¿Cómo acceder a un bono económico del gobierno, si la entidad bancaria más cercana queda a varios kilómetros de distancia? Perú es un país de grandes brechas, sobre todo en las zonas más alejadas de las ciudades o zonas urbanas. Durante el actual periodo de emergencia sanitaria se conocieron casos de personas que caminaban grandes distancias para acudir a una agencia del Banco de la Nación y cobrar el bono que les ayudaría a subsistir.

Para evitar que los pobladores realicen ese traslado, el Estado dispuso la entrega de bonos a través de empresas de transporte de valores. Estas compañías llegan a zonas donde no hay agencias o servicios bancarios y reparten el dinero directamente a los beneficiarios.

Desde hace varios años, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) contrata a las transportadoras de valores para la entrega de subsidios de los programas Pensión 65 y Juntos. Durante la crisis sanitaria, también recurrió a esta modalidad para llegar a cerca de 14 mil hogares del país, según lo declarado por Patricia Balbuena, viceministra de prestaciones sociales del Midis, en mayo pasado durante una entrevista en radio Exitosa.

En su balance por los 100 días de emergencia nacional, el presidente Vizcarra se refirió a las demoras en la distribución de los bonos y a las compañías de transporte de valores. Foto: Andina

El miércoles reciente, durante la conferencia de prensa tras cumplirse 100 días del estado de emergencia, el propio mandatario Martín Vizcarra advirtió problemas y retrasos en el reparto directo de los bonos para los más pobres.

"Tenemos que usar las empresas de transporte de valores para llegar a los sitios más alejados. Pero, cuando yo le pido a la ministra contratar a 6, 8, 10 o 20 empresas de transporte, para que lleguen, no se puede. Los requisitos que tenemos en el Perú, para hacer transporte de valores son tan altos, que solamente dos empresas pueden", señaló.

Normas excluyentes

El transporte de valores es un servicio diseñado para trasladar dinero u objetos preciados. La Ley General del Sistema Financiero regula esta actividad y la considera un servicio complementario. Esta norma fue promulgada en 1996, por el entonces presidente Alberto Fujimori y el exlegislador Víctor Joy Way, como presidente del Congreso.

El capital social mínimo que establece dicha norma para dar autorización a una empresa de transporte de valores en el país es de 10 millones de soles. Sin embargo, la misma ley solo solicita un capital de 678 mil soles a las entidades bancarias, para emitir tarjetas de crédito o débito.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP lleva el registro de las Empresas de Transportes, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN). También es la encargada, junto con el Ministerio del Interior, de entregar la autorización correspondiente.

Para repartir los bonos a la población vulnerable en tiempos de pandemia, se utilizaron los canales establecidos previamente por programas sociales del Estado. Foto: Difusión

Solo la Compañía de Seguridad Prosegur S.A. y Hermes Transportes Blindados S.A. cumplen los requisitos establecidos por la Ley General del Sistema Financiero. Debido a ello, existe una suerte de oligopolio de ambas compañías en el territorio nacional.

Los accionistas de Prosegur son Juncadella Prosegur Internacional S.A. y Transportadora de Caudales Juncadella S.A. En tanto, en enero de 2020, el Fondo CVC Capital Partners, con sede en Reino Unido, adquirió 84.04% de la participación que The Carlyle Group poseía en Hermes.

De acuerdo con la información proporcionada por las mismas empresas a la SBS, el presidente del directorio de Prosegur es Eduardo Pio Dancourt Dávila y el de Hermes es Gonzalo de la Puente Wiese.

Según registros oficiales, en 2019 ambas compañías contrataron con entidades del Estado por alrededor de 12 millones de soles. Y en 2020, el monto asciende a más de 2 millones de soles, hasta la fecha.

El Tribunal de Contrataciones del Estado impuso tres meses de inhabilitación a Hermes, sanción que finalizó en marzo último. Foto: Difusión

Cabe precisar que Hermes Transportes Blindados S.A. obtuvo contratos con entes públicos por cerca de 8 millones de soles entre los años 2019 y 2020; mientras que en el mismo periodo, Compañía de Seguridad Prosegur S.A. se adjudicó más de 6 millones de soles.

Las dos empresas tienen antecedentes de sanciones impuestas  por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tras realizar servicios a instituciones estatales. Prosegur registra 26 penalidades y Hermes, 41 de este tipo de sanción administrativa, que implica el pago de multas por el “incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales”.

Pero en el caso de Hermes, tuvo un castigo mayor: fue inhabilitada de forma temporal para contratar con el Estado durante tres meses —del 6 diciembre de 2019 al 6 de marzo de 2020— por presentar información inexacta durante el proceso de adjudicación o trámite de su registro como proveedor.

Una reforma que no llega

Precisamente, el miércoles último, el presidente Vizcarra también afirmó que las normas para autorizar empresas de transporte de valores se hicieron para favorecer a determinadas compañías. El jefe de Estado, además, manifestó la necesidad de disminuir la cantidad de capital que se solicita a las empresas para ingresar al rubro de las Empresas de Transportes, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN). Esta reforma se realizaría después, señaló.

Sin embargo, no es la primera vez que se discute el tema. En 2019, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF) y la SBS evaluaron el tema. Quedó pendiente la presentación de un proyecto de ley que modifique el capital mínimo de ETCAN.

El legislador Anthony Novoa Cruzado, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, informó a Convoca.pe que el grupo de trabajo no tiene a su alcance ningún proyecto para modificar los requisitos de las ETCAN. No obstante, coincidió en la necesidad de reducir el monto del capital mínimo.

Sede del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en Jesús María, Lima.

Asimismo, refirió que hay empresas o financieras pequeñas que trasladan poco dinero y que podrían utilizar ETCAN más pequeñas. Además, advirtió que el duopolio es un escenario que favorece la concertación de precios.

Al ser consultado por este medio digital, el Midis que emitirá un comunicado para precisar el avance de la entrega de bonos a través de las empresas transportadoras de valores.

Convoca.pe también buscó la versión de Prosegur, cuyo vocero indicó que, en los próximos días, respondería a un cuestionario remitido. Y se hizo lo propio con Hermes, pero al cierre de la publicación, no hubo respuesta para una entrevista con algún representante.   

Actualización: miércoles 1 de julio de 2020

En respuesta a Convoca.pe, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que alrededor de 168 mil personas ya cobraron sus bonos a través de las empresas transportadoras de valores. Se especificó que esta cantidad corresponde al 60.7% del total de hogares incluidos en el padrón del bono rural.

La información proporcionada, tras la publicación de este reportaje, muestra que se tuvo mayor avance en la entrega del Bono Familiar Universal (88.1%) que del Bono Familiar Universal (59.5%).

Se programaron 513 puntos de entrega en todo el país, pago bajo la modalidad de empresas de caudales.  Al 22 de junio, se han atendido en total 440 puntos de pago.