1837 funcionarios públicos con contratos vigentes y que no son considerados como población vulnerable, recibieron las canastas básicas familiares que estaban destinadas a familias en pobreza y pobreza extrema de las seis regiones del Perú que registran la mayor cantidad de casos de la COVID-19. 

Según información de la Contraloría General de la República, esta cifra corresponde al 43% de un total de 4212 funcionarios públicos que recibieron indebidamente este beneficio. 

De acuerdo a la información del órgano de control, los funcionarios que recibieron las canastas, actualmente registran ingresos netos que fluctúan entre los S/ 1200 a S/ 10000 mensuales. 

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo destinó más de S/ 234 millones a los gobiernos locales para adquirir y distribuir las canastas de alimentos a familias bajo el umbral de pobreza.

Solo en Lima, las municipalidades distritales entregaron de forma indebida 583 canastas al mismo número de funcionarios públicos, mientras que en la región Callao fueron 87 los trabajadores públicos que obtuvieron irregularmente las canastas.

4212 canastas que estaban dirigidas a poblaciones vulnerables fueron recibidas por funcionarios públicos. Fuente: Contraloría

En regiones con más casos

En la Amazonía, los gobiernos locales de la región Loreto entregaron las canastas de víveres a 482 funcionarios públicos. Este departamento registra hasta la fecha más de 6500 casos del nuevo coronavirus y 308 fallecidos por la pandemia.

En Piura fueron 370 los funcionarios de diferentes niveles del Estado quienes recibieron la canasta de víveres, sin embargo, esta región registra más de 11 mil casos y 584 fallecidos por el nuevo coronavirus. Mientras que en los departamentos de Lambayeque y La Libertad, las municipalidades entregaron a funcionarios públicos 115 y 200 canastas respectivamente. 

En conferencia de prensa, el Contralor General de la República, Nelson Shack, detalló que entre los más de 4 mil funcionarios que recibieron las canastas de forma indebida, se encontró a 53 que perciben ingresos de más de 5 mil soles e incluso dos funcionarios con sueldos de más de 10 mil soles.

Nelson Shack anunció que la información sobre las municipalidades que entregaron las canastas básicas, así como los nombres de los funcionarios que las recibieron, serán entregadas al Ministerio Público para el inicio de una investigación. Indicó que por esa razón no se harán públicos los nombres de los funcionarios.

Según la información publicada en el portal "Monitor de control y transparencia COVID-19" de la Contraloría, entre los funcionarios que recibieron las canastas y perciben ingresos de  5 mil soles, hay trabajadores de las Cortes Superiores de Justicia de Ica y Ayacucho, al igual que de Indecopi, del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Sunat, entre otras instituciones.

Ministerio Público iniciará investigación sobre la entrega de canastas básicas a funcionarios públicos. Foto: Andina

Entidades responden

Este medio digital preguntó al Poder Judicial sobre las medidas que tomarán contra los dos funcionarios que recibieron las canastas de forma indebida. A través de la oficina de prensa, respondieron que el presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, advirtió que los funcionarios deberán responder de forma individual a cualquier investigación y que su institución rechaza todo acto irregular.

En tanto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (Indecopi) respondió a Convoca.pe que recién hoy 9 de junio tomaron conocimiento de que uno de sus trabajadores estaría involucrado en esa irregularidad, por lo cual su Oficial de Integridad presentará un oficio a la Contraloría para solicitar formalmente un informe para conocer la identidad del funcionario y realizar una investigación "que permita tomar las acciones administrativas pertinentes".

Entre los funcionarios que recibieron las canastas se encuentran varios que trabajan en el Poder Judicial, Indecopi, el INPE y universidades públicas. Foto: Contraloría

Sanciones penales

Para conocer cuáles serían las posibles sanciones o delitos penales en este caso, Convoca.pe conversó con la abogada penalista Romy Chang, quien explicó que se configurarían los delitos de peculado y malversación con el agravante de que esos recursos, como son las canastas, debían ser destinados a fines asistenciales y en este caso a las personas vulnerables afectadas por la COVID-19.

En el caso de la entrega de los víveres, la abogada sostuvo los presuntos delitos también alcanzarían a los funcionarios municipales que entregaron las canastas y no sólo a los trabajadores públicos que recibieron el beneficio.

Chang indicó que en caso del delito de malversación y peculado, los funcionarios municipales que entregaron la canasta y el funcionario beneficiado, enfrentarían una pena de privativa de libertad de hasta ocho años. Si es que la Fiscalía suma el agravante de que las canastas estaban destinadas a fines asistenciales, la pena podría llegar hasta los 12 años de prisión.