Defensa y muerte: en 11 años asesinaron a 39 líderes ambientales peruanos y decenas denuncian amenazas

El apu kechwa Quinto Inuma Alvarado fue asesinado el 29 de noviembre del 2023, cuando regresaba a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, en la región amazónica San Martín. Volvía de la ciudad de Pucallpa. Se había reunido con otros defensores ambientales para hablar sobre la defensa de los bosques, la justicia y el cuidado del territorio. La tarde en que los balazos resonaron entre la espesura de los bosques, a Quinto lo acompañaban su esposa, la comunera Axceldina Barbarán Tapullima, que resultó herida, y su sobrino Meyster Inuma Pérez, viceapu comunal. Navegaban el río Yanayacu cuando fueron emboscados. 

En febrero de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) había otorgado medidas de protección a favor del jefe indígena. Quinto Inuma cuestionaba con frecuencia que se trataba sólo de una “protección en papel”. Convoca.pe y Connectas ya habían advertido, a comienzos de este año, sobre la situación de vulnerabilidad que vivía la comunidad de Santa Rosillo. Y hace apenas dos semanas, el último 14 de noviembre, Inuma denunció ante la Fiscalía de Derechos Humanos de San Martín que había sido amenazado por el ciudadano Limber Ríos Ruiz y que no recibía ningún tipo de resguardo policial efectivo. Por eso, la autoridad fiscal dispuso una consulta al Minjus sobre qué medidas había adoptado para salvaguardar la integridad del defensor ambiental.

“Hace tiempo que estamos abandonados por el Estado. Nosotros no nos vamos a correr del valle y siempre lo vamos a proteger. Nosotros tenemos garantías personales solo en papeles, pero no tenemos protección. A pesar de ello vamos a seguir denunciando la deforestación de nuestros bosques”, declaró Quinto Inuma para este medio semanas antes de su muerte.

Este medio intentó concretar una entrevista con el Minjus, pero a pesar de que su área de prensa señaló que un vocero respondería nuestras preguntas, esto no ocurrió al cierre de edición.

Convoca.pe ha podido determinar, luego de construir una base de datos de defensores ambientales que han denunciado públicamente amenazas o que han sufrido atentados, que con la lamentable muerte de Quinto Inuma ya suman 39 los defensores ambientales asesinados en el Perú entre mayo de 2013 y noviembre de 2023. De estos, 27 provenían de regiones amazónicas.

Los datos recopilados, que forman parte de una nueva actualización de nuestro aplicativo Los Resistentes del Perú, indican que además hay por lo menos otros dos defensores desaparecidos. Y al menos otros 48 defensores han denunciado amenazas, atentados y hostigamientos de manera pública (no en reserva) entre 2001 a la fecha.

Fuente: Los Resistentes del Perú

El apu Inuma acababa de denunciar, además, la deforestación de 25 hectáreas en el bosque de Santa Rosillo de Yanayacu, cerca del Parque Nacional Cordillera Azul. Y acusaba que de estas, entre 10 y 11 hectáreas habían sido eliminadas por Limber Ríos, el sujeto que lo amenazó días antes de su muerte. 

Según una testigo, mientras agonizaba, Quinto Inuma le dijo a su sobrino Meyster, el viceapu de la comunidad kechwa, que debía seguir luchando. La defensa de Santa Rosillo no debía morir con él. 

Quinto Inuma en una excursión de octubre de 2022 para denunciar ante Convoca.pe y Connectas la deforestación de sus territorios. Foto: Hugo Anteparra

Oídos sordos

¿Qué hace el Estado? El Minjus cuenta con el Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos donde se puede incorporar a los ciudadanos que corran algún tipo de riesgo debido a su activismo. De esta manera, la institución debe identificar las áreas de emergencia, las actividades ilícitas que amenazan a las comunidades y cuántas personas se encuentran en peligro. Luego, evaluar las acciones de prevención. O al menos así debería hacerlo. Sin embargo, para los especialistas y los propios defensores, esto último no se cumple a cabalidad.

