El domingo 8 de junio, el Ministerio de Cultura dio marcha atrás en su intención de recortar 42% del perímetro de la reserva arqueológica de Líneas de Nasca respecto a su área original, que incluye la zona declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1994. No obstante, la amenaza de la minería informal en el área de reserva avanza.

De acuerdo al sistema de información geológico y catastral minero en Perú (Geocatmin) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), hasta el 10 de junio se han registrado 531 concesiones mineras dentro del área de la reserva arqueológica. De este total, 83 fueron solicitados solo en un lapso de ocho días, entre el 2 y el 10 de junio. 

Además, según el análisis de la Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre los datos del Geocatmin al que Convoca.pe tuvo acceso, entre 2024 y 2025 hubo un incremento exponencial de los petitorios mineros dentro del perímetro original de la reserva arqueológica de Líneas de Nasca. En relación a estos años, las cifras pasaron de 108 a 241.

Mapa de las concesiones mineras en trámite realizadas por DAR con información hasta el 9 de junio de 2025 en el área de reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca. En esta nota se incluye una actualización de información sobre los pedidos mineros hasta el 10 de junio, solo ese día no se incluye en este mapa. Fuente: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en base a datos del GEOCATMIN.

“Hay que ver el territorio desde una forma integral. Una reserva arqueológica debería ser intangible. Entregar concesiones en ese territorio genera impactos acumulativos negativos hacia la reserva. Creo que esto se debe evitar desde el Estado teniendo en cuenta que es un Patrimonio Cultural de la Nación”, declaró a Convoca.pe, Gaby Rivadeneyra, Líder de proyectos de DAR.

Convoca.pe puedo corroborar accediendo a los reportes de derecho minero en la página del Geocatmin, que de la lista de personas que han solicitado concesiones mineras en el área arqueológica de Nasca en los últimos ocho días, está el caso de José Barrientos Palomino quien tiene a su nombre 16 concesiones mineras en trámite en el área de reserva y estas fueron tramitadas el mismo día: 2 de junio. El nombre de las concesiones en mención son las siguientes: Santa Lucía  2025, Coronilla 2025, Coronilla II 2025, Pacoya 2025, Chile 2025, Orión 2025, Saramarca 2025, Sol de Oro 2025 y Salaverry 2025. Además de Aguas Perdidas III 2025, Aguas Perdidas II 2025, Otoca 2025, Tito 2025, Saramarca II 2025, Mina Los Incas 2025 y Aguas Perdidas 2025.

Tres de las 16 concesiones en trámite solicitadas el mismo 2 de junio de 2025 por José Barrientos Palomino. Todas se encuentran al interior del perímetro del parque arqueológico. Fuente: Geocatmin.

En opinión de una dirigente de Nasca, quien prefirió mantener en reserva su identidad, el incremento de petitorios mineros en la reserva arqueológica es consecuencia directa de la resolución del 28 de mayo del Ministerio de Cultura que redujo el área de la reserva y dejó abierta la posibilidad a mineros informales de acceder a nuevas concesiones. Ella, quien vive en la zona, comenta que la actividad minera en la zona lleva décadas. La dirigente, junto a decenas de personas, participaron de una movilización en Nasca el último lunes 9 de junio para solicitar que las autoridades deroguen completamente la resolución del Ministerio de Cultura.

“Tiene que haber una derogatoria absoluta para empezar a trabajar como corresponde. Ahora han hecho un llamado a un comité plural pero quienes están al mando con los mismos que tomaron la decisión del recorte. No hay confianza”, señaló.

El 9 de junio, el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia; la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Rosa Novoa y el director del Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Victor Injante Tipismana, entre otros funcionarios, por los presuntos delitos de atentado contra monumentos históricos, omisión de deberes como funcionarios públicos, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. 

En las 43 páginas de la denuncia, se exige una sanción inmediata contra los funcionarios por poner en riesgo la zona arqueológica con una reducción arbitraria "sin ningún sustento técnico, ni una evaluación participativa". En la denuncia refieren que el objetivo principal de estas acciones han sido el favorecimiento ilegal de intereses mineros.