La continuidad de la reforma universitaria pende de un hilo. Las medidas de protección judicial emprendidas para defender la institucionalidad de la educación superior de los cambios propuestos por el Congreso de la República no están siendo atendidas por el sistema de Justicia con la urgencia debida, explicaron a Convoca.pe las partes interesadas en protegerla. Los especialistas en materia educativa califican de grave retroceso las modificaciones que están por votarse.

Como se recuerda, la Sunedu interpuso recientemente una demanda de amparo para proteger los derechos constitucionales de la población en torno a los avances educativos, y solicitó al mismo tiempo una medida cautelar para frenar la votación del Congreso.

Este lunes el pleno del Parlamento iba a aprobar, en segunda y definitiva votación, el dictamen que busca modificar la conformación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en desmedro de su autonomía. La consulta no se realizó porque la sesión plenaria se centró en el debate de la censura contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Pero el reloj sigue corriendo en contra para los intereses educativos del país.

Plazo extenso

El procurador público de Sunedu, el doctor Mac Donald Rodríguez, dijo a Convoca.pe que la acción de amparo que presentó el pasado 7 de febrero ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, para frenar la pretensión del Congreso, recién será vista en poco más de dos meses. Esto, a pesar de que el dictamen que vulnera la Reforma Universitaria podría ser aprobado la próxima semana.

“En el caso del proceso de amparo, han señalado audiencia para el 9 de mayo. Va a participar la procuraduría del Congreso y en caso de Sunedu, también [va a participar] su procuraduría pública. (…). Esperar al 9 de mayo para que llegue la audiencia y después se emita sentencia, [en ese caso] el derecho podría convertirse en irreparable”, señaló el representante legal de la superintendencia educativa.

Asimismo, Rodríguez recordó que Sunedu también presentó una medida cautelar sobre la que, pese a que el tiempo apremia, tampoco hay un pronunciamiento. “Lamentablemente, el juez, por cuestiones de salud, había presentado un certificado para ausentarse hasta el 9 de marzo. Entiendo que ha pedido otro tiempo más y han encargado el despacho a una jueza”, dijo el procurador.

El pasado 1 de febrero, el Congreso aprobó en primera votación el dictamen que modifica la composición de la Sunedu. Captura de pantalla. 

En este sentido, informó que la secretaria del Segundo Juzgado Constitucional de Lima le dio una cita para este viernes 4 de marzo, a las 3 de la tarde. Sin embargo, esta será solo una reunión informativa, en la que se darán a conocer los detalles de la medida.  

“Las medidas cautelares normalmente salen después de 15 a 20 días. La nuestra ya tiene más de una semana dentro y estaríamos hablando de que debería un juez pronunciarse en un plazo máximo de una semana, pero vamos a ver qué dice la jueza que esta como titular de este despacho”, señaló a este portal.

Reiteró que si bien solicitará a nombre de Sunedu que la medida sea lo más expeditiva posible, no es posible pedirle al juez una fecha determinada. “No es una potestad de nosotros”, lamentó. En este escenario, con los tiempos muy ajustados, Rodríguez señaló que es probable que el Congreso apruebe la ley que modifica la composición de la Sunedu y, en consecuencia, su autonomía e idoneidad. Así, señaló que la única vía que queda para defender la Reforma Universitaria es la de la acción de inconstitucionalidad, que escapa de las manos de su superintendencia. 

“Si hay observaciones [del Ejecutivo], [el proyecto] regresa al Congreso, que tiene la potestad de aprobarlo por insistencia, con una nueva votación en el pleno y pueden publicarla con firma de la presidente del Congreso. Una vez que se esté publicada en El Peruano, ahí estaría expedito el proceso de inconstitucionalidad, que le corresponde al Ejecutivo, al presidente, a los colegios profesionales, al Defensor del Pueblo o al 25% de congresistas”, señaló.

Argumentos de la demora

Aunque los plazos para atender una acción de amparo o una medida cautelar parecen definidos, dependerían más de la predisposición de cada juez, explicó a Convoca.pe el exmagistrado del Tribunal Constitucional Víctor García Toma. Según dijo, si el titular del juzgado dio fecha para mayo, es básicamente porque no tiene una fecha antes. Sin embargo, esto no siempre es determinante.

“Depende de la carga del juez, pero también hay veces en las que no se quieren meter en el tema y patean el problema para que lo resuelva el Tribunal [Constitucional]. Puede ser una opción que el juez diga: ‘para que me meto en este problema, [procedo a la] sustracción de la materia, y si ellos quieren insistir que presenten su demanda de inconstitucionalidad y que el Tribunal se encargue'. Hay muchos jueces así”, dijo a este portal.

