En su primer mes de gestión, el nuevo Congreso de la Republica realizó 102 órdenes contrataciones de las cualqes el 70% correspondía a adjudicaciones que no pasaron por ningún proceso. Como ya lo advirtió Convoca.pe en un informe anterior, en agosto apenas se realizaron dos concursos públicos y cinco contrataciones por catálogo electrónico.
Aunque el Poder Legislativo tiene la facultad de aplicar reglas propias para sus contrataciones, esta prerrogativa es cuestionada por poseer deficiencias de transparencia.
Por ejemplo, el pasado 27 de agosto la Mesa Directiva del Congreso aprobó el acuerdo 009-2021-2022, que aprueba una millonaria contratación con la empresa Rímac Seguros y Reaseguros para brindar una póliza de asistencia médico familiar a congresistas, parlamentarios andinos y expresidentes de la República. El monto aprobado fue de más de 6 millones de soles.
Esta contratación fue aprobada con los votos de la Mesa Directiva.
La justificación para contratar a esta empresa fue que solo Rímac Seguros podía cumplir los requisitos planteados por el departamento de logística del Congreso. El acuerdo menciona que se presentaron 10 propuestas de aseguradoras, pero solo Rímac pasó el filtro.
El acuerdo menciona que la empresa brindaría el servicio por un año. Sin embargo, deja en la incógnita muchos detalles de la contratación. Eso es señalado por Samuel Rotta, director ejecutivo de el Capítulo Peruano de Transparency International-Proética. Explica que en el caso de esta contratación hay varias deficiencias de transparencia.
"No se sabe a cuánto asciende el gasto aprobado, habría que remitirse a los documentos citados para conocer los detalles del requerimiento y, finalmente, habría que buscar en ese informe de administración para saber porqué de 10 empresas sólo 1 cumplía con lo solicitado", señaló Rotta a Convoca.pe.
Los detalles sobre el costo de la póliza para parlamentarios y familiares de expresidentes se encuentran en el contrato al que solo se puede acceder a través de la ley de acceso a la información, mediante una solicitud.
A diferencia de la gestión anterior en el Congreso, la Mesa Directiva liderada por María del Carmen Alva no incluyó el costo del servicio en el acuerdo aprobado. En mayo pasado, la Mesa Directiva aprobó ampliar por tres meses el contrato de Rímac para brindar el servicio por S/ 1’986,346.17. Esta extensión venció en agosto.
Rotta además cuestiona las excepciones a la Ley de Contrataciones, que no solo se dan de parte del Congreso, sino de otras instituciones. "Buena parte de Lava Jato, por ejemplo, pasó por excepciones a la ley, por el régimen de APP (Asociaciones Público Privadas", manifestó.