Son muchos los casos de crimen organizado que están a punto de quedar impunes gracias al Congreso, luego de que el Pleno aprobara el último 22 de junio la norma que modifica la colaboración eficaz. Uno de estos es el del Club de la Construcción —el cártel de constructoras coludidas para defraudar al Estado y corromper funcionarios—, que aún se encuentra en fase de investigación. Ya dos empresas (Aenza y otra en reserva) se han declarado culpables y se han acogido a este beneficio a cambio de entregar datos precisos sobre personas y hechos. "Pero en adición tenemos cuatro empresas más vinculadas que tienen en trámite su proceso de colaboración", advierte Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, en entrevista con Convoca.pe.

Estos cuatro procesos podrían quedar truncos en los próximos días, si la autógrafa llegase a promulgarse.

Como se sabe, la norma busca recortar el plazo de la colaboración eficaz, desde su solicitud inicial hasta la firma del acuerdo, a apenas ocho meses, una duración que varias autoridades de justicia y juristas han considerado insuficiente. Y como la ley regiría a partir del día siguiente de su publicación, todos los procesos en curso que hayan excedido esos ocho meses tendrían que ser archivados de inmediato. Hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha anunciado si observará o no la ley con el objetivo de que sea reenviada al Poder Legislativo para reconsiderarse.

"Hay que hacer una diferencia entre los procesos de colaboración eficaz de personas naturales y los de personas jurídicas, porque sin duda los de personas jurídicas toman mucho más tiempo. Y ahí es donde nosotros hacemos la observación, porque la ley aprobada por el Congreso no hace ninguna diferencia entre estos dos tipos de colaboraciones que tienen dinámicas y pasos distintos", apunta Carrión.

La procuradora ad hoc advierte que la norma aprobada en el Congreso no diferencia los tipos de colaboración eficaz. Foto: La República.

"Las empresas, de la experiencia de Lava Jato que puedo comentar, someten a colaboración no solamente un hecho o un proyecto, sino varios proyectos y varios contratos en los cuales se ha verificado que ha habido la comisión de hechos ilícitos", dice. Así, por ejemplo, Aenza (antes llamada Graña y Montero) ha reconocido corrupción en 16 proyectos, para lo cual ha entregado evidencias corroboradas.

Carrión explica que la información que manejan las personas jurídicas es mucho mayor y más compleja que la de las personas naturales. "Desde que la empresa señala que sobre unos proyectos, contratos u operaciones tiene información o va a someterse a colaboración, comienza la recopilación de la información y eso implica que la empresa tenga que revisar en sus registros documentarios internos: documentos, correos electrónicos, temas contables", explica. También deben hacerse pedidos a instituciones públicas para corroborar algunos hechos, entre otras diligencias.

En su experiencia, los procesos de personas naturales pueden durar entre un año y medio y dos años, mientras que los de personas jurídicas mucho más. El de Aenza se inició en 2019 y terminó en 2022.

"Tampoco se ha contemplado que en muchos de los casos de alcance transnacional, como Lava Jato, pero no solamente este, la información que confirma los dichos están en muchas ocasiones en otros países y se tiene que acceder a la cooperación internacional", afirma la procuradora. De acuerdo con la abogada del Estado, los pedidos de cooperación internacional, desde que se solicita la información hasta que se recibe, toman entre seis meses y un año.

Por otro lado, desde la Procuraduría Lava Jato se espera que el Ejecutivo plantee observaciones a la autógrafa de ley. Esta semana este despacho elevó un informe a la Procuraduría General de la República y al ministro de Justicia para que el gobierno lo considere para hacer las observaciones que correspondan.

El ministro de Justicia Daniel Maurate aún no ha sentado posición sobre la autógrafa. Foto: Andina/Juan Carlos Guzmán Negrini

"En caso de que esto no sucediera [las observaciones], creo que sí vamos a tener que evaluar una acción de inconstitucionalidad si es que se confirma la publicación conforme está redactada en este momento esta norma (...) porque ataca de manera neurálgica el instituto de colaboración eficaz", comenta Carrión.

Otro punto controvertido de la norma es que no permite que un hecho se sustente en varias declaraciones de colaboradores. No obstante, el cruce de versiones es algo que ya ha rendido frutos en el pasado, como en el caso Interoceánica Sur Tramos 2 y 3. Las confesiones del empresario Yosef Maiman junto con las de Jorge Barata permitieron acreditar las circunstancias en las que el expresidente Alejandro Toledo y la constructora Odebrecht pactaron en 2004 el soborno en el Hotel Marriott de Río de Janeiro.

