Es 16 de octubre de 2023 y los motores fuera de borda de una barcaza militar rompen el silencio del río Nanay, ubicado en la región amazónica de Loreto, donde se han registrado 210 dragas operando ilegalmente. La embarcación traslada a dos fiscales y siete soldados de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú. Su objetivo es destruir una draga que opera cerca de la comunidad de Diamante Azul. Han navegado más de seis horas. Es un operativo secreto contra la minería ilegal y, aparentemente, podría ser una operación rutinaria, pero ocurre algo inesperado.

Un grupo de comuneros ataca a una de las naves de la Marina e intenta prenderle fuego, según se observa en el video de esta operación al que accedió Convoca.pe. Este es el cuarto ataque importante que los grupos mixtos de operaciones anti minería ilegal han sufrido entre los años 2020 y 2023, en el Alto Nanay. Durante las intervenciones, las autoridades han confirmado que los mineros ilegales usan armas de fuego, poseen una sofisticada red de comunicación satelital y trabajan en conjunto con algunas comunidades. 

Las patrullas mixtas sufrieron un ataque de comuneros y mineros ilegales el 16 de octubre de 2023. Intentaron quemar la nave militiar e impedir que se destruya una draga. Video: Fiscalía Ambiental

“Ellos querían incendiar el motor y esto nos pudo haber costado la vida porque pudo haber explotado. Había barriles de combustible en el lugar donde lanzaron el fuego”, relata el fiscal Bratzon Saboya, quien fue parte de la operación donde solo pudieron destruir una draga, pues el segundo objetivo fue protegido por los mineros ilegales. En una parte del video se escucha que, pese a las advertencias de los fiscales, las personas lanzaban palos, piedras y maderas en llamas. 

Acta Fiscal - Caso Ataques de Mineros Ilegales by Convoca on Scribd

Este año se han realizado 11 operativos en esta zona de la Amazonía. Las situaciones en las que operan los agentes de la Marina de Guerra y la Fiscalía Ambiental de Loreto son de alto riesgo. La situación se agrava por las filtraciones de información que alertan a los mineros ilegales, quienes usan equipos de comunicación satelital.

Draga destruida por agentes de la Marina de Guerra del Perú en uno de los más recientes operativos realizados en la cabecera de cuenca del río Nanay a fines de octubre del 2023. Créditos: Fiscalía Ambiental de Loreto

A pesar del ataque sufrido en este último operativo, las acciones del grupo mixto continuaron. El 17 de octubre de 2023, los agentes de la Marina de Guerra interceptaron un bote donde iban cinco personas, tres de nacionalidad colombiana y dos peruanos. Fueron identificados como Víctor Quiñones Ramírez, Wilmar López Núñez y Miguel Rentería Murillo (colombianos); José España Barros y Juan Charles Alvis (peruanos).

Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, cerca de la comunidad de Puca Urco, en el distrito del Alto Nanay, se intervino a una embarcación pequeña que transportaba dos frascos con oro aluvial y una botella de mercurio, sustancia usada para la minería ilegal. Iban seis personas, identificadas como Marcos Arboleda Torres, Moisés Vásquez, alias "Nalgas", Desiderio López, Levinson Ferreira Morales, Amador Arbildo Grandez, alias "Amador"(transportaba el mercurio) e Irene Alvarez Amasifuen.

"Nalgas" y "Amador", de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Ambiental, son las personas que en un anterior reportaje de Convoca.pe mencionamos como colaboradores de un médico legista. De esta manera, el Ministerio Público abre una nueva línea de investigación por el presunto delito de financiamiento de la minería ilegal.

Pagan a comuneros

“Como no hay una sanción, se genera impunidad. Se llenan de valor los agresores y sienten que no les pasará nada. Se han envalentonado. Hemos identificado pobladores que colaboran con ellos y cometen un delito de forma agravada, porque atentan contra fuerzas armadas y autoridades. Ellos cuentan con armas de fuego. En el 2020 fuimos atacados con escopetas de caza y este año encontramos un arma en las dragas. A futuro podría haber enfrentamientos directos”, advierte el fiscal Saboya. 

El magistrado adelantó que, al terminar el acta de lo sucedido, derivará el caso a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto para que investigue a las personas involucradas. Con ayuda de un informante de la Fiscalía Ambiental, han identificado al dueño de la draga que no se pudo destruir, que sería un inmigrante que ha llegado recientemente a la zona.

