Pandora Papers: nueva filtración de 86 mil documentos revela operaciones offshore de personajes influyentes de Latinoamérica

La firma legal internacional Arias, Fábrega y Fábrega, más conocida por sus siglas Arifa, tiene más de 100 años codeándose con la crema y nata de la clase política de Panamá. Mientras que su ejército de abogados ha contribuido a moldear la práctica jurídica de ese paraíso fiscal, esta proveedora de servicios offshore también ha ayudado a administrar los patrimonios secretos de clientes muy cuestionados.

Una nueva filtración que forma parte de la investigación global de los Pandora Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), echa luces sobre las discretas operaciones en las que participó este bufete desde el secretismo financiero. Son más de 86 mil documentos de Arifa a los que el ICIJ y sus periodistas aliados tuvieron acceso. Incluyen contratos, acuerdos financieros y opiniones legales, la mayoría creados entre 1990 y 2013.

También se ha tenido acceso a información relevante, si bien en menor cantidad, del bufete Amicorp, con sede principal en Hong Kong y con presencia en más de 30 países del mundo.

De esta manera, el acervo documentario de los Pandora Papers, que inicialmente contaba con datos sobre 14 firmas proveedoras de servicios offshore, ahora tiene 16 fuentes distintas de información.

Arifa tiene un imponente edificio al sur de la ciudad de Panamá. Foto: Compreoalquile.

Respecto a la nueva filtración, hasta el momento son dos los casos de interés público que han despertado mayor interés en América Latina. Uno es el de las operaciones offshore del traficante de armas chileno Carlos Cardoen, que hizo una fortuna vendiendo armamento a las dictaduras de Augusto Pinochet y de Saddam Hussein, y otro es el del patrimonio desconocido del empresario argentino Nicolás Caputo, el mejor amigo del expresidente de Argentina Mauricio Macri que incurrió en importantes omisiones en sus declaraciones tributarias ante las autoridades.

El sur de América

Los negocios offshore de Carlos Cardoen con Arifa se remontan a 1985, cuando ya era un conocido mercader de armas en el mercado internacional. A pesar de que desde 1993 pesa una orden de captura de Interpol contra él, Arifa no pensó en retirarlo de su portafolio de clientes hasta 2006. Sin embargo, ese año, luego de algunas deliberaciones y dudas, finalmente decidió mantener la relación comercial con él, según la última investigación realizada por Ciper y LaBot.

En los años 80, las autoridades estadounidenses ya habían puesto la mira sobre Cardoen luego de que detectaran que este empresario compraba circonio para fabricar bombas de racimo (cluster-bombs) que vendería al gobierno de Saddam Hussein, en Iraq, que en ese momento enfrentaba una guerra contra Irán.

Entre las entidades offshore que Cardoen manejó con Arifa estuvieron Farket Trading Corp y Fundación Colchagua, domiciliadas en Panamá. Esta última fundación, además, tenía como beneficiarias a tres compañías de papel, dos de ellas también manejadas a través de Arifa: Totorillas Corp y Pantanillo Corp.

El empresario chileno vendió bombas de racimo al gobierno del iraquí Saddam Hussein.

La relación comercial entre Arifa y el vendedor de armas finalmente se acabó en 2010. Desde entonces, Cardoen tomó los servicios de otro abogado, el chileno Rogelio Candanedo. En tanto, los problemas legales de Cardoen han seguido muy activos. De hecho, en 2019, la Corte Suprema de Chile rechazó un pedido de extradición de los Estados Unidos.

Por otro lado, el empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo del expresidente argentino Mauricio Macri, también puso parte de su fortuna personal en compañías desconocidas que mantenían en secreto su identidad como verdadero dueño. La investigación seguida por La Nación, elDiarioAr e Infobae indica que para ello se valió de la ayuda de otro bufete de abogados: el hongkonense Amicorp.

Como parte de un programa de sinceramiento y repatriación de fondos en 2016, durante el gobierno de Macri, Caputo declaró a la administración tributaria argentina (AFIP) tener una compleja estructura corporativa que incluía algunas ramas en el mundo offshore. En esta declaración, por ejemplo, consignó la existencia de The Newman Trust, un fideicomiso creada en 2015 en las Islas Caimán, aunque solo le puso un valor de 1 peso argentino.

Caputo y Macri son amigos íntimos desde su época escolar.

Sin embargo, la documentación revisada por los periodistas argentinos revela que esta entidad controló a la offshore Newman Limited, la que a su vez abrió una cuenta en el banco suizo Julius Baer.

Asimismo, en 2009, Caputo se convirtió en el beneficiario final de la compañía panameña Nicky Worldwide Corp, que tiene la propiedad de una casa en Florida, en Estados Unidos. Esta sociedad fue declarada desde ese mismo año ante la AFIP. En 2019, pasó a manos de su hermano Antonio Caputo.

Antecedentes

Como se recuerda, en la primera etapa del proyecto global Pandora Papers, Convoca.pe reveló la participación de distintos bufetes offshore en las operaciones de personajes peruanos de alto perfil, como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los cómplices de Vladimiro Montesinos, Raúl Diez Canseco, la familia de Eudocio Martínez 'Olluquito', Gustavo Salazar y una parte importante del elenco del caso Lava Jato.

En esa ocasión, las fuentes de información para los casos peruanos provinieron sobre todo de los bufetes Alcogal, Trident Trust y OMC Group. Y resaltó particularmente el mencionado estudio Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee) por la cantidad de documentos almacenados (2,1 millones) y porque resultó ser uno de los favoritos de los políticos y empresarios del Perú.

Dicho bufete, de hecho, fue el que creó las sociedades offshore para que los clientes de la Banca Privada d’Andorra que recibirían las coimas de Odebrecht pudieran manejarlas como "apoderados" y abrir cuentas cifradas en dicha institución financiera, como lo reveló este medio de comunicación.

Alcogal también tiene su sede central en la Ciudad de Panamá. Foto: Tania Ramírez/El País.

Entre estos clientes se encontraban los exfuncionarios Edwin Luyo, Janette Huerta Minaya, Santiago Chau Navarro y Miguel Ángel Navarro Portugal —vinculados al caso Metro de Lima—, Rómulo y Jorge Peñaranda —investigados por su participación en la Interoceánica Sur—, Horacio Canepa y Mario Castillo Freyre —sindicados en el escándalo de los arbitrajes de Odebrecht— y el extrabajador edil Gabriel Prado —implicado en el caso Susana Villarán—.