China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sucursal del Perú, constructora investigada por la Fiscalía peruana por lavado de activos, continúa licitando millones de soles en proyectos de infraestructura vial, al menos en cinco regiones del Perú. En apenas siete meses, entre enero y julio de 2025, ha logrado en consorcio con una empresa peruana, cuatro contratos con el Estado por un total de S/507 millones 899 mil 902 (más de US $145 millones).
La empresa china, que es acusada de pertenecer a una presunta organización criminal que operaba al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ganó en consorcio con la compañía nacional Ricardo Prado Building Studio S.R.L., tres licitaciones convocadas por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y otra con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado). Ambas instituciones pertenecen al MTC.
Los contratos son para la gestión y conservación de cuatro corredores viales en las regiones de La Libertad, Áncash, Piura, Lambayeque y Cajamarca.
El consorcio liderado por CCECC Sucursal del Perú se ha convertido en uno de los que más dinero ha licitado con Provías Nacional en lo que va de 2025: el monto de los contratos equivale al 21% del presupuesto girado por esta institución hasta el 31 de julio.
El hijo novato y el padre con nexos políticos
Pero en esta historia de la compañía del llamado ‘Club del Dragón’, merece una mención especial la empresa peruana Ricardo Prado Building Studio S.R.L, con la que gana fortunas con el Estado. Esta constructora no cuenta con experiencia previa en licitaciones del sector. El único contrato estatal registrado en el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) previa a las licitaciones millonarias con los chinos, es por un “servicio de recorrido virtual y renders maqueta con cargo al proyecto Modelo Red Parque C” por el que cobró S/2,870 soles (US$ 717 a la tasa de cambio de la época) a la Universidad Nacional del Centro en diciembre 2021.
En contraste, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sucursal del Perú ha licitado con el Estado peruano por más de S/ 2 mil millones entre 2020 y el 31 de julio de 2025 (más de US$571 millones).
Ricardo Prado Building Studio S.R.L tiene como gerente general a Serggio Ricardo Prado Vargas, un arquitecto de solo 30 años, egresado como bachiller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en septiembre de 2020. Según su LinkedIn, el joven trabaja desde junio de 2021 en CCECC Sucursal del Perú y tiene el cargo de commercial manager desde septiembre de 2022.
De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la empresa está ubicada en la ciudad de Huamanga (Ayacucho) y fue inscrita el 23 de febrero de 2021 para “construcción de edificios, alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles y a la venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática”.
Convoca.pe se contactó por teléfono con el arquitecto el 25 de julio, quien tras escuchar el motivo de nuestra llamada dijo que se encontraba en un almuerzo y pidió que le enviemos las preguntas por Whatsapp. También le solicitamos formalmente una entrevista al correo institucional de su empresa que aparece en la página del OECE y en LinkedIn pero hasta el cierre de este reportaje no respondió.
Serggio Prado Vargas tiene como socio y accionista de la empresa a su padre, el contador ayacuchano Richard Prado Ramos, quien en 2013 fue gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho de Wilfredo Oscorima, bautizado como “Wayki” (amigo o hermano en quechua) por la presidenta Dina Boluarte en el contexto del caso Rolex, por el que ambos funcionarios son investigados en el Ministerio Público.
Prado Ramos tiene una vida política activa: actualmente está afiliado al partido político Podemos Perú de José Luna Gálvez desde el 3 de octubre de 2024. Entre 2008 y 2013 fue militante del Apra.
El contador ha sido candidato al Gobierno Regional de Ayacucho en 2018 y en 2022, con el movimiento político Qatun Tarpuy y con el Movimiento Regional Gana Ayacucho, respectivamente. En su hoja de vida de 2022 no consigna la sociedad en Ricardo Prado Building Studio S.R.L (que ya estaba constituida en ese año) y detalla una lista de 14 bienes inmuebles en Lima y Ayacucho que calcula en S/ 200 mil (unos US$57 mil al tipo de cambio actual).
Prado Ramos aparece como imputado en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Ayacucho por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión con defraudación patrimonial al Estado.
Tras una búsqueda en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Convoca.pe corroboró que Serggio Ricardo Prado Vargas tiene dos propiedades inmuebles a su nombre en el distrito de Lince en Lima, uno de estos departamentos fue adquirido en marzo de 2023 por S/295 mil 423 (más de US$79 mil) a través de una hipoteca del banco BBVA, la misma que fue cancelada un año después, en marzo de 2024. El otro departamento valorizado en S/20 mil fue una donación de su padre.
Este medio contactó a Richard Prado Ramos a inicios de agosto, pese a que en principio estuvo de acuerdo en conversar con nosotros y envió un mensaje de voz de Whatsapp quedando en una hora y fecha determinada para la entrevista, luego no respondió a la llamada ni a nuestros sucesivos mensajes.
