En la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, la esperanza se convirtió en indignación. Y así lo dejan ver con claridad los habitantes del distrito de Ccapacmarca, que hace más de dos semanas mantienen bloqueado el denominado Corredor Minero del Sur como medida de protesta contra un gobierno que sienten que no los escucha.

"Hemos solicitado su presencia [al presidente Pedro Castillo] con sus ministros, pero nunca ha venido acá a querer dar solución. Por lo tanto, nosotros seguimos en pie de lucha. También estamos en espera del nuevo gabinete. Tenemos conocimiento. Por ende, vamos a esperar en pie de lucha", afirmó en una radio local César Pastor, presidente del Comité de Lucha de las Comunidades Campesinas de Ccapacmarca.

Protestan contra la recategorización de su principal vía comunal como una vía nacional -por parte del Ministerio de Transportes- y exigen ser declarados como zona de influencia directa de la empresa minera MMG Las Bambas.

El malestar de esta población es solo uno de los cientos de conflictos sociales que persisten en el país y que no alcanzan una solución efectiva y permanente, tal como lo reporta la Defensoría del Pueblo en su informe Nº 187-2021  “Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos”, recientemente aprobado el último 10 de enero.

En el estudio, la entidad defensorial señala con claridad que el continuidad y vigencia de cada proceso de diálogo sigue siendo imprevisible. Su producto principal, los acuerdos, despiertan preocupación por la forma cómo se construyen y, especialmente, por la falta de seguridad respecto de su cumplimiento.

“La Defensoría del Pueblo sostiene que el incumplimiento de acuerdos debilita los espacios de diálogo, afecta la legitimidad de las entidades estatales, deteriora las relaciones de confianza entre Estado y ciudadanos o profundiza la desconfianza, y abre las puertas al reinicio de acciones colectivas de protesta que podrían intensificarse a partir de la frustración experimentada”, se concluye la entidad estatal.

Panorama

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, precisó a Convoca.pe que durante el 2021 se registraron 55 nuevos casos de conflictos sociales y solo 13 fueron resueltos. Asimismo, en el 2020, se dio cuenta de 34 de estos eventos, de los cuales 8 llegaron a buen puerto.

“Es una situación realmente preocupante y que nos lleva a revisar los procedimientos, mecanismos, forma en que está organizado el Estado para enfrentar al conflictividad social”, comentó a este portal.

Pero el tema va más allá. Tras analizar 4,258 acuerdos que constan en 774 actas, correspondientes a 29 procesos de diálogo desarrollados entre el 2012 y 2019, la Defensoría del Pueblo destacó ciertos hallazgos. Por ejemplo, que el 72.5% de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo fue asumido por el Estado, en tanto que un 19% por las empresas. El 14.4% restante, por la sociedad. 

Y a partir de este punto las cifras toman un matiz preocupante. La entidad defensorial detectó que el 76.5% de acuerdos asumidos por el Estado es responsabilidad del gobierno nacional. Sin embargo, en el 87% de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión la responsabilidad de hacer seguimiento.

Además, en la muestra trabajada, se comprobó que el 55% de las actas de acuerdos no evidenció contar con agenda de reunión y que en el 87% de los acuerdos analizados no se encargó a una entidad o comisión la responsabilidad de hacer seguimiento.

Lo que es peor, el 55% de las actas no contaba con agenda de reunión, en tanto que en el 57.7% de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo no se precisó un plazo de cumplimiento. 

La Defensoría del Pueblo es de las primeras entidades en actuar ante un conflicto. Foto: Defensoría.  

“Este es un error frecuente e insalvable, que deja abierto el acuerdo a la disponibilidad o decisión del actor llamado a cumplir. Si nos ponemos un poco suspicaces, no sería extraño que de una manera deliberada se omita poner plazos, justamente, para tener un margen de acción mayor de parte del Estado o de la empresa, o simplemente para que el acuerdo con esta imperfección quede mal formulado. Es decir, cuando no hay un plazo, es muy difícil exigir el cumplimiento y el acuerdo se debilita”, explicó el experto en conflictos sociales de la Defensoría.

