Los policías que se llevaron a Luis Fernando Araujo durante las protestas del sábado 14 de noviembre no solo habrían cometido el delito de secuestro, sino también de tortura y desaparición forzada, según los abogados de la víctima. Esta y otras actuaciones de la Policía durante las manifestaciones de los últimos días han motivado que las víctimas, sus familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil exijan la desactivación del Grupo Terna, la unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, por graves violaciones a los derechos humanos.

 

Secuestro, desaparición forzada y tortura son los delitos que habrían cometido agentes de la Policía Nacional del Perú cuando, la noche del 14 de noviembre, se llevaron a Luis Fernando Araujo Enríquez, de 24 años, en una camioneta, lo golpearon y lo mantuvieron encerrado en una habitación sin agua ni comida, durante tres días, según denunció Rocío Meza, abogada de la víctima.

Luis Fernando contó que fue secuestrado cuando participaba en las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Manuel Merino, en las inmediaciones de la avenida Colmena, en el centro de Lima. Cuatro sujetos vestidos de civil lo intervinieron y dos de ellos lo subieron a la fuerza a una camioneta. Al subir al auto, lo encañonaron, le taparon los ojo y sintió el cañón de un arma en la sien. "Cuando se lo llevaron, una de las personas le mostró su placa de Policía y ellos dijeron que eran del Grupo Terna", dijo su abogada en una conferencia que brindó hoy en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En una habitación oscura y sin ventanas, Luis Fernando recordó que permaneció encerrado desde la noche del 14 de noviembre hasta la tarde del 17 de noviembre, sin agua y sin alimento. No tenía dónde dormir pues solo había una silla. Nunca le explicaron por qué lo tenían en ese lugar.

El joven relató que lo agentes le hicieron escuchar la voz de su madre, Raquel Enríquez, quien pidió ayuda en los medios de comunicación para encontrar a su hijo, y se burlaron de eso. Según la abogada Meza, esto configuraría como delito de tortura psicológica, si es cometido por agentes del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras el nuevo presidente del Congreso Francisco Sagasti juramentaba como presidente de la República, Luis Fernando era liberado. El joven contó que los policías le dijeron que su caso había tenido demasiada publicidad y que lo iban a soltar porque ya no les servía. Lo sacaron por un pasadizo, en un primer piso, lo llevaron en un auto y lo dejaron libre en la avenida Aviación, en el Cercado de Lima. La orden fue que no mirara hacia atrás. El joven caminó hasta el Hospital Dos de Mayo.

La aparición de Luis Fernando se produjo cuando el Ministerio Público tomaba la declaración de su madre, en la investigación sobre las personas desaparecidas en las movilizaciones. El joven contó lo ocurrido a la fiscal adjunta de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Mirela Coronel Molero, del subsistema de Derechos Humanos. Luego, pasó por un examen médico legal, que verificó que estaba deshidratado, consciente, pero muy agotado, de acuerdo con lo relatado por su abogada.

 

Abogados en conferencia
Exigen justicia en conferencia de prensa en local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Foto: Difusión

 

Piden desactivación del Grupo Terna

Mar Perez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solicitó la inmediata desactivación del Grupo Terna, la unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional. "El Grupo Terna es responsable de graves vulneraciones a los derechos humanos. Se debe garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, pero eso no debe considerarse incompatible con el respeto de los derechos humanos. Policías de civil actuando en manifestaciones, sembrando pruebas, manoseando a mujeres indefensas, eso es el Grupo Terna. Por eso estamos pidiendo su desactivación", concluyó.

El pedido de desactivación del Grupo Terna fue uno de los puntos del pronunciamiento que emitieron esta tarde más de un centenar de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Centros, la Red Muqui, Demus, Foro Salud, Acción por los Niños, entre otros.

Otros pedidos del pronunciamiento son la investigación exhaustiva, cuidado de las pruebas y sanción a los responsables de los abusos, atención y reparación a todas las víctimas, una nueva constitución y otros cambios.