Indígenas kukama, sin derecho al agua

Con ayuda de una motobomba, Carlos Vela extrae agua del río Marañón y la almacena en bidones. En su pequeño triciclo, transporta la valiosa mercancía que vende, casa por casa, en la comunidad indígena de Santa Rita de Castilla, en la Amazonía peruana. Está ubicada en Loreto, la región más extensa del Perú y con más de dos docenas de ríos, donde casi medio millón de habitantes no tiene acceso al agua potable.

En este país, más de tres millones de personas no acceden al agua potable. Entre las 25 regiones peruanas, Loreto lidera la lista de afectados, con casi la mitad de su población no conectada a la red pública y que se abastece de este recurso por otros medios, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el distrito de Parinari, al que pertenece la comunidad de Santa Rita de Castilla, hay más de 1300 viviendas, pero únicamente 14 están conectadas a la red de agua potable, es decir, apenas el 1.1% de los hogares.

Loreto padece otro problema más: la contaminación de los ríos por la actividad petrolera. Desde hace casi 50 años, dos lotes petroleros operan en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y Chambira, donde viven 98 comunidades indígenas. Los continuos derrames de petróleo en los suelos y ríos de esta región no sólo han afectado las fuentes de agua de la población, sino también su alimento, pues ya no pueden extraer peces.

Edgar Cahuanchi, uno de los habitantes de esa comunidad, se queja porque debe pagar hasta 10 soles (2.5 dólares) por un bidón de agua no tratada, proveniente de un río contaminado con metales tóxicos e hidrocarburos, que lo expone a contraer enfermedades. Aunque viva en una población en extrema pobreza, donde el gasto mensual por persona es menor de 50 dólares, este hombre originario de la etnia kukama kukamiria y 300 familias vecinas no tienen otra forma de acceder a este recurso para beber, cocinar y asearse. 

Derrames de petróleo

La vida de los pueblos indígenas gira en torno al agua y la tierra. Durante siglos, el pueblo kukama ha mantenido una fuerte relación espiritual con el río Marañón, porque además de agradecerle que le brinde agua y alimento, considera que guarda la memoria de sus antepasados, a través de los espíritus que habitan en sus profundidades. 

Sin embargo, desde hace algunas décadas, los kukama y otros grupos étnicos de la Amazonía sufren ante la imposibilidad de seguir disfrutando de esta fuente de vida y de acceder a un derecho fundamental, como es el servicio de agua potable y saneamiento.

El transporte también depende del río. Para llegar a la comunidad de Santa Rita de Castilla, desde la ciudad de Iquitos –capital de Loreto–, hay que viajar por carretera hasta la provincia de Nauta durante un par de horas. Luego se debe abordar una embarcación que surca las aguas del Marañón, durante unas cuatro horas y media más. 

A pesar de la abundancia de corrientes de agua, desde hace décadas, los kukama y otros grupos étnicos de la Amazonía sufren ante la imposibilidad de seguir disfrutando de esta fuente de vida y de acceder a un derecho fundamental, como es el servicio de agua potable y saneamiento.

Entre 2014 y 2018, el distrito de Parinari fue declarado en emergencia sanitaria, por “peligro inminente de afectación a la salud de la población ante enfermedades de transmisión hídrica”. Los decretos supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros se basaban en el hallazgo de metales pesados, como hierro, manganeso, aluminio, plomo, coliformes totales, coliformes fecales e hidrocarburos totales de petróleo (TPH), por encima de los límites máximos permisibles en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano en las aguas del río Marañón, según informes del Ministerio de Salud.

El 16 de septiembre último se reportó un nuevo derrame de petróleo en la comunidad de Cuninico, en el distrito de Urarinas, en Loreto, cuando 2500 barriles de crudo brotaron del Oleoducto Norperuano, a cargo de la empresa estatal Petroperú. El combustible llegó al río Marañón, afectando a más de una docena de comunidades de Urarinas y a otras 29 en el distrito de Parinari, incluyendo Santa Rita de Castilla, según el reporte que el Instituto Nacional de Defensa Civil emitió el 7 de noviembre de 2022. 

El último derrame de petróleo en la quebrada Cuninico, reportado el 16 de septiembre de 2022, afectó a Santa Rita de Castilla y otras comunidades nativas. / Foto: Líder indígena de la comunidad kukama San Francisco, Julio Arirúa.

“No deberíamos usar esa agua para bañarnos, menos para tomar”, advierte Rey Arica, presidente de la comunidad de Santa Rita de Castilla. Recuerda que, en protesta por la mala calidad del agua, en 2016, los habitantes de esta y otras comunidades nativas afectadas por los derrames de petróleo, hicieron marchas y paralizaciones. Por ello, los dirigentes se reunieron con las autoridades del gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski y firmaron el Acta de Saramurillo, que oficializaba el compromiso del Estado de ejecutar proyectos de agua potable en estas localidades. 