¿Por qué los comuneros defienden a los mineros ilegales? En una reciente investigación de Convoca.pe sobre la minería ilegal en el río Nanay revelamos que los mineros pagan una especie de “impuesto” a algunas comunidades para que los protejan, por lo que esta actividad se ha convertido en una importante fuente de ingresos.

“Una draga genera trabajo ilegal para las personas de las comunidades, no solamente para quienes la operan: buzo, manguerero o cocinera sino para todo lo que se mueve en su entorno, como los comerciantes que venden productos de primera necesidad, los pescadores, mitayeros (cazadores). Toda la economía de una zona gira en la draga. Es obvio que cuando hacemos estas interdicciones se afectan intereses no solo del financista sino de todos los que se benefician. Esta es pues una de las razones por las cuales ellos protegen a los ilegales”, explica el fiscal Saboya.

De acuerdo con el fiscal Carlos Castro Quintanilla, de la Fiscalía en Materia Ambiental de Loreto-Maynas, aunque en estos tres años han denunciado las agresiones e identificado a los agresores, ninguno ha sido condenado e, incluso, una de las denuncias interpuestas en el 2020 fue archivada. 

Fotografía obtenida del acta que detalla el ataque a la patrulla cerca de la comunidad de San Juan de Ungurahual. De izquierda a derecha aparecen Lester Tapayuri, Kenet Aricari, Nolverto Alvarez, Riquelme Alvarez, Gustavo Bancho Luna, Marcos Acho Torres y Julio Bancho Arirama, sindicados por los fiscales como los agresores. Foto: Fiscalía Ambiental de Loreto

Una serie de ataques

El primero de los ataques ocurrió el 16 de diciembre de 2020, cuando los fiscales Marvin Loja Arévalo, Bratzon Saboya y Fernando Castro Quintanilla, junto con personal de las fuerzas especiales, volvían de la comunidad de Puca Urco, luego de destruir seis dragas y un campamento minero. Fueron interceptados por tres chalupas, cada una iba con ocho personas armadas con retrocargas, lanzas, palos y trinches. Eran comuneros de San Juan de Ungurahual y su apu Segundo Chanchari Teagua. De acuerdo con el acta fiscal, les exigieron a los militares y fiscales que fueran a la comunidad. 

“En diciembre del 2020 sufrimos una emboscada de pobladores de la comunidad de San Juan de Urunguhal. Nos emboscaron después de un operativo. Estuvimos en la zona tres días y, al regresar, porque se nos había acabado la carga explosiva, ya que habíamos detonado la última draga, los comuneros se organizaron y nos emboscaron. Esa fue la primera vez que pude ver que tomaron ese tipo de violencia contra nosotros. Pudimos grabar eso. Ellos sabían que era una nave militar, que éramos fiscales. Eso fue en el operativo Tahuampa III”, recuerda Castro.

Los Tahuampas son operativos que realizan contra la minería ilegal, desde el 2020. En el Tahuampa I, la Fiscalía Ambiental y la Marina de Guerra tuvieron como objetivo decomisar todas las herramientas de comunicación de los mineros ilegales para evitar que se comuniquen y haya éxito en la destrucción de dragas. Según Quintanilla, la operación fue un éxito porque no hubo fuga de información y se intervinieron casas en la comunidad de San Juan de Urungual. En este operativo conocieron al apu Segundo Chanchari, quien sería parte del ataque ocurrido en diciembre del 2020, durante el operativo Tahuampa III.  

 “Chanchari era el apu. Él podía controlar a la gente, pero no. Querían llevarnos a la comunidad, pero la Marina jamás iba a permitir que nos lincharan. Ellos empiezan a disparar, amarraron un cabo en toda la longitud del río. Se acercaban embarcaciones y querían amarrar nuestra popa para jalarnos. Entonces, los marinos cortan el cabo para que podamos pasar. Para entonces, uno de los dos motores de la nave deja de funcionar, con la fuerza de uno solo pudimos escapar. Un marino se cayó al río con su fusil y lo perdió. Los pobladores que estaban con machetes en botes pequeños querían hacerle daño. Oímos los disparos que venían desde la comunidad y se repelió el ataque”, narra el fiscal Castro.

