Por Óscar Libón | 2 de abril de 2021
Además de su vinculación por 26 años con Constructora Upacá, investigada en la Fiscalía por integrar el ‘Club de la Construcción’, el abogado acciopopulista Alberto Velarde Yáñez, postulante a la vicepresidencia en la fórmula que lidera Yonhy Lescano, estuvo relacionado a una compañía offshore constituida en Panamá y a una empresa peruana que tuvo como directora a una abogada sentenciada por cometer actos de corrupción cuando era funcionaria regional del Callao en la gestión de Félix Moreno, exgobernador que a su vez cumple condena por delitos de corrupción y está bajo investigación por el caso Lava Jato.
Según documentos de Registros Públicos de Panamá, a los que accedió Convoca.pe, el candidato Velarde constituyó a través de terceros la empresa Valverde del Camino S.A., el 15 de marzo de 2004, en momentos en que era ejecutivo de Upacá —a donde ingresó a laborar en 1989—, la cual ya formaba parte de consorcios con firmas como ICCGSA y Camargo Correa, que también integraban el cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país.
El nombre de Alberto Velarde no figura en ninguna parte de la constitución de la compañía Valverde del Camino S.A., de acuerdo con Registros Públicos de la nación centroamericana. Los que sí aparecen, como accionistas o directivos, son personas relacionadas al estudio de abogados panameño Arosemena & Díaz, que se encargaron de gestionar su creación en la Notaría Décima del Circuito de la Ciudad de Panamá.
Los panameños Ladys Abrego (presidenta), Luis Mendoza (vicepresidente), Carlos Bethancourt (tesorero y secretario), Rodrigo Arosemena (suscriptor) y Cecilia Arosemena de González Ruiz (suscriptora) son los que fungían de directivos en esos cargos de la offshore.
El 19 de marzo de 2004, cuatro días después de la fundación de Valverde del Camino S.A., Ladys Abrego en su condición de “presidente de la sociedad mercantil” le otorgó poderes a Alberto Velarde por un año. Cabe anotar que en noviembre de 2007, las facultades de Velarde fueron ampliadas al conferírsele “poder general (…) para que pueda actuar como apoderado de la sociedad (empresa) en Panamá, Perú o en cualquier parte del mundo y (…) celebrar toda clase de contratos”, según documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) del Perú.
Al mes siguiente de la designación de Velarde como apoderado de la offshore, es decir el 21 de abril de 2004, a nombre de Valverde del Camino S.A. se adquirieron dos predios (un departamento y un estacionamiento) ubicados en el distrito de Miraflores, en Lima, por US$ 45,000 en total, equivalentes a S/ 155,700 de la época. El 14 de mayo de 2008, cuatro años después, el departamento fue vendido a Katiuscka Silva Almandoz por US$ 48,000 (que había sido comprado por US$ 38,000). Se desconoce si hubo otras operaciones inmobiliarias en el país o el extranjero.
En Panamá, la offshore fue suspendida oficialmente en noviembre de 2019, luego de permanecer inactiva y no pagar la tasa correspondiente por lo menos desde 2014.
En su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Alberto Velarde consignó que el monto de su patrimonio asciende a S/ 2’809,842 en total, entre inmuebles y vehículos. También anotó que sus ingresos económicos, al año, suman S/ 605,574.
El candidato a la segunda vicepresidencia por Acción Popular, además aspira a ser congresista como representante de Lima. Antes, en los comicios de 2001 y 2006, postuló al Legislativo sin éxito. Es militante del partido de la lampa desde antes de la década de 1990.
La exfuncionaria regional del Callao
En la información que las empresas presentan ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) aparece el nombre de Alberto Velarde Yáñez como accionista mayoritario —de forma temporal— de la compañía Concreto Transformado S.A., la cual fue creada en marzo de 2000 por Rubén Murga Pizarro y Alfonso Mardini Yáñez; y en la actualidad se encuentra en proceso de liquidación. La Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) le dio “baja de oficio” en febrero de 2019.
De acuerdo con la base de datos del RNP, Velarde tuvo el 51% de acciones de Concreto Transformado S.A. hasta antes del 2011. Luego las acciones pasaron a Liliana Murga Pizarro, hermana del socio fundador.
La otra hermana, la abogada Jackeline Murga Pizarro, estuvo a su vez desde los inicios de la empresa en el 2000, fue miembro del directorio desde ese año y cumplía diferentes funciones. Ella formó parte de la compañía hasta el 2015, por lo menos.
Según las fuentes, Jackeline Murga ingresó a laborar en el gobierno regional del Callao cuando estaba bajo el mandato de Álex Kouri, quien fue gobernador entre enero de 2007 y diciembre de 2010. Como especialista en gestión administrativa, entre los encargos que recibía estaba el de integrar los comités de selección para adjudicar contrataciones.