“Pedirle al Estado, ya no hay [posibilidad], ya hemos agotado todo. Lo único que podemos hacer es que los pueblos indígenas protejan sus territorios mediante guardias indígenas, porque no hay otra forma, y pedir el apoyo de cooperaciones internacionales”, lamenta Herlin Odicio, uno de los líderes emblemáticos del pueblo cacataibo de las orillas del río Aguaytía, en Ucayali. 

“Ya hemos hecho quejas internacionales, pero no tenemos nada, siguen las amenazas, las invasiones, la deforestación”, sostiene a este medio. El líder cacataibo responsabilza al Estado peruano por la muerte de Quinto Inuma y pide el cese de persecuciones y asesinatos a los defensores ambientales. 

En 2020 y 2021 fueron asesinados cuatro líderes cacataibos por defender sus territorios del narcotráfico y la invasión de terrenos. Se trata de Arbildo Meléndez, Santiago Vega Chota, Herasmo García Grau y Yenes Bonsano.

En el Manual para la Protección de los Defensores Ambientales presentado  por el Ministerio de Ambiente en septiembre del 2022,  señala como uno de sus objetivos trazar un mapa de riesgos para identificar a los defensores ambientales en peligro y recolectar sus datos, brindarles garantías para su vida y, de acuerdo al documento, brindar protección policial. De hecho una de las medidas urgentes de protección contempla evacuar de su territorio a los defensores o defensoras cuya vida corre peligro.

La abogada Jessica Quiroz, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), explica que aunque el Minjus tiene un protocolo de acción, eso no implica llevar a los defensores ambientales a un lugar seguro. Además, dice que no hay directamente protección en campo (resguardo policial) y que existe un severo déficit de presupuesto. 

De acuerdo con la resolución fiscal que recoge la denuncia de Quinto Inuma, esto declaró que a pesar de las medidas dictadas por el Minjus no había resguardo policial.

“Hemos conversado con el Ministerio de Justicia. Ellos tienen un protocolo, pero no contempla llevarlos a un lugar seguro. No hay un buen avance en ello, y eso es lo que falta implementar. Debe haber un presupuesto para acciones en campo, no se puede decir ‘a estas personas se les está dando recaudo’. Se está tomando los datos de las personas y se les monitorea cómo se encuentran”, declara Quiroz para Convoca.pe.

Lissette Vásquez Noblecilla, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, asegura que respecto del caso de Quinto Inuma su institución envió documentos desde agosto de 2021 —luego de que sufriera agresiones de taladores ilegales— a la Fiscalía Ambiental de Alto Amazonas, al Gobierno Regional de San Martín, al Osinfor y al Ministerio del Ambiente. Recomendaba, según dice, advertir el avance de la tala ilegal y las constantes amenazas sobre los habitantes de Santa Rosillo.

Por su parte, la Fiscalía  Provincial Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas respondió a la Defensoría que había reprogramado las supervisiones por falta de seguridad y presupuesto, e incluso pedía apoyo en transporte a una organización no gubernamental.

Debido a esto, en un oficio con fecha del 18 de febrero del 2022 al que accedió Convoca, la Defensoría admite lo siguiente: “[Se] advierte una débil intervención de las autoridades competentes del Poder Ejecutivo y del Gobierno Regional de San Martín, así como del Ministerio Público en la atención de la problemática descrita, agravando aún más la situación de indefensión en la que se encuentran estas comunidades nativas".

“Aunque las causas del apu se encuentran en investigación, sabemos que las actividades ilegales en la zona continúan. Si bien se puede dar cuenta de que eventualmente las entidades pueden haber realizado algún tipo de actuación, lo que vemos ahora es que esos esfuerzos son insuficientes“, afirma Vasquez.

