La censura contra la ahora exministra de Trabajo, Betssy Chávez, fue solo uno de los dos hechos que, la semana pasada, provocaron cierta polémica en el Congreso de la República. El último 25 de mayo, con amplia mayoría, el Pleno del Parlamento decidió desestimar y archivar la acusación constitucional que fue formulada contra el excontralor general de la República, Édgar Alarcón Tejada, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada.

La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 9 de julio del 2020. Durante el Congreso anterior (2020-2021), la misma no pudo prosperar debido a que solo 47 parlamentarios votaron a su favor. Pese a que ningún legislador votó en contra del pedido, 35 de ellos se abstuvieron y movieron la balanza en favor de Alarcón, que entonces también era congresista.

“Es lamentable la decisión del Congreso. Lo que han hecho es impedir que la justicia pueda activarse. Recordemos que lo que se estaba discutiendo es si procedía o no la acusación planteada por la exfiscal de la Nación después de haber hecho una investigación fiscal sobre el caso Alarcón (…). No va a poder pasar a juicio. Entonces, [el Congreso] está garantizando la impunidad y esto es claramente lamentable”, explicó en diálogo con Convoca.pe el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla.

Los congresistas del Partido Morado expresaron su rechazo al archivamiento de la acusación constitucional contra Edgar Alarcón y presentaron un recurso de reconsideración a fin de que el pleno replantee su decisión y emita un voto responsable. Mediante un comunicado, recordaron que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó, de manera contundente, que el pleno del Parlamento debe acusar al excontralor, pero que con 35 abstenciones se decidió blindar e impedir que sea sometido a una investigación y enfrente a la justicia. 

Las 35 abstenciones fueron suficientes para truncar la denuncia constitucional emitida contra Edgar Alarcón.  

Alarcón, el acusado

Según la Fiscalía de la Nación, el excontralor Alarcón Tejada autorizó que se realicen pagos por servicios no prestados a la Contraloría General de la República (CGR) por un monto de S/ 32.417,39,  que salieron de los fondos de caja chica central de la institución. Además, mediante la emisión de comprobantes de pago, el Ministerio Público presume que fueron desviados otros S/ 458.460,56, lo que provocó un perjuicio económico total de S/ 490 877.95 a la entidad de control gubernamental.

La tesis fiscal también apuntó a un presunto enriquecimiento ilícito, visible en un aparente desbalance patrimonial de S/ 201.337,24. Asimismo, el excontralor y su cónyuge, María Lilia Gordilla Andía, adquirieron bienes muebles e inmuebles que no encajaron con el valor de sus ingresos y egresos, señaló la Fiscalía en su momento.

La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en el periodo comprendido entre el 9 de junio del 2016 y 4 de julio del 2017. Así, los ingresos lícitos, que pudieron ser sustentados por Edgar Alarcón, ascenderían a S/687,826.37. No obstante, sus egresos (vehículos, retiros, transferencias, pagos de préstamos y consumo de tarjetas de crédito y otros) serían mayores y alcanzan los S/ 889.163,61, según las pericias realizadas.

“Peculado doloso significa que yo me he apropiado de los recursos del Estado, entonces en el informe [de Fiscalía] no se demuestra ello. Simplemente, de manera subjetiva, se indica que como yo he visado para tener conocimiento de estos documentos concluye que yo me habría apropiado de ese dinero. Y no hay  ningún sustento de apropiación”, recalcó el excontralor Edgar Alarcón, minutos después del archivamiento de su acusación constitucional, el último 25 de mayo.

Además, el exfuncionario afirmó que este Congreso “está haciendo justicia”, y que ha sido “muy objetivo” revisado la información que él alcanzó al Parlamento. Como se recuerda, Alarcón pasó a las primeras planas periodísticas cuando se descubrió que había comprado más de 90 vehículos, desde autos a camionetas de alta gama, entre los años 2002 y 2015.

“Descartamos cualquier tipo de blindaje [caso Alarcón]. En la Junta de Portavoces hemos recibido el pedido de algunas bancadas, vamos a programarlas en la semana subsiguiente a la Semana de Representación”, había dicho durante su gestión el expresidente del Parlamento anterior, Manuel Merino De Lama.

Blindaje congresal

El archivamiento de la denuncia constitucional contra de Edgar Alarcón fue calificada como un blindaje a su favor, pero no es el único de este tipo en la historia reciente del Parlamento, explicó con Convoca.pe el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla. “Ha pasado varias veces. Recordemos el Congreso que fue disuelto en setiembre del 2019. Se caracterizó por una serie de blindajes a varios personajes vinculados, por ejemplo, a los Cuellos Blancos. En algunos casos, se pudo corregir esas decisiones, pero en otros casos, no”, comentó el especialista.

En aquel Parlamento, dominado por el Fuerza Popular, se blindó contra posibles acusaciones al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, hoy condenado por encubrimiento real; el exjuez supremo César Hinostroza, ahora prófugo en España; los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, ambos destituidos del Ministerio Público; y los jueces supremos Duberlí Rodríguez, Martín Hurtado, Aldo Figueroa y Ángel Romero. 

En su momento, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, había rechazado que el Parlamento tuviera la intención de blindar a alguien en referencia a Chávarry. 

Excontralor aseguró que el Congreso "hizo justicia" con su caso, pues no cometió los delitos que se le imputan. Foto: Andina. 

“No hay blindaje en lo absoluto. Lo que pasa es que se está haciendo una falsa alarma. Yo he conversado con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Luis Roel, y lo que él está haciendo es el procedimiento formal que corresponde”, sostenía en junio del 2020 el exjefe del Parlamento.

De otro lado, el Congreso disuelto (2016-2019) también protegió de ser investigados y/o sancionados a los congresistas fujimoristas Héctor Becerril, Moisés Mamani y Betty Ananculi, los apepistas Edwin Donayre y Richard Acuña, y los frenteamplistas Edilberto Curro y Wilbert Rozas.

Yendo más atrás en la historia parlamentaria, podemos recordar el caso del fujimorista Julio Gagó, quien en su momento evitó una suspensión de 120 días pese a que en algunos audios se daba cuenta que una de sus empresas seguía negociando con el sector público pese a que existe un impedimento en la ley. 

Del mismo modo, el excongresista Renán Espinoza, fue protegido para que no rindiera cuentas ante el sistema de justicia, a pesar de que cuando fue alcalde de Puente Piedra llenó el distrito de propaganda electoral pagada por el municipio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo multó y le pidió retirar los afiches y los carteles que colocó. Sin embargo, el ex burgomaestre puso nueva publicidad y el Poder Judicial intervino ante la acción de desacato.

En un caso parecido, en enero del 2012, el excongresista Omar Chehade se salvó de afrontar una acusación constitucional y de perder su curul por el Caso Brujas de Cachiche. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales preparado por la parlamentaria María Soledad Pérez Tello recomendó la destitución de Chehade, por tráfico de influencias, luego de que el exvicepresidente acudiera a una cena en la que su hermano pidió interceder a generales de la Policía a favor del Grupo Wong en un desalojo. La denuncia no prosperó.