Lava Jato: Compañías supervisoras ganan cientos de millones de dólares mientras las investigan por corrupción

Para ganar miles de millones de dólares en el Perú, las grandes constructoras brasileñas de Lava Jato aprovecharon dos circunstancias sobre el terreno: funcionarios corruptos y la desidia de algunas compañías supervisoras que debían fiscalizarlas. Así lo hizo Odebrecht, por ejemplo, durante la construcción de la carretera Chacas - San Luis, en Áncash. No solo coimeó al entonces gobernador César Álvarez para conseguir la adjudicación de la obra, sino que además cobró de los fondos del Callejón de Huaylas más de 155 millones de soles por encima del precio inicial del contrato.

¿Cómo fue posible ese incremento de dinero? Con la anuencia del supervisor Consorcio Huaylas, liderado por Motlima Consultores. ¿Qué pasó con Motlima? El jefe de supervisión, que escribió 12 cartas con “opiniones favorables” para incrementar los cobros de Odebrecht por al menos 16,8 millones de soles, fue condenado en 2020 a cuatro años de prisión suspendida por colusión. La representante legal fue absuelta. Ese fue un mal año para las contrataciones públicas de Motlima, ya que solo firmó un contrato en consorcio por un valor de 2,4 millones de soles con el Ministerio de Transportes. Pero pronto se recuperó. En 2021 ganó, en la misma modalidad colectiva, un nuevo contrato más jugoso por 14,5 millones de soles. Y en 2022, otros seis por 22,5 millones de soles.

Motlima no es la única supervisora cuyos operadores son o han sido investigados por el Ministerio Público y que sigue ganando millones en licitaciones con el Estado.

Convoca.pe construyó y analizó una base de datos con todas las contrataciones de las compañías que supervisaron las obras de las principales constructoras brasileñas implicadas en casos de corrupción en el Perú: Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y OAS. En total fueron 1.781 contratos desde 2005, almacenados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), que hasta el cierre de 2022 sumaron un monto total de 7 mil 722 millones de soles.

De las 33 compañías que conforman el análisis, al menos 16 figuran o han figurado en carpetas de investigación fiscal. Y, de estas, 13 han seguido ganando contratos con entidades públicas desde 2017, año en que se inició la primera investigación emblemática contra una supervisora peruana envuelta en el escándalo de Lava Jato: Alpha Consult.

Desde entonces, de 2017 al 2022, los contratos que llevan la firma de estas supervisoras investigadas, o de los consorcios de los que han formado parte, suman 2 mil 72 millones de soles.

¿Qué hacen las compañías supervisoras? Marco Montoya, abogado especialista en contrataciones y obras públicas, explica que el Estado las contrata para realizar los expedientes técnicos de las obras (donde constan los documentos con el diseño inicial de cómo debe hacerse cada proyecto de infraestructura) o para dar seguimiento y fiscalizar la posterior ejecución del proyecto, de acuerdo con el expediente técnico y el contrato.

En un mismo proyecto, las compañías que hacen los expedientes pueden o no ser las mismas que aquellas que supervisan la construcción, pero nunca pueden ser las ejecutoras. Y aunque deben ser “los ojos” del Estado, en ocasiones esta figura de protección se ha pervertido para defraudar a la misma entidad pública que les paga por el servicio.

¿Qué irregularidades se pueden presentar en este sistema? “Puede haber una que es la ‘captura’ del supervisor”, explica Montoya. “La entidad normalmente no tiene los profesionales correctos para revisar la ejecución de la obra, sino que se basa en lo que dice el supervisor. Entonces lo que ocurre es que entre la ejecutora de la obra y la supervisora puede haber un contubernio”, advierte.

El especialista propone como ejemplo el caso de una empresa constructora que debe realizar una pista con 10 centímetros de capa asfáltica, pero solo la hace de siete centímetros. Si la supervisora finge no saberlo o no hace las pruebas correspondientes para determinarlo, y da su visto bueno, el Estado pagará como si la pista tuviera 10 centímetros de capa a pesar de que la realidad es distinta.

