Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló hoy que el Estado peruano "debe abstenerse" de acatar el fallo del TC que restituye el indulto a Fujimori y que ordena su excarcelación. La instancia internacional advirtió que la Procuraduría Supranacional tiene hasta el 13 de mayo para informar sobre cómo hará cumplir la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta.

Actualización. Viernes 8 de abril de 2022. 15:20 hrs.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso que el Estado peruano no acate el fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en la víspera de la navidad de 2017.

La medida debe ejecutarse debido a que el fallo del TC “no cumplió con las condiciones determinadas en la Resolución de Supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo del 2018", de la CIDH, que instó al Perú a resolver el caso del indulto del exdictador.

Como se recuerda, el indulto fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, pero recientemente fue restituido por el TC.

En este sentido, la Corte Intermanericana solicita al Estado peruano que, a más tardar el 13 de mayo del presente año, le envíe un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

Resolución de la Corte IDH emitida hoy.

También resuelve “disponer que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana presenten sus observaciones al informe solicitado en el punto resolutivo anterior en los plazos de cuatro y seis semanas, contados a partir de la notificación del informe”, se lee en la resolución que la entidad supranacional envío al Estado Peruano.

Lee la resolución completa:

Indulto a Fujimori. CIDH 2022 by Convoca on Scribd

Actualización. Viernes 1 de abril de 2022. 18:00 hrs.

Corte IDH: Estado peruano dice estar conforme con medidas solicitadas contra liberación de Fujimori

El Estado peruano dio a conocer este viernes su posición frente a la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) imponga medidas preventivas sobre el indulto humanitario que el Tribunal Constitucional restituyó al exgobernante Alberto Fujimori el último 17 de marzo.

Ante una pregunta de la jueza Patricia Pérez Goldberg, el procurador público supranacional Carlos Reaño Balarezo afirmó que el Perú respetará y acatará cualquier decisión que se tome en esta instancia internacional. “El Estado considera que los elementos están dados como para que la Corte otorgue las medidas provisionales”, indicó Reaño ante los magistrados.

En este sentido, el agente peruano explicó que el Estado peruano -en los dos informes que presentó ante la Corte IDH– señaló que en el caso se presentan las características jurídicas de gravedad, urgencia y reparabilidad para justificar las medidas.

“Si la Corte considera que las medidas se encuentran satisfechas, los requisitos [para las medidas] se encuentran satisfechos. El Estado [peruano] tomará a bien esta resolución de medidas provisionales o, en su defecto, una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias”, explicó el agente peruano ante el colegiado internacional.

De otro lado, la jueza Nancy Hernández López, magistrada de la Corte IDH, solicitó información al Estado peruano sobre la salud del reo Alberto Fujimori. Al respecto, el procurador público explicó que de momento no se tiene información concreta al respecto.

“Tiene, según lo señalado por el abogado [de Fujimori] una cantidad de temas de salud que probablemente son propios de la edad. Cuando se tenga mayor información sobre el estado concreto, ante la evaluación de una junta médica del instituto penitenciario donde se encuentra recluido, será trasladado por escrito a la Corte [Interamericana] para tener mayor información sobre la situación actual de salud”, afirmó.

Procurador supranacional Carlos Reaño se encargó de exponer la posición del Estado Peruano ante la Corte IDH. Captura de pantalla. 

Escucha a las víctimas

Durante la audiencia de este viernes, los magistrados de la Corte IDH escucharon también a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y sus abogados defensores. La activista de derechos humanos Gisela Ortiz solicitó a la corte internacional que dicte las medidas provisionales para evitar la liberación de Fujimori.

“Es necesario que la Corte IDH garantice este derecho a la justicia, que hemos conseguido con movilizaciones, denuncias, con protestas, logrando la extradición de Alberto Fujimori también desde el compromiso de los familiares”, señaló. Además, comentó que en nuestro país no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

“Cuando se negocian indultos políticos, cuando hay un Tribunal Constitucional que decide regalar una libertad indebida a Alberto Fujimori, no se razona en función al derecho de las víctimas y familiares. No se nos pregunta siquiera si se ha cumplido con el reconocimiento al gran daño que se nos ha causado. No se nos pregunta si se ha cumplido con las reparaciones civiles”, afirmó Ortiz.

Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante secuestrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), señaló además que los familiares de las víctimas se sienten indignados por todo lo que viene ocurriendo en el país, donde se vulnera sus derechos a la verdad y la justicia.

“Durante 30 años venimos luchando de manera permanente para que se haga justicia ante un Estado que todavía es indiferente, y frente a un estado que no es capaz de garantizar nuestros derechos”, explicó ante la Corte IDH. 

Lo dicho por Ortiz fue ratificado por Rosa Rojas, la mujer que perdió a su esposo y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos. En conferencia de prensa realizada desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) después de la audiencia jurídica internacional, señaló que no hay justicia para la memoria de sus seres queridos.

“Cuando se habla de indulto es un acto de miedo [para los familiares], de retroceder, porque no nos dan nuestro derecho a la dignidad. Nuevamente que se vuelva a hablar de indulto, eso no nos deja bien de salud (…). Mi hijo tendría ahorita 38 años, tendría nietos de parte de él. Los asesinaron y luego los culparon. Ni a mi esposo ni a mi hijo les encontraron nada. Pisotean nuestros derechos a la vida, a la dignidad. No se puede vivir así”, lamentó. 

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, señaló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Tribunal Constitucional dejó de lado a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y también desconoció los estándares que la propia Corte plasmó en su pronunciamiento de supervisión de cumplimiento de condena, en mayo del 2018.

“Una liberación de Alberto Fujimori impediría que cumpla su condena y se aparte de la acción de la justicia generando un daño irreparable”, señaló el experto legal.

El pedido de medidas provisionales fue presentado por los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta un día antes que el TC concediera un habeas corpus a favor de Fujimori Fujimori y restituyera el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.