Empresa inhabilitada logró contratar con el Estado por S/ 61 millones con medidas cautelares durante ocho años

La compañía inhabilitada para contratar con el Estado que registra la mayor cantidad de medidas cautelares otorgadas a su favor consiguió más de 100 adjudicaciones de entes públicos por un monto superior a los 61 millones de soles (18 millones de dólares) durante la vigencia de las resoluciones judiciales que suspendían las sanciones en su contra, según una base de datos construida por Convoca.pe con información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y del Poder Judicial, para la serie investigativa ‘Medidas Cautelares S.A.’.

Es la empresa de mensajería Correos del Perú S.A., constituida en Lima en mayo de 2006 por el empresario cusqueño Milton Becerra Miranda y el abogado limeño Alfonso Vega La Rosa, la cual obtuvo nueve resoluciones judiciales que suspendieron las inhabilitaciones temporales para ser contratista de entidades estatales, impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado de OSCE por cometer infracciones o irregularidades. Alfonso Vega está alejado de la firma desde hace años.

Gracias a estas medidas cautelares, otorgadas entre 2011 y 2018, la empresa de Milton Becerra —quien posee casi la totalidad de acciones— conservó su registro como proveedor estatal y logró que se le adjudicaran 111 contratos por más de 61 millones 540 mil soles (18 millones 650 mil dólares) con fondos del erario público.

Los referidos fallos que beneficiaron a Correos del Perú fueron expedidos por cinco jueces: Juan Torres Tasso, quien emitió cuatro resoluciones; Ricardo Chang Racuay, dos; Lenin Montoro Rodríguez, Lizzy Béjar Monge y Fernando Salvatierra Laura, uno cada uno. Los cuatro primeros pertenecían a la Corte de Justicia de Lima y el último, a la de Junín.

La compañía quedó impedida para contratar con el Estado de forma definitiva desde el 13 de enero último. Sin embargo, seis entes estatales emitieron órdenes de compra en días posteriores.

Entre 2011 y 2019, esta compañía de servicios de mensajería fue sancionada ocho veces por el Tribunal de Contrataciones de OSCE con la inhabilitación temporal de su registro como proveedora del Estado por distintos plazos, la más leve fue por ocho meses y la más grave, por 39 meses (tres años y tres meses). Estas sanciones, que en teoría le impedían contratar con entidades públicas en esos lapsos, fueron impuestas tras determinarse que cometió infracciones administrativas e incluso actos con connotaciones penales, como presentar documentos falsos e información inexacta, durante los procesos de selección.

Pero eso no es todo. En enero de este año, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado castigó a Correos del Perú con la sanción máxima: la “inhabilitación definitiva”, por haber acumulado en los últimos cuatro años tres inhabilitaciones temporales que en conjunto suman más de 36 meses (3 años) de impedimento, situación establecida en la ley como motivo para el retiro de una empresa del Registro Nacional de Proveedores. No obstante, pese a que la inhabilitación definitiva entró en vigencia el 13 de enero pasado, seis entidades estatales emitieron 13 órdenes de compra o servicios a nombre de Correos del Perú por unos 2 millones de soles (más de 600 mil dólares) en total, hasta marzo reciente, de acuerdo con información oficial.

Empresas conectadas

Tres de las nueve medidas cautelares a favor de Correos del Perú están referidas a una misma alta sanción emitida por OSCE en noviembre de 2012 y ratificada en diciembre del mismo año: 22 meses de impedimento para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por haber presentado documentación con información falsa o inexacta durante una adjudicación realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por la cantidad de recursos legales presentados para evitar su aplicación, se desprende que ninguna otra decisión de OSCE causó mayor preocupación a los directivos de la compañía, hasta esos momentos.

Estas resoluciones judiciales —expedidas en los años 2012, 2014 y 2016 por los jueces Juan Torres Tasso y Lizy Béjar— suspendieron los efectos de la sanción del tribunal del órgano supervisor de manera sucesiva en aquel periodo de cuatro años.