“Aunque eventualmente se realicen acciones formales como brindar garantías, establecer medidas o aprobar normas, si esto no se traduce en acciones concretas o en una protección efectiva, van a significar únicamente medidas que se establecen formalmente. Se requiere efectividad en las acciones del estado”, finaliza la funcionaria defensorial.

Luego de la muerte del apu Quinto Inuma, el ministro del Interior Víctor Torres declaró en conferencia de prensa que activarían un plan multisectorial y realizarían las investigaciones para capturar a los involucrados en el homicidio. Los recursos se movilizan después de la tragedia.

La Defensoría del Pueblo envío el 18 de febrero del 2022 un oficio al Osinfor, en él se detalla la respuesta que recibió de la Fiscalía Ambiental. Fuente: Defensoría del Pueblo
 

Tensa espera

Otro de los casos emblemáticos donde campea la muerte, la frustración y la impunidad es el de Saweto, comunidad asháninka de Ucayali donde fueron asesinados cuatro defensores ambientales por taladores ilegales en 2014. 

Lita Rojas es una de las viudas que desde hace 9 años exige justicia. Guarda un silencio solemne antes de hablar del día en que murió su esposo, el defensor ambiental Leoncio Quintisima, asesinado junto a sus compañeros de lucha Edwin Chota, Jorge Ríos y Francisco Pinedo por madereros ilegales el 1 de septiembre del 2014, cerca de la frontera con Brasil.  “El día que murió yo estaba en mi casa, cuidando a mis muchachos, sembrando. El viernes le han matado. Mi tío me avisó que le había pasado algo. Yo me he quedado triste, me ha dolido bastante”, recuerda Rojas.

—Yo le decía no te vayas, escuchaba comentarios de amenazas. ‘No me va a pasar, no me van a matar nada, yo me voy a defender’, decía mi esposo. Y se ha ido… Como él siempre veía nuestro territorio...— narra Lita Rojas desde un hotel de Pucallpa, donde ha llegado hace una semana luego de cuatro días de viaje para asistir a una audiencia sobre el asesinato de su esposo. Continúa diciendo que aunque hayan pasado tantos años buscando justicia, no va parar hasta encontrarla.

Las viudas de Saweto resisten hace 9 años en su búsqueda de justicia. Foto: Servindi

Ella y las otras viudas se dan ánimos para continuar, aunque no tienen todo a su favor: el 31 de agosto del 2023 la Sala de Apelaciones de Ucayali anuló la sentencia condenatoria de veintiocho años de prisión a los cinco madereros investigados por el asesinato. El juicio oral ahora debe reiniciarse. Las viudas lo sienten como un golpe duro, incluso un maltrato. Ahora tendrán que viajar, de nuevo, largas distancias para asistir a las audiencias programadas en noviembre de 2023. La ausencia será de dos semanas. Tendrán que dejar a los niños pequeños al cuidado de alguien mayor. Eso las angustia sobremanera.

—Cuando murió mi esposo tuve que empezar a trabajar más para sostenerme. Ahora que salgo de mi comunidad debo dejar solos a mis hijos chiquitos. Me pongo a pensar y me da pena— dice Rojas. Las viudas para llegar a la sede judicial deben navegar cinco días, afrontando un camino lleno de vicisitudes y expuestas a la voluntad del clima. Además deben enfrentarse a la barrera idiomática durante las diligencias, pues ellas hablan asháninka y no dominan totalmente el castellano. “Yo vengo sufriendo para buscar justicia”, añade Rojas.

Lo preocupante en el caso Saweto, como en muchos otros de defensores ambientales asesinados o amenazados, es la lenta respuesta estatal a sus alertas. Los sawetinos habían denunciado la presencia de madereros en sus tierras comunales y pedían que el Estado no otorgue concesiones en sus territorios. Fue en el 2008 cuando Edwin Chota, uno de los líderes más emblemáticos de Saweto, denunció ante la Fiscalía Ambiental de Ucayali la presencia de madereros ilegales en sus territorios ancestrales, pero por una supuesta falta de pruebas el caso se archivó. Seis años después morirían él, Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo.

