Candidatos de cinco planchas presidenciales figuran en informes de la Contraloría por presuntas irregularidades

Los nombres de dos candidatos presidenciales y tres a la vicepresidencia, de cinco partidos políticos, aparecen registrados en informes de la Contraloría debido a que cuando estos eran funcionarios sus decisiones u omisiones fueron observadas por el órgano de control, las cuales ocasionaron graves perjuicios al Estado en varios de los casos, según información oficial revisada y analizada por Convoca.pe.

Se trata de los aspirantes a la presidencia César Acuña (Alianza Para el Progreso) y Rafael Santos (Perú Patria Segura), así como las postulantes para ser vicepresidentas Flor Pablo Medina (Partido Morado), Dina Boluarte (Perú Libre) y Lucía Ledesma (Partido Popular Cristiano).

De ellos, el caso más resaltante es el de Lucía Ledesma —candidata a la primera vicepresidencia del PPC en la plancha que lidera Alberto Beingolea—, quien figura en seis informes de control, cuando era gerente edil en la municipalidad distrital de La Victoria (Lima) y funcionaria en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en los que se establecieron responsabilidades por presuntas irregularidades administrativas.

De los cuatro informes de la Contraloría sobre la comuna de La Victoria, en los que se menciona a Ledesma, dos están referidos a un concurso público sobre el servicio para mejorar los procesos de recaudación tributaria de ese municipio, respecto al cual el Órgano de Control Interno (OCI) detectó que los funcionarios habrían actuado de forma coordinada para favorecer a Consorcio Geotax, que obtuvo la adjudicación del contrato.

Lucía Ledesma (PPC) es la candidata a la vicepresidencia que aparece más veces en informes de la Contraloría. Foto: PPC

Lucía Ledesma fue gerente municipal de La Victoria entre marzo de 2009 a octubre de 2012, durante la gestión del alcalde Alberto Sánchez Aizcorbe. De acuerdo con el ente de control, la entonces funcionaria edil dispuso que las gerencias de Rentas y Desarrollo Urbano se pronuncien sobre el servicio ofrecido por Consorcio Geotax, sin brindarles los documentos técnicos de la empresa con los cuales hubiesen podido realizar dicha evaluación.

En los informes Nº 001 y Nº 003, emitidos el 2014 por el Órgano de Control Institucional de esa municipalidad, se indica que por el incumplimiento de las responsabilidades de función de la exservidora pública Ledesma y otros seis funcionarios, el perjuicio económico ascendió a S/ 2 millones 323 mil 800 en total.

Acusación penal

Uno de los casos por incumplimiento de función, determinados por la Contraloría, que están en fase de acusación penal es el de Flor Pablo Medina, ahora candidata a la vicepresidencia por el partido de Julio Guzmán, quien en 2014 estuvo a cargo de la Dirección de Educación Primaria en el Ministerio de Educación, durante el gobierno de Ollanta Humala. La exfuncionaria fue involucrada en observaciones del órgano de control por la suscripción y ejecución de un contrato de transporte de módulos de ciencia y ambiente, que no se entregaron en los plazos establecidos a alumnos de primer y segundo grado de primaria.

Estos son el Contrato N° 002-2014-MINEDU para el Servicio de Transporte para los Módulos de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria, y la adenda de ese contrato, que presuntamente habrían beneficiado a Consorcio Lúcar-Alcarraz, conformado por Lúcar Comercializadora S.A.C. y Vidal Alcarraz Rivera.

Según el informe de la Contraloría, emitido el 2015, Flor Pablo no realizó acciones de monitoreo ni orientación necesarias para la distribución de los materiales educativos a las diferentes regiones de destino. Para el ente de control, esos hechos configuran una presunta responsabilidad penal, razón por la que envió la documentación al Ministerio Público.

