Actualización 16/5/2024

La fiscal provincial Nancy Chávez Torres, del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) formalizó la investigación preparatoria a 19 miembros de la policía y un miembro del ejército por las muertes producidas durante las movilizaciones en Puno.

La investigación ha sido declarada compleja, por lo cual se estableció un plazo de 8 meses adicionales para poder realizarla con las diligencias de ley, que incluyen comparecencias de los implicados y solicitud de archivos de diversas instancias. 

La mayoría de oficiales investigados, entre los cuales están los directores regionales de la Policía en Puno, así como el general de brigada del Ejército Peruano en dicha región, fueron designados por el comando respectivo para encargarse de la seguridad del aeropuerto Inca Manco Cápac donde se produjo la mayor cantidad de muertos y heridos producto de la represión policial y militar. 

Los investigados son sindicados como "autores por comisión por omisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en las modalidades de Homicidio Calificado, Lesiones Graves y Leves".

Nota original

En una reunión realizada en la sede del Ministerio Público los familiares de las víctimas de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte reiteraron al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena que cumpla con medidas para evitar la impunidad de quienes resulten responsables de la muerte de sus seres queridos y se aceleren los procesos entrampados por la gestión de la hoy suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. 

Como se recuerda,  entre enero y marzo del 2023, Benavides realizó diversos cambios en la fiscalía especializada en derechos humanos. Uno de ellos, mientras se desarrollaban las protestas contra Boluarte Zegarra y se produjeron las primeras muertes (en especial en Juliaca, Puno), fue reducir a la mitad el subsistema de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos, por lo cual diversas oficinas fueron desactivadas, en particular en la zona sur del país en las regiones donde la represión policial y militar dejó varios fallecidos y heridos, debilitando en algunos casos su accionar con la presencia de fiscales que no estaban especializados en casos de derechos humanos. 

En marzo de aquel año, Benavides Vargas separó al fiscal Luis Valdivia Calderón, quien dirigía el sistema especializado en Derechos Humanos y colocó en su puesto a Marena Mendoza, fiscal de La Libertad y cercana a la suspendida fiscal de la Nación.  

Mendoza Sánchez, aparece en la lista de personas que se reunieron con Benavides la noche en que inició el operativo Valkiria V, encuentro en el cual se buscó disminuir los impactos de las intervenciones a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Mendoza también asumió diversas coordinaciones por encargo de Patricia Benavides, entre ellas las del equipo especial Lava Jato y el de la Eeficop cuando se intentó separar de ese cargo a la fiscal Marita Barreto. En el marco de esas funciones, se dispuso también que las carpetas fiscales de la investigación en regiones sean trasladadas a Lima, generando un problema para muchos familiares que no podían seguir el caso en la capital.

En medio de este panorama, los familiares agrupados en diversas organizaciones, en particular la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de la región Puno, se movilizaron desde sus ciudades hasta Lima para mostrar, nuevamente, su rechazo al régimen de Dina Boluarte. 

En esa marcha que, también tuvo momentos de tensión y represión policial, el objetivo de los familiares de las víctimas era llegar, en primer término, a la Fiscalía de la Nación para exigir al titular interino de esta institución, Juan Carlos Villena, que los reciba en su despacho tal como lo solicitaron en marzo de este año, reiterándole el pedido en un oficio fechado el 29 de abril. 

Finalmente, tras pernoctar frente al Palacio de Justicia, en el Paseo de los Héroes Navales, los representantes de las organizaciones fueron recibidos en la sede del Ministerio Público por el fiscal Juan Carlos Villena. 

Convoca conversó con Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de la región Puno y pudo conocer algunos detalles de lo conversado con el fiscal Villena, quien junto a otros funcionarios del Ministerio Público recibió a los dirigentes sociales. 

Samillán Sanga detalló que el fiscal Villena “se ha comprometido a trabajar con mayor dinamismo, para recuperar el tiempo perdido durante la gestión de la señora Benavides”. Asimismo, el hermano de Marco Samillán, estudiante de medicina que murió durante la represión policial en Juliaca en enero del 2023, afirmó que el fiscal de la Nación dio su palabra de que no habría más cambios en las fiscalías que están investigando el caso, hasta que los procesos no se hayan cumplido. 

