En mayo de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el cual señalaba que durante las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y (...) se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”

El informe dio detalles sobre la cantidad de personas que fallecieron producto de la represión policial y militar en las protestas de además del “deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina”.

En diciembre del año 2023, un año después del inicio del régimen de Boluarte, el Estado dispuso la liberación de Alberto Fujimori, al acatar la polémica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó se restituya el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Esta decisión generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declare en desacato al Estado peruano. 

Previo a ello, en abril de 2022 la Corte IDH ordenó que no se ejecute la liberación de Fujimori sin embargo durante el gobierno de Boluarte, entre idas y venidas se optó por liberar al exmandatario quien fue sentenciado por homicidio y secuestro agravado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer durante el autogolpe del 5 de abril de 1992. 

Presidente del Consejo de Ministros estuvo reunido con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto PCM

Las negativas del gobierno 

Tanto en el caso de las muertes producidas durante las protestas como el indulto a Alberto Fujimori, el gobierno de Dina Boluarte ha mostrado diversas actitudes en contra del alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la más reciente ha sido la designación del exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón como representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Sardón ha expresado en reiteradas oportunidades su posición respecto a la permanencia de Perú en el SIDH. Para el exmagistrado el Estado peruano deberìa renunciar a los alcances de la CorteIDH. 

Por ello, la reciente declaración del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzèn, en Costa Rica, llama la atención, toda vez que el jefe del gabinete ministerial ha declarado en reciente reunión con los miembros de la Corte que “el gobierno peruano ratifica su compromiso con el SIDH”. 

Adrianzén señaló que “El Perú tiene una posición histórica de firme respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en diálogo con la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, y el secretario Pablo Saavedra.

Según la nota difundida por la oficina de prensa de la PCM, los representantes de la Corte saludaron la designación del abogado constitucionalista, Alberto Borea Odría como candidato para ser juez de la instancia supranacional de derechos humanos. 

Borea, como se recuerda, fue abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando el congreso intentó vacarlo en el año 2017. Además de eso en sus recientes apariciones públicas, Borea fue un entusiasta promotor de la candidatura de Keiko Fujimori en el año 2016, en la competencia contra el hoy preso expresidente, Pedro Castillo. 

Para Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) “el compromiso real del gobierno pasa por respetar las sentencias de la Corte, que hasta ahora no se han tomado en cuenta”. 

En diálogo con Convoca, Jugo Viera considera que las declaraciones de Adrianzén “son parte del interés del gobierno por lograr que Alberto Borea pueda ser elegido juez de la Corte Interamericana y por eso se habla de temas que ni siquiera se ven en la política interna del país”. 

De opinión similar es el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera quien asegura que “si el gobierno asegura que va a ser respetuoso de las decisiones del Sistema Interamericano, pues vemos acciones que son exactamente lo contrario”, incluyendo entre otras cosas la designación de personas que “abiertamente quieren que salgamos del sistema”. 

El factor Borea 

Consultado sobre la designación de Alberto Borea como candidato peruano a juez de la CorteIDH, Rivera señala que “sabíamos que el doctor Borea es un gran abogado constitucionalista, pero no sabíamos que tenía un perfil como para ser juez de la Corte Interamericana (...) no sabíamos que tenía esa veta de derecho internacional o defensa de los derechos humanos”, puntualiza. 

Sobre la posibilidad de que sea elegido, el exdefensor de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, señala que “Perú no tiene el peso político suficiente para ganar adhesiones en el sistema interamericano y Borea no tiene mucho que mostrar porque no tiene una trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el Perú” 

Respecto a la candidatura de Borea, Miguel Jugo considera que su trayectoria política no lo convierte en la persona adecuada para asumir un cargo de este tipo. 

“Las posturas políticas de Alberto Borea han sido muy cambiantes y no tendría mucho espacio de actuación con un representante ante la OEA como José Luis Sardón que ha dicho en reiteradas ocasiones que debemos renunciar al sistema interamericano”, consideró. 

En conclusión, el escepticismo sobre lo planteado por el presidente del Consejo de Ministros en su reunión con los representantes de la Corte IDH es bastante amplio porque como coinciden los entrevistados no hay voluntad para cumplir con lo que el sistema interamericano demanda.