Un comisión investigadora independiente sobre los abusos cometidos por la Policía Nacional del Perú durante las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Manuel Merino y la reparación a las víctimas de la represión policial fueron los principales pedidos que hicieron los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tito Bracamonte y Miguel Jugo, durante una entrevista con Convoca en Vivo.

El uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía, que terminó con la muerte de dos jóvenes y más de 200 manifestantes heridos, las detenciones arbitrarias de ciudadanos que ejercía su derecho a la protesta social y la obstrucción policial a la labor de los abogados que asumieron la defensa de las personas detenidas en las comisarías fueron las principales violaciones a los derechos humanos cometidas durante las movilizaciones de los últimos días, según coincidieron los abogados de esta institución.

"El Ejecutivo debe convocar a una comisión investigadora presidida por alguien que otorgue confianza al país y que tenga un compromiso con los derechos humanos. Se necesita que esta investigación se realice en un plazo inmediato", propuso Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El abogado recordó que la instalación de una comisión investigadora independiente ha sido planteada por más de 250 organizaciones de la sociedad civil. "Proponemos que puedan participar expertos o peritos internacionales, que puedan dar cuenta de manera rápida y no esperar los procesos que siempre demoran en las investigaciones del Congreso o del sistema de justicia en el país. Hay una necesidad de la ciudadanía de saber qué pasó", agregó.

Bracamonte también destacó que las reparaciones, el acompañamiento, el soporte a las personas heridas, se tiene que dar de la misma manera que con la comisión investigadora y advirtió que no se puede pretender que se haga bajo mecanismos, como los que ya hemos tenido antes, donde la solución no ha sido la correcta. 

"Se tiene que ver los casos individuales porque hay distinta formas de afectación de aquellos que han sido impactados por algunos perdigones como los que han sido afectados por el resto de sus vidas. Hay personas que han quedado con serias dificultades para poder enfrentar la vida y estas tienen que ser, de alguna manera, acompañadas y reparadas, no solo ellas sino también sus familias", añadió Bracamonte.

Proceso judicial será largo

El abogado Miguel Jugo explicó que las penas por los delitos contra los derechos humanos pueden llegar hasta 35 años de prisión, si se puede probar un homicidio calificado. Sin embargo, recordó que los procesos judiciales son bastante largos y tediosos. "Tendremos un proceso de investigación, inicialmente de nueve meses, si se declara complejo de 18 a 36 meses. Luego, se iniciará un juicio oral contra los autores inmediatos y con mayor razón contra los autores mediatos", estimó.

Por ello, Jugo insistió en que no se espere un fallo judicial y que se cree una comisión independiente que investigue los hechos con apoyo internacional y que se repare a los heridos. "Esto pasa por hacer una ley con presupuesto porque necesitamos que se repare a esas víctimas. Una forma de que el Congreso se reivindique con el país sería aprobar esta ley prontamente", concluyó.