¿Por qué a los dueños de Correos del Perú les preocupaba este caso contenido en el expediente Nº 1492-2011.TC, de OSCE?

Correos del Perú fue constituida en mayo de 2006, al mes siguiente de que Urgencia Postal —del mismo dueño— fuera inhabiltada de manera definitiva por OSCE. Foto: Correos del Perú

Además del impedimento de contratar con entidades públicas por casi dos años, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado había dispuesto “poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público” debido a que halló indicios de falsificación de documentos entregados por la empresa para acreditar que cumplía con tener “experiencia de postor en la especialidad”.

Según la sanción de OSCE, en algunas de las facturas presentadas como propias por Correos del Perú para que el MEF le adjudicara el contrato —de más de 600 mil soles (220 mil dólares)— se consignaba el logo de otra compañía, la de Urgencia Postal, que también se desempeñaba en el rubro de mensajería.

La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del MEF detectó que Milton Becerra, gerente general del postor Correos del Perú, ocupaba el mismo cargo en Urgencia Postal S.A., la cual había sido fundada en febrero de 1998 por el mencionado empresario.

Empresario Milton Becerra considera que las sanciones de OSCE son erróneas y excesivas, y que las medidas cautelares a favor de su compañía se ajustan a la ley. Foto: Óscar Libón / Convoca

Aquel dato resultó relevante para el organismo supervisor porque Urgencia Postal había dejado de ser proveedora del Estado por la inhabilitación definitiva que se le impuso en abril de 2006, debido a que incumplió obligaciones y acumuló inhabilitaciones temporales por 24 meses, en apenas dos años.

Esta situación dejó en evidencia que Correos del Perú no debió presentarse para el proceso de selección convocado por el MEF —ni de otra entidad pública—, pues la norma legal establece que se encuentran impedidas de contratar con entes estatales las empresas “cuyos socios, accionistas (…) o representantes legales formen o hayan formado parte (…) de compañías que estén sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente (…) para contratar con el Estado”.

De esa manera, quedó expuesta la conexión de Milton Becerra como directivo de Correos del Perú y de Urgencia Postal, condición que inhabilitaba a la primera para ser postora en cualquier licitación o concurso público.

En 2006, Becerra constituyó Correos del Perú un mes luego de que OSCE impusiera la máxima sanción administrativa a Urgencia Postal con el impedimento definitivo para contratar con el Estado, de acuerdo con documentos de Registros Públicos, razón por la cual esta última fue desactivada posteriormente en 2011. Como proveedora para entidades públicas, Urgencia Postal obtuvo contratos por más de 2 millones 200 mil soles (690 mil dólares) en total, mientras estuvo operativa.

Fallas de origen

Precisamente, este caso resulta emblemático para mostrar cómo algunos aparentes errores en la sanción administrativa por parte de OSCE pueden ser aprovechados por los directivos de una compañía inhabilitada para obtener resoluciones a su favor en instancias judiciales, en ocasiones, con la anuencia de algunos jueces pocos diligentes o formalistas, cuyas decisiones causan sospecha, por lo menos.

La resolución de la primera de las tres medidas cautelares relacionadas al expediente Nº 1492-2011.TC, de OSCE, está firmada por el juez Juan Torres Tasso, del 9º Juzgado Constitucional de Lima, quien sustentó su fallo a favor de Correos del Perú en menos de dos páginas, emitido en diciembre de 2012. En pocas líneas dejó de lado los evidentes indicios de irregularidades cometidas por esta empresa, los cuales habían sido consignados por el Tribunal de Contrataciones en dos resoluciones (Nº 1183-2012-TC-S3 y Nº 1368-2012-TC-S3, de noviembre y diciembre de 2012), que fundamentaban la inhabilitación para ser proveedora del Estado por un año y diez meses.

Uno de los tres fallos expedidos por el 9º Juzgado Constitucional de Lima favorables a Correos del Perú S.A.