Luis Fernández, párroco de la iglesia católica de la comunidad recuerda que, gracias a esta lucha y al compromiso del Gobierno en el Acta de Saramurillo, en Santa Rita de Castilla se  construyó un sistema de agua potable y saneamiento. Sin embargo, la obra sólo funcionó el día en que se inauguró.

¿Qué ocurrió con esta planta potabilizadora de agua construida entre 2017 y 2018, que tuvo una inversión de más de 7 millones de soles (casi 2 millones de dólares) del Estado peruano?

Un proyecto poco transparente

“Prendieron la planta, primero, para hacer la prueba, y el agua apenas llegó a unas cuantas viviendas. Luego, nunca más funcionó”, dicen al mismo tiempo el presidente comunal Rey Arica y Dante Torres, uno de los moradores, al recordar aquel día de noviembre de 2018.

“Ahí quedó toda nuestra ilusión”, se lamentan los habitantes. Ni la Municipalidad de Parinari –a la que pertenece la comunidad–, en ese momento dirigida por el alcalde Víctor Manuel García Acosta, ni la empresa contratista Consorcio Santa Rita, ni la empresa supervisora Consorcio Supervisor Santa Rita, responsables de la obra, dieron una explicación del por qué la planta sólo operó entre media hora y una hora, el día de su inauguración.

El plan para construir una planta de potabilización del agua y un sistema para su distribución a las viviendas, además de baños para las casas, fue aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en 2016. La ejecución quedó a cargo de la Municipalidad Distrital de Parinari, representada en ese entonces por Víctor García.

En 2017, el alcalde del distrito de Parinari, Víctor García, firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda para llevar agua a Santa Rita de Castilla. Hoy es investigado por una obra que sólo funcionó una hora. Créditos: Diario La Región/Captura de Twitter

El expediente técnico de la obra fue aprobado por el municipio en agosto de 2017 y debía ejecutarse en 150 días. Desde inicios de 2018, las familias de Santa Rita de Castilla debían tener agua tratada en sus hogares. Pero, “todo fue un engaño”, protesta Edgar Cahuanchi, que vive en esta comunidad desde hace más de 20 años.

A mediados de 2017, un día, “simplemente llegó la empresa” y comenzó a construir la planta potabilizadora de agua. Los pobladores de Santa Rita y el actual presidente comunal recuerdan que no les consultaron ni les informaron acerca de la obra. En la documentación revisada para esta investigación periodística no hay nada sobre una consulta previa o reuniones con la población antes de la ejecución del proyecto.

“No nos dieron el expediente, no hubo asambleas para discutir los detalles, para que también opinemos qué queríamos o para establecer un acuerdo sobre el pago a los vecinos que iban a trabajar”, asegura Rey Arica.

Los pobladores afirman que la empresa contratista de la obra explotó a los comuneros que trabajaron como peones, pues sólo les pagó 40 soles diarios (10 dólares). “Este proyecto también debía beneficiarnos dando trabajo y, por el contrario, pagaron muy poco”, asegura Dante Torres. Su vecino Edgar Cahuanchi dice: “Yo trabajé en la obra y reclamaba, pero no me hacían caso”.

La historia del elefante blanco

Entre enero de 2019 y diciembre de 2022, Segundo Domínguez fue alcalde de Parinari. La nueva gestión municipal encontró la planta de agua inoperativa en la comunidad de Santa Rita de Castilla y un serio problema económico, según los informes a los que este medio tuvo acceso.

La empresa Consorcio Santa Rita solicitó a la nueva gestión edil la cancelación de más de 118 mil soles (30 mil dólares), que estaban pendientes del pago total de la liquidación, que ascendía a 7 millones 297 mil 962 soles (más de 1 millón 800 mil dólares). 

En 2019, el municipio inspeccionó la obra y encontró más de una irregularidad: “No cumple con las medidas indicadas en el plano de la obra, debiendo ser la altura de 32.5 metros, incluyendo el tanque de reservorio, llegando a la altura final, sólo fue construido 21.0 metros”, “no tiene pozo a tierra”, “está con desperfectos” y “en el reservorio de agua las abrazaderas no coinciden con los planos” fueron algunas de las conclusiones del entonces gerente de Obras Luis Pezo Ríos, que figuran en el informe técnico “Observaciones a la obra de instalación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la comunidad de Santa Rita de Castilla”.

