El 21 de septiembre de 2023, el Congreso aprobó en primera votación un dictamen de proyecto de ley que había surgido de la comisión de Energía y Minas. Se buscaba suspender o cancelar los permisos, licencias o concesiones de aquellas empresas que incumplan las medidas correctivas en casos de graves infracciones a las normas ambientales.

Las medidas correctivas son acciones aplicadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para revertir, disminuir o evitar los efectos nocivos en el ambiente, recursos naturales o la salud de las personas. Estas medidas se dictan cuando se detectan incumplimientos a la normativa ambiental y deben ser cumplidas por las empresas sancionadas en el plazo ordenado en una resolución del organismo.

En primera votación se aprobó un dictamen que sanciona el incumplimiento de las medidas correctivas ambientales con la suspensión de la licencia de la empresa. Foto: Andina.

Este proyecto de ley llegó sorpresivamente a ser aprobado en primera votación, ya que el Congreso no se caracteriza por avanzar en sanciones más graves para las empresas extractivas. Fue presentado por Margot Palacios, de la otrora bancada oficialista Perú Libre, en noviembre de 2022, y fue aprobado por mayoría en la comisión ordinaria el 22 de junio de 2023.

La iniciativa plantea la "suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra autorización del proyecto de inversión o de la actividad extractiva, productiva, de comercialización". Esto en caso de que las empresas “incumplan las medidas correctivas por infracciones muy graves al ambiente" dictadas por OEFA. Es decir, el proyecto de ley busca agravar las consecuencias a las que se arriesgan las empresas si incumplen con las sanciones del organismo al punto de apartarlas de sus negocios en las concesiones con el Estado, por ejemplo, en el caso de mineras y petroleras.

Además, en el dictamen aprobado se indica que la suspensión o cancelación tendrá una vigencia hasta que la empresa cumpla con la limpieza del área afectada y con la rehabilitación, restauración, remediación o reparación del daño causado.

Durante el debate en el Pleno del Congreso, dos bancadas parlamentarias se pronunciaron y votaron contra la propuesta. Se trata de Fuerza Popular y Avanza País, partidos que indicaron que se estaría "sobreregulando" la actividad económica, ya que la OEFA, sostuvieron, ya cuenta con la posibilidad de sancionar a la empresa con la suspensión.

Los parlamentarios Flores Ruiz (Fuerza Popular) y Willians Zapata (Avanza País) se pronunciaron en contra de la aprobación del dictamen. Imagen: Libro de debates del Congreso.

Sin embargo, el artículo 136 de la Ley General del Ambiente, que trata sobre las medidas correctivas, determina que el incumplimiento sólo genera la imposición de multas coercitivas que pueden ir de 1 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) “de manera sucesiva e ilimitada, hasta que se acredite su cumplimiento”. De esta forma, esas medidas correctivas buscan reparar daños ambientales de diferentes niveles de impacto, pero su incumplimiento no genera la suspensión de actividades.

Las medidas correctivas que puede ordenar el OEFA van desde cursos de capacitación ambiental obligatorios a sus trabajadores; adoptar medidas para reducir los riesgos o daños ambientales; restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada o de no poder realizarlo compensarla en términos económicos hasta acciones de manejo o corrección destinada a hacer compatible la actividad económica con el ambiente.

Resistencia con reconsideraciones

El resultado de la primera votación fue de 61 votos a favor, 37 en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, 19 parlamentarios estaban de licencia y otros cinco no votaron. Eso pone en riesgo el futuro de la ley, ya que hay 36 votos (19 parlamentarios estaban de licencia, 12 se abstuvieron y otros cinco no votaron ) que podrían voltear la torta para evitar la aprobación de esta norma.

En ese escenario, dos de las bancadas que votaron en contra por unanimidad tomaron nota. Dos parlamentarios presentaron pedidos de reconsideración para que el Congreso vote nuevamente el dictamen. Se trata de Arturo Alegría, de Fuerza Popular, quien además es primer vicepresidente del Congreso, y Diana Gonzales, de Avanza País.

Los parlamentarios Arturo Alegría (FP) y Diana Gonzales (AP) presentaron recursos de reconsideración para devolver el proyecto a la Comisión de Energía y Minas.

Alegría ya tiene un antecedente en un caso que benefició a una petrolera: fue señalado de haber beneficiado a la empresa española Repsol cuando presentó un recurso legislativo que terminó por evitar que se debatiera un informe de investigación de la Comisión de Pueblo Andinos sobre la responsabilidad de la compañía en el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, en enero de 2022, publicó entonces La República. Esa comisión también estaba presidida por la congresista Margot Palacios.

Llorente y Cuenca, a través de su directora senior de Asuntos Públicos, Paola Fune Zambrano, divulgó una ayudamemoria a parlamentarios de diferentes bancadas que aseguraba que el informe final de la Comisión Investigadora “no prioriza temas y/o sustentos técnicos respecto del derrame de petróleo, sino aspectos políticos e ideológicos”. 

Diario La República hizo pública la ayudamemoria preparada por Llorente y Cuenca y compartida a las bancadas parlamentarias para oponerse al informe sobre el derrame de Repsol, de acuerdo con la publicación.

