Actualización. Miércoles 13 de julio de 2022

Reforma Universitaria: Congreso de la República aprobó por insistencia autógrafa que afecta la reforma universitaria

Esta noche el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que modifica la conformación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y suma conflictos de interés en la entidad, al agregar a representantes de las universidades. El proyecto había sido observado por el presidente Pedro Castillo el 30 de mayo pasado.

Con 72 votos a favor, 39 en contra, y 4 abstenciones, la representación nacional decidió que la Sunedu reformule la composición de su consejo directivo para que incluya a dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Ministerio de Educación (Minedu) y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú. 

Asimismo, la señalada autógrafa establece que el superintendente de la Sunedu será elegido por los miembros del consejo directivo, cuyos integrantes tendrán una permanencia de tres años y sin reelección.

"¿Por qué no le dicen la verdad a la opinión pública? Quieren manejar las universidades a su libre albedrío. Sunedu está manejado por el sector caviar. Basta ya de usar a la universidad pública para hacer negocio", dijo durante su exposición el congresista de Perú Libre, Edgar Tello Montes, uno de los que ha apoyado desde el principio la medida aprobada.

En contraposición, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, indicó que la ley aprobada por insistencia "le quita los dientes" al Estado para la supervisión y creación de las universidades en el país. Según dijo, con la norma volveremos al esquema de universidades que "estafaron a los estudiantes". "No solo se quitan las atribuciones [a Sunedu], no solo se le cambia de integrantes, se le quita las atribuciones", explicó.  

En su momento, exministros de Educación como Martín Benavides, Ricardo Cuenca e Idel Vexler manifestaron a Convoca,pe que la ley aprobada va en contra de la reforma universitaria, que en los últimos años se encargó de denegar la licencia a las casas de estudio que incumplieron con las condiciones mínimas de calidad para prestar el servicio educativo. Además, señalaron que Sunedu acabó con el grupo de directivos que había tomado la extinta Asociación Nacional de Rectores, que era juez y parte en cuanto a la fiscalización de sus propias universidades, en perjuicio de la educación de decenas de miles de estudiantes del país.

La aprobación por insistencia de la norma se realizó un día después de que se realizara la audiencia sobre la medida cautelar interpuesta por Sunedu para frenar los efectos de la misma. La sesión se realizó en el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la jueza Milagros Grajeda Bashualdo.

La magistrada escuchó los alegatos del procurador público de la superintendencia, Mac Donald Rodríguez; del constitucionalista Luciano López, quien forma parte del grupo de abogados independientes que son litisconsortes de la demanda; y del procurador del Congreso, Manuel Peña. La jueza informó que su veredicto será informado a través de la casilla electrónica de las partes. El plazo máximo para emitir la resolución es de 10 días.

La norma que recompone la Sunedu aún puede ser sometida a una acción de inconstitucionalidad. Esta figura puede ser promovida por un grupo de ciudadanos.

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Actualización. Lunes 6 de junio de 2022

Reforma Universitaria: Sunedu presenta una nueva medida cautelar para detener la promulgación de la ley de contrarreforma

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) solicitó una nueva medida cautelar contra la autógrafa de ley que el Congreso aprobó en segunda votación, el pasado 4 de mayo, para modificar su composición y obstaculizar la reforma universitaria en curso. El pedido fue realizado ante el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

La entidad de fiscalización educativa informó que su recurso tiene el objetivo de suspender provisionalmente el dictamen parlamentario y la promulgación de la autógrafa de ley, hasta que concluya el proceso de amparo, que se analizará el próximo 12 de julio.

"Se hizo hincapié en la inminente concretización de la amenaza, la que produciría un daño irreparable, considerando que la legislatura ordinaria del Congreso de la República concluirá el 17 de junio de 2022, es decir, en menos de 12 días, tiempo en el que el Pleno del Congreso promulgaría la autógrafa de ley. Además, en casos anteriores, el actual Congreso ha procedido de la misma forma, aprobando normas por insistencia durante este año, lo que lleva a concluir que existe el riesgo de que lo mismo ocurra en este caso", informó Sunedu.

