Actualización viernes 23 de abril de 2021

La Contraloría General de la República detectó la vacunación irregular de más de 150 personas en la región de Arequipa. Se trata de oficiales en retiro que tienen menos de 60 años. 

Para la región se destinaron 7020 dosis de la vacuna de Pfizer, con el objetivo de inmunizar a policías que se encontraran comprendidos en la fase I del Plan Nacional de Vacunación. La jornada de vacunación se realizó del 17 al 19 de marzo del 2021. 

Sin embargo, luego de estas fechas se vacunó a 153 policías retirados, menores de 60 años. Las dosis fueron repartidas en la sede de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Este grupo de expolicías no debió ser vacunado. 

Además, se detectó la vacunación de tres familiares de efectivos policiales que tampoco se encuentran en el grupo priorizado en esta fase de la vacunación nacional. Los parientes inmunizados que identificó el informe de la Contraloría son Francisco Cárdenas Rodríguez, Carmen Julia Ramos de Torreblanca y Cesar Antonio Rodríguez Rubatto. 

Actualización sábado 3 de abril 2021

Las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegaron al Perú estuvieron destinadas, de manera prioritaria, al personal de salud que se encontraba en primera línea de combate contra la enfermedad. Sin embargo, en los hospitales San José y Luis N. Saénz de la Policía Nacional, los padrones de vacunación consideraron a personas que realizaban trabajo remoto por encima de quienes estaban en el campo. La Contraloría General de la República advirtió este detalle y otras irregularidades en el proceso de vacunación en hospitales de la sanidad.

En el Hospital Geriátrico San José, en San Miguel, la Contraloría detectó que, al menos, 52 trabajadores que tenían prioridad para ser vacunadas no se encontraban en el padrón del personal que comenzó a ser inmunizado el 12 de febrero en este nosocomio.

Relación del personal de primera línea que no fue considerado en la lista de vacunación. 

Entre el personal que no fue incluido en la vacunación había 25 profesionales, como médicos, enfermeras y técnicos. Tampoco se consideró a 20 personas encargadas de la limpieza, que trabajan en la lavandería y el almacén del hospital.

Lista de personas que realizaban trabajo remoto, pero fueron consideradas para recibir la vacuna en Hospital Geriátrico San José. 

Sin embargo, sí se había considerado en el padrón a quienes realizaban trabajo remoto. La mayoría de ellos eran oficiales y suboficiales de la Policía.

En el Hospital PNP Luis N. Saénz, en Jesús María, la Contraloría detectó que se incluyó en el padrón a personal que no trabajaba en la entidad, que realizaba labores de forma remota e, incluso, a personas que habían tenido COVID-19 hace menos de dos semanas previas a su vacunación.

Dos personas que no debieron figurar en la lista de vacunados eran efectivos de la policía que realizaban patrullaje a pie. Otros seis trabajadores eran personal administrativo que realizaba labores de manera remota y nueve que estaban en la lista habían sido diagnosticados con COVID-19 en un periodo menor a 13 días. La mayoría de ellos eran suboficiales.

Convoca.pe pidió información a la Policía sobre las medidas tomadas a raíz de estas observaciones, pero no obtuvo respuesta al cierre de la nota. 

Además de estas irregularidades en los padrones de vacunación, la Contraloría también detectó que hospitales de la sanidad no contaban con los elementos necesarios para garantizar que se cumpla adecuadamente el plan de vacunación.

En el hospital Augusto B. Leguía, en San Isidro, el equipamiento para la cadena de frío no garantizaba la adecuada conservación de las vacunas que se iban a suministrar en esta institución. La misma situación se presentó en el hospital San José, en San Miguel.

En el hospital Luis N. Saénz, se encontró que el equipamiento de la cadena de frío carecía de congeladoras eléctricas para paquetes fríos, lo que no guardaba concordancia con la Norma Técnica de Salud para el manejo de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones. 

Equipamiento del hospital Luis N. Saénz. Captura: Contraloría General de la República. 

Investigación en Arequipa

Los auditores de la Contraloría también pidieron información a la XI Macroregión Policial de Arequipa sobre el padrón de vacunados, luego de que se conociera que más de 950 dosis de la vacuna de Pfizer fueron redistribuidas porque no se aplicaron. Los nuevos beneficiados fueron cadetes y policías en retiro. Después de Lima y Callao, la región del sur es la que concentra a la mayor población de efectivos vacunados en el país.