Paoyhan, el pueblo shipibo-konibo que intenta frenar la deforestación

A pesar de su intento por detener la deforestación, la Comunidad Nativa de Paoyhan ha perdido grandes extensiones de su territorio ubicado en la región Loreto. Las principales causas son la invasión de personas foráneas, que deforestan los bosques para la tala ilegal, la siembra de hoja de coca para el narcotráfico y la apertura de chacras para monocultivos. A esto se suma el desbarrancamiento de tierras, que provoca las constantes crecidas del río Ucayali.

Sus dirigentes y residentes advierten el riesgo de desaparición de esta comunidad shipibo-konibo, poseedora de más de 28 mil hectáreas de tierra, en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali. Recuerdan que, en los últimos diez años, ya han desaparecido más de diez cochas (lagunas), han perdido sembríos de plátano, yuca, maní, maíz, así como plantas medicinales. Por ello, varias familias se han visto obligadas a migrar de este pueblo, que tiene unos 2 mil habitantes.

“La mayoría de comuneros se dedicaba a la pesca, no de manera comercial a gran escala, sino como alimento diario para sus familias”, recuerda el exapu de Paoyhan y presidente del Comité de Vigilancia Territorial, Leonardo Loma Castro. Por ello, la mayor pérdida ha sido la desaparición de las cochas, donde abundaba el paiche, boquichico, lisa y otras especies. Como la principal fuente de trabajo ya no existe, los pobladores tienen que buscar otras actividades para sustentar a sus familias.

La zona agrícola, donde se sembraba el plátano, yuca, frijoles, maíz y maní, también desapareció. Los comuneros dicen que la causa es el desbarrancamiento de la tierra que provoca el río Ucayali. De diciembre a marzo es época de inundaciones, por las constantes lluvias. Como la mayor parte del territorio comunal está conformada por tierras bajas, no es conveniente sembrar allí porque se inundan cada vez que llueve. Ahora, los moradores sólo pueden cultivar estos productos en temporada seca, situación que afecta su dieta.

La comunidad de Paoyhan tiene un tanque de agua potable, pero no cuenta con servicio de desagüe. La electricidad sólo está disponible durante algunas horas por las noches, gracias a un generador que funciona con petróleo. El centro poblado tiene una posta médica y colegio de inicial, primaria, secundaria. Disponen de señal de telefonía celular pero, como sólo funciona con un panel solar, cuando llueve quedan incomunicados.

Los traficantes de tierras son considerados los principales enemigos de esta comunidad ubicada en la cuenca del río Ucayali. Cada 15 días, brigadas de pobladores y autoridades comunales, que conforman el llamado Comité de Vigilancia Territorial, salen a explorar su territorio y, de acuerdo con sus reportes, siguen encontrando invasores o huellas de su presencia: árboles talados, deforestación, quema y apertura de chacras.

Guardianes de la tierra

Para este reportaje, Convoca.pe acompañó a las autoridades y comuneros de Paoyhan a monitorear las zonas que están siendo invadidas por parceleros, ubicadas a más de cuatro horas de caminata desde el centro poblado. El recorrido de todo el territorio toma de tres a cuatro días, por lo que los brigadistas deben acampar donde les sorprenda la noche. Llevan víveres, agua y armamento ancestral, como sus flechas, y machetes para abrirse paso entre la espesura de la selva y obtener madera para armar su campamento.

Cuando encuentran a invasores, los brigadistas cuentan que les informan, “de manera pacífica y sin ningún conflicto”, que esas tierras les pertenecen. Si los intrusos reaccionaran de forma violenta, la ayuda de la Policía tardaría mucho en llegar, pues la comisaría más cercana se encuentra en el distrito de Contamana, a unas cinco horas de viaje por el río Ucayali. La sede de la Fiscalía está ubicada en Pucallpa, a más de 12 horas por vía fluvial. En la comisaría de esta ciudad, los comuneros también pueden presentar sus denuncias, aunque dicha dependencia pertenezca a la región Ucayali.

“La comunidad tiene toda la documentación en regla. Por ello, en la última asamblea se han organizado las brigadas para proteger y supervisar nuestros territorios”, dice el alcalde delegado de Paoyhan, Marcial Urquia Cairuna, mientras señala la zona deforestada por el rozo (eliminación) de los árboles semilleros.