“Usualmente cuando se consorcian es porque las otras empresas socias aportan experiencia o financiamiento que la principal no tiene. Pero si esta empresa no tiene experiencia, puede ser que es una ‘abre puertas’ con las entidades públicas. Es decir, hacer lobby para las adjudicaciones. No veo en qué sume técnicamente a la empresa china, que ya sola podría acreditar experiencia”, declaró a Convoca.pe una fuente que prefiere el anonimato pero es experta en contratos y adjudicaciones de obras públicas ante el MTC y ha sido alto funcionario del sector.
La historia se repite
No es la primera vez que China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú gana millonarias licitaciones con una empresa y con un joven sin experiencia en la ejecución de obras públicas. En 2022, investigaciones periodísticas dieron cuenta que Roberto Aguilar Quispe, un joven de 27 años, gerente general de la constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., ganó junto CCECC Sucursal del Perú y China CAMC Engineering CO. LTD Sucursal del Perú S/580 millones en tres contratos con Provías Nacional y un contrato con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), unos US$156 millones en ese año.
Una investigación de Convoca.pe en 2022, reveló que las compañías de la familia de Roberto Aguilar, vinculada al rubro de la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructuras, lograron importantes licitaciones desde el segundo quinquenio de Alan García hasta 2022 por S/ 706 millones (más de US$190 millones).
La constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C fue acusada por la lobbista Karelim López a inicios de 2022 ante las autoridades peruanas. En su condición de colaboradora eficaz ante la Fiscalía, López aseguró que Roberto Aguilar (quien recién se había graduado como bachiller en Ingeniería Civil) era integrante de una presunta organización criminal encabezada por el entonces presidente Pedro Castillo e integrada por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, entre otros.
López aseguró que entre las empresas chinas favorecidas del ‘Club del Dragón’ se encontraba CCECC Sucursal del Perú, una red en la que tenían una importante participación los congresistas apodados ‘Los Niños’, por la presunta obediencia y lealtad al exmandatario Castillo. Sin embargo, el consorcio de la compañía china rechazó las imputaciones de López y anunció que se allanaría a las investigaciones.
En 2023, una comisión investigadora del Congreso presidida por el congresista Héctor Valer Pinto, incluyó a CCECC Sucursal del Perú entre las 13 empresas favorecidas para obtener millonarias licitaciones con el MTC y otras instancias del Gobierno.
Convoca.pe confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios mantiene la investigación contra China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú por el presunto delito de lavado de activos.
A inicios de agosto, se conoció que la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y 24 legisladores (incluyendo a ‘Los Niños’) acusados de direccionar licitaciones a favor de empresas chinas, entre ellas, China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, China Railway Nº10 Engineering y China Railway Tunnel Group.
Convoca.pe solicitó una entrevista con CCECC Sucursal del Perú el 4 de agosto a través del correo electrónico consignado en su página de OECE pero no recibimos respuesta.
Salvada por el Poder Judicial
CCECC Sucursal del Perú es una empresa estatal china y subsidiaria de una de las mayores empresas constructoras del mundo: China Railway Construction Corporation, que opera en el Perú desde febrero de 2019, en los tiempos del Gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Desde 2020, la compañía ha ganado licitaciones de obras públicas por más de 2 mil millones de soles con el MTC y distintos niveles de Gobierno. Como apoderados legales aparecen en SUNAT, los ciudadanos chinos Liu Xuebing y Li Qingyong.
Li Qingyong tiene un ingreso al Congreso el 13 de enero de 2022 para el despacho del congresista de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, quien es parte de los investigados por presunto tráfico de influencias por la Fiscalía por formar parte del grupo llamado ‘Los Niños’.
Convoca.pe confirmó que CCECC Sucursal del Perú registra sanciones por presentar documentos falsos y cinco penalidades ante el Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE. .
El 27 de abril de 2023 se le impuso a la compañía una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección por “presentar documentos falsos e información inexacta” a las entidades del Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)”.
Poco tiempo después, en mayo de ese año , la empresa enfrentó otra sanción, que generó una segunda inhabilitación por 37 meses, por presentar “documentos falsos o adulterados”.
Pero CCECC Sucursal del Perú logró seguir contratando con el Estado gracias al Poder Judicial. Ambas sanciones administrativas quedaron suspendidas por dos medidas cautelares, una emitida el 30 de abril de 2024 por la jueza Martha Hinostroza Bruno del Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima. La otra emitida entre el 1 y 9 de septiembre de 2024 por el juez Juan Carlos Nuñez Matos del Primer Juzgado Constitucional de Lima.
Es una práctica común en el Perú que las empresas inhabilitadas busquen evadir las sanciones mediante resoluciones judiciales para seguir contratando con entidades públicas, como reveló la investigación ‘Medidas Cautelares S.A.’ de Convoca.pe.
