El Perú vive un escenario encaminado a la segunda vuelta que se realizará el domingo 29 de noviembre en varias regiones. Según los resultados de ONPE al 6 de octubre  de la 9:45 de la mañana y con el 96% y 99% de las actas no hay un ganador definido en 15 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Convoca revisó el panorama electoral y cómo varias regiones enfrentarán como punto central la violencia, la conflictividad social y la criminalidad.

Los comicios electorales se complejizan porque las regiones presentan un avance de la criminalidad. Los candidatos que disputarán las segundas vueltas regionales deberán enfrentar territorios donde la extorsión, el sicariato y otras formas de violencia vinculadas al crimen organizado. En el primer semestre de 2026 se registraron 1 071 homicidios a nivel nacional, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La inseguridad también alcanza a regiones fuera de Lima: el Poder Judicial reportó que, en lo que va del año, La Libertad y Piura figuran entre los distritos judiciales con mayor número de procesos por extorsión.

Elecciones violentas: solo en septiembre ocurrieron 5 ataques a candidatos en distintas partes del país

En la Amazonía, uno de los grandes temas es el riesgo que corren los defensores ambientales. Convoca construyó el observatorio Los Resistentes del Perú que registra 220 casos y cerca de 250 hechos de violencia ocurridos en al menos 18 regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde se registraron asesinatos y amenazas de muerte. La situación se agrava en zonas donde la minería y la tala ilegal se disputan el territorio: solo en Madre de Dios se concentra la mayor parte de la deforestación asociada a la minería de oro y también el mayor número de investigaciones fiscales por agresiones, asesinatos y amenazas contra defensores ambientales.

En un contexto de elecciones regionales y municipales que definirán las nuevas fuerzas políticas, Convoca analizó los resultados que la ONPE viene publicando en 6 regiones afectadas por economías ilegales y conflictos socioambientales.

En Áncash, la inseguridad, la actividad minera y los conflictos socioambientales forman parte de una agenda compleja para la próxima gestión. Con el 98.308 % de las actas procesadas, Antonio Casana, de Alianza para el Progreso, lidera con 20.998 %, seguido por Enrique Alejandro Ocrospoma, de Demócrata Verde, con 16.103 %. Ninguno supera el 30% requerido, por lo que el resultado apunta a una segunda vuelta.

Antonio Casana (Alianza para el Progreso) / Enrique Alejandro Ocrospoma (Demócrata Verde)

La región llega a este proceso electoral con una alta conflictividad social. La Defensoría del Pueblo reportó 17 conflictos en Áncash hasta enero de 2026, entre ellos varios de carácter socioambiental y vinculados a la actividad minera. A esto se suma el incremento de las denuncias por extorsión. Según información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, Áncash registró 594 denuncias de ese tipo entre enero y septiembre de 2025.

En Arequipa, ningún candidato alcanza el 30% requerido. Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, encabeza el conteo de la ONPE con 25.222 %, seguido por Jenry Huisa, de Ahora Nación, con 14.459 %. Durante la jornada electoral del 4 de octubre también se reportó publicidad de candidatos, una de las incidencias registradas durante los comicios.

Alfredo Zegarra (Fuerza Arequipeña) / Jenry Huisa (Ahora Nación)

La próxima gestión tendrá que revisar cómo se está llevando a cabo la explotación minera, la gestión de los  recursos hídricos y los conflictos socioambientales. La Defensoría del Pueblo reportó casos relacionados con la explotación irregular de concesiones mineras y controversias por los impactos ambientales de estas actividades. En materia de seguridad, Arequipa acumuló 373 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, frente a 312 en el mismo periodo de 2024, según el Observatorio del Ministerio del Interior.

Piura, una de las regiones más expuestas a los efectos del Fenómeno El Niño e inseguridad, tendrá segunda vuelta.  Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso, ocupa el primer lugar con 22.126 %,  el segundo lugar se disputa entre Guillermo La Torre de Podemos Perú (18.072%) y Santiago Paz de Somos Perú (17.738 %). Los que queden entrarán nuevamente en contienda electoral.