Las observaciones de la Contraloría sobre la gestión Flor Pablo, postulante a la vicepresidencia por el partido de Julio Guzmán, llegó a acusación fiscal. Foto: Andina

En noviembre de 2020, el fiscal anticorrupción Néstor Rivera acusó a Flor Pablo por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, junto a otros trabajadores de su anterior despacho, en la suscripción de los mencionados contratos. Para el Ministerio Público, la omisión de acciones para monitorear la distribución de los materiales educativos ocasionó un perjuicio económico al Estado de 4 millones de soles.

La acusación fiscal por negociación incompatible alcanza también a los siguientes exfuncionarios del Ministerio de Educación: Manuel Cox Ganoza, José Antonio Bellido, José García Córdova, Arnold Camones, Patricia del Pilar Espichan, Jimmy Santos, Daniel Gaspar, Miriam Arias, Jorge Gómez, Lupita del Rosario Domínguez y Lilly Vicanco.

Publicidad estatal

Por su parte, los candidatos presidenciales de César Acuña y Rafael Santos fueron incluidos en informes de control por presuntamente incumplir la legislación sobre publicidad estatal cuando el primero era alcalde de Trujillo (La Libertad) y el segundo, burgomaestre de Pueblo Libre (Lima).

En el caso de Acuña, la Gerencia de Imagen Institucional del municipio contrató de forma directa a distintos medios de comunicación para emitir publicidad estatal entre junio y julio de 2010, durante el periodo electoral de los comicios municipales y regionales de ese año, para promocionar la construcción de obras. En esas elecciones también se presentó a la reelección el entonces burgomaestre, elecciones que logró ganar siendo reelecto con el 43,9% del voto popular.

Según la Contraloría, estos contratos ocurridos firmados con medios de comunicación a pocos meses de las elecciones de octubre de 2010, fueron realizadas sin conocimiento del área de contrataciones de la municipalidad. Para regularizar el contrato, el entonces burgomaestre César Acuña emitió una Resolución de Alcaldía mediante la cual reconoció el pago por publicidad a radios, televisoras y medios impresos de La Libertad, por 163 mil 509 soles en total.

Mientras era alcalde de Trujillo, César Acuña aprobó el pago de publicidad estatal de forma irregular. Foto: Andina

En tanto, Rafael Santos, quien como alcalde de Pueblo Libre, habría incumplido la disposición legal que señala que toda publicidad estatal debe tener justificación de acuerdo a los objetivos de la entidad pública. 

La Contraloría detectó que entre enero de 2013 y agosto de 2014, la gestión de Santos contrató servicios de publicidad a través de la impresión de gigantografías y boletines en las que aparece el nombre del alcalde sin justificación alguna y solo para publicitar su imagen como político. 

En el Informe 005-2014, de la Oficina de Control Institucional, se concluyó que se utilizaron recursos económicos de la municipalidad distrital de forma injustificada y se habría ocasionado un perjuicio económico de 33 mil soles.

Según la Contraloría, el ahora candidato presidencial de PPS cometió irregularidades en la inversión en publicidad estatal cuando era alcalde de Pueblo Libre. Foto: Andina

De otro lado, Dina Boluarte, integrante de la fórmula presidencial que encabeza Pedro Castillo, es mencionada en un informe de control del 2011. La Contraloría halló que entre octubre de 2009 y mayo de 2010, mientras Boluarte era parte del Comité Especial Permanente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se otorgó la buena pro a Servicios y Mantenimientos Generales S.A., una empresa que no reunía los requisitos del término de referencia de las bases del contrato, para que brindara el servicio de limpieza en las sedes de la entidad.

El Órgano de Control Interno de Reniec recomendó a la entidad que disponga las medidas disciplinarias que corresponda a los funcionarios de esa institución pública, incluida a la actual candidata a la segunda vicepresidencia por Perú Libre.

Dina Boluarte fue incluida en el informe de OCI del Reniec por actos irregulares en la contratación de empresa para el servicio de limpieza. Foto: Difusión

Con la colaboración de Asis Loyola.