La empresa constructora respondió al informe del municipio señalando que los cambios en la ejecución de la obra buscaban “mejorarla”. Víctor Chinchay Barragán, representante legal del Consorcio Santa Rita, quien es investigado por la Fiscalía debido a supuesta corrupción en la ejecución de esta obra, explicó a Convoca.pe y CONNECTAS que todo cambio en la planta de agua, en comparación con el expediente técnico, se realizó con intención de “ejecutar una obra de calidad”. 

La versión de Chinchay es similar a la que figura en la carta con la cual su empresa respondió a las observaciones señaladas por la municipalidad. En ella recalca que, “en la recepción de obra, todo estaba en su sitio” y que “incluso, se hizo pruebas”. También aseguró que el expediente técnico original tiene serios errores. Este descargo fue refutado por la municipalidad y la Contraloría General de la República, órgano de control estatal que encontró más de una incongruencia y presunta irregularidad en la construcción de la planta.

La Municipalidad de Parinari inició un proceso de control de la obra y pidió al banco BanBif que ejecute la carta fianza, un documento con valor financiero que se solicita a las empresas como garantía de que cumplirán su contrato y que queda resguardado por una entidad financiera. Alegó que la obra no había sido realizada correctamente y que la garantía financiera permitiría subsanar los problemas. Sin embargo, la carta fianza ya había sido devuelta a la constructora por la anterior gestión edil y no se pudo cobrar el dinero.

El Consorcio Santa Rita siguió insistiendo, a través de cartas notariales dirigidas a la Municipalidad de Parinari y al Ministerio de Vivienda, para que le pagaran el monto restante de la liquidación de obra. Además, acusó al municipio de no dar mantenimiento –ni uso– a la planta de agua potable, lo cual constituía “una acción irresponsable” que iba a “causar deterioro al sistema de agua”.

En contraste con lo expuesto por el Consorcio Santa Rita, la Municipalidad de Parinari aseguró para esta investigación periodística que sí da mantenimiento a la planta. En una visita a la comunidad, sólo pudimos constatar que la zona se mantiene libre de maleza. La infraestructura está compuesta por un tanque elevado de cemento color celeste, de varios pisos de altura, una pequeña caseta y una vereda rodeada por una malla metálica, cerrada con un candado oxidado por la falta de uso.

Planta de agua le costó casi dos millones de dólares al Estado peruano, pero no cumplió con el objetivo de brindar este servicio a unas 300 familias de Santa Rita de Castilla. Foto: Angela Rodríguez

Paralelamente a la construcción de la planta, la municipalidad contrató a una empresa supervisora para garantizar que la constructora cumpliese lo establecido en el expediente técnico. Se trató del Consorcio Supervisor Santa Rita de Castilla, conformado por los ingenieros Juan Ocaña Aponte y Roger Ipanaque Sernaque. Esta firma recibió más de 388 mil soles (cerca de 100 mil dólares) por esta labor. 

Ambos profesionales suelen trabajar con el Estado en la ejecución y supervisión de obras de saneamiento. En los últimos años, Ocaña ha obtenido contratos por más de 51 millones 100 mil soles (13 millones de dólares) en todo el país, mientras que Ipanaque ha firmado contratos en localidades de Loreto, por más de 7 millones de soles (1.7 millones de dólares). 

Ocaña es investigado en la Fiscalía por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado. Ipanaque no fue incluido en las pesquisas. Buscamos a los dos ingenieros para conocer sus versiones sobre lo ocurrido con la planta potabilizadora, pero ninguno contestó nuestras comunicaciones. 

Sin agua y sin justicia

En julio de 2019, la Municipalidad de Parinari denunció penalmente, ante la Fiscalía Anticorrupción de Maynas, a Carlomagno Sosa, ex gerente de obras  de Parinari; a Luis Pinedo, miembro del Comité de Recepción de la Obra; al exalcalde Víctor García; a Alberto Casas, asistente residente de la obra; a Victor Chinchay Barragán, representante legal del Consorcio Santa Rita, y a Juan Ocaña Aponte, representante legal de la empresa supervisora de la obra Consorcio Supervisor Santa Rita.

“Se han valido de un congresista para hacer una denuncia diciendo que la planta no funcionaba y estaba mal hecha”, explicó para esta investigación periodística Víctor Chinchay. Afirmó que se trata de una rencilla política que le ha perjudicado, pues la municipalidad le adeuda al Consorcio Santa Rita el saldo de liquidación de la obra. Además, se quejó por tener que lidiar con una denuncia e investigación fiscal.

Tres meses después de que el municipio de Parinari presentara la denuncia, en noviembre de 2019, la Fiscalía inició una investigación a los acusados por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado peruano, que conllevan una pena privativa de la libertad de hasta seis años en Perú.