Además, como se sabe, todas las solicitudes que haga la constructora para ampliar los plazos o para hacer prestaciones adicionales no previstas, que generan sobrecostos, o para solicitar la liquidación de pagos, deben pasar antes por la opinión favorable de la compañía que está a cargo de la supervisión. Luego de ese filtro técnico, la entidad pública decide sobre su viabilidad.

Montoya advierte que otro problema que surge es que a veces, en los contratos de supervisión, las entidades públicas no colocan condiciones para controlar a las supervisoras, como penalidades, por ejemplo. “Un buen supervisor alerta a la entidad de que la obra se está retrasando, de las cosas que el contratista está haciendo mal. No solamente es controlar la ejecución, sino alertar también las demoras”, añade.

Negocio millonario

La supervisora que ha tenido la mayor fortuna para ganar contratos públicos es, de lejos, Acruta & Tapia. En total ha firmado, ya sea de manera individual o como miembro de consorcios, 202 acuerdos con instituciones del Estado desde 2005. Estas contrataciones acumulan la gruesa cifra de S/ 1 mil 038 millones.

Acruta & Tapia no está libre de cuestionamientos y sospechas. En 2013 formó el Consorcio AGM, junto con la española GOC SA y la ya mencionada Motlima, para supervisar la construcción de la vía Costa Verde Callao, por la que Odebrecht pagó un soborno de más de US$ 2 millones al exgobernador chalaco Félix Moreno. La fiscal Geovana Mori, que lleva el caso, imputa al jefe de supervisión de esta asociación empresarial haber avalado “sin sustento” las propuestas de Odebrecht para ejecutar conceptos adicionales al presupuesto original, algo que incrementó los costos del proyecto.

Pero no solo el supervisor del consorcio figura en el expediente. También la propia Acruta & Tapia, como empresa, fue incorporada el 20 de octubre de 2018 como "tercero civil responsable", a solicitud de la Procuraduría ad hoc Lava Jato. Es decir, deberá pagar una reparación civil si el Poder Judicial decide fallar con una condena.

Pero hasta ahora nada la ha detenido, a pesar de que en 2019 se le embargaron ocho bienes inmuebles y tres muebles para asegurar el cobro de la eventual indemnización. Desde 2017, ha participado en 55 contratos y aceptado otras cinco órdenes de servicios por un total de S/ 512 millones 425 mil.

Sus consorciadas en el proyecto Costa Verde, Motlima y GOC, tuvieron el mismo destino y se les incorporó como responsables civiles. La primera participó, en el mismo período, en 16 contratos por un valor de S/ 96 millones 912 mil. Por su parte, GOC figuró en siete por S/ 51 millones 832 mil, aunque no hizo negocios con el Estado en 2020, 2021 y 2022.

La responsable de licitaciones de Motlima, Shirley Bujaico, aseguró a Convoca que ninguno de sus representantes, funcionarios o empleados se encontraba acusado de cometer algún acto ilícito en este caso. Explicó que su compañía solo "se limitó a aportar su experiencia para el concurso público y contribuir con la evaluación del expediente técnico y la planificación inicial del servicio". "La ejecución de la supervisión estuvo a cargo de la empresa Acaruta & Tapia, quien aportó el personal y llevó a cabo el servicio, incluidas las comunicaciones con la entidad contratante", agregó.

"El Ministerio Público en este caso sostiene que el jefe de supervisión habría incumplido sus responsabilidades, con la entidad y con la empresa que lo contrató, y habría dado opinión técnica favorable a dos adicionales sin el sustento suficiente, para lo cual no necesitaba la participación de la empresa", señaló la vocera de Motlima.

Acruta & Tapia además participó en el consorcio que supervisó los trabajos de construcción de la Vía de Evitamiento del Cusco, desarrollada por la misma Odebrecht. La brasileña sobornó en 2013 con al menos 1 millón 250 mil dólares a Jorge Acurio, exgobernador de ese departamento, para conseguir la adjudicación de la obra. El proyecto terminó con un sobreprecio de 113 millones de soles.

Otra afortunada es JNR Consultores, la segunda en el ranking de montos totales contratados, cuyas contrataciones publicadas por el Osce iniciaron en 2007 y desde entonces ha intervenido en 72 contratos por un valor total de S/ 754 millones 750 mil. Alcanzó su pico máximo de contrataciones en 2016, cuando figuró en siete valorizados en 477 millones de soles. Entre 2017 y 2020 participó en la firma de otros acuerdos por S/ 116 millones. Sin embargo, no volvió a participar en ninguno más en 2021, 2022 ni en lo que va de 2023.