La entidad también anotó que, de no concederse la medida cautelar, se produciría un daño irreparable, pues con la promulgación de la autógrafa de ley entrará en vigencia, de forma inmediata, la supresión de facultades del actual Consejo Directivo. Esto interrumpirá el proceso de licenciamiento de algunos programas académicos, como los de medicina, por ejemplo.

Asimismo, aunque la propia autógrafa de ley establece un plazo de 30 días para que se desarrolle la elección de representantes de las universidades en dicho órgano directivo, este término se alcanzaría antes de que se resuelva la demanda de amparo. Por ello, apuntó la superintendencia, es que la medida cautelar se hace necesaria para evitar que la norma tenga efectos.

La entidad también hace hincapié es que no se puede esperar a que se promulgue la norma para que se interponga una demanda de inconstitucional, pues dicha situación no suspendería los efectos de la norma que entrarían en vigor. En un proceso de inconstitucional, anotó, no se pueden presentar solicitudes de medidas cautelares. Además, si en última instancia se declarara la inconstituacionalidad de la norma, dicha resolución no tendría efecto retroactivo.

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Informe original. 13 de mayo de 2022

Reforma Universitaria: Tiempo queda muy corto para defender la autonomía de la Sunedu en los tribunales

La Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) tiene las manos atadas para defender su propia Reforma Universitaria. Ahora depende de la inmediata actuación de la ciudadanía, de un grupo de parlamentarios y de la voluntad del Poder Ejecutivo. Así, los tribunales se convertirán en otro campo de batalla para detener la reciente decisión del Pleno del Congreso, que aprobó la recomposición del Consejo Directivo de la entidad supervisora, que le resta autonomía e independencia.

Sin embargo, las demoras con que se mueve el sistema de justicia peruano mantienen en vilo las esperanzas de la entidad, pues el tiempo queda muy corto y la ley podría ser promulgada en las próximas semanas.

De hecho, la Sunedu viene de sufrir un nuevo golpe en el fuero judicial, ya que la audiencia para analizar la demanda de amparo que presentó en febrero pasado fue postergada por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima. La vista de la causa había sido programada para el último 9 de mayo, pero la jueza Andrea del Pilar Córdova Escobar prefirió ese mismo día no pronunciarse hasta el 16 de septiembre. La nueva fecha resultaría demasiado tarde, pues las modificaciones ya se habrán consumado para entonces.

Sunedu también solicitó, en paralelo, una medida cautelar para detener la entrada en vigencia de la norma aprobada, que también fue denegada por la jueza. La superintendencia interpuso recursos para revertir ambas resoluciones.

La jueza declaró improcedente la medida cautelar solicitada por Sunedu.

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y el 25% del número legal de congresistas tienen la facultad de presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero una iniciativa ciudadana ya ha empezado a recolectar 5 mil firmas para que sean los mismos peruanos los que entablen esta acción en caso de que sus autoridades los decepcionen. Sin embargo, de nuevo, la solución por esta vía también podría llegar fuera de tiempo, debido a los plazos de ley que se tienen que cumplir en los procesos llevados por el Tribunal Constitucional.

Como se recuerda, la autógrafa aprobada por el Parlamento dispone que el Consejo Directivo de Sunedu pase de tener cinco a siete miembros. Tres de estos serán representantes de las universidades, una situación que implica un claro conflicto de interés, pues este órgano de decisión tiene en sus manos precisamente evaluar y fiscalizar la calidad de esos mismos centros de estudio.

Los días contados de la reforma universitaria

“Ya no es solo un dictamen, sino una autógrafa de ley. Esto significa que no es una amenaza como lo que hubo en primera votación [1 de febrero del 2022], sino que esta amenaza se ha concretado por parte del Congreso al emitir el proyecto. El dictamen se ha convertido en autógrafa (…) y ahora está en manos del Poder Judicial”, explicó a Convoca.pe el procurador público de Sunedu, Mac Donald Rodríguez. 

