El ministro Víctor Zamora esbozó respuestas poco consistentes, que incluso dejaron más dudas, en relación a planteamientos realizados por Convoca.pe sobre tres temas clave en la actual crisis por la pandemia en el Perú: el subregistro de muertes por COVID-19, la evidente impunidad por infringir la directiva sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) y la aparente nula acción del Estado para supervisar el cumplimiento de protocolos sanitarios en campamentos de grandes proyectos mineros.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer en Palacio de Gobierno, el titular de Salud afirmó que en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica existe un registro de casos 'sospechosos' de fallecidos por el nuevo coronavirus, es decir una relación distinta al número de muertes confirmadas por una prueba, que difunde el Minsa de forma diaria.

"Registramos aquellas personas que fallecen sospechosas de COVID-19, pero que no tienen una confirmación de laboratorio", dijo Zamora. La existencia de ese registro paralelo era desconocida por los ciudadanos y las cifras que contiene, aún es una incógnita. 

La explicación del ministro estaba referida a la pregunta de Convoca.pe sobre por qué el Estado solo registraba como fallecido por COVID-19 a quienes dieron positivo en las pruebas rápida o molecular, y no a las personas consideradas como "sospechosas", a pesar de tener todos los síntomas de la enfermedad. Cabe anotar que, el martes reciente, una investigación de IDL-Reporteros había revelado un notorio subregistro de muertes por el nuevo coronavirus.

Como parte de su intervención, Víctor Zamora señaló que el Estado sigue lineamientos establecidos en convenios y que, de acuerdo a estos, el gobierno informa "nacional e internacionalmente" sobre la muerte por coronavirus cuando "tiene confirmación".

Gobierno reconoció existencia de un registro de casos sospechosos de COVID-19. Foto: Andina

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra añadió que al terminar la emergencia las investigaciones de los presuntos casos ("sospechosos") continuarán para incluirlos o no como "confirmados" en la estadística de las cifras oficiales.

"Puede haber gente que fallece por otra patología, pero como estamos pendientes de la enfermedad, obviamente, se le entierra o se crema. Pero se le pone como 'sospechoso COVID-19' porque no se ha hecho el descarte, pero en su momento se tendrá que ver", intentó argumentar Vizcarra con poca claridad e insistió en que "el registro es exactamente el que manda la práctica en todos los países del mundo".

Sin embargo, el día anterior —el martes último— las autoridades sanitarias no fueron categóricas al referirse a la existencia de un "registro de casos sospechosos" de muertes por el nuevo coronavirus, durante una conferencia de prensa encabezada por el propio ministro Zamora, en la sede del Ministerio de Salud (Minsa).

Según la última alerta epidemiológica, publicada el 13 de abril por la Dirección General de Epidemiología, un "caso sospechoso" está referido a una persona que tiene los síntomas de COVID-19 (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal y fiebre), y que aún no tiene la prueba confirmatoria. Como se sabe, los establecimientos de salud no cuentan con el número suficiente de pruebas para confirmar la enfermedad en los casos que se requiere, por lo que la evaluación del cuadro clínico (síntomas y otros exámenes relacionados como Rayos X o tomografías) ha sido fundamental para la atención.

En la conferencia de prensa en el Minsa, también participó el representante de la OPS/OMS, Rubén Mayorga, quien afirmó que en todos los países de la región se tiene un "subregistro" de las defunciones y que al final de la emergencia se realizará el "ejercicio de examinar las cifras". 

En el continente, por lo general, la metodología estadística no incluye a los "sospechosos COVID-19" en las cifras oficiales de muertes por la pandemia. No obstante, en Ecuador sí se difunde una estadística oficial de "fallecidos probables de COVID-19" para dar cuenta de víctimas sin diagnóstico confirmado por prueba de laboratorio. Además, según informó la BBC, en regiones de Canadá y en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, se están actualizando las estadísticas para incluir a las posibles víctimas de coronavirus a los que nunca se les practicó el test.

Al otro lado del océano Atlántico, Bélgica lidera la lista de fallecidos por COVID-19 en Europa debido, en parte, a que este país decidió incluir directamente a todos los difuntos con 'síntomas acordes' a la enfermedad en su registro oficial.

Al respecto, Convoca.pe dialogó con el médico Eduardo Gotuzzo, infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia e integrante del Comité de Expertos en la prevención del SARS-CoV-2, quien afirmó que en el Comando COVID-19 se está tratando de pulir las cifras de casos de fallecidos confirmados. Señaló que en el caso de muertes en domicilios los médicos tomarán una "autopsia eventual" para conocer a través de los familiares si el difunto tuvo una muerte súbita o si en los últimos días presentó los síntomas de COVID-19, para así precisar la causa del deceso en el certificado de defunción.

Infectólogo Eduardo Gotuzzo señaló que Perú también podría mostrar las cifras de fallecidos con sospecha de COVID-19. Foto: Difusión

Además, Gotuzzo refirió que existe dificultad para hacer análisis o pruebas en el cuerpo de un presunto sospechoso que fallece en un domicilio o en la vía pública, pues el resultado no sería confiable. Según información del Minsa, hay evidencia científica de que el virus desaparece del cuerpo del fallecido tres horas después de ocurrido el deceso.

El especialista añadió que el Perú, como lo hacen otros países, se debería mostrar la cifras de fallecidos con sospecha de COVID-19, aunque estos datos no sean considerados por la Organización Mundial de las Salud (OMS), ya que esa entidad multilateral solo acepta casos con diagnóstico confirmado con una prueba.