Esta supervisora también ha sido incorporada como “tercero civil responsable” en un proceso penal por corrupción que implica a Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, por la adjudicación y ejecución de la obra de mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta, también en el Callao. La investigación incluye a otra supervisora que se asoció con JNR: la chilena R & Q Igeniería.

Un caso interesante es el de Hob Consultores, la tercera supervisora en la lista de mayores montos, que viene siendo investigada por el Equipo Especial por su participación en el caso “El dedo de Dios” junto a su socia CPS de Ingeniería. Durante la construcción del Tramo 4 de la Interoceánica Sur, a cargo de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, el ingeniero supervisor Jorge Valdivia Paredes avaló los requerimientos de las brasileñas para la voladura de un cerro con una falsa altura de 202 metros, ya que en realidad era de 124 metros.

El Estado pagó por un volumen de voladura mucho mayor que el estimado real.

Después de que se denunciaran estos hechos en 2017, único año en que Hob Consultores no registró negocios con el Estado, las contrataciones de esta supervisora se incrementaron de manera notoria. Entre 2018 y 2022, tomó parte en contratos por 362 millones 850 mil soles, lo que representa el 56% de todas sus contrataciones estatales en los últimos 17 años.

Cumbra Ingeniería, antes llamada GMI SA, es otro caso. Si bien de manera formal no figura como investigada, es parte del Grupo Aenza (antes Graña y Montero), cuyo acuerdo de colaboración eficaz, por el cual deberá pagar S/ 480 millones de reparación al Estado, fue aprobado ayer por el Poder Judicial. Supervisó, junto con OIST y Motlima, la carretera Tingo María - Pucallpa Tramo 3, cuyas obras estuvieron a cargo del Consorcio Neshuya (Andrade Gutiérrez, Translei y la ecuatoriana Casa).

Desde 2005, participó en contratos por 643 millones 595 mil soles y en los últimos seis años, por S/ 75 millones 534 mil.

El escándalo

Hasta 2016, el conocimiento sobre el sistema de corrupción que empleaban las constructoras brasileñas en el Perú era escaso para el público peruano y las pocas noticias internacionales —como la Operación Castillo de Arena en 2009 o la detención de Marcelo Odebrecht en Sao Paulo en 2015— no generaron ningún impacto en el comportamiento de las supervisoras.

El negocio era boyante entonces: las 16 supervisoras que ahora son investigadas por el caso Lava Jato local experimentaron un crecimiento sostenido en sus montos contratados con el Estado hasta 2016. Ese año la suma de los contratos en los que cada una participó, ya sean de manera individual o en consorcio, alcanzó un pico histórico de S/ 827 millones 812 mil que no volvió a repetirse. No obstante, al año siguiente, 2017, el valor de las contrataciones públicas de las supervisoras investigadas se desplomó en un 58,3%, hasta los S/ 345 millones 360 mil.

Este colapso sí coincidió con la “internacionalización” del caso Lava Jato, cuando Odebrecht, el 21 de diciembre de 2016, aceptó haber pagado sobornos en varios países de Latinoamérica ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido el Perú.

Después de ello, las cifras han ido zigzaguenado en tendencia descendente a medida que avanzaron las investigaciones. En los primeros siete meses de 2023, por ejemplo, participaron en la firma de contratos por 54 millones de soles, un número que se proyecta a terminar muy por debajo de los años anteriores.

Lo cierto es que con el escándalo regional de corrupción, algunas supervisoras han visto sus finanzas afectadas por retenciones y embargos solicitados por la Procuraduría ad hoc, pero eso no ha hecho que abandonen del todo las contrataciones públicas.

Este medio pudo conocer que, de las al menos 16 supervisoras que figuran en las carpetas del Ministerio Público peruano, doce han sido incorporadas como “terceros civiles responsables” por el Poder Judicial en investigaciones y procesos. Estas son las peruanas Alpha Consult, Acruta & Tapia, Cesel, JNR Consultores, Lagesa, Serconsult y Motlima y las extranjeras GOC SA (España), Typsa (España), R & Q Ingeniería (Chile), Lahmeyer Agua y Energía (Alemania, Bélgica) y Energoprojekt Hidroinzenjering (Serbia).