Familiares de víctimas en protestas pernoctan frente a Palacio de Justicia. Foto: @FlordeMilagrosN en X

Demoras en acceso a la justicia
Un informe reciente de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el año 2023 y lo que va del 2024 señala, entre otros puntos, que han habido acciones políticas que han debilitado el sistema de justicia, además de la lentitud en los procesos que han generado que los familiares de las víctimas se mantengan en protesta permanente y se movilicen para alcanzar esa justicia. 

Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional - Sección Perú, dialogó con Convoca para hacer un balance de la situación de derechos humanos que recoge el informe, con especial atención a lo que sucede con las víctimas de las movilizaciones de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023. 

“Al final del año tratamos de hacer una especie de balance para ver qué tanto habían avanzado las investigaciones y existían aún muchas pruebas que no se habían tomado en cuenta para la investigación”, detalla Paredes.

La crisis institucional y el uso político que le dio Patricia Benavides al caso generó un ambiente de impunidad y la sensación de que la justicia no va a llegar. Al respecto, Paredes señala que “esa atmósfera de impunidad, trae consigo una investigación lenta, lejana para las víctimas que vieron como el expediente se trasladó a Lima y eso genera malestar, la sensación de que ya no se puede estar seguro”. 

Sobre este punto Raúl Samillán nos precisa que en el diálogo con el fiscal Villena se ha insistido en que las fiscalías de derechos humanos que ven los temas en regiones sean fortalecidas “para que avancen ahí las diligencias que corresponden”. 

Christian Huaylinos, coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), organización que se encarga de la defensa de algunos familiares de las víctimas señala que existen casos donde han habido avances “como en Ayacucho pero en otros han existido demoras”. 

En diálogo con Convoca, Huaylinos asegura que “(las demoras se dan) porque en la anterior gestión (de Patricia Benavides) se produjeron diversos cambios de fiscales, sobre todo en Andahuaylas (...) donde habían cambios periódicos que dilataban la investigación”. 

Para el abogado de Aprodeh estas demoras son una “grave afectación al debido proceso y a la tutela de derechos” pues considera que en un caso no solo basta llegar al Ministerio Público o al Poder Judicial “para decir que se accedió a la justicia, el acceso total, el derecho a la justicia debe darse en el marco de los procesos en tiempos adecuados”. 

Mujeres se movilizan en Lima rumbo al Ministerio Público. Foto: @FlordemilagrosN en X

Las preguntas a Boluarte y el uso político 

Hace unos días se conoció, por declaraciones de un testigo protegido, que los abogados de la presidenta Dina Boluarte tuvieron acceso a las preguntas que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides le iba a hacer en el marco de las investigaciones que se le siguen por las muertes de manifestantes durante las movilizaciones en su contra.

Para Raúl Samillán, esta declaración confirma algo: “La presidenta Boluarte, la fiscal Benavides y el Congreso, tienen algo en común. Y ahora sale a la luz que habían confirmado una red criminal que encabeza la señora Benavides. Entonces ella tendrá que responder por ello y luego vendrá la responsabilidad que le debe caer a Dina Boluarte por la muerte de nuestros familiares”. 

Este caso, se suma a lo que en su momento Aprodeh denunció cuando los abogados de la presidenta se opusieron a que la Procuraduría del Estado y la defensa de las víctimas participen en los interrogatorios, acto que fue secundado por la fiscalía. 

Christian Huaylinos, recuerda que “se denunció desde el comienzo esa intención de la fiscalía (...) y se tuvo que ir hasta el Poder Judicial y por ello el 6 de junio, Dina Boluarte fue nuevamente convocada y ahí solo respondió preguntas de la fiscalía con evasivas y de forma genérica”.

Estas situaciones, sin embargo, en vez de debilitar a los familiares de las víctimas, las coloca en un punto donde la solidaridad las fortalece para enfrentar lo que viene. Así lo concreta Raúl Samillán horas antes de iniciar su retorno a Puno.

“Nos vamos fortalecidos porque hemos logrado articular con las demás regiones y que la organización nacional se ha consolidado y estamos fuertes para combatir contra este gobierno y este congreso para alcanzar justicia”, y termina con una frase que da pie a las acciones futuras: “somos fuertes, ya nos sentimos fuertes y no le tenemos miedo a nadie”.