Cronología del Caso Saweto con los hitos más importantes durante estos nueve años. Fuente: Organización Regional AIDESEP Ucayali-ORAU

La base de datos estructurada por Convoca registra además que el año en que más asesinatos de líderes ambientales se registraron fue el 2022. Once de los defensores de la selva cayeron defendiendo los bosques de taladores ilegales, mientras que 16 lo hicieron plantando resistencia a la minería ilegal y el narcotráfico. 

Las regiones donde más crímenes sangrientos se han reportado son Ucayali (7 asesinatos), Junín (6) y Loreto (5).

En Junín, en el Vraem, donde impera el narcotráfico, murió el 19 de abril de 2022 de dos disparos en la cabeza Ulises Rumiche Quintimari, líder nomatsiguenga y gerente de pueblos originarios de la Municipalidad de Pangoa (Satipo). Defendía sus tierras de la industria de la cocaína. El día de su asesinato había participado en una reunión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su viuda aún exige justicia y que se esclarezcan los hechos. 

Julio Cusurichi, apu de la comunidad nativa El Pilar, de la región Madre de Dios, quien se ha enfrentado al tráfico de terrenos y a la tala ilegal, coincide en el punto de que las garantías y la justicia les son esquivas a los defensores ambientales mientras las amenazas aumentan.

“En diferentes instancias he dicho que he sido perseguido, he sido uno de los blancos, hasta han ido a quemar mi casa. Y por algunas informaciones, amigos me han sugerido sacar a mi familia de Madre de Dios. Eso es lo que ha sucedido. Pero en verdad no hay justicia. El hecho de que haya algunas iniciativas para defensores ambientales no nos garantiza nada. Una resolución es un papel más, en el día a día no hay nadie protegiendo”, asevera el líder shipibo amenazado. 

La huella de la tala ilegal en San Martín pone en peligro los bosques primarios y a las comunidades que los protegen. Foto: Hugo Anteparra.

Acciones que llegan tarde

Convoca.pe además revisó todas las resoluciones de “alerta temprana” del Ministerio de Justicia, que sirven —o deberían servir— para tomar prontas acciones a favor de los defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Entre marzo de 2020 y octubre de 2023 se emitieron 15 resoluciones de “alertas tempranas” a nivel nacional, de las que 14 son a favor de líderes amazónicos y sus familiares. 

Se reconocieron cuatro casos en Ucayali (tres en Coronel Portillo y uno en Padre Abad), tres en Huánuco (Puerto Inca), tres en Madre de Dios (Tambopata) y dos en Amazonas (Condorcanqui). También un caso de alerta temprana se dio en Loreto y otro en San Martín, que correspondía a Quinto Inuma y su viceapu. 

En el caso de Inuma, se resolvió implementar "acción urgente de protección", "asistencia legal" y "visitas públicas de las autoridades". El Minjus comunicó la disposición de alerta temprana tanto a la Policía Nacional como al Gobierno Regional de San Martín. Sin embargo, como ya ha reportado este medio, el líder kechwa denunciaba que esto no ocurría y que las autoridades muy rara vez habían visitado la zona.

El abogado Hugo Che Piu, presidente de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y especialista en protección de defensores ambientales, sostiene que el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Derechos Humanos, que lidera el Minjus, necesita mayor cobertura para salvaguardar a más ciudadanos amenazados y evitar estos crímenes. Participan ocho ministerios y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

De hecho, ya hay casos que lamentar porque el mecanismo no se activó cuando debía o las acciones de protección estaban descoordinadas. “Un caso emblemático fue el de Santiago Contoricón, un líder conocido que sin embargo fue asesinado. Y lo que es peor, tenía garantías de la prefectura. Hay muchos defensores ambientales que tienen garantías de parte del Ministerio del Interior y esa información no se contrasta con la del Mecanismo Intersectorial, como ocurrió con Contoricón”, afirma. 