Reynaldo Hilbck (Alianza para el Progreso)/ Santiago Paz (Somos Perú) /  Guillermo La Torre (Podemos Perú)  

La gestión del Gobierno regional debe prepararse para enfrentar la inseguridad. El Observatorio del Ministerio del Interior registró 2.335 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, frente a 1.545 en el mismo periodo de 2024, un incremento de 51%. Piura se ubicó así entre las regiones con mayor cantidad de denuncias por este delito después de Lima Metropolitana y La Libertad.

En Ica, que es una región que Convoca examinó por la alta incidencia de inseguridad, el primer lugar lo ocupa Juan Mendoza, de Somos Perú, con 30.763 % de los votos válidos. En segundo lugar se encuentra el candidato de Acción Popular, Alonso Navarro, que alcanza 18,031%.

Juan Mendoza (Somos Perú) / Alonso Navarro ( Acción Popular)

Los problemas de inseguridad y los delitos vinculados al crimen organizado serán parte de la agenda de la próxima gestión regional. Entre enero y septiembre de 2025, Ica registró 589 denuncias por extorsión, frente a 514 en el mismo periodo de 2024, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Los casos se producen en un contexto de preocupación por la expansión de modalidades delictivas que afectan a comerciantes, familias y actividades económicas.

Las propuestas revisadas para enfrentar este problema coinciden en recurrir a herramientas tecnológicas y a la participación vecinal, aunque plantean distintas metas y mecanismos. El desafío para la próxima administración será convertir esas propuestas en políticas sostenidas de prevención y respuesta frente al crimen organizado.

En Ucayali, Sandro Acosta, de Somos Perú, lidera el conteo con 34.353 %, seguido por Antonio Marino, de Renovación Popular, con 21.473 %. Al superar el primer candidato el 30% de los votos válidos no habría segunda vuelta.

Sandro Acosta (Somos Perú) / Antonio Marino (Renovación Popular)

En esta región la atención está puesta sobre la expansión de la minería ilegal, el narcotráfico y la presión sobre los territorios amazónicos. Una investigación de Convoca identificó estos nexos alrededor de la cuenca del Abujao, en la frontera con Brasil, donde además se cruzan intereses políticos vinculados a proyectos de integración vial como la polémica carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul. 

Entre los candidatos al Gobierno Regional figura Francisco de Asís Mendoza de Souza, conocido como “Pacho”, exalcalde de Atalaya y postulante por Fuerza Popular, quien afronta una acusación por lavado de activos. La tesis fiscal vincula el dinero investigado con el narcotráfico y el Ministerio Público solicita 27 años de prisión. 

En Madre de Dios, la inseguridad, la expansión de la minería ilegal y la protección de los defensores ambientales forman parte de los principales desafíos para la próxima gestión regional. Con el 96 % de las actas contabilizadas, Simón Horna Alpaca de Ahora Nación lidera la elección con 36.178 % de los votos, seguido por Freddy Vracko de Alianza Libertad Madrediosense, con 13.621 %. Al superar el primer candidato el 30 % de los votos válidos, el resultado se encamina a definir la elección regional en primera vuelta. 

Simón Horna Alpaca (Ahora Nación) / Freddy Vracko (Alianza Libertad Madrediosense)

El escenario electoral deja, así, a las próximas autoridades regionales frente a problemas que van más allá del resultado de las urnas: inseguridad y crimen organizado en regiones.

La segunda vuelta  definirá a las autoridades regionales en 15 regiones y se dará el domingo 29 de noviembre. Pero, más allá de quiénes lleguen a esa instancia, los resultados muestran una agenda regional marcada por problemas que demandarán capacidad de ejecución, prevención de conflictos y respuestas sostenidas desde los gobiernos regionales.