El Ministerio del Interior anunció el envío de destacamentos policiales para apoyar en las labores de extinción de los incendios forestales en algunas regiones del país. La nota oficial señala que 128 agentes fueron designados a Arequipa el 23 de septiembre, sin embargo esta acción no cubre a todos los lugares afectados por la emergencia a nivel nacional, en especial aquellas zonas donde el fuego ha arrasado miles de hectáreas. 

Convoca.pe analizó 30 reportes de Contraloría General de la República basados en acciones de control realizadas entre febrero y marzo de 2024 a diversos puestos policiales en las regiones Loreto y Ucayali e identificó 261 observaciones que incluyen la insuficiencia de equipamiento, la falta de conexión a Internet para acceder a sistemas de información como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o revisión de antecedes penales que es fundamental para las comisarías, deficiencias en la labor personal y reducido número de efectivos, además de infraestructura precaria. En total fueron 18 comisarías en Loreto con un acumulado de 180 observaciones y 12 comisarías en Ucayali con 81. 

Loreto y Ucayali figuran entre las regiones con mayor número de asesinatos de líderes y defensores ambientales en el país: Loreto con 5 casos y Ucayali con 10, desde 2013 en adelante. La situación se agrava en las comunidades nativas con la ola de incendios en el país.

En Ucayali, por ejemplo, debido a la emergencia causada por los incendios forestales, se perdieron 7,134 hectáreas de cobertura natural, según los últimos reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Estas pérdidas afectaron a cuatro distritos: Campo Verde, Curimaná, Nueva Requena y Yarinacocha. Mientras en Loreto, hasta el 18 de septiembre, se reportó la pérdida de 12 hectáreas en el distrito de Contamana. 

El análisis de Convoca.pe revela que las comisarías de estos cinco distritos acumulan 40 observaciones emitidas por la Contraloría. El caso más grave es el de la comisaría de Contamana, en Loreto, que fue declarada inhabitable durante la inspección, según la Oficina Provincial de Riesgo de Desastres - Defensa Civil. Esta situación pone en riesgo la seguridad del personal que "trabaja y vive" en la comisaría. Además, el puesto policial no cuenta con el número adecuado de efectivos, ya que dispone de 30, cuando debería tener 60, de acuerdo con su categorización como Tipo B, la segunda más alta en la escala de puestos policiales.

Otros ejemplos incluyen los puestos de Curimaná, con 9 observaciones; Yarinacocha, con 7; Nueva Requena, con 6; y Campo Verde, con 3. Todos estos distritos, donde se encuentran puestos policiales observados, han sufrido pérdidas significativas de cobertura natural por los incendios forestales: En Curimaná se perdieron 100 hectáreas; en Yarinacocha: 31 hectáreas; Nueva Requena: 7,000 hectáreas; y Campo Verde: 4 hectáreas.

La inspección de Contraloría reveló que el puesto policial de Curimaná no contaba con el mínimo requerido de efectivos, aunque no se especificó la cantidad exacta con el que cuenta. En Yarinacocha, el personal policial carecía de equipamiento completo. En Nueva Requena, el puesto tenía un vehículo inoperativo (una camioneta) y no contaba con un plan de patrullaje para 2024. Por su parte, el puesto de Campo Verde tampoco tenía un plan de patrullaje integral ni uno para el año en curso.

La lucha contra el incendio en Lámud, en la región Amazonas. Foto: Municipalidad Provincial de Luya.

Población y líderes amazónicos sin resguardo

En agosto de 2022, Genaro Comisario Bitap, líder awajún, fue asesinado de dos disparos mientras se desplazaba junto a sus hijos cerca de la iglesia Las Nazarenas, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, Loreto. La comisaría rural más cercana a lo sucedido es la de San Lorenzo. Este puesto policial, situado en la misma provincia, tiene problemas en infraestructura, personal, equipamiento y acceso a Internet para rastrear información de antecedentes penales y otras plataformas que son fundamentales para el trabajo policial, según el informe de la Contraloría General de la República, basado en una visita de control realizada en febrero de 2024.

La comisaría rural de San Lorenzo no cuenta con infraestructura propia desde 2019, según Contraloría, cuando el puesto policial fue destruido por una turba, y hoy funciona en un ambiente de la Municipalidad Provincial del Datem del Marañón. Así también, en la visita se identificó que no cumplió con la cantidad mínima de efectivos, quienes tampoco tenían el equipamiento adecuado para realizar patrullajes. Además, se observó que los agentes no contaban con el acceso a sistemas clave como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados, y el Registro de Información Migratorio, lo que dificulta más su labor policial en la zona.

