Actualización: 29 de noviembre de 2022

La Corte Suprema dispuso hoy que la investigación a 11 oficiales de la Policía Nacional del Perú por el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones a 78 personas, durante las movilizaciones de protesta de noviembre de 2020, siga siendo vista por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que ve casos de graves violaciones de derechos humanos.

Con este fallo, el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden retomar el proceso por homicidio calificado, lesiones graves y leves y abuso de autoridad, que estuvo paralizado alrededor de seis meses, porque el tribunal superior consideró que el caso debía ser visto por la Corte Superior de Justicia de Lima y no por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que estaba a cargo.

Por las características de la investigación, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, determinó que este caso tiene repercusión nacional e internacional y es un proceso complejo. Por estas razones, declaró fundado el recurso de casación interpuesto por fiscal superior especialziado en derechos humanos.

Actualización: 22 de noviembre de 2022

El próximo 29 de noviembre, la Corte Suprema decidirá si la investigación a 11 oficiales de la Policía Nacional del Perú por el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones a 78 personas durante las movilizaciones de protesta de noviembre de 2020 estará a cargo de la Corte Superior de Justicia de Lima o de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que ve casos de violaciones de derechos humanos.

Con este fallo de la máxima instancia judicial, se podrá reanudar la investigación preparatoria, que ha estado paralizada alrededor de seis meses, desde que uno de los investigados presentó ante el Poder Judicial un recurso legal porque el Ministerio Público no le entregó copias gratuitas de documentos que estaban en el expediente del caso. El tribunal superior declaró que no era competente y que este caso debía ser derivado a la Corte Superior de Lima.

Este martes 22 de noviembre, el juez César San Martín, presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema, dirigió la audiencia en la que se vio el recurso de casación para qué tribunal es competente en este caso y escuchó la posición de los representantes del Ministerio Público, los agraviados y los investigados.

Para sustentar la necesidad de un tribunal especializado, el fiscal Ramiro Gonzales precisó que dicha investigación es un caso emblemático, de trascendencia nacional, relacionado con los sucesos donde perdieron la vida Inti Sotelo y Bryan Pintado y resultaron heridas 78 personas. Además, el magistrado advirtió que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se declaró no competente en base a "razones erróneas e incongruentes, sin escuchar a las partes".

El 30 de septiembre de 2021, el Ministerio Público abrió una investigación preparatoria a 11 oficiales de la Policía Nacional por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves. El excomandante general de la Policía Nacional, teniente general Jorge Alejandro Lam Almonte, y el exjefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Cayas Medina, figuran entre los altos mandos investigados.

Nota original: 16 de noviembre de 2022

No fue casualidad que, al cumplirse dos años del asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las movilizaciones de protesta de noviembre de 2020, la Corte Suprema programara para el próximo 22 de este mes la audiencia para resolver si la investigación de sus muertes y de las lesiones a más de 70 personas es un caso de graves violaciones a los derechos humanos. El Poder Judicial dio esta respuesta ante la exigencia de acceso a la justicia de las víctimas, sus familiares y diversos sectores de la sociedad.

Han transcurrido dos años de impunidad para las víctimas de la violenta represión policial. La investigación para identificar y sancionar a los responsables está paralizada en el Ministerio Público y está pendiente la emisión de un nuevo informe de la Policía Nacional del Perú, mientras que en el Congreso de la República ya no hay marcha atrás con el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el breve gobernante Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

El próximo martes, a las 9 de la mañana, la Primera Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia debe resolver el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público para que declare si el caso investigado constituye una grave violación de derechos humanos y si es competencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Desde julio último, están paralizadas las investigaciones que realizaba la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para identificar a los responsables de las muertes y lesiones. 

Con el pronunciamiento judicial, la Fiscalía podrá reanudar las indagaciones a 11 altos mandos de la Policía por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en agravio de Inti Sotelo, Bryan Pintado y otras 78 personas. Entre los investigados figuran también el excomandante general de la Policía Nacional, teniente general Jorge Alejandro Lam Almonte, y el exjefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Cayas Medina.