De otro lado, el informe defensorial Nº 187-2021 señala además que los costos -institucionales, económicos, personales- originados en el incumplimiento de los acuerdos son altos y, por ello, el Estado debe tener reglas claras para su participación en los procesos de diálogo, especialmente al momento de adquirir compromisos. Además, debe contar con una estrategia de cumplimiento incorporada a la gestión pública y con procedimientos de seguimiento interno, ágiles y transparentes, y en contacto frecuente con los actores participantes en los espacios de diálogo.

“El nivel de cumplimiento de acuerdos revela que el Estado no ha sido lo suficientemente prolijo y precavido a la hora de adquirir compromisos. Siempre que una entidad pública se comprometa a algo debe verificar si cuenta con recursos, si los acuerdos están dentro de la ley, si se enmarca en las políticas públicas previamente definidas, y si los plazos de cumplimiento son razonables. Hoy existe un considerable número de acuerdos pendientes de cumplir, muchos de ellos heredados de gobiernos anteriores”, detalla el documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.

En este punto, Rolando Luque precisó a este medio que los incumplimientos son muy variados y dependen mucho del tipo de conflicto. “En el [plano] socioambiental hay acuerdos relacionados con compensaciones económicas, modificación a estudios de impacto ambiental, desarrollo de políticas de responsabilidad social en la zona. En otros casos, relacionados con las obligaciones del Estado, es frecuente encontrar acuerdos sobre temas de agua y saneamiento, salud, educación, infraestructura. Igualmente, en derechos laborales”, explicó.

Trasfondo

El panorama mostrado por la Defensoría del Pueblo cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que, este viernes, los moradores de Coporaque, en Chumbivilcas, también bloquearon vía nacional, impidiendo el paso de vehículos de transporte de material que se dirigían o salían de la mina Las Bambas. 

“Estamos con los representantes de las 27 comunidades originarias de Coporaque porque hoy día, 11 de febrero, el Estado se comprometió a estar presente y solucionar los problemas junto con [MMG] Las Bambas, que es irresponsable y no quiere cumplir su compromiso social y ambiental. Por eso desde hoy no hay paso”, advirtió en los medios de comunicación un dirigente comunal.

Casi en paralelo, los trabajadores de la minera Austria Duvaz, ubicada en Morococha, en Junín –que acatan una huelga desde hace más de una semana- denunciaron que sufrieron la represión de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos ciudadanos denunciaron que muchos de ellos fueron despedidos en un cese colectivo a inicios de año, por lo que exigen su reposición laboral. 

¿Por qué los conflictos parecen agravarse en vez de resolverse? 

José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, explicó a Concova.pe que, en algún momento, las mesas de diálogo y las actas y compromisos que se firman tienen como objetivo principal desactivar el conflicto, la movilización el bloqueo de carreteras, entre otros. 

“Y eso lleva muchas veces a que muchas de las actas lleven compromisos que no son muy realistas, quizá obras que no se van a poder ejecutar, [porque] detrás no hay presupuesto suficiente y el responsable de algún sector que representa al gobierno debe hacer después gestiones para que libere recursos que de repente no están, que no forman parte del presupuesto de la Nación.Y eso hace que los compromisos no se cumplan o el avance sea muy lento”, señaló el experto en materia ambiental.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, había señalado que la solución al conflicto del Corredor Minero es implementar la denominada Zona de Atención Especial (ZAE), que incluye a comunidades de la provincia de Chumbivilcas.

“Hemos pedido a los dirigentes de Ccapacmarca que suspendan su medida hasta el 17 o 20 de febrero porque aún el nuevo gabinete no ha recibido el voto de confianza, pero no lo aceptan e insisten con bloquear la vía”, señaló la autoridad regional en RPP. Sin embargo, la solución real y permanente para estos temas no es tan sencilla como parece.

Por su parte, Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo, resaltó que la resolución de los conflictos se dificulta por el inadecuado o nulo rastreo de los casos. “Hacer seguimiento significa saber dónde está el acuerdo, quién lo tiene, qué están haciendo con él. ¿Existe o no una matriz que me permite saber el grado de avances en cumplimiento, quién es responsable, cuándo será el cumplimiento del 100%?", señaló a este portal.