En los territorios invadidos, hay “monte virgen”, se encuentran los mejores árboles semilleros y se conservan medicinas ancestrales, advierte el exjefe de la comunidad Neil Cairuna, quien recuerda que, durante sus últimos recorridos, encontraron una hectárea de bosque completamente deforestada, por la tala de árboles y la quema de tierra, y seis hectáreas en proceso de deforestación.

Entre las especies arrasadas en las tierras vírgenes figuran árboles semilleros de caoba, copaiba y cedro, y plantas medicinales como shihuahuaco, para la artritis y el envejecimiento; lupuna, para el uso de los chamanes y el tratamiento de diversas enfermedades; lagarto caspi, para combatir el cáncer y sanar cortes y heridas; ajos kiro, para la artritis y el reumatismo; ayahuma, para la chamanía; y chuchuguaza, para la anemia, según explica el poblador Segundo Franco Vásquez.

El exjefe de la comunidad Neil Cairuna Tutusina relata que, durante sus recorridos, hallaron árboles con la marca “Ever S.A.C-Loreto” en territorio de la comunidad de Paoyhan. Esta razón social no figura en los registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Según explica un comunero, los taladores ilegales suelen poner estas marcas para identificar la madera y a su gente, pero el nombre no existe como empresa, por lo menos, de forma legal.

Para contrarrestar la marcación ilegal de las especies madereras en territorio comunal, los comuneros están colocando placas de aluminio en los árboles que indican que estos pertenecen a Paoyhan. Con el fin de llevar un control, en la placa se pone el nombre de la comunidad, del árbol, el número. Los árboles semilleros están identificados gracias al uso de GPS en el sistema de georeferenciación, según explican los comuneros.

La Comunidad de Paoyhan es la única titular del permiso para el aprovechamiento sostenible de productos forestales con fines comerciales e industriales en tierras de propiedad privada, otorgado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena). 

Comuneros de Paoyhán han encontrado más de mil hectáreas deforestadas durante los recorridos por su territorio. Foto: James Franco/Convoca

Traficantes de terrenos

Neil Cairuna relató que sospechaban que un empresario estaba vendiendo tierras de la comunidad de Paoyhan ilegalmente. Sus sospechas fueron confirmadas cuando, en agosto de 2021, durante un recorrido de control territorial, descubrieron la tala de bosques primarios, conformados por especies forestales maderables y no maderables, en un área de 100 hectáreas. En el lugar, encontraron a Segundo Ruiz Díaz, quien aseguró haberle pagado a un ingeniero por un terreno para hacer su chacra.

Segundo Ruiz declaró a este medio  que una persona, que dijo ser representante de Luis Alberto Chávez Yumbato, le ofreció 1211 hectáreas de terreno, por 33 mil 200 soles. Ese intermediario, al que sólo conocía como Henry, lo llevó a Paoyhan para mostrarle el terreno que estaba a la venta, previo pago de un adelanto. “Esa persona tenía un mapa grande. Allí lo tienen demarcados todos los lotes, más de 200 soles”, agregó.

Tras pagar el total del monto solicitado, Ruiz relató que se mudó a su nuevo terreno, acompañado de 11 personas, con el propósito de hacer una chacra. En su primera noche, se encontró con personas que lo llevaron a la comunidad de Paoyhan para que rindiera cuentas sobre su presencia en estos territorios. El hombre se retiró de la propiedad comunal, pero se mantienen las casas con techo de calamina que construyó allí.

Por esta invasión, el 14 de septiembre de 2021, el entonces jefe de la Comunidad Nativa de Paoyhan Neil Cairuna interpuso una denuncia penal contra los que resulten responsables del presunto delito contra los bosques o formaciones boscosas, en agravio del Estado. El 13 de octubre de ese año, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali abrió una investigación preliminar y dispuso un plazo de 60 días para realizar las diligencias.

Medio año después, esta Fiscalía dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria. Aunque el Ministerio Público constató la existencia de actividades de tala y quema de árboles en una diligencia realizada el 9 de noviembre de 2021, dos meses después de presentada la denuncia de la comunidad, señaló que no pudo identificar plenamente a los responsables porque “no se encontró a nadie en el área constatada”.