En enero de 2011, Félix Moreno sucedió a Kouri en el cargo de gobernador regional. Ambos eran del mismo partido Chimpum Callao y ahora purgan cárcel por delitos cometidos durante sus periodos como autoridades.
Como parte de la gestión del gobernador Moreno, Jackeline Murga figura en un informe del Órgano de Control Institucional —fechado en febrero de 2018— que reportó irregularidades cometidas por funcionarios regionales en el proceso de aprobación del expediente técnico y supervisión de la Vía Costa Verde tramo Callao, obra que fue adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht en mayo de 2014.
En el caso de la abogada Murga, se halló que no exigió la presentación “del trámite de inicio para la obtención de la certificación de la habilidad profesional de los especialistas extranjeros”, propuestos por el Consorcio Costa Verde —conformado por JNR Consultores S.A. y Euroconsult S.A.—, quienes elaboraron el estudio definitivo para la construcción de la obra, pese a que era su obligación, según las cláusulas del proyecto.
En ese momento, Jackeline Murga era funcionaria de la Oficina de Logística del gobierno regional, cuyo jefe era Víctor Suelpres, actualmente investigado por el delito de organización criminal por el caso Costa Verde - Callao y cumple prisión domiciliaria. Suelpres era brazo derecho de Félix Moreno, quien presuntamente recibió un soborno de US$ 2.4 millones de parte Odebrecht por la adjudicación del proyecto.
Por otro caso, en setiembre de 2020, la exdirectora de Concreto Transformado S.A. fue sentenciada a cuatro de prisión por los delitos de colusión y uso de documentos falsos junto a otros cinco exfuncionarios regionales del Callao. Durante la gestión del gobernador Moreno, ellos favorecieron a una empresa contratista en una obra valorizada en S/ 179,978.
La abogada Murga fue implicada por los actos ilícitos que cometió mientras era miembro titular de Comité Especial Permanente 2012 de la región chalaca. El Poder Judicial dispuso además su inhabilitación por tres años y cuatro meses para ejercer función y cargos públicos.
Según la Fiscalía Anticorrupción del Callao, el contrato indebido estuvo relacionado con la construcción de la obra “Mejoramiento e implementación de grass artificial en la losa deportiva del asentamiento humano Héroes del Cenepa Mz. A Lote 3, del distrito de Ventanilla’, por la suma mencionada.
Asimismo, fuentes de Convoca.pe indicaron que Jackeline Murga registra un historial de denuncias en tres distritos fiscales del país. En Lima aparece como imputada en dos casos penales, de 2003 y 2006; en el Callao, los procesos penales son por delitos de concusión, peculado, negociación incompatible, colusión, corrupción, los cuales se iniciaron entre 2013 y 2015; y en Ventanilla, fue incluida como imputada en casos de corrupción denunciados en 2014.
Postulante a vicepresidencia responde
Contactado por este medio digital, Alberto Velarde reconoció que él dispuso la constitución de la offshore Valverde del Camino S.A., es decir que le pertenecía, y que lo hizo con el objetivo de comprar y vender propiedades en el Perú con "beneficios tributarios”.
"[En esa época] había algunas ventajas tributarias que [el Estado] daba a empresas extranjeras. [La fundé en Panamá] para hacer negocios como una compañía internacional, por las facilidades [tributarias]", afirmó.
Velarde aseguró que solo realizó una operación inmobiliaria como Valverde del Camino S.A. —la que fue consignada en líneas arriba—, pues "no funcionó". Sostuvo que hubo modificaciones en las normas tributarias del país y por eso tuvo que "cambiar de estrategia empresarial". Añadió que las siguientes inversiones inmobiliarias las hizo a su nombre.
Además, sobre su empresa panameña dijo "creo que ya no existe (...), la dejé sin movimiento". Comentó que no gestionó el cierre formal de Valverde del Camino S.A. en Panamá debido a que implicaba un alto costo económico.
Respecto a Concreto Transformado S.A. dijo que había sido directivo de la compañía, pero que no recordaba por cuánto tiempo debido a que fue apoderado o miembro del directorio múltiples veces en varias firmas. "Es una empresa que ya está liquidada", manifestó. Ofreció buscar y entregar documentación en los próximos días para hacer algunas precisiones.
"(...) Soy un abogado exitoso. He llevado encargos de compras, cierre de contratos para algunas personas y empresas, y tengo que guardar la privacidad, como entenderás", refirió Alberto Velarde.
Con la colaboración de Luis Enrique Pérez y Asis Loyola.