¿Qué gana el país con una revisión exhaustiva del subregistro de muertes por Covid-19? Que las autoridades puedan sincerar la dimensión de la emergencia y que se actúe con decisión para enfrentarla.

Impunidad y falta de supervisión

Convoca.pe también preguntó al ministro de Salud sobre las sanciones por el incumplimiento de la Directiva Sanitaria 087-2020 para el manejo de los cuerpos de los fallecidos que especifica que dos parientes directos de las víctimas tienen derecho a visualizar el cuerpo de su familiar muerto por COVID-19 —a una distancia de dos metros— antes de que se prepare el cuerpo para trasladarlo para la cremación o inhumación. 

Al respecto, Vìctor Zamora respondió que esos protocolos "tienen poco tiempo de haber sido desarrollados y están en pleno proceso" de ejecución y que "su cumplimiento variará de acuerdo al grado de rapidez" que las autoridades de salud puedan capacitar y supervisar al personal de los hospitales. Esta respuesta es engañosa.

La directiva elaborada por la Dirección General de Sanidad (Digesa) para el manejo de cadáveres por COVID-19 fue aprobada a través de una Resolución Ministerial del 22 de marzo y que, en los más de treinta días de vigencia de la norma, el punto que indica que los familiares pueden ver el cadáver como acompañamiento al duelo no ha sido cambiado en las siguientes modificaciones de la norma. Por lo tanto, está vigente hace más de un mes.

Convoca.pe confirmó que, al menos hasta el lunes 20 de abril, en todos los casos de pacientes fallecidos por COVID-19 en el Hospital de Emergencias de Ate-Vitarte en Lima, considerado el establecimiento emblemático para la atención de los casos del nuevo coronavirus, se incumplió el protocolo al impedir el acceso de los familiares para ver el cuerpo de su ser querido. También registramos denuncias sobre la vulneración de ese derecho en los hospitales Dos de Mayo e Hipólito Unanue. Hoy hemos recibimos nuevos casos sobre otros establecimientos de salud.

El ministro Zamora fue advertido el lunes 20 de abril sobre este permanente incumplimiento en el hospital de Ate-Vitarte, como narró ampliamente la directora de Convoca.pe, Milagros Salazar Herrera, en su artículo 'El guerrero y la pandemia'.

Para obtener mayor precisión sobre las sanciones que se establecerían para el personal médico que incumple la directiva del Minsa, este medio digital se comunicó el último martes vía WhatsApp con el Ministro de Salud. Esta fue su respuesta: "en el caso de que el personal de salud incumpla la normativa legal vigente, será investigado por la Secretaría Técnica del PAD (Procedimiento Administrativo Disciplinario)" para determinar si existió o no la falta administrativa. Volvimos a insistir con las siguientes preguntas: ¿el personal del hospital de Ate ya está siendo investigado por la Secretaría Técnica del PAD por incumplir la directiva 087-2020?, ¿en qué hospitales sí se cumple la directiva?, ¿a cuántos han capacitado para que cumplan la directiva y quiénes se encargan de supervisar su cumplimiento? Hasta el momento, el ministro no ha vuelto a responder.

En la conferencia de prensa de ayer en Palacio de Gobierno, Zamora volvió a señalar que no habrá castigo alguno para las empresas funerarias que infringieron la normativa del Minsa que permite a los deudos de víctimas del nuevo coronavirus acompañar el proceso funerario de cremación.

Deudos esperan las urnas de sus familiares en las afueras del cementerio Santa Rosa. Foto: Milagros Salazar Herrera / Convoca.pe

Minsa no supervisará campamentos mineros

Convoca.pe también preguntó al presidente Vizcarra y sus ministros si el gobierno central fiscaliza el cumplimiento de las directivas sanitarias de atención y aislamiento social en los campamentos mineros, en relación a los 210 trabajadores con COVID-19 de la compañía minera Antamina, que tiene operaciones en Áncash. El mandatario trasladó esa pregunta al ministro Víctor Zamora, quien en su respuesta adujo que la responsabilidad de la regulación en estos casos la tienen los gobiernos regionales.

"En el caso específico de Antamina, tengo entendido que la región Áncash es la encargada y de hecho realiza las labores de supervisión y vigilancia. Ellas (las regiones) son los que determinan el grado de contaminación o no contaminación que existe en esta mina y en otras, y creo entender que en el caso de la movilización de los pacientes o personas infectadas (del campamento minero), fue la Dirección de Salud de esa región la que intervino en ese caso", sostuvo Zamora.

En su respuesta, el ministro de Salud inicó que por la Ley de Descentralización son las regiones, a través de sus Direcciones de Salud (Diresas), las encargadas de implementar cada una de las normas que dicta el Minsa. No obstante, fue el gobierno central, a través de una norma del Ministerio de Energía y Minas, el que autorizó a operar a las empresas mineras durante el estado de emergencia y aprobó el protocolo de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en los campamentos.

Pese a que Antamina registró 210 casos de trabajadores infectados por COVID-19, el Ejecutivo no supervisará medidas sanitarias en los campamentos mineros. Foto: Antamina

Según normativa vigente los gobiernos regionales solo tienen competencia para fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal, mientras que el gobierno central fiscaliza a los grandes proyectos mineros —como Antamina— en materia ambiental a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); en materia de seguridad por intermedio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y en temas de derechos laborales con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Víctor Zamora no contestó respecto al número de casos positivos registrados en campamentos mineros a nivel nacional. La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,presente en la conferencia, tampoco dio respuesta sobre el tema.

Hay silencios e inconsistencias que pueden ser muy elocuentes en medio de una pandemia.