El representante legal de esta entidad dio a conocer cómo se concretará la vulneración a la Sunedu y Reforma Universitaria, si nadie la impide en el tiempo más breve. Según advirtió, de acuerdo con lo establecido en el propio proyecto de ley, a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, se contarán 30 días para que se autoconvoque al nuevo Consejo Directivo de Sunedu, el mismo que designará al nuevo superintendente de la institución.

“El Ejecutivo tiene 15 días hábiles para observar la ley. En el caso que se tomara el ultimo día –teniendo en cuenta que unos 20 días le falta [a este mes para culminar]- estamos hablando de [que a] fines de mayo lo podría devolver al Congreso”, explicó a Convoca.pe el procurador. 

El abogado del Estado añadió que el Parlamento realizará la votación para aprobar la autógrafa por insistencia durante la primera o segunda semana de junio, por lo que esta quedaría expedita a más tardar en la quincena del mismo mes. De este modo, el procurador alertó que en la quincena de julio, o fines del mismo mes cuanto mucho, se habrá convocado al nuevo Consejo Directivo de Sunedu. 

Abogado defensor de Sunedu explicó que los tiempos quedan muy justos para defender la Reforma Universitaria. Captura de pantalla.

“Si así fuera (…) el superintendente [sería nombrado] máximo en agosto. Entonces, para setiembre, todos los derechos fundamentales que nosotros hemos fundamentado en nuestro proceso de amparo (…) habrían quedado vulnerados y sería irreparable el daño, porque ya a esa fecha habría otras autoridades”, lamentó el experto.

Así, Rodríguez alertó que se habrá consolidado la denominada sustracción de la materia, una figura legal que se produce con la desaparición de los supuestos fácticos o jurídicos que sustentan una acción jurisdiccional, lo que impide al juez pronunciarse sobre el fondo de un pedido. “[El caso] ya no es justiciable porque en los hechos hay otras personas que han tomado posición de los cargos que justamente uno quería salvar”, dijo el procurador en referencia al Consejo Directivo y al titular de Sunedu.

Últimos intentos

En diálogo con Convoca.pe, el exministro de Educación Idel Vexler manifestó que la norma aprobada recientemente en el Congreso, tal como está diseñada, atenta contra la Reforma Universitaria y acerca a la Superintendencia a lo que fue la mal recordada Asociación Nacional de Rectores (ANR), una instancia que era juez y parte en la regulación que se ejercía sobre las universidades del país.

“Y eso puede hacer que no se maneje a Sunedu con autonomía, rigurosidad y calidad. Independientemente de cualquier consideración, creo que [Sunedu] ha tenido el mérito de no licenciar a un promedio de 40 universidades.Y eso está bien, hay que reconocerlo. Me preocupa que la nueva composición, en una de las nuevas medidas, pueda darle una nueva oportunidad a las universidades con licencia denegadas”, dijo el educador a este portal.

Y si bien el presidente Pedro Castillo anunció que observará la ley que recompone la Superintendencia Nacional de Educación, esto no es un seguro para proteger a la entidad de lo descrito por Vexler. Vale recordar que el mandatario no mencionó cuándo observará la autógrafa ni tampoco se pronunció sobre la posibilidad de que el Congreso puede aprobar el dictamen por insistencia.

Este miércoles, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que su sector alista una propuesta técnica y legal que reforzará la Reforma Universitaria y que evitaría la aprobación de la autógrafa de ley que pretende modificar el consejo directivo de la superintendencia.

“Nosotros nos estamos reuniendo con varios rectores porque queremos escuchar sus opiniones y puntos de vista. El objetivo común es no interrumpir el proceso de fortalecimiento de las universidades porque tiene que continuar la mejora de la calidad de la educación superior y presentaremos una propuesta viable que está dentro del marco normativo”, explicó a los medios. Sin embargo, tampoco habló de cuándo se ejecutará esta iniciativa y el tiempo se agota.

