Esta mañana se informó que la presidenta Dina Boluarte presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Según la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, emitida hoy, esta acción alega que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han provocado un "menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones" de la mandataria, quien enfrenta investigaciones por el Caso Rolex y las 50 muertes en protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Consultados por Convoca.pe, abogados constitucionalistas señalan que el accionar del TC sería una mala praxis que se ha acentuado con los años y, en un supuesto, podría afectar las diligencias del Ministerio Público contra la mandataria.

Como se conoce, una demanda competencial en el Perú es un tipo de acción legal que se presenta ante el Tribunal Constitucional para resolver conflictos de competencia entre distintos órganos del Estado. Este proceso está contemplado como atribución del Tribunal Constitucional en el artículo 202, inciso 3 de la Constitución Política, y puede surgir cuando un poder del Estado considera que otro está actuando fuera de sus atribuciones constitucionales.

Este caso es el segundo más reciente en el que el Poder Ejecutivo demanda al Poder Judicial mediante el Tribunal Constitucional. El antecedente más cercano data de noviembre de 2016, cuando el Poder Ejecutivo demandó al Poder Judicial por la presunta vulneración de competencias exclusivas del Ministerio de la Producción en un caso relacionado con permisos o derechos de pesca para embarcaciones.

Para el abogado constitucionalista, Luciano López, la demanda que será presentada confirmaría una tendencia: "Lamentablemente el Tribunal Constitucional desde hace bastante tiempo autorizó el planteamiento del proceso competencial contra resoluciones judiciales", refiere el especialista para este medio, criticando el accionar del máximo intérprete de la Constitución peruana.

Del mismo modo, otro precedente, aún más lejano, es de febrero de 2007, cuando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Ejecutivo) demandó al Poder Judicial con relación a procesos judiciales sobre casinos de juego y máquinas tragamonedas. En esa ocasión, el TC declaró fundada la demanda del Ejecutivo contra el Poder Judicial, advirtiendo que este poder del Estado, en ese caso, “menoscaba las atribuciones constitucionales reconocidas al Poder Ejecutivo en el artículo 118°". Hoy, esta demanda tiene como protagonista a la presidencia, en un caso sui generis.

“Mi opinión técnica es que el proceso competencial no debe servir nunca para cuestionar resoluciones dictadas por el Poder Judicial. Porque los que están en un proceso judicial tienen para contrariar las decisiones de este Poder de dos maneras: con los recursos internos, es decir con sus apelaciones y todos los medios de impugnación que contempla la ley; y segundo, cuando tienes un proceso determinado dependiendo de qué cosa es, tú puedes plantear un amparo contra la resolución judicial”, explica López a Convoca.pe.

Miembros actuales del Tribunal Constitucional. Foto: Tribunal Constitucional.

¿Una decisión favorable del TC afectaría las investigaciones en curso?

De momento, no se conocen las motivaciones exactas de la demanda competencial planteada por Dina Boluarte ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, se sabe que la mandataria está siendo investigada por el Caso Rolex y por las muertes de 50 peruanos en las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Además, la investigación en curso contra su hermano, Nicanor Boluarte, en el caso “Los Waykis en la sombra” también la afecta.

En tal sentido, el abogado constitucionalista Heber Campos señala que el gobierno ya ha presentado demandas competenciales en el pasado en contra del Poder Judicial pero por razones o motivos distintos a este, señalando el caso de casinos y tragamonedas como el más emblemático. El especialista menciona además que el Tribunal Constitucional sí tiene competencia en el caso ya que este sí está facultado para resolver una demanda competencial que involucra a dos poderes del Estado, como lo son el Ejecutivo y el Judicial.

Sin embargo, advierte que, si la demanda se refiere al "menoscabo" del "adecuado ejercicio de las competencias y funciones" de la presidenta por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial en relación con las investigaciones en su contra, esto podría afectar las debidas diligencias.

“En el supuesto que la demanda verse sobre este punto, y sea declarada fundada, en efecto, la consecuencia sería que el Ministerio Público no pueda proseguir con las diligencias preliminares en el marco de la investigación seguida en contra de la presidenta Boluarte”, dijo el abogado constitucionalista para Convoca.pe.

En la fotografía el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda, detenidos el pasado 10 de mayo por el caso “Los Waykis en la sombra”. Foto: Internet.

El caso Castillo y la demanda desestimada

Como se recuerda, en octubre de 2022, cuando aún era presidente, Pedro Castillo presentó una demanda de amparo similar ante la Corte Superior de Justicia contra el Congreso de la República. En dicha demanda, pidió que el Congreso "se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional" en su contra, en el ejercicio de su cargo como presidente de la República.

En esa ocasión, la demanda solicitó la nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en relación con las acusaciones de pertenencia a una organización criminal. También pidió que se declarara nula la tercera moción de vacancia impulsada en su contra por las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, y que se anulara la acusación constitucional en su contra por el supuesto delito de traición a la patria.

Finalmente, la Corte Superior de Justicia se declaró incompetente en la materia argumentando que "una decisión de los órganos del Congreso, dentro de un procedimiento parlamentario", corresponde a una Sala Constitucional.

Los antecedentes y los paralelos están trazados. Esta historia recién comienza y con los días se desvelarán más detalles de las intenciones detrás de la demanda competencial que será planteada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, contra otro poder del Estado.