Otro es el caso de Benjamín Flores Ríos, líder y defensor ambiental del pueblo kakataibo, que fue asesinado el 18 de diciembre de 2023 en una zona rural del distrito de Padre Abad, Ucayali. En dicha jurisdicción, se encuentra la comisaría de Padre Abad - Aguaytía. En este caso, la Contraloría General de la República realizó 14 observaciones entre las que destacan la falta efectivos para cubrir el mínimo permitido y la carencia de equipo adecuado para el patrullaje. Además, la comisaría tampoco podía acceder al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados ni al sistema Sipcop, un aplicativo que conecta a las patrullas de la policía en tiempo real, lo que compromete aún más la labor policial en una región marcada por la violencia y la impunidad.

Pocos efectivos y débil labor policial 

De los 30 puestos policiales observados por Contraloría, 17 no cumplieron con el número mínimo de efectivos. En Loreto, 10 comisarías presentaron esta carencia, mientras que en Ucayali son 7. Según el tipo de comisaría, el mínimo de agentes varía: las de Tipo A requieren entre 120 y 240 efectivos, mientras que las de Tipo E necesitan entre 8 y 14. Un ejemplo de esta deficiencia es la comisaría Francisco de Orellana en Loreto, de Tipo E, que cuenta con solo 7 efectivos, uno menos del mínimo exigido y siete por debajo del máximo. Estas carencias comprometen la capacidad de respuesta en zonas que también requieren una presencia policial efectiva.

Además, 16 de los puestos policiales carecen de equipo adecuado para sus efectivos, 10 en Loreto y 6 en Ucayali. Se identificó falta de escudos, guantes para motorizados, alcoholímetros, equipos de comunicación como radios, libretas de anotaciones y linternas. Estas carencias no solo afectan la seguridad y eficiencia en el patrullaje, sino también la capacidad para llevar a cabo procedimientos básicos como controles vehiculares o intervenciones en situaciones de violencia.

En cuanto a los recursos logísticos, 7 comisarías carecen de vehículos para realizar patrullajes, lo que limita gravemente su capacidad de movilización. De estos puestos, 5 se encuentran en Loreto y 2 en Ucayali. La falta de transporte adecuado impide la cobertura de grandes territorios, especialmente en zonas rurales donde las distancias son mayores y el acceso es más complicado. La comisaría Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, tenía una camioneta inoperativa al momento de la inspección de Contraloría.

Vehículo policial inoperativo en Nueva Requena. Fuente: Contraloría.

Además, 7 comisarías no coordinan con rondas mixtas y juntas vecinales en sus respectivas localidades, lo que significa que no se implementan programas clave como Autoprotección Escolar, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Redes de Cooperantes, Club de Menores y Patrulla Juvenil. El reporte señala que 3 puestos policiales carecen de sistemas de videovigilancia, incluyendo el Sistema Tetra de comunicaciones por radio, y no cuentan con las salas de radio y videovigilancia.

Frank Casas, especialista en temas de seguridad, explica que las estimaciones sobre la cantidad de efectivos policiales se basan en un indicador de las Naciones Unidas, que establece que las comisarías deberían contar con alrededor de 300 efectivos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, este criterio data de 2006 y no ha sido actualizado, lo que sugiere que, con el crecimiento poblacional, se necesitarían más efectivos para cubrir las demandas actuales.

En cuanto a los casos específicos de Loreto y Ucayali, Casas subraya el déficit general de efectivos en el país. "Es claro y evidente que cada vez menos personas optan por convertirse en policías, lo que reduce la cantidad de efectivos que egresan cada año", señaló el especialista.

Otro factor importante, según Casas, es el impacto de los estados de emergencia y las exigencias de desplazamiento que esto conllevan. "En los últimos años, se han declarado numerosos estados de emergencia en diferentes zonas del país. Con un número limitado de policías, lo que suele suceder es que, en lugar de aumentar la cantidad de efectivos, se trasladan de una zona a otra. Esto termina afectando a los distritos donde no se declara el estado de emergencia, ya que disminuye el personal disponible en esas áreas", declaró Casas para Convoca.pe.
 

