario.

Entre ellas figura el nombramiento del futuro superintendente de la Sunedu, previsto para 2028.

Además, la nueva cámara alta no podrá ser disuelta por el Poder Ejecutivo. Esto implica que las correlaciones políticas que hoy regresan al Senado podrían mantener capacidad de influencia durante todo el periodo parlamentario, incluyendo las decisiones vinculadas al sistema universitario peruano.