“Se verifica que al quedar desvirtuada la falsedad de los documentos cuestionados, se declara que no hay lugar a la imposición de sanción administrativa a Correos del Perú S.A.”, argumentó el juez Torres Tasso.

De esa manera, el magistrado recogía la postura de la empresa demandante, que a su vez se basaba en una resolución anterior del tribunal de OSCE (Nº 1212-2011-TC-S1, de julio de 2011), la cual obvió sancionar las notorias irregularidades expuestas durante el proceso sancionador contra la compañía.

Para poder contratar con el MEF en 2010, Correos del Perú presentó una serie de documentos entre los que estaban tres constancias de trabajo expedidas por Urgencia Postal para acreditar que las jóvenes Carol Bueno Tupia, Fiorella Mendoza Sifuentes y Marjorie More Cuestas se habían desempeñado como supervisoras del servicio de mensajería (control de calidad) en esta empresa, desde el 25 de mayo de 2000 hasta el 30 de junio de 2006.

Sede institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en Jesús María. Foto: Andina

Pero al revisar las constancias de trabajo y constatar las fechas, se halló que —de ser cierto lo remitido por Urgencia Postal— las mencionadas personas habrían empezado a laborar a los 9 y 12 años de edad.

Ante la posibilidad de que fuese documentación falsa, el MEF preguntó de manera formal a Urgencia Postal si los papeles presentados por Correos del Perú eran auténticos y veraces. La respuesta de esta compañía fue que, en efecto, sí lo eran. Como ya mencionó ambas empresas fueron creadas por Milton Becerra. Es decir, no había objetividad en la información brindada.

Con el fin de justificar esa situación, los representantes de Correos del Perú recurrieron a la Biblia como parte de su alegato: “según el libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2, dice: ‘1. Ocho años de edad tenía Josías cuando empezó a reinar y por treinta y un años reinó en Jerusalén. 2. Y procedió a hacer lo que era recto a los ojos de Jehová y a andar en los caminos de David su antepasado; y no se desvió a la derecha ni a la izquierda’”.

A pesar de esto, con los votos en mayoría de Janette Ramírez Maynetto y Ada Basulto Liewald, vocales de la Primera Sala Tribunal de Contrataciones, la empresa de Milton Becerra se libró de ser inhabilitada por presentar documentos falsos en esa ocasión.

Documento en el que se consigna que Correos del Perú al tratar de acreditar la experiencia en el rubro de algunas de sus empleadas, se indicó que supuestamente habrían empezado a laborar a los 9 o 12 años de edad.

“Se aprecia entonces, que el propio emisor de los documentos cuestionados ha ratificado su emisión y veracidad; por lo que queda desvirtuada la falsedad de éstos”, indicaron Janette Ramírez y Ada Basulto.

Esta resolución de OSCE luego sirvió a Correos del Perú para conseguir tres medidas cautelares.

Se debe resaltar que hubo un voto discordante y en minoría, el del vocal Carlos Navas Rondón, quien concluyó que “no resulta concordante con la realidad el hecho que las señoritas hayan laborado para Urgencia Postal cuando tenían entre 9 y 12 años”. Y agregó: “no debe ser tomado en cuenta lo señalado por la empresa (supuesto emisor de los documentos cuestionados), respecto a la veracidad de la documentación” al existir una vinculación muy cercana entre ambas sociedades comerciales, pues tuvieron el mismo propietario.

Millones en propiedades

Milton Becerra, de 53 años, también constituyó otras sociedades comerciales con diferentes personas, pero que no fueron registradas como proveedoras del Estado ni se les adjudicó contratos de entes públicos.

En 1998, además de Urgencia Postal, fundó Copy Show Miraflores S.A., cuyo objeto era dedicarse a la edición e impresión de publicaciones, así como a la industria gráfica. Para dedicarse a un rubro similar, años después, Becerra creó Mae Comunicaciones S.A.C. En 2018, hubo un cambio, constituyó Agro Industria y Servicios Cuatro Suyos S.A. con el fin de importar, exportar e industrializar productos agrícolas.

