A punto de que se cumplan nueve años del asesinato de cuatro defensores ambientales asháninkas de Saweto, en Ucayali, la justicia aún tarda en llegar. Hoy, en conferencia de prensa, los familiares de las cuatro víctimas mortales —Edwin Chota, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez— han manifestado su indignación y dolor por la decisión de la Sala de Apelaciones de esa región, que el último martes anuló las condenas contra los cinco taladores ilegales acusados de cometer los crímenes.

Una primera instancia ya les había dictado, el 27 de febrero de 2023, una pena de 28 años y tres meses de prisión. Ahora, por orden judicial, deberá practicarse un nuevo juicio oral contra los imputados. "Se advierte una deficiente investigación fiscal que no ha actuado los medios probatorios necesarios para vincular más allá de toda duda razonable a los acusados con los hechos materia de investigación", señala la resolución.

Los imputados son Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, como autores mediatos de homicidio calificado, y Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix, como coautores.

Como se sabe, el 1 de septiembre del 2014 los líderes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados cuando se dirigían a una reunión en la frontera de Perú y Brasil. De acuerdo con el mapa interactivo Resistentes del Perú, actualizado por Convoca.pe, entre 2013 y 2022 se registraron al menos 36 asesinatos de defesnores ambientales en el país.

Justicia que tarda

En el Caso Saweto la cronología de los hechos puede ilustrar una lenta y amarga sucesión de episodios cargados de olvido, impunidad, retrasos y una clara inacción de las autoridades peruanas.

En 2008, el ahora asesinado Edwin Chota, uno de los líderes más emblemáticos de Saweto, denunció ante la Fiscalía Ambiental de Ucayali la presencia de madereros ilegales en sus territorios ancestrales, pero por una supuesta falta de pruebas el caso se archivó.

Decisión de la Sala de Apelaciones de Ucayali, que anula condena contra los acusados. Fuente: Corte Superior de Justicia de Ucayali

Desde entonces las principales demandas de los sawetinos eran la intervención de la Policía Nacional del Perú para frenar la tala ilegal y la titulación de sus bosques. Su objetivo era evitar que el estado ceda concesiones madereras en las tierras de su comunidad. Esto último se logró después de la muerte de los cuatro líderes.

El camino que ha seguido el caso también están llenos de vaivenes judiciales. Uno de ellos ocurrió en el 2018, cuando el exfiscal Julio Reategui excluyó del proceso de investigación a cuatro de los investigados. Como la decisión de Reategui no tenía suficiente solidez, la defensa apeló y obtuvo una respuesta positiva. Finalmente se asignó un nuevo fiscal.

El camino que ha seguido el caso también están llenos de vaivenes judiciales. Uno de ellos ocurrió en el 2018, cuando el exfiscal Julio Reátegui excluyó del proceso de investigación a cuatro de los investigados. Como la decisión de Reátegui no tenía suficiente solidez, la defensa apeló y obtuvo una respuesta positiva. Finalmente se asignó un nuevo fiscal.

Decisión de la Sala de Apelaciones de Ucayali. Fuente: Corte Superior de Justicia de Ucayali

El abogado de las víctimas, Yusen Caraza, explicó a Convoca.pe que la decisión de los magistrados se basó en dos puntos: la situación de un testigo protegido —cuya participación había sido excluida en el juicio oral— y una posible "motivación aparente" en la resolución judicial de primera instancia, es decir, la Sala de Apelaciones ha considerado que la sentencia no ha sido debidamente fundamentada y estructurada.

En opinión de Caraza, estas observaciones se podían subsanar. “Considero que esto se pudo superar y así sacar adelante una sentencia ejemplar en segunda instancia, porque los hechos que se narran mediante los testigos protegidos han sido fácilmente narrados también por otros testigos del juicio oral. Con respecto a la estructura, desde nuestro punto de vista ha sido realizada de manera adecuada. Hubiera sido honorable para la justicia peruana que se ratifique la sentencia en primera instancia”, precisó.

Para Lita Rojas, la viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, la decisión judicial de anular las condenas es indignante. “Estoy muy molesta. Estoy aquí para exigir justicia al igual que todas mis hermanas. Mis hijos sufren y sufren. ¿Quién se preocupa por nosotros?”, dijo hoy durante una conferencia de prensa desarrollada en Lima.

En la misma, el apu Jorge Perez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), lamentó que los líderes indígenas sean asesinados por defender sus territorios de invasiones. “Es importante señalar que fueron los líderes quienes han buscado todo tipo de forma para proteger el territorio ante la tala ilegal. Sin embargo, han sido asesinados de manera cruel. Y esto debe poner de manifiesto: que todos los líderes indígenas que están luchando contra los invasores que buscan agredir el territorio son asesinados. La justicia aquí es flexible y muchos casos quedan en la total impunidad", mencionó.

Familiares de líderes ambientales brindan conferencia de prensa luego del fallo de la Sala de Apelaciones de Ucayali. Foto: AIDESEP

Pérez también solicitó que Estado asuma responsabilidad en la manutención de los hijos y viudas de las víctimas. La sensación de impunidad que perciben las viudas de los líderes asesinados —una de ellas ha fallecido sin atisbar siquiera la justicia que tanto clamó— es, de acuerdo a sus declaraciones, humillante.

“Hemos sido cuatro mujeres criando a sus hijos pequeños, sufriend. Ahora dejo mi comunidad para buscar justicia. Ya son nueve años. Estoy muy triste, me siento humillada, es como que no existo en Perú”, testimonia Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos.

Como lo reportó Convoca.pe en 2019, los varones de Saweto viven con el temor de perder la vida por mano de las mafias madereras, que han continuado amenazando a las familias de la comunidad. Es por ello que las mujeres locales han tomado el liderazgo para denunciar de manera pública la violencia que les impone el crimen organizado. Las actividades ilegales se extienden por esta zona a donde pocas veces ha llegado el Estado.