Efectivos que no patrullan 

Entre febrero y marzo de este año, Contraloría también identificó que 25 de las 30 comisarías no contaban con un plan de patrullaje aprobado para 2024, con 15 de ellas en Loreto y 10 en Ucayali. Este plan es fundamental, ya que define las acciones de vigilancia, prevención, intervención y auxilio que la policía debe llevar a cabo en sectores específicos. Un caso representativo es el de la comisaría de Trompeteros, en la provincia de Loreto, que no formuló planes de patrullaje ni para 2023 ni para 2024. La Contraloría advirtió que esta omisión "podría afectar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos".

Del total de comisarías, 15 no ejecutaban ni supervisaban el servicio de patrullaje integrado con la municipalidad de su jurisdicción; 8 en Loreto y 7 en Ucayalil. También se constató que 19 comisarías no ejecutaban operativos policiales como los denominados "rastrillo" (para prevención de crímenes), "cerco", "impacto policial" y "bloqueo"(para persecución de delincuentes tras la comisión de un delito) y tránsito, lo que limita su capacidad para mantener el orden y prevenir el delito. De estas, 13 están en Loreto y 6 en Ucayali.

Beltrán Sandy Tuitui, actual presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), se refirió también a las condiciones deficientes de los puestos policiales, haciendo énfasis en los que se encuentran en las zonas fronterizas.

"La realidad de la frontera es triste. ¿De qué nos sirve mejorar la infraestructura policial si no hay personal ni logística para que puedan movilizarse? De nada sirve reparar las instalaciones si no se cuenta con los recursos necesarios. Debemos pensar en infraestructura, pero también en más efectivos y más personal en las dependencias policiales", señaló el apu en entrevista con Convoca.pe.

"Hay puestos policiales en la frontera que no hacen nada, están coludidos con actividades ilícitas (...). Nosotros llamamos constantemente [a las autoridades], pero no hacen caso. A veces resulta frustrante porque no se logra nada", afirmó.

El puesto policial de Trompeteros no elaboró su plan de patrullaje para el 2023 y 2024. Fuente: Contraloría.

Aún más alarmante es que 20 de las 30 comisarías no contaban con un mapa gráfico y georeferencial de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. Este es un recurso vital para garantizar la seguridad de las mujeres en situaciones de riesgo. En el caso de las comisarías de Pampa Hermosa, en la provincia de Ucayali, Loreto; y de Padre Abad - Aguaytía, en la región Ucayali, la Contraloría también detectó que los efectivos no habían sido capacitados en la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de las víctimas en estas zonas.

Por otro lado, varias comisarías no contaban con acceso a servicios básicos como internet o electricidad, lo que afectó gravemente su capacidad operativa. En 24 de ellas se detectaron dificultades para acceder a aplicativos estratégicos como el Reniec, el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados, el Registro de Información Migratoria y el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), esenciales para registrar denuncias y realizar investigaciones así como el Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial (Sipcop), programa que permite el monitoreo del movimiento de los patrulleros en tiempo real para conocer su ubicación, velocidad y kilómetros.

Diez comisarías no pudieron acceder a dichos sistemas debido a la falta de Internet o electricidad. En Loreto, las comisarías de Pampa Hermosa, Trompeteros, Maypuco, Santa Clotilde, Santa María de Nanay y Sinchicuy no contaban con internet en el momento de la intervención. Por su parte, las comisarías de Santa Rita de Castilla y Silva Merino en Loreto no tenían acceso a estos sistemas por falta de electricidad. En Ucayali, la comisaría de Tahuania, ubicada en la provincia de Atalaya, no disponía ni de electricidad ni de gas, incumpliendo con la Directiva N° 010-2021-CG PNP/EMG, que establece los servicios básicos necesarios para un puesto policial.

En cuanto a la comisaría de Yanashi, en Loreto, esta no pudo acceder al Sistema de Denuncias Policiales debido a que el comisario anterior no dejó los datos de acceso.

La comisaría de Atalaya no tenía ni gas ni electricidad en la visita de febrero de 2024. Fuente: Contraloría.

Frank Casas, especialista en temas de seguridad, destacó que uno de los problemas recurrentes en las comisarías de regiones como Loreto y Ucayali es la "pésima gestión del recurso logístico" tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional. Según explica, la falta de conectividad en estas zonas no se debe exclusivamente a su ubicación geográfica remota, sino a la contratación de un único operador de Internet que no cubre todas las regiones.

"Lo que debería hacerse es contratar a un operador adicional que complemente el servicio de internet en las zonas no cubiertas. Sin embargo, no lo hacen porque se percibe como una duplicidad de un servicio que supuestamente ya ofrece el primer operador", señaló Casas.