Aunque no aparece como fundador, Milton Becerra figuraba como accionista y directivo de HCG International Travel S.R.L. desde 2003, una agencia de viajes que dejó de operar en 2009.

Cabe resaltar que durante los ocho años en que las citadas medidas cautelares permitieron a Correos del Perú seguir como contratista del Estado, Becerra adquirió bienes inmuebles a su nombre y al de esta empresa por al menos 2 millones 180 mil dólares, según las partidas registrales analizadas por Convoca.pe. En ese periodo brindó servicios de mensajería a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), al Ministerio Público, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), al Ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y otras instituciones.

Instalaciones de Correos del Perú S.A. en el distrito de LInce. Foto: Óscar Libón / Convoca

Se trató de cuatro compras inmobiliarias realizadas en menos de dos años, entre abril de 2016 y marzo de 2018. Tres casas fueron adquiridas directamente por el dueño de Correos del Perú —por 1 millón 550 mil dólares—, las cuales están ubicadas en las calles Simón Salguero y Bartolomé de las Casas, en la urbanización El Rosal, situada en un área que comparten los colindantes distritos de Surco y Miraflores, una exclusiva zona residencial de la capital peruana.

Y el último predio adquirido, que figura a nombre de la compañía de servicios postales, se encuentra en la urbanización Risso, en el distrito de Lince, por el cual el empresario pagó 630 mil dólares.

Debe precisarse que existen otras propiedades a cuya documentación no fue posible acceder debido a que estaban inscritas en otras jurisdicciones distintas a Lima.

Juez vinculado a red criminal

¿Y cuáles eran los antecedentes de los cinco magistrados que otorgaron medidas cautelares a Correos del Perú, inhabilitada de forma definitiva por OSCE hace cuatro meses, así como del empresario Milton Becerra?

Uno de ellos, Ricardo Chang Racuay, como titular del 3° Juzgado Constitucional de Lima, resolvió dos veces a favor de la compañía de Milton Becerra —en enero de 2017 y enero de 2018— y así evitó que fuera sancionada con 17 meses en total de suspensión como contratista del Estado, por infracciones en perjuicio de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica y la dependencia en la región Ica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Chang Racuay, quien tuvo que renunciar a su cargo en julio de 2019, es el primer sentenciado por el megacaso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto, red criminal que estuvo integrada por jueces, fiscales, abogados, empresarios e integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desarticulada en julio de 2018.

En enero último, fue condenado a cinco años, siete meses y 15 días de cárcel por cometer cohecho pasivo específico (recibir soborno o prebenda), tras admitir que favoreció al exvocal supremo César Hinostroza en un proceso sobre beneficios laborales —que le permitió cobrar 243 mil soles del Poder Judicial—, a cambio de que el CNM lo ratificara como juez constitucional. Hinostroza, prófugo en España desde octubre de 2018, es considerado parte de la cúpula de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Exjuez constitucional Ricardo Chang Racuay, condenado por su relación con la red de Los Cuellos Blancos del Puero. Foto: Difusión

De acuerdo con información a la que accedió Convoca.pe, el exjuez Ricardo Chang tenía otras ocho denuncias en su contra en el Ministerio Público, presentadas entre los años 2000 y 2019, por delitos como violencia familiar, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica, corrupción y omisión ilegal de acto de su cargo.

Los otros cuatro magistrados que fallaron a favor de Correos del Perú también registran denuncias a nombre de ellos en la Fiscalía.

El juez Juan Torres Tasso figura con cuatro denuncias penales en su contra, por abuso de autoridad y prevaricato, y una en la vía civil, las cuales fueron interpuestas desde el 2016 al 2020.

En tanto, Lenin Montoro aparece en cinco denuncias penales como denunciado o investigado por presuntamente cometer delito contra la autoridad, prevaricato, abuso de autoridad y corrupción, las cuales fueron presentadas entre 2006 y 2019. Mientras que Lizy Béjar tiene la condición de imputada en denuncias por usurpación de funciones y falsedad ideológica, en procesos fiscales iniciados en 2014 y 2019.