El mayor número de contrataciones se firmó durante el gobierno de Ollanta Humala, entre el 28 de julio de 2011 y el 27 de julio de 2016. Justo ese fue el período más intenso del ahora conocido “Club de la Construcción”, el cártel de constructoras que se repartió las obras públicas del sector transporte. En el tiempo que duró la gestión del Partido Nacionalista las 33 supervisoras que monitorearon a las empresas brasileñas participaron en contratos por S/ 3 mil 656 millones. Esto equivale al 46,6% del total de los montos registrados en la base  de datos. Como se sabe, Humala es acusado por el Ministerio Público de lavado de activos por recibir US$ 3 millones de Odebrecht para su campaña de 2011.

Durante el mandato de Martín Vizcarra, las supervisoras también tuvieron un  importante período de prosperidad. En los apenas 2 años y 9 meses que duró, la suma de las contrataciones en las que participaron totalizan más de S/ 1 mil 380 millones. El expresidente Vizcarra ha estado vinculado al rubro de la construcción desde hace décadas, a través de la compañía C y M Vizcarra, que manejó junto a su hermano. Además, el Ministerio Público lo investiga por la supuesta recepción de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua a cambio de la adjudicación del Proyecto de Irrigiación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Después siguen los gobiernos de Alan García (S/ 1 mil 73 millones), Pedro Pablo Kuczynski (S/ 810 millones), Pedro Castillo (S/ 348 millones), Dina Boluarte (S/ 336 millones hasta julio de 2023) y, al final, el de Francisco Sagasti (S/ 206 millones) . De la época de Alejandro Toledo (2001-2006) solo hay información parcial de los contratos publicados por Osce y suman solo 5,4 millones de soles.

Por otro lado, las entidades que en el tiempo han solicitado más los servicios de las 33 compañías supervisoras objeto de nuestro análisis son las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en total han requerido 430 contratos de servicios y consultorías desde 2005. Provías Nacional, su dependencia encargada de la infraestructura de vías nacionales, es la que más contratos suscribió, 316, por un valor de S/ 2 mil 894 millones. De estos, 262 contratos fueron con compañías que hoy son investigadas por la Fiscalía y en 77 ocasiones lo hizo entre 2017 y 2022.

Otras instituciones que también registran muchos contratos con estas supervisoras son la empresa estatal Petroperú (109), el Minedu (70), Sedapal (51) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (48).

Sin supervisión

Hasta el momento, las autoridades peruanas han concentrado sus esfuerzos en investigar, sobre todo, los pactos de corrupción entre grandes constructoras y funcionarios públicos. De hecho, los acuerdos de colaboración eficaz han impulsado los principales casos. Sin embargo, los expedientes que incluyen a supervisoras entrañan una complejidad distinta y no siempre han corrido la misma suerte.

Por el momento, solo hay un caso reportado en el que se ha condenado a un jefe de supervisión, en el ya nombrado "Chacas - San Luis", aunque el Poder Judicial decidió no castigar a la representante legal del Consorcio Supervisor Huaylas ni a las propias compañías que lo conformaban: Motlima, que tenía el 90% de participación, y Consultores del Oriente, con el 10%.

Al respecto, Cintia Villegas, socia apoderada de Consultores del Oriente, precisó que su compañía solo intervino en la etapa de revisión del proyecto, "como evaluador de la ingeniería de detalle". Asimismo, explicó que en 2021 la supervisora experimentó un cambio de propiedad y que ya no está relacionada con ninguno de sus antiguos socios.

Por su parte, Shirley Bujaico, de Motlima, afirmó que el jefe de supervisión condenado a cuatro años era "un ingenierio ajeno a Motlima". "Hay que considerar que, por la naturaleza de un contrato de supervisión de una obra pública, el jefe de supervisión es el responsable técnico de mayor jerarquía, por lo cual sus decisiones no son consultadas ni comunicadas a su empleador, que en este caso en es el Consorcio Huaylas, no Motlima", comentó.