En Chumbivilcas, mantendrán las medidas de fuerza hasta la llegada del presidente Pedro Castillo. Foto: Andina. 

No obstante, recalcó que las actas de negociación son básicamente documentos políticos y no son exigibles en términos administrativos o judiciales. “Es un documento cuya ejecución va a depender siempre de que esa voluntad política, de cumplir compromisos, se mantenga. Y en el Perú hay gran movilidad -en los últimos cinco años- de funcionarios públicos. (…) Si bien las actas comprometen al Estado y deben ser respetadas, hay una tendencia a desconocer al acta cuando hay un cambio de ministros, viceministros”, explicó Rolando Luque.

Los habitantes de las comunidades de Chumbivilcas, que bloquearon el Corredor Minero, intentaron negociar una salida al conflicto con el exjefe de gabinete, Guido Bellido, y más recientemente con la expremier Mirtha Vásquez. Sin embargo, ahora deben esperar que las aguas políticas se calmen para saber si podrán conversar con Aníbal Torres o su sucesor.

“En cada reunión, las poblaciones ven otros rostros. Sería entendible que estuviéramos hablando de gobiernos diferentes. Pero para poner un ejemplo, en estos seis meses, las poblaciones han visto funcionarios desfilar por mesas de dialogo e incluso en un solo ámbito, en una zona como Chumbivilcas, han visto desfilar a varios funcionarios, tanto jefes de la PCM, del ministerio de Energía y Minas y otras entidades”, señaló José de Echave.  

Echave, también responsable de programa de Incidencia e Investigación de CooperAcción, recalcó que los conflictos que vemos actualmente son de larga data y que en todas ellas hubo mesas de trabajo, espacios de intercambio y actas con muchos compromisos firmados. 

“Hay un enorme porcentaje de acuerdos incumplidos y esa es la base de los futuros estallidos. Es un primer elemento que debemos preocuparnos. Tenemos actores -y el Estado es uno de ellos- que no están en actitud de cumplir los acuerdos y eso es por falta de claridad, falta de voluntad política”, apuntó.

El exviceministro también profundizó en el hecho de que la postergación de soluciones para un conflicto social afecta también la credibilidad de la población hacia el gobierno.

“El Estado finalmente debería ser un garante de los derechos de todos los peruanos, pero en este caso es visto como un actor externo, poco confiable, con poca legitimidad, que no genera confianza en las poblaciones. Es visto como un aliado de las empresas. El no cumplir afecta y agudiza esa situación de credibilidad”, comentó.

Recomendaciones

Analizado el escenario, la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones para que, en el futuro, los conflictos sociales puedan ser resueltos con eficacia. En concreto, la entidad defensorial recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación de un decreto supremo sobre cumplimiento de acuerdos, que formalice el curso del acta de compromiso dentro de los procesos de gestión pública, que deberá ser refrendado por los ministerios.

En tanto, a los gobiernos regionales, la Defensoría propone la aprobación de ordenanzas que le asignen a las gerencias generales regionales -o la denominación que adopten- la función de coordinar y dirigir el cumplimiento de acuerdos derivados de actas para resolver conflictos sociales.

También sugiere que se asigne expresamente a las oficinas de gestión de conflictos (o las que hagan sus veces) funciones de seguimiento de acuerdos, en aquellos sectores que aún no hayan incluido esta función en sus respectivos reglamentos de organización y funciones.

Finalmente, el informe recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que asigne a la Defensoría del Pueblo “los recursos presupuestarios suficientes y específicos que permitan la implementación de la Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos en la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad”.

“Los conflictos formalmente tienen una fecha de término cuando se suscribe el acta final. Luego del proceso de diálogo, las partes firman un acta final y se entiende que el conflicto ha terminado. Pero, como dije, si los acuerdos no se cumplen, el conflicto va a volver”, lamentó Rolando Luque, el encargado de la prevención de los estallidos sociales en la Defensoría del Pueblo.