Y Fernando Salvatierra Laura, magistrado fallecido en julio de 2019, figuraba con ocho denuncias en su contra en fiscalía penales y anticorrupción de Junín por abuso de autoridad y prevaricato, interpuestas entre 2012 y 2019, la mayoría de las cuales fueron archivadas.

Por su parte, el empresario Milton Becerra registra once denuncias en las que aparece como imputado o investigado en fiscalías de cuatro regiones del país: Lima, Junín, Huánuco y La Libertad, desde 1999 a 2019, algunas de las cuales fueron archivadas. Entre los delitos por los que Becerra fue denunciado están la falsificación de documentos, estafa, apropiación ilícita, resistencia a la autoridad y libramientos indebidos (girar cheque sin fondos).

Versión del empresario

Convoca.pe entrevistó a Milton Becerra en la sede de Correos del Perú, una casona ubicada en la cuadra seis del jirón Tomás Guido, en el distrito de Lince.

El empresario reconoció que su compañía ha sido sancionada varias veces, incluso con la inhabilitación definitiva, pero consideró que se trata de errores y excesos de OSCE.

“Iniciaremos una acción contenciosa administrativa en el Poder Judicial contra la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, y denunciaremos ante el Ministerio Público a los funcionarios de OSCE que vulneraron nuestra legítima defensa y el debido proceso. Nos enteramos de la sanción al mes siguiente, en febrero pasado”, dijo Becerra.

Milton Becerra dice que su empresa está a punto de cerrar por la inhabilitación definitiva que OSCE le impuso hace seis meses, pues el 90% de los ingresos provienen de contratos del Estado. Foto: Luis Enrique Pérez / Convoca

Sostuvo que el órgano supervisor de contrataciones no debió sancionarlo en diferentes oportunidades, pues había en curso procesos de arbitraje sobre contratos con entidades públicas por controversias en la ejecución, supuestos incumplimientos o irregularidades, u otros motivos.

Por esta razón, manifestó que actuaron de forma debida los jueces que otorgaron medidas cautelares a su empresa.

“El Poder Judicial ha sido de alguna forma un equilibrio. (…) Si no hubiera presentado una medida cautelar, Correos del Perú habría desaparecido y yo podría demandar al Estado por 60 millones de soles. (...) El juez está salvando al Estado”, refirió.

No obstante, al momento de preguntarle por qué un recurso judicial que debe ser temporal se extiende por varios años a favor de compañías sancionadas, Milton Becerra declaró: “la medida cautelar debe estar vigente hasta que se dicte la sentencia (del proceso principal, sea acción de amparo o arbitraje), y los procesos en el Poder Judicial son demasiado lentos”.

En relación a los antecedentes de los jueces que emitieron fallos favorables a su empresa, comentó que no los conocía y que ignoraba si ellos estaban denunciados o bajo investigación fiscal.

Sede del Poder Judicial, en el Cercado de Lima. Foto: Diario Uno

Sobre las denuncias en su contra por distintos delitos, alegó que por su cargo de gerente general está expuesto a demandas de las personas que reciben los envíos postales cuando consideran que les está perjudicando. Agregó que algunas veces lo han denunciado porque “confundían Correos del Perú con Servicios Postales del Perú (Serpost)”, que es un ente público. Aseguró que tiene “dos o tres” procesos judiciales en su contra activos.

Expresó que su compañía “casi ha cerrado” por la inhabilitación definitiva que le impuso OSCE debido a que el 90% de sus ingresos provienen de contratos con el Estado. “Ya no podremos seguir repartiendo entre 2 mil a 5 mil documentos por día”, señaló.

Este medio digital, además, intentó recoger la versión de los jueces mencionados a través de la oficina de Prensa de la Corte de Justicia de Lima, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta al pedido.

* Este trabajo fue realizado por Convoca.pe en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa de Periodismo de Investigación para las Américas.