El especialista subrayó que la solución a este problema es relativamente sencilla, pero se ve obstaculizada por la burocracia estatal. "Es un problema burocrático que debería resolverse mediante normativas o mejorando las coordinaciones en las contrataciones con el Estado", concluyó Casas.

Otro aspecto que se detectó fue que 17 comisarías no proporcionaron información o no publicaron correctamente el Mapa del Delito. Este mapa, según la Resolución Ministerial N° 007-2019-IN, debe ser elaborado a partir de un análisis estadístico y los registros de denuncias ingresadas en el sistema Sidpol. Su función es identificar la frecuencia y recurrencia de ciertos delitos, permitiendo así generar un mapa de calor que facilite la identificación de zonas críticas y la planificación de estrategias de seguridad.

Problemas de infraestructura

La comisaría de Neshuya, en el distrito de Padre Abad, Ucayali, fue señalada por la Contraloría en febrero de este año como un puesto en riesgo debido a su ubicación. Durante la inspección, se detectó que la Municipalidad Distrital de Neshuya había identificado que este puesto policial está en una zona vulnerable a desastres naturales por su proximidad al río Neshuya. Además, se reveló que la comisaría carecía de sistema de desagüe y presentaba un pozo séptico colapsado.

En total, nueve comisarías se encuentran en situaciones similares de riesgo: siete en Loreto y dos en Ucayali. Entre ellas, las comisarías de Francisco de Orellana y Yanashi, en Loreto, carecen del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE), lo que, según la Contraloría, impide garantizar que cumplan con las condiciones necesarias para la seguridad de los efectivos policiales y el público.

También se destacan los casos de la comisaría de Pampa Hermosa, que necesita remodelaciones urgentes en su techo, servicios higiénicos y segundo piso; el puesto policial de Yurimaguas, que presenta muros agrietados; y la comisaría de Contamana, catalogada como inhabitable por la Oficina Provincial de Gestión de Riesgos de Desastres - Defensa Civil, poniendo en riesgo la integridad del personal que trabaja y vive allí, según el informe de la Contraloría.

Comisaría de Contamana, en Loreto, declarada inhabitable por Defensa Civil. Fuente: Contraloría.

Por otra parte, cinco comisarías en Loreto —Buena Vista, Trompeteros, Francisco Orellana, Iquitos y Yanashi— no están inscritas en los registros públicos, a pesar de que, según la Directiva 010-2021-CG PNP/EMG, los puestos policiales deben figurar a nombre del Ministerio del Interior. Además, la comisaría de Maypuco, en Loreto, tiene un área de 200 m² cuando debería contar con 350 m² debido a su clasificación como puesto tipo "D". Asimismo, las comisarías de San Fernando y Sepahua, en Ucayali, tienen áreas de 813 m² y 207.92 m², respectivamente, cuando deberían contar con 1000 m² y 300 m² de acuerdo a sus clasificaciones tipo "A" y "E", respectivamente.

En materia de infraestructura se encontró que 23 de las 30 comisarías inspeccionadas no cuentan con infraestructura adecuada para personas con discapacidad o baja estatura. Entre las observaciones destacan la falta de aceras accesibles, mobiliario adaptado para personas de baja estatura o con discapacidades, servicios higiénicos accesibles, así como la ausencia de zonas de espera y estacionamientos adecuados para personas con movilidad reducida.

Frank Casas, especialista en seguridad, señaló que el saneamiento de los terrenos donde se ubican las comisarías es un paso fundamental que debe resolverse antes de enfocarse en mejorar las instalaciones policiales a nivel nacional. "Imaginémonos que la policía, siendo uno de los actores más cercanos a la ciudadanía, debería operar en condiciones mínimas, especialmente cuando se trata de casos sensibles como la recepción de denuncias por violación sexual", enfatizó Casas.

Casas también mencionó que existe el plan “Mariano Santos” para cerrar las brechas en logística, recursos humanos e infraestructura dentro de la Policía Nacional. "El gran problema es que, desde que se publicó esta herramienta con indicadores, metas claras e incluso el presupuesto necesario, está guardada bajo siete llaves", lamentó el especialista.

"Todas estas evidencias reflejan la precariedad en la que opera nuestra Policía Nacional, a la que constantemente exigimos brindar un servicio adecuado. Sin embargo, ningún servicio público o privado puede ser efectivo y eficiente si no cuenta con las condiciones necesarias para funcionar", concluyó Frank Casas.