Primera página de denuncia penal presentada por la Municipalidad de Parinari contra responsables de construcción de planta de tratamiento de agua en Santa Rita de Castilla. 

La Controlaría General de la República encontró más irregularidades que las halladas por la nueva gestión municipal. En 2020, emitió un informe de control, que determina responsabilidades civiles, penales y administrativas de Carlomagno Sosa –gerente de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Parinari durante la ejecución del proyecto– y responsabilidad civil de Luis Pinedo Dávila, quien recibió la planta a pesar de las diferencias con el diseño del expediente técnico.

Durante la construcción de la planta, hubo cambios a lo aprobado en el expediente técnico que no contaban con el sustento correspondiente y se ampliaron los plazos por fuera de la normativa, de acuerdo con el informe de la Contraloría. Las modificaciones fueron aprobadas por Sosa y respaldadas por el alcalde Víctor García. Por ello, la obra fue concluida en octubre de 2018, varios meses más tarde de lo establecido en el contrato de adjudicación.

“Sospechosamente, en el informe de la Contraloría no mencionan como responsable al exalcalde Víctor Manuel García Acosta”, cuestionó un funcionario edil, cuyo nombre no se menciona en esta investigación periodística por su pedido de confidencialidad.

Intentamos contactar al exalcalde García, pero ya no vive en la comunidad de Santa Rita de Castilla, en donde aseguran que no saben de su paradero. Tampoco pudimos comunicarnos con Sosa, Pinedo y Ocaña.

Desde la construcción de la planta de tratamiento de agua han pasado dos gestiones municipales en el distrito de Parinari. Segundo Domínguez, cuyo gobierno denunció a exfuncionarios y empresas a cargo de la obra, dejó la  alcaldía en diciembre de 2022. Luis Marín Irarica es el nuevo alcalde a partir de enero de este año. 

Convoca.pe y CONNECTAS se comunicaron con la fiscal Rosa Peláez, quien ve el caso, y buscaron al Ministerio Público, pero no hubo respuesta a los pedidos de entrevista. Han pasado 38 meses desde el inicio de la investigación fiscal por corrupción, la cual aún continúa.

Desde hace más de cuatro años, permanece cerrada la planta de tratamiento de agua de Santa Rita de Castilla, que sólo funcionó una hora. Foto: Angela Rodríguez

El costo de la corrupción

En Santa Rita de Castilla, por cerca de dos años, el Estado invirtió millones de soles para construir esta planta que trataría el agua y la distribuiría a las viviendas. Sin embargo, hoy, las familias en situación de extrema pobreza pagan por agua no segura y sin tratamiento hasta seis veces más que las personas cuyas casas están conectadas a la red pública, según cálculos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

El pueblo kukama también recolecta agua de lluvia de los techos de sus viviendas, pero, muchas veces, está contaminada por roedores, bacterias y parásitos. Semanalmente, el Centro de Salud de Santa Rita de Castilla entrega cloro a los vecinos, “para que tomen agua clorada, mas no tratada”, explica Marisa Chujutalli, bióloga de dicha institución.

Aunque la planta de tratamiento de agua instalada en Santa Rita de Castilla no sirve, la comunidad no puede pedir una nueva porque, para el Estado peruano, ya se cumplió con destinar 7 millones 686 mil 096,15 soles (1 millón 926 mil 339 dólares) por la ejecución y supervisión de la obra.

Hacer clic en cada región del mapa para detalles de la cobertura de agua

“No puede haber ciudades, pueblos o comunidades sin agua. Si el problema persiste, declararemos estado de emergencia”, afirmó el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, poco antes de ser removido del cargo. En medio de una crisis política, la nueva presidenta Dina Boluarte anunció la disposición de su gobierno para atender la problemática de acceso al agua potable en todo el país. Sin embargo, su gobierno aún no ha tomado acciones concretas. 

Para los pobladores de Santa Rita de Castilla, las declaraciones de estas autoridades pueden haber sido una luz de esperanza o la confirmación de que todo seguirá igual en esta comunidad ubicada a orillas del Marañón, un afluente del Amazonas, el río más caudaloso del mundo.

“Indígenas kuakama, sin derecho al agua” es una investigación de:

CRÉDITOS

Investigación: Angela Rodríguez (Convoca-InvestigaTour Amazonía)
Edición: Elena Miranda (Convoca)
Ilustración: Manuel Gómez (Convoca)

Acompañamiento editorial
Equipo CONNECTAS

Esta investigación fue realizada por Convoca en alianza con CONNECTAS, como parte del programa lnvestigaTour Amazonía y de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.