Uno de los efectos que tuvo la declaratoria del estado de emergencia nacional, a causa de la expansión del COVID-19, en la investigación del megacaso de corrupción Lava Jato, fue que los investigados que se encontraban con prisión preventiva dejaron la cárcel. Las defensas legales de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, la exalcaldesa Susana Villarán y otros investigados presentaron recursos para pedir el cese de la medida coercitiva, a fin de evitar el contagio de la enfermedad viral en el centro penitenciario.

Esta situación fue descrita por el fiscal superior Rafael Vela durante una entrevista con 'Convoca en vivo' y afirmó que ahora se teme que las organizaciones criminales se recompongan. El coordinador del Equipo Especial Lava Jato conversó sobre este tema y otros referidos a las investigaciones que impulsan en el Ministerio Público al respecto. En la conversación con el fiscal Vela participaron los periodistas Emilia Delfino, de Perfil (Argentina); Christian Zurita, del portal Mil Hojas (Ecuador); Raúl Olmos, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y Milagros Salazar, directora de Convoca.pe.

Vela señaló que uno de los fenómenos resultantes de la pandemia es que los jueces flexibilizaron los alcances de las medidas coercitivas que se impusieron a los investigados, en contraste con el riesgo de que las organizaciones criminales que investigan puedan recomponerse en el estado de emergencia. "Ahora, ya fuera de la cárcel, tienen una mejor posibilidad de sumar esfuerzos en lo ilegal", manifestó.

Además, refirió que la Fiscalía evaluó si los investigados cumplían las condiciones del arresto domiciliario, luego de que se les revocara la prisión preventiva. Cuando el equipo fiscal llegó las direcciones de las casas, no encontró resguardo policial. "Nunca había policías, dejaron un número de teléfono y dijeron que 'si pasaba algo', los llamaran. Es como si el celador le entregara la llave al que está en la cárcel, y después lo llama para saber si pasa algo, que no es usual", comentó.

Asimismo, Rafael Vela informó sobre los siguientes pasos a cumplir en la investigación del megacaso de corrupción de constructoras brasileñas. Consideró que se deben dictar medidas internas para realizar la labor investigativa en un contexto de pandemia, como la digitalización de expedientes, que contienen toda la documentación de las pesquisas.

Y dijo que espera la reactivación de la colaboración con Brasil. A fines de julio pasado, se recibió información de  Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz que se tiene con esta empresa brasileña. Sobre la vigencia de plazos, indicó que se trabaja para la acusación de los casos de Keiko Fujimori y Susana Villarán.

En otro momento de la entrevista, Rafael Vela se refirió al papel de Perú en el entramado de corrupción internacional de Lava Jato.

Aseguró que el país podría ser, después de Brasil, el país donde se realizaron más operaciones ilícitas. En este sentido, el territorio peruano habría servido de centro de operaciones para la corrupción de las constructoras brasileñas.  "En el Perú se generaban recursos para la 'Caja 2', a través de la hiper facturación y de los márgenes de utilidad que daba la corrupción en obras públicas", anotó.