Otra razón del Ministerio Público para archivar la investigación fue que el denunciante y los testigos tampoco pudieron identificar a las personas que habrían cometido tales hechos, pues el nombre de Luis Alberto Chávez Yumbato, proporcionado por Segundo Ruiz, era el de la persona que le habría vendido los terrenos y no de aquella que habría realizado las actividades del hecho denunciado.

Ante el archivo de la investigación, la Comunidad de Paoyhan interpuso un recurso de queja en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Ucayali, que lo declaró infundado y confirmó la decisión de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali de no formalizar ni continuar la investigación preparatoria.

Extracto de resolución del Ministerio Público que confirma archivo de denuncia presentada por la Comunidad de Paoyhan.

Luis Alberto Chávez Yumbato, quien supuestamente le habría vendido más de mil hectáreas de terreno de la comunidad a Segundo Ruiz, se dedica a actividades de consultoría de gestión, según el registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

Desde enero de 2022, Chávez está afiliado al partido político Fe en el Perú, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Esta organización política no logró inscribirse antes del plazo previsto para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, por lo que Chávez no pudo postular a la alcaldía distrital de Nueva Requena en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.

No es la primera vez que Luis Alberto Chávez Yumbato es investigado por el Ministerio Público. En 2020, fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Nauta, en Loreto, por depredación de flora y fauna silvestre, de acuerdo con el reporte de casos fiscales al que tuvo acceso este medio digital. El caso no pasó de la investigación preliminar.

En 2021, Chávez fue denunciado ante la Fiscalía de Ucayali, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y, en 2018, en la Fiscalía de Coronel Portillo, por falsedad genérica, falsedad ideológica, falsificación documentaria y hurto agravado. El segundo caso fue archivado. En 2017, fue imputado por estafa, pero se suspendió su juzgamiento.

Líderes amenazados

“Hay gente foránea que está viviendo en el sector para realizar tala ilegal de madera y sembrar hoja de coca”, advierte David Ruiz, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez, Fecidpam. El dirigente confirma el aumento de invasiones en el territorio de Paoyhan. 

El desbosque de la comunidad bordea las 1100 hectáreas de un total de 28 mil hectáreas, estima Ruiz. El área afectada colinda con la comunidad shipibo-konibo de Muruinia, que tuvo graves problemas por una concesión forestal otorgada a una empresa privada por el Gobierno Regional de Loreto.

Por denunciar las invasiones en Paoyhan y la concesión forestal en Muruinia, David Ruiz fue amenazado en tres oportunidades. El defensor ambiental sospecha que las amenazas son promovidas por madereros ilegales y gente involucrada con el narcotráfico y las invasiones territoriales que, “muchas veces, son promovidas por grandes industrias”.

“Hemos presentado solicitud de garantías personales, pero no tenemos visita de los policías. Las garantías del Estado peruano no han servido de mucho. Estamos viendo la posibilidad de crear sistemas de autoprotección para las comunidades nativas, porque el Estado no funciona, para nosotros”, dice el dirigente.

Recorrer las 28 mil hectárea del territorio de la Comunidad de Paoyhan le toma varios días a los integrantes del Comité de Vigilancia Territorial. Foto: James Franco/Convoca

Paoyhan es una de tantas comunidades amazónicas que tiene sus territorios amenazados por la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, advierte Iván Brehaut, periodista especializado en temas ambientales y miembro de la Asociación Propurús.

Con el cambio de los gobiernos regionales, Brehau señala que las comunidades nativas esperan que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre actúen y tengan los recursos para hacer que se cumpla la ley.

A pesar de estos problemas, los moradores y líderes indígenas de Paoyhan no desisten de la defensa de la Amazonía y luchan porque se respeten sus derechos. Ante la inacción del Estado, están organizándose para reforzar sus sistemas de autoprotección de los bosques y la biodiversidad sin más armas que su palabra.

CRÉDITOS

Investigación: James Franco (Convoca-InvestigaTour Amazonía)
Edición: Elena Miranda (Convoca)
Portada: Luis Pacheco (Convoca)

Esta investigación fue realizada por Convoca, como parte del programa lnvestigaTour Amazonía, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).