Foto: BRIO

Con la colaboración de Gabriela Flores y Milagros Salazar

Poder Judicial de Brasil confirma que se pueden reiniciar investigaciones a Camargo Corrêa y funcionarios involucrados

El escándalo de corrupción que vive Brasil se aproxima cada vez más al Perú. El último viernes, 19 de junio, Marcelo Bahía Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, presidentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez fueron detenidos junto a otros nueve funcionarios como parte del proceso judicial denominado “Lava Jato” por actos de corrupción en los contratos con la estatal Petrobras. En 2008, la investigación “Castillo de Arena” en Brasil se centró en la empresa Camargo Corrêa por presunto lavado de dinero y pagos de soborno para la obtención de contratos en diversos países del exterior. Las tres empresas que protagonizan estos graves casos de corrupción lideraron los consorcios encargados de la carretera Interoceánica Sur en Perú, un proyecto que volvió a la primera plana a partir de las revelaciones de Convoca y BRIO por presuntos sobornos de Camargo Corrêa a funcionarios durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. 

El caso Interoceánica Sur puede tener un nuevo giro a nivel judicial no solo en Perú sino también en Brasil. Después que Convoca y BRIO publicaron el 9 de junio el reportaje que destapó presuntos pagos de sobornos por la construcción de este megaproyecto, la empresa Camargo Corrêa S.A destacó en un comunicado de prensa que el caso “Castillo de Arena”, que se abrió en su contra, fue anulado por las autoridades judiciales de Brasil. Pero lo cierto es que “nada impide la reapertura de la investigación sobre la base de otros elementos”, reveló a Convoca Renata Saraiva, jefa de asesores del juez Roberto Barroso. Este magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil fue quien confirmó el archivamiento del caso “Castillo de Arena” en febrero último y ahora desde sus oficinas se confirma la posibilidad de una reapertura del caso.

Saraiva explicó, mediante un correo electrónico, que la decisión del archivamiento se tomó porque Barroso consideró inaceptable la apelación del Ministerio Público luego que la primera resolución judicial aceptara anular todo el proceso. El motivo principal no fue la falta de pruebas, sino porque los audios derivados de interceptación telefónica y la información de los USB de los funcionarios se consiguieron a partir de una denuncia anónima. 

“La Corte señaló que una denuncia anónima puede iniciar investigaciones preliminares, sujetas a los límites impuestos por los derechos fundamentales, pero no puede dar lugar a medidas coercitivas e invasivas de la intimidad, como la interceptación telefónica”, explicó desde Brasil a Convoca el ex presidente de la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR), Alexander Camanho.

Alexander Camanho, ex presidente de la Asociación Nacional de Procuradores de la República de Brasil. Foto: Divulgação.

Camanho confirmó lo señalado por Renata Saraiva sobre la posibilidad de “que las investigaciones se judicialicen para obtener nuevas pruebas que no estén vinculadas a la referida interceptación telefónica”. Y los elementos novedosos podrían surgir de las investigaciones que se han iniciado en Perú tras la publicación del reportaje “Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica”.

El Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y el Congreso de la República han iniciado las investigaciones sobre el caso revelado por Convoca y BRIO. Los hallazgos de estas acciones deberían ser compartidos con Brasil en base al Acuerdo de Asistencia Judicial que firmaron ambos países. Estos elementos podrían generar el reinicio del caso “Castillo de Arena”, confirmaron fuentes de la fiscalía.

Odebrecht implicado

Otro aspecto que es importante considerar es que si bien la investigación “Castillo de Arena” se centró en Camargo Corrêa, en un peritaje realizado por expertos en ingeniería y licitaciones de la Policía Federal de Brasil al que accedió BRIO, se establecen indicios de sobreprecios en el contrato para obras relacionadas a la Refinería del Nordeste de Petrobras en Brasil que implican a Odebrecht. Según el documento, presentado el 14 de agosto de 2009, el consorcio integrado por Norberto Odebrecht, Galvão, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão obtuvo el contrato que, de acuerdo a los peritos, tuvo un sobreprecio de 21.56%. Lo que debió costar 353.071.663,94 reales brasileños (aproximadamente 185 millones de dólares), terminó en más de 429 millones de la moneda brasileña (más de 224 millones de dólares). 