“Para el mecanismo, no estaba en situación de riesgo porque formalmente no había tomado conocimiento de eso. Por un lado, el Estado le ofrecía garantías, sabía que corría riesgo, y por otro, el sistema que debía brindarle protección efectiva no sabía del hecho”, advierte. El líder asháninka Santiago Contoricón fue asesinado en abril de este año, en la comunidad de Puerto Ocopa (Junín), por posibles narcotraficantes.

“¿Cuántos defensores están en una situación similar? ¿Por qué es tan difícil que el Estado vincule dos sistemas que deberían estar estrechamente vinculados? Esto podría ayudar a cientos de personas a tener mayor protección”, añade el abogado de defensores ambientales. 

Por su parte, Herlin Odicio, líder del pueblo cacataibo —asentado en el distrito de Ucayali—, comenta que día a día las amenazas del narcotráfico aumentan en su zona y que, aunque ha pedido garantías para su vida, el despliegue del Estado es insuficiente y en ocasiones nulo. No se les brinda ningún tipo de seguridad, ni a él ni a su comunidad. Odicio viene luchando contra los narcotraficantes y el despojo de los terrenos de su comunidad desde hace más de cinco años. 

“Aquí el mismo narcotraficante es el mismo usurpador de tierras. Esta red opera en la Amazonía. Yo vengo denunciando públicamente las actividades ilegales que vienen sucediendo en Ucayali, en las comunidades cacataibo, desde el 2018. El Estado sí me ha brindado garantías, pero eso no ayuda nada. Yo no tengo confianza en la policía, ellos mismo están involucrados en estas actividades ilegales. El mismo funcionario público, no todos, pero sí hay quienes están involucrados. Y esa dificultad tenemos. Por eso no podemos informar a otras personas que no conocemos”, declara. Para Odicio, las garantías deberían ser más efectivas. La confianza con el Estado se ha quebrado.

Herlin Odicio es uno de los líderes del pueblo Cacataibo que lucha contra la expropiación de terrenos y el narcotrafico. Foto: redes sociales

Otro defensor ambiental que ha recibido amenazas de muerte es Miguel Guimaraes, del pueblo indígena shipibo-konibo Flor de Ucayali, en Ucayali, y quien es vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Esta institución recoge en su registro interno más de 30 casos de defensores asesinados, por lo que reclaman mayor atención estatal. Guimaraes por su parte señala que la situación es crítica. 

“Nosotros representamos a más de 2.400 comunidades. Hemos estado en zonas de frontera con Brasil, una cuenca invadida por el narcotráfico, donde las personas andan con armamento y no se puede tomar fotografías. Son situaciones que nosotros hemos alertado, pero no hemos tenido respuestas inmediatas respecto a la situación que enfrentan los defensores y defensoras de la Amazonía”, advierte. 

“Hay casos que hemos informado al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, pero a pesar de las movilizaciones indígenas, el Estado no cumple con su rol, que es establecer garantías, prevenir la situación antes que lamentar. Tenemos un mecanismo intersectorial que no ha sido construido con las organizaciones indígenas. Tenemos el caso Saweto en el que las viudas siguen buscando justicia. Entonces no hay justicia para defensores en la Amazonía”, afirma Guimaraes.

“Yo he tenido amenazas directas a mi celular, diciéndome que me van a asesinar. Me envían fotografías de personas descuartizadas, diciéndome que si sigo haciendo denuncias me va a pasar lo mismo”, declara. Y lamenta que no existan avances efectivos ni voluntad firme para proteger a quienes defienden los recursos naturales del Perú. 
 

*Este reportaje se realizó con el apoyo de los participantes del 'InvestigaTour Amazonía 2023', un programa de capacitación de la Escuela Convoca.