En 2022 Motlima participó en contratos firmados por un valor de S/ 23 millones 556 mil y en 2023, por unos S/ 4 millones 50 mil.

Pero el caso fiscal que en la actualidad tiene el mayor nivel de avance es aquel en el que se le imputa a Alpha Consult, a su principal accionista Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y a su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga el delito de lavado de activos. La acusación, presentada en diciembre de 2022, advierte que Peñaranda Castañeda ayudó a Odebrecht a generar recursos para pagar sobornos en Perú. El Ministerio Público indica que recibió caudales en una cuenta cifrada en Andorra, para luego “prestarlo” a Alpha Consult y luego “cobrarlo” de vuelta, con la intención de ocultar el rastro.

Por otro lado, a esta compañía se le investiga también por su participación en el Consorcio Supervisor Vial Sur, junto con sus socias Lagesa y Serconsult, por las opiniones favorables que permitieron millonarios incrementos presupuestales en la obra del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur.

Alpha Consult tuvo un parón en sus contrataciones en 2021 y 2022, años en que no firmó ningún acuerdo con el Estado. No obstante, y sin importar las pruebas documentales y los señalamientos directos de al menos un colaborador eficaz, la supervisora volvió a los negocios estatales este 2023. En lo que va del año ya firmó tres contratos con el MTC y Provías, como parte de consorcios, por un valor de S/ 28 millones 349 mil.

La supervisora Cesel, que después de Acruta & Tapia es la que más contratos ha firmado, con un monto de 142, también se encuentra bajo indagación en dos expedientes fiscales distintos. El primero es el que investiga la construcción de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, de Odebrecht, que Cesel monitoreó en consorcio con la sueca Pöyry (también investigada).

"En general, no podemos comentar en detalle los procesos judiciales en curso. Sin embargo, consideramos que los alegatos respecto a la involucración de Pöyry en el [caso] Tren Eléctrico de Lima (Línea 1) carecen de fundamento", comentó de manera breve Darlene Isusi, encargada de contratos de la compaía sueca.

El segundo proyecto por el que se investiga a Cesel es el de la supervisión deficiente durante la construcción del Hospital Lorena de Cusco, construido por OAS. Por este último caso la Procuraduría ad hoc solicitó en enero de este año una reparación civil de S/ 214 millones.

Asimismo, Cesel es la supervisora que ha participado en más proyectos relacionados con las constructoras de Lava Jato. En total, ha supervisado 11 obras, algunas de manera individual y otras en consorcio. En total, cuatro de Odebrecht, dos de Camargo Correa, dos de Queiroz Galvao, dos de OAS y una de Andrade Gutierrez.

Entre  las grandes obras de Lava Jato también se encuentra el Proyecto Hidronergético Alto Piura, cuya adjudicación por S/ 479 millones la ganó Camargo Correa en 2010. La Fiscalía ha considerado que entre 2010 y 2013 los funcionarios de esa región aprobaron 10 prestaciones adicionales de obras, no contempladas en el contrato original, por S/ 183 millones 521 mil.

Las supervisoras fueron las internacionales Energoprojekt Hidroinzenjiering, Lahmeyer y Técnicas y Proyectos SA (Typsa). A solicitud de la Procuraduría ad hoc, han sido incorporadas para responder por los daños que puedan haberse generado por los altos sobrecostos.

La española Typsa, además, es investigada junto con Juan Carlos Zevallos, exjefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte (Ositran), por irregularidades y presuntos pagos de sobornos durante la construcción del Aeropuerto Internacional de Pisco. La investigación está en etapa preparatoria. Typsa es una de las que más fortuna ha tenido para ganar contratos en los últimos años. A partir de 2018 ha participado en contratos, ya sea de manera individual o en consorcio, por un valor de 258 millones 946 mil, lo que equivale al 80% de los acuerdos que ha firmado con el Estado desde 2005.

Este medio contactó por sus canales oficiales a las 16 supervisoras que monitorearon a las principales constructoras brasileñas en Perú y que están o han estado vinculadas a investigaciones fiscales. Al cierre de esta edición solo se obtuvieron las versiones aquí consignadas.

Ilustración de portada: Manuel Gómez Burns.