El Ministerio Público solicitó anoche nueve meses de prisión preventiva para cuatro ex funcionarios del entorno del presidente Martín Vizcarra, investigados por los presuntos delitos de corrupción cometidos en la contratación del proveedor Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura, y ordenó la libertad de seis de los nueve detenidos por este caso.

Tras formalizar la investigación preparatoria contra 20 implicados, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima pidió la detención preliminar de Mirian Maribel Morales Córdova, ex secretaria general de Palacio de Gobierno; Óscar Manuel Vásquez Zegarra, ex asesor de comunicaciones del despacho presidencial; Liliana Margot Chaname Castillo, ex directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura; y el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido.

El pedido de detención de la Fiscalía se sustenta en las declaraciones testimoniales de testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces, así como en informes periciales, informes de transcripción de audios, entre otros indicios de la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible, además de otros conexos.

Según la fiscal, la pena para los investigados superará los cuatro años de prisión (entre 6 y 15 años por los principales delitos) y existe un inminente peligro de que los acusados eludan la acción de la justicia y obstaculicen la averiguación de la verdad.

La ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, fue detenida la semana pasada. Foto: Difusión

Liberan a seis investigados

La fiscal provincial Janny Sánchez Porturas ordenó la libertad de Karem Alexandra Roca Luque, ex asistente de Palacio de Gobierno; de los ex funcionarios del Ministerio de Cultura Patricia Aída Davila Tasaico y Diana Angélica Tamashiro Oshiro, ex secretarias generales; Lincoln Martín Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración; y Aura Elisa Quiñones, ex directora general de Recursos Humanos; y de Mauricio Manuel Salas Torreblanca, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal.

El documento fiscal fue remitido a la División de Alta Complejidad, para que los investigados sean liberados en las próximas horas. Sin embargo, la magistrada solicitó que el Poder Judicial dicte el mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para estos seis investigados.

Investigación durará ocho meses

Según el documento fiscal, la formalización de la investigación preparatoria dispone que el caso sea declarado complejo y se investigue en un plazo máximo de ocho meses, debido a la cantidad significativa de imputados y a las numerosas diligencias que faltan realizar.

Tras el requerimiento presentado mediante el sistema de notificaciones electrónicas ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se espera que dicha instancia fije en un plazo de 48 horas la fecha y hora para la audiencia virtual de sustentación oral.