Parte del peritaje de la Policía Federal de Brasil

Pese a los hallazgos de la Policía Federal, Odebrecht no fue parte del proceso “Castillo de Arena”; pero sí figura entre los principales implicados en el reciente caso “Lava Jato”, donde se presume que la constructora lideraba una red de empresas que irregularmente obtenían los contratos de Petrobras. Esa es la razón por la que Marcelo Bahía Odebrecht fue detenido la mañana del viernes 19 de junio.

El más importante funcionario de la compañía brasileña también tiene conexiones con Perú que ameritan revisarse. Entre las 16 reuniones sostenidas por funcionarios de Odebrecht en Palacio de Gobierno durante julio de 2006 y julio de 2011; en dos ocasiones se consigna la presencia del empresario. La primera reunión se dio el 20 de setiembre de 2006, dos meses después de iniciado el mandato de Alan García. El presidente de esta constructora brasileña visitó Palacio de Gobierno junto con su representante en Perú, Jorge Simoes Barata. La reunión con el entonces mandatario peruano duró casi dos horas.

El último 19 de junio, Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, fueron detenidos por presuntos actos de corrupción.

Odebrecht regresó casi dos años después. El 11 de setiembre de 2008 –cuando ya en Brasil se investigaba el caso “Castillo de Arena”– el ex presidente García Pérez recibió durante 26 minutos a Jorge Simoes Barata, Emilio Odebrecht y al directivo brasileño acusado de liderar la red de corrupción para obtener contratos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña que está en el medio de una tormenta judicial por desviar dinero público y que, el 27 de setiembre de 2006, suscribió un convenio con Petroperu y Perupetro en una ceremonia dentro de Palacio de Gobierno en la que participaron los representantes de Odebrecht. 

Pero no es la única muestra de la cercanía con el hombre que, según correos electrónicos obtenidos por las autoridades brasileñas, habría coordinado la manera en que las empresas de ese país se repartirían las ganancias de los sobreprecios de las obras encargadas por Petrobras.

Cristo del Pacífico 

En abril de 2011, Odebrecht donó el monumento Cristo del Pacífico, aceptado mediante unaresolución de la PCM. Según esta empresa, la representación del Cristo de Corcovado de Brasil tenía un valor de más de 830 mil dólares. En un comunicado del 10 de junio, Odebrecht responde al reportaje de Convoca y BRIO, señalando, entre otras cosas, que la donación fue hecha por el Patronato del Cristo del Pacífico “conformado por un grupo de empresas a través de un acto público”. Pero los documentos dicen otra cosa.

En marzo de 2011, la Asociación Odebrecht Perú para el Desarrollo Sostenible y la Conservación hizo formal la donación del monumento. Un mes antes, en febrero de 2011, se creó el Patronato del Cristo del Pacífico para ocuparse de las gestiones para la instalación del monumento en Chorrillos. Según consta en Registros Públicos, la única empresa que integra el Patronato es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

Los casos “Castillo de Arena” y “Lava Jato” en Perú recién empiezan a tocar fondo y la ruta asignada para su excavación amenaza con debilitar las columnas sólidas de las empresas más importantes de Brasil. 

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Así empezó y se archivó Castillo de Arena

En 2008, el Ministerio Público de Brasil dirigió sus investigaciones contra la empresa Camargo Correa por supuestos delitos financieros. El caso se inició con una denuncia anónima contra Kurt Paul Pickel, ciudadano suizo nacionalizado brasileño, a quien se le atribuía actuar en el mercado ilegal de cambio de divisas.

Tras las indagaciones iniciales, las autoridades encontraron evidencia de la relación de Pickel con la compañía brasileña. En febrero de ese año, la Policía Federal de Brasil fue autorizada a intervenir las comunicaciones de Pickel y funcionarios Camargo Correa. Para 2009, los directivos de la responsable del Tramo 4 de la Interoceánica Sur fueron detenidos, sus oficinas allanadas y sus documentos incautados en lo que se conoció como la operación “Castillo de Arena”.

A pesar de que los documentos eran contundentes para la investigación judicial, dos años después, en 2011, el caso fue archivado por medio de un habeas corpus que cuestionó que las interceptaciones se autorizaran sobre la base de una denuncia anónima.

Ante el primer revés jurídico, el Ministerio Público brasileño insistió y sus apelaciones llegaron al Supremo Tribunal Federal (STF) –equivalente a la Corte Suprema– que, en febrero último, confirmó el archivamiento del caso. El magistrado Roberto Barroso fue quien emitió la resolución.

Artículo también publicado en la versión impresa del 21 de junio de 2015 del diario La República.