Las patrullas mixtas sufrieron un ataque de comuneros y mineros ilegales en diciembre de 2020, cerca de la comunidad de San Juan de Urunguhal. Video: Fiscalía Ambiental

En el acta fiscal, se refiere que los miembros del equipo conjunto fueron amenazados de muerte y recibieron cuatro disparos en su embarcación. Dos militares cayeron al río al intentar detener a las personas que, subiendo por la proa, intentaban tomar por asalto la nave militar. En el ataque, los comuneros se apropiaron de dos motores y de una chalupa de propiedad del  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Caso Ataque Mineros Ilegales by Convoca on Scribd

Los fiscales volvieron a la comunidad con más personal militar y pidieron a la Policía Nacional del Perú que detenga a Segundo Chanchari, pero los agentes policiales advirtieron que los pobladores intentaría rescatarlo y esto derivaría en un conflicto grave.  

Archivan investigación

El fiscal Castro añadió que el hecho fue denunciado pero, el 11 de agosto de 2021, el fiscal Guillermo Figueroa Cruz resolvió que no procedía formalizar ni continuar la investigación preparatoria. Convoca.pe tuvo acceso a esta resolución en la que figuran hechos narrados que no tienen nada que ver con lo denunciado y parecen ser parte de otra investigación. 

Los fiscales Saboya y Castro coincidieron en que ellos brindaron al Ministerio Público nombres y apellidos de los involucrados: Daniel Alvarez Arirama, Segundo Chanchari, Anllelo Bancho Baca, Javier Aricari, Adriel Tapayuri, Nolverto Alvarez Arirama, Marcos Acho Torres, entre otros. 

Para el fiscal Bratzon Saboya, el archivamiento no tiene fundamentos sólidos y los deja desprotegidos ante las acciones de los mineros ilegales que, al ver rehuir la justicia, se tornan desafiantes. “La disposición de archivo está mal hecha. Ha faltado una debida motivación. Si se logra leer parte del texto, señala hechos distintos a lo investigado, habla de un robo, parece que han copiado y pegado un caso distinto. No sabría decir qué ha pasado para motivar ese archivo”, sostiene. 

El fiscal Castro señala que nunca los llamaron para informarles del archivamiento, ni se les solicitó informe alguno. Solamente les llegó el aviso. “Ese archivo es una copia de un hurto de llantas y nosotros nos quedamos con la incomodidad. Nosotros podríamos señalar los nombres, pues conocíamos a los involucrados, pero nunca nos llamaron. Ahora es imposible volver al hecho investigado”, declaró.

Los otros dos ataques contra los fiscales ocurrieron cerca de la comunidad de Puca Urco y, nuevamente, en San Juan de Ungurahual. Los magistrados de la Fiscalía Ambiental están preocupados por la filtración de información. Una fuente de la Fiscalía señala que el pedido de combustible al gobierno regional debe hacerse en diversas fechas para no levantar sospechas y no empiece a “correrse la voz de que van a entrar” a realizar operativos río arriba, porque los mineros ilegales se preparan y huyen.

Proyecto del Congreso

Respecto al proyecto de ley impulsado por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso, y aprobado por insistencia en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que busca la no destrucción de herramientas de la minería ilegal, el fiscal provincial Carlos Castro sostiene que es imposible no destruir las dragas, por el costo, el riesgo y la distancia en que se encuentran operando.

“No se posee conocimiento de la zona. Yo creo que no tiene objeto esta norma. Es imposible realizar una interdicción sin proceder a la destrucción. Modificar esto es a favor de los mineros ilegales. En un operativo, el Estado gasta entre 500 y 700 galones de gasolina, sin contar con el rancho para 15 personas. Todo eso tiene un valor para el Estado, ahora si nosotros remolcamos una draga no lo veo viable”, explica el magistrado

El abogado especializado en Derecho Ambiental César Ipenza, en un conversatorio sobre minería ilegal organizado por Convoca.pe, declaró que movilizar estas estructuras demandaría una gran logística y, si luego aparece el propietario, el fiscal podría afrontar largos y burocráticos procesos judiciales.

Además, el fiscal Castro señaló a este medio que la llegada de ciudadanos colombianos y brasileños ha desencadenado una ola de violencia en las comunidades asentadas en la cabecera de cuenca del río Nanay, porque se están disputando el poder con los mineros peruanos. 

Actualmente, la Fiscalía realiza tres investigaciones importantes que tienen como objetivo lograr las primeras capturas significativas de bandas criminales que operan en el Alto Nanay.