"Que se prohíba ahora en una ley que un dicho de un colaborador no puede ser corroborado con el de otro colaborador creo que es un despropósito. Lo que sí se podría añadir, conforme pasa en la realidad, es que un dicho no solo pueda ser corroborado solo con otro dicho de otro colaborador, sino con otros elementos de convicción. Eso sería más razonable y en el espíritu de lo que se busca, pero no poner en una norma una prohibición legal porque eso atenta contra la estrategia del fiscal y su libertad probatoria", agrega.

Texto final de la norma aprobado por el Congreso de la República.

Además de todo eso, la norma encarna un peligro mayor, pues no solo afectará a casos emblemáticos de corrupción que suelen ser los más mediáticos, sino también los casos de delincuencia organizada que afectan de manera directa a la población. En este sentido, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, las bandas de secuestradores y sicarios, el terrorismo, entre otras actividades ilícitas y organizadas, se verán beneficiados de manera inmediata por la norma del Congreso.

"No pensemos solo en Lava Jato, Cuellos Blancos o Corrupción del Poder. No se está visibilizando que esta ley también afecta a otro tipo de criminalidad organizada (...). Por ejemplo, en el tema de tráfico de drogas o de delincuencia organizada una herramienta muy potente que viene utilizando la Fiscalía es la colaboración eficaz, para desarticular este tipo de mafias", advierte la procuradora ad hoc.

"Poner este tipo de candados, plazos rígidos u otras modificaciones que no responden a la realidad lo único que va a lograr es que no existan o no prosperen los procesos de colaboración eficaz. Los tiempos van a ser tan cortos que no van a llegar a concluir y van a tener que archivarlos, porque eso es lo que dice la norma: si en ocho meses no firmas un acta de colaboración eficaz y la presentas a un juez, el caso va a tener que archivarse", concluye.

Ruta sinuosa

La historia del proyecto de ley también debe considerarse para poner su aprobación en contexto. La iniciativa fue presentada en 2020 por María Teresa Cabrera, entonces congresista de Podemos Perú, y avalado por otros cinco ahora exparlamentarios del mismo grupo, incluido José Luna Morales, hijo del fundador de ese partido político y actual legislador José Luna Gálvez. Este último es investigado por dos casos de crimen organizado: Lava Jato y Gánsters de la Política.

"En efecto, hay una investigación [de Lava Jato] contra el señor Luna [Gálvez] que en este momento está en trámite y se viene consiguiendo información sobre los hechos que a él se le imputan", confirma de manera breve Carrión, si bien se excusa de realizar comentarios sobre el ámbito político

El proyecto de ley fue presentado en 2020 por el grupo parlamentario de Podemos Perú, que lidera José Luna, investigado por el caso Lava Jato. En 2023, toda la bancada votó a favor. Foto: Congreso.

A pocos días de que terminara el gobierno de Francisco Sagasti, el proyecto de Podemos Perú fue aprobado en dos votaciones del Pleno y la autógrafa fue enviada para su promulgación a Palacio de Gobierno, a donde llegó el 22 de julio de 2021. El Ejecutivo de entonces observó la norma y esta fue devuelta a la Comisión de Justicia del Parlamento, instancia en la que se archivó. Sin embargo, en octubre de 2021, el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, consiguió que la propuesta se "actualizara" y de este modo volvió a la vida en los debates.

Fue así que en enero de 2022, en la mencionada Comisión de Justicia, esta vez presidida por Gladys Echaíz, se aprobó por unanimidad el proyecto, que pasó al Pleno, donde se votó en octubre del año pasado. Tan pronto como se fue rechazada la propuesta por mayoría, el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, solicitó una reconsideración, lo que hizo que la iniciativa se aprobara el 22 de junio último con 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Un colaborador eficaz ha sindicado Américo Gonza de participar en el esquema de ascensos irregulares en la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo. La Fiscalía tiene en su poder registros de comunicaciones que lo relacionan con miembros de la organización que operó este sistema de sobornos para traficar con las promociones policiales.

Detalle de la votación del 22 de junio de 2023.

Los votos a favor del proyecto en el Pleno llegaron de todas las bancadas, pero las principales fueron Acción Popular (11), Alianza para el Progreso (11), Fuerza Popular (10), Perú Libre (10), el Bloque Magisterial (7) y Podemos Perú (7).

Américo Gonza sufragó a favor. El investigado Luna Gálvez también marcó "sí" junto con toda su bancada.

En la actualidad, la investigación fiscal por la causa de Los Niños (sobre compras de conciencias políticas) comprende a más de 20 parlamentarios, la mayoría de Acción Popular y del Bloque Magisterial. Además, el el Equipo Especial Lava Jato ha acusado a la cúpula de Fuerza Popular (incluida Keiko Fujimori como presunta cabecilla) por lavado de activos. Por supuesto, estas investigaciones han prosperado por obra de la misma colaboración eficaz que ahora los congresistas buscan alterar.