En cuanto a las penalidades, estas fueron dadas entre 2021 y 2022 referidas a incumplimientos del contrato para el mejoramiento del establecimiento de salud Castrovirreyna ubicado en la región Huancavelica. Este proyecto, lo ganó en consorcio con la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C con un monto de contrato original de S/50 millones 900 mil (más de US$13 millones).
Los millones de la banca china
Convoca.pe revisó los cuatro contratos y las bases de las licitaciones en las que participaron en consorcio CCECC Sucursal del Perú y Ricardo Prado Building Studio S.R.L, y detectó, que a pesar que en tres de los cuatro concursos estas empresas no integraban el consorcio que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación técnica al inicio del proceso de licitación, terminaron ganando.
El argumento para otorgar la buena pro a dicho consorcio fue que tenían mayor experiencia y respaldo económico. Lo primero, como revelamos en este reportaje, sólo aplica para la compañía china pero no para la peruana, que no tiene antecedentes en el sector. Lo que sí queda claro son sus conexiones políticas a través de uno de sus socios.
Lo segundo, el respaldo económico se basa fundamentalmente en las cartas fianzas emitidas a favor del consorcio por el banco chino ICBC Perú Bank por el 10% de la propuesta económica en cada una de las licitaciones, lo que supera los S/50 millones (más de US$14 millones).
La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha expresado su preocupación por la presencia de constructoras chinas en el Perú, y han señalado que sus requisitos en licitaciones públicas dificultan la participación de las empresas peruanas.
El gremio empresarial ha señalado que las constructoras chinas, respaldas por el Gobierno de su país y bancos chinos que operan en Perú como Bank of China o ICBC, pueden cumplir con el requisito como líneas de crédito elevadas o cartas fianzas que las empresas peruanas no pueden igualar, como en el caso del consorcio liderado por CCECC Sucursal del Perú.
“La legislación peruana no permite que dos empresas vinculadas a un mismo propietario puedan participar en un mismo proceso de licitación, lo que no aplica para aquellas constructoras chinas que pertenecen al Estado chino. En no pocos casos, por estas condiciones, en licitaciones -sobre todo en obras muy grandes- la mayoría de postores son contratistas chinos”, explicó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de CAPECO.
Conversaciones en Shanghái y Lima
Las relaciones comerciales entre Perú y China se han estrechado durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En junio de 2024, la mandataria hizo una visita de Estado a la República Popular China atendiendo una invitación del presidente Xi Jinping. China es el primer socio comercial del Perú y uno de los mayores inversionistas en nuestro país.
En ese contexto, el 27 de junio último el exministro de Transportes y Comunicaciones y actual ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, se reunió en la ciudad de Shanghái, con Liu Weimin, presidente de las empresas China Railway Construction Corporation Investments y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresa matriz de la subsidiaria investigada por la Fiscalía peruana, como parte del ‘Club del Dragón’.
El 5 de julio de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se justificó señalando que en la reunión con ambas empresas no participó ningún funcionario de la sucursal en Perú. También indicó que Pérez Reyes había invitado a las compañías chinas a participar en concursos públicos que convocaría el Estado para la construcción de ferrocarriles “en la modalidad de Gobierno a Gobierno”.
Diez días después, el 15 de julio, Boluarte tuvo una reunión de trabajo con los representantes de las empresas BYD y China Railway Internacional donde también participó el ministro Pérez Reyes y el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, hoy presidente del Consejo de Ministros.
Cuatro meses más tarde, el 13 de noviembre, en el contexto del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) realizado en Lima, el todavía titular del Ministerio de Transportes, Pérez Reyes, suscribió dos Memorándum de Entendimiento con su homólogo chino, Liu Wei, para “fortalecer la competitividad del sector y la relación entre ambas naciones”.
Coincidentemente, en la misma fecha se daba la presentación de ofertas en la licitación que ganó el Consorcio Montero, nombre con el que se presentaron CCECC Sucursal del Perú y Ricardo Prado Building Studio S.R.L, para el contrato de la gestión y conservación del corredor vial Piura-Lambayeque por S/40 millones 635 mil 382 soles (más de US$10 millones).
En paralelo, también se dio la absolución de consultas y observaciones e integración de las bases de la licitación que ganó el Consorcio Vial Quiches, otro nombre con el que se presentaron las mismas empresas para la construcción del corredor vial de La Libertad-Áncash por S/173 millones 567 mil (más de US$ 46 millones).
“Crean consorcios distintos que son personas jurídicas distintas para que en caso haya sanción no comprometa los demás contratos (...) es una forma de sacarle la vuelta a la Ley de Contrataciones”, explicó a Convoca.pe un exalto funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que conoció cómo operaba por dentro la red de licitaciones.
Mientras las conexiones políticas se dan a todo nivel, la buena estrella de las empresas chinas en el Perú parece tener aún mucho brillo por delante.
*Este reportaje tuvo el acompañamiento de edición de Milagros Salazar, periodista especializada en investigaciones sobre el poder corporativo y político.