Para recordar a Inti Sotelo y Bryan Pintado 14 de noviembre último, se realizaron diversas actividades. Foto: LUM.

“A veces hay que presionar un poco para hacernos escuchar”, dice a Convoca.pe Óscar Pintado, padre de Bryan Pintado, quien ya lleva dos años reclamando justicia, al igual que los familiares de Inti Sotelo, los manifestantes que fueron heridos durante las movilizaciones y numerosas personas que se han sumado a esta lucha.

La presión también provino de organizaciones públicas y privadas, como la Defensoría del Pueblo que, a través de un comunicado, requirió al Estado peruano que garantice el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares y recordó que este “no puede favorecer la impunidad y tiene la obligación de garantizar la no repetición de hechos similares que atenten contra la vida e integridad de las personas durante las manifestaciones”.

Instancias internacionales

Esta semana, la familia de Inti Sotelo presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra el Estado Peruano por permitir que las familias de las víctimas no encuentren justicia, según confirmó Killa Sotelo, hermana del manifestante asesinado, a Convoca.pe.

Hay pruebas documentales y testimoniales para que esta corte internacional se pronuncie sobre la responsabilidad del Estado peruano y disponga que se reabra el proceso para investigar a Manuel Merino y sus exministros, de acuerdo con declaraciones de Carlos Rivera, abogado de la familia Sotelo.

Los familiares de Bryan Pintado y algunas de las personas que resultaron heridas también evalúan la posibilidad de presentar una denuncia ante el organismo internacional, la cual se podría sumar a la que presente inicialmente la familia de Sotelo. “Con los abogados de los deudos y de las víctimas acordamos presentar una demanda conjunta porque es un mismo caso”, explicó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que representa a un grupo de jóvenes con lesiones graves.

Más que justicia

Además de justicia, las víctimas y los familiares aún siguen buscando que el Estado peruano otorgue una reparación por los daños ocasionados y dé garantías de no repetición del violento accionar policial durante las marchas de protesta. 

El gobierno del presidente Francisco Sagasti dio un apoyo económico excepcional de 40 mil soles para cada familia de los manifestantes fallecidos, a través del Decreto de Urgencia Nº 067-2021, publicado el 19 de julio de 2021. Además, la gestión del presidente Pedro Castillo promulgó el Decreto de Urgencia Nº 114-2021, que otorga un apoyo económico de entre 15 mil y 40 mil soles a las personas heridas de gravedad en las movilizaciones que tuvieron lugar entre el 10 y el 14 de noviembre de 2020. En ambos casos, las normas precisaban que estos montos no tienen naturaleza resarcitoria ni reparatoria.

Aunque estos montos fueron una ayuda para las personas heridas en las protestas, no han sido suficientes para el tratamiento médico que requieren, en muchos casos, a largo plazo o de por vida. Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que representa a varios de los jóvenes que resultaron con graves lesiones, advierte que las víctimas necesitan atención en salud, tal como lo evidenció Convoca.pe en un reportaje anterior.

Deudos de fallecidos y víctimas exigen al Estado que no se repita la violenta represión policial del 14 de noviembre. Foto: Andina

Mar Pérez también destaca que aún está pendiente que el Estado peruano brinde las garantías de que no se repetirá la violenta represión de la Policía durante las movilizaciones de protesta, pues los agentes policiales siguen siendo señalados por su responsabilidad en los casos de manifestantes heridos y fallecidos, como ocurrió en Ica, Junín y Huánuco, en abril de este año. “Está pendiente que el Estado implemente una reforma de la Policía Nacional”, afirma la abogada.

El seguimiento de las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones de noviembre de 2020 fue visto por los representantes del Ejecutivo y de las víctimas en dos comisiones multisectoriales formadas por el gobierno para este fin. La primera comisión se creó en 2020, durante el mandato de Sagasti, y la segunda, en 2021, con la gestión de Castillo. 

Sin embargo, estos grupos fueron de naturaleza temporal y ya no están vigentes. “Los chicos necesitan que estas comisiones se vuelvan a reactivar porque aún tienen muchos requerimientos, sobre todo en el tema de salud”, concluye Óscar Pintado, padre del fallecido Bryan Pintado.