Estos mismos argumentos fueron utilizados por el congresista Alegría cuando presentó una cuestión previa en el pleno del Congreso del 15 de septiembre de 2022 para devolver el informe a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Pese a que Alegría negó en otras oportunidades que su cuestión previa fuera por recomendación de Llorente y Cuenca, el parlamentario sí reconoció en medios de comunicación que debatió los argumentos de ese recurso con los congresistas de su bancada. Sus motivaciones eran casi idénticas a las de la consultora contratada por Repsol.

Arturo Alegría presentó una cuestión previa para devolver un informe contrario a Repsol. Foto: Congreso.

"Señor presidente, es una lástima que cuando se emite un informe de una comisión investigadora, esta venga cargada de un sesgo político e ideológico", dijo Alegría en el Pleno del Congreso, coincidiendo con el espíritu de los argumentos que buscaba presentar Repsol. Meses antes, el 2 de junio de 2022, el congresista se habría reunido con Paola Fune en la oficina de la bancada de Fuerza Popular en un encuentro que duró casi dos horas, de acuerdo a La República.

Libro de Debates del Congreso del 15 de septiembre de 2022.

En junio de 2022, la representante de Llorente y Cuenca visitó el despacho del congresista Arturo Alegría por más de 2 horas.

Una norma que perjudicaría a Repsol

Una de las empresas perjudicadas con la posible aprobación de esa norma sería la propia Repsol. A raíz de las afectaciones al ambiente provocadas por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el OEFA ordenó a la empresa Refinería La Pampilla -del Grupo Repsol- un total de 28 medidas administrativas dictadas por la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, informó el organismo ante la consulta de este medio de comunicación.

Convoca.pe accedió a información del OEFA sobre el cumplimiento de esas medidas ambientales y pudo conocer que 11 fueron incumplidas, por lo que la empresa de capitales españoles recibió multas que suman 5 millones 585 mil soles (US$ 1,497,319) por ocho medidas no acatadas y que fueron verificadas por la entidad fiscalizadora. Si el proyecto de ley hubiese avanzado en el Congreso, la empresa correría riesgos más altos ante estos incumplimientos.

La medida incumplida que tuvo como consecuencia la multa más alta es por no haber presentado diez planes de rehabilitación de los elementos y funciones alterados de los ecosistemas de formaciones costeras luego del derrame de hidrocarburos. La multa total aplicada fue por 600 unidades impositivas tributarias, lo que equivale a 3 millones 90 mil soles (más de 828 mil 318 dólares).

Actualmente, otras 17 medidas administrativas ambientales contra Repsol se encuentran en proceso de verificación por parte de la autoridad ambiental y sólo una medida fue encontrada como cumplida y otra está en plazo para su implementación.

En declaraciones a Convoca.pe, la congresista Margot Palacios mencionó que la Junta de Portavoces, de la que forma parte el congresista fujimorista Alegría, en su calidad de vicepresidente del Parlamento, aún no incluye en la agenda del Pleno el debate de las reconsideraciones presentadas a la primera votación del dictamen. 

“Hay intereses de por medio porque estamos hablando de empresas mineras y de grandes transnacionales. Con este proyecto proponemos que se le suspenda temporalmente la licencia a las empresas que incumplen las medidas correctivas hasta que remedien la contaminación ocasionada para luego continuar con sus actividades”, afirmó la parlamentaria.

Agregó que será difícil contar con los votos necesarios para aprobar el dictamen, ya que cree que los parlamentarios que presentaron su reconsideración intentarán convencer a otros congresistas para cambiar el sentido de su voto. 

Margot Palacios, congresista proponente, cree que los pedidos de reconsideración son para buscar cambiar el peso de la balanza a favor de las empresas extractivas. Foto: Congreso.

Defiende su postura

Para conocer las motivaciones de los congresistas que presentaron los pedidos de reconsideración, Convoca.pe se comunicó con los despachos parlamentarios de Alegría y Diana Gonzales, aunque solo obtuvimos respuesta de la representante de Avanza País. 

A través de su asesor de prensa, la congresista Gonzales indicó que para incluir la suspensión o cancelación del permiso, licencia o cualquier otra autorización debería modificarse el Reglamento de la Ley General del Ambiente. “Es en el Reglamento donde se debe detallar en qué casos es viable la suspensión y cancelación”, aseveró. 

La congresista Gonzales sostiene que no existe respaldo “sobre la proporcionalidad de la medida establecida” en el dictamen. Foto: Congreso.

Además, la parlamentaria considera que el dictamen no incluye un “test de ponderación” que respalde “la proporcionalidad de la medida establecida”, es decir la suspensión o cancelación de autorizaciones a las empresas que incumplan las medidas correctivas ambientales. Según Gonzales, la reconsideración tiene como objetivo que el texto propuesto se siga debatiendo en la Comisión de Energía y Minas.

Respecto al congresista Alegría, este medio de comunicación no obtuvo respuesta del vicepresidente del Congreso hasta el cierre de esta publicación.