La semana pasada, el presidente Castillo prometió observar la ley de contrareforma; sin embargo, no hay novedades sobre este anuncio. Foto: Andina.  

En este marco, el procurador Mac Donald Rodríguez confirmó a Convoca.pe que presentará un recurso de impugnación para revertir la decisión del Segundo el Segundo Juzgado Constitucional de Lima de denegar la medida cautelar que buscaba cancelar los efectos de la cuestionada ley, y de trasladar hasta el 16 de setiembre la vista del amparo que busca el mismo objetivo.

“Respecto a la reprogramación de audiencia [de amparo] (…) vamos a impugnar para que nos den fecha más próxima. Y en el caso de la cautelar, que es otro expediente que corre por cuerdas separadas, también lo vamos a impugnar”, afirmó el especialista a este portal.

En este punto, es necesario señalar que la titular de este despacho, la jueza supernumeraria Andrea del Pilar Córdova Escobar, es egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuya licencia fue denegada por Sunedu.  

El diario La República informó que de acuerdo con el registro de grados y títulos de la Superintendencia Nacional, la magistrada obtuvo su diploma de abogada en el 2012, dos años antes de que se promulgara la Ley Universitaria y siete años antes de que se le negara el licenciamiento a la referida casa de estudios superiores.

Ciudadanía entra en acción

Si bien Sunedu quedó atada de manos para defender su posición, aún queda la posibilidad de que la Reforma Universitaria sea salvada a través de una acción de inconstitucionalidad. La misma pude declarar que la ley aprobada por el Congreso vulnera a los derechos protegidos en nuestra carta magna. 

“Solo la pueden presentar los sujetos mencionados en el Artículo 200 de la Constitución, que son el presidente, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas y cinco mil ciudadanos”, explicó a Convoca.pe el abogado constitucionalista Omar Cairo.

Y justamente, estos últimos ya iniciaron una movilización para recolectar las firmas necesarias, que hagan realidad la acción de inconstitucionalidad, confirmó a este portal el exprocurador César Azabache, quien encabeza la iniciativa.

En diálogo con este portal, Azabache había señalado que el Tribunal Constitucional había incumplido, desde la semana pasada, con entregar los planillones necesarios para movilizar la acción legal, un hecho que causaba preocupación y extrañeza. No obstante, el abogado señaló este jueves que el Tribunal Constitucional por fin cumplió con entregarle los planillones necesarios para este fin. 

“Más de cinco mil personas han mostrado su respaldo a esta iniciativa y su posición a firmar esta demanda. Este proceso comenzará si es que el Congreso insiste en la promulgación de esta ley, a pesar de que el Ejecutivo logre, determine, cumplir con esa oferta [de observar la norma] que tiene una semana”, explicó el letrado en conferencia de prensa. Los planillones para movilizar esta iniciativa estarán en el local del Foro Educativo, en San Isidro. 

El exprocurador César Azabache informó que más cinco mil ciudadanos respaldarán una acción de inconstitucionalidad para frenar ley de contrareforma universitaria del Congreso. Captura de pantalla.   

“La educación superior ha sido ya materia de dos decisiones por parte del Tribunal Constitucional: la primera tomada el 15 de junio del 2010 y la segunda, el 10 de noviembre del 2015. En ambas, el Tribunal Constitucional ha dicho que la educación superior no es un espacio para mercados de baratija, es un derecho fundamental que todos los ciudadanos debemos disfrutar”, comentó el exprocurador.

El constitucionalista Omar Cairo explicó a Convoca.pe que después de presentada la acción de inconstitucionalidad, el TC debe notificar al Congreso para que defienda su norma y le da un plazo de 30 días para contestar. Trascurrido este tiempo –explicó el abogado– el Tribunal debe señalar la fecha para la audiencia.

Así las cosas, los plazos para defender la Reforma Universitaria parecen quedar cortos y los estudiantes de todo el país, que sueñan con convertirse en profesionales y contribuir al desarrollo, son quienes sufrirán las decisiones de nuestro Congreso y los retrasos del sistema de justicia en carne propia.