García Toma consideró que este, en particular, es un caso complicado, pues no puede hablarse de una amenaza inminente al derecho –educativo en este caso– porque no se puede predecir el sentido de la votación que se realizará en el pleno.

“Esa es seguramente la razón por la que el juez no dio la medida cautelar. Ahora, si la ley se aprobase antes de la audiencia, esa ley entra en vigencia y la situación se vuelve irreparable y habría que pensar en una acción de inconstitucionalidad”, señaló el letrado. Es decir, una acción contra el hecho ya consumado.

García Toma además explicó que las medidas judiciales solicitadas por la Sunedu tienen un gran impacto si es que se admiten en los plazos necesarios. “La medida cautelar es una medida provisional que intenta asegurar los fines con los que se presenta la acción de amparo. Para este efecto, se tendría que acreditar cierta verosimilitud del derecho, y fundamentalmente la necesidad de actuar rápidamente a efectos de impedir que se consuma la afectación irreparable”, recalcó.

La demanda de amparo de Sunedu ingresó al Segundo Juzgado Constitucional de Lima el pasado pasado 7 de febrero.

Escenarios

Pare el exministro de Educación Idel Vexler, el tema va más allá de los plazos en los que se atienden las medidas judiciales presentadas por Sunedu, y consideró que se debe privilegiar el diálogo para que en el Congreso se construya una ley que mejore la Reforma Universitaria en vez de sabotearla. En su opinión, el consejo directivo de ninguna manera debería incorporar como miembros a los rectores, que son los supervisados. Si embargo, opina que este órgano podría tener mayor representatitividad académica.

“Plantear una fecha [para audiencia judicial de la demanda de amparo] no quiere decir que le van a dar la razón [a Sunedu]. Si el Congreso hace ajustes correctos, no hay dificultad. El tema es si mantiene el enfoque actual del consejo directivo. Ahí estaría mal. Pero, si lo mejora en la direccionalidad que planteo, habría mayor representatividad académica en la universidad y no se concentraría todo en el Ministerio de Educación y el poder político correspondiente. Yo creo que deben seguir conversando entre Sunedu y el Congreso”, explicó el educador a este portal.

En este sentido, dijo que si se llegasen a votar más cambios en el parlamento, estos deben ser solo para fortalecer la reforma universitaria. “No debe aprobarse ninguna norma que permita que las universidades no licenciadas puedan tener más oportunidades para logra el licenciamiento. Para las universidades que no están licenciadas, ya está cerrado el tema”, explicó.

Los también exministros de Educación Martín Benavides y Ricardo Cuenca, ya habían señalado en un diálogo anterior con Convoca.pe que si se concretan todos los cambios que se han venido planteando en el congreso, ya bautizados como "contrarreforma universitaria", no se podrá garantizar que las universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad y que se introducirá la informalidad en el proceso de licenciamiento. La nueva composición del consejo directivo haría que la Sunedu pasara a ser un ente fiscalizador y fiscalizado a la vez, advirtieron.

Por su parte, el excongresista Daniel Mora, quien impulsó la ley que cambió el sistema universitario en 2014, también dijo entonces a este portal que se pone en juego al “único aspecto que puede cambiar al país: la educación". “Poner a rectores en la Sunedu es volver a una organización mafiosa, volver a los cupos, a las coimas que se demostró que existían en la ANR (Asociación Nacional de Rectores). Es una desgracia para el país. La educación es el único motor del desarrollo para un país como el nuestro”, manifestó.

Los estudiantes serán los principales perjudicados con la aprobación de la ley que busca recomponer a la Sunedu, dicen los especialistas. Foto: Andina.  

Semanas atrás, 18 universidades del país, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad  Ruiz de Montoya, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, entre otras representativas de varias regiones del país, se habían pronunciado en contra de las pretensiones de ciertos congresistas.

“Esta decisión del Congreso debilita el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), afecta su independencia, contraviene su imparcialidad y, por la nueva composición que se plantea, pone en riesgo la idoneidad de su Consejo Directivo”, indicaron las casas de estudio en comunicado difundido en sus redes sociales.

En el medio de estas audiencias judiciales tan lejanas, y una votación que ya parecen tener un resultado anticipado, se encuentran los miles de estudiantes que buscan una educación de calidad, el único medio para asegurar su éxito profesional y, por supuesto, el desarrollo integral del país.