Reciente auditoría del órgano de control detectó seis irregularidades en el Tramo 4 de la vía Interoceánica Sur —adjudicada a consorcio de tres constructoras brasileñas—, las cuales ocasionaron pérdidas al país por más de US$ 37 millones en total.

La Contraloría determinó que hubo un perjuicio económico al Estado por 37 millones 446 mil 143 dólares en relación al Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur, concesión adjudicada en agosto de 2005 al consorcio conformado por las empresas brasileñas Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez, investigadas por el megacaso de corrupción conocido como Lava Jato.

El órgano de control, según documentación a la que accedió Convoca.pe, estableció esa cifra total tras realizar una “auditoría de cumplimiento” al referido tramo de la obra, en el periodo de agosto de 2005 a abril de 2017, análisis técnico que finalizó el 18 de junio último.

En el documento (Informe de Auditoría N°601-2018-CG-APP-AC) se señala que los auditores detectaron seis irregularidades, y se recomienda que la Procuraduría de la Contraloría denuncie a los funcionarios y servidores públicos implicados en los presuntos actos indebidos.

Alan García y Marcos de Moura Wanderley, exdirectivo de Camargo Correa en Perú. Foto: Difusión

Entre los hallazgos del órgano de control se encuentra que el Estado perdió 26 millones 857 mil 452 dólares con las tres últimas adendas del proyecto, aprobadas en mayo y agosto de 2009 y en marzo de 2011, es decir durante el segundo gobierno de Alan García.

“Mediante la adenda N° 5 al contrato de concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incrementó los gastos generales de 27% a 35,5% del costo directo para el cálculo del monto considerado en los Certificados de Avance de Obra (CAO) por la ejecución de mayores metros de construcción y partidas nuevas, sin justificar técnicamente que este incremento corresponda a los costos reales requeridos por la naturaleza y características de la ejecución de los trabajos indicados", se lee en el documento.

Algo similar sucedió con las adendas 6 y 7, a través de las cuales “se acordó sin sustento incrementar los gastos generales a 35% en el periodo final del costo directo para valorizar los trabajos del periodo final, sectores críticos y mantenimiento de emergencia”.

Asimismo, el informe identificó a 32 exfuncionarios implicados en infracciones y presuntos actos de corrupción durante su desempeño en las diferentes áreas supeditadas al MTC, de los cuales 29 fueron contratados en el periodo de la administración aprista.

La Contraloría detectó, además, que Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) valorizó y el MTC reconoció a Intersur (nombre del consorcio de las constructoras brasileñas) mayores “metrados” por la ejecución de obras, con un diseño distinto al del proyecto de ingeniería aprobado “ocasionando un pago que no correspondía de 3 millones 138 mil 244 dólares”. Esto ocurrió entre noviembre de 2007 y febrero de 2008.

El informe de auditoría del órgano de control fue finalizado el 18 de junio reciente.

Otra irregularidad establecida por el órgano de control es que el consorcio de las empresas de Brasil ejecutó con deficiencias el subtramo Macusani – Ollachea, que causó un perjuicio económico al Estado por 3 millones 623 mil 444 dólares.

Asimismo, se halló que la adenda N° 1 al contrato de concesión “modificó sin causa debidamente fundada el procedimiento de pago por transitabilidad (…), además se incluyó un pago adicional como mantenimiento de emergencia”. En este caso el perjuicio para el país ascendió a 1 millón 608 mil 851 soles (492 mil dólares).

También se detectó que Intersur presentó los proyectos de ingeniería de detalle (PID) de las obras fuera de los plazos previstos, “no obstante, el Ositran y el MTC no consideraron la aplicación de la penalidad por un monto de 3 millones 335 mil dólares”.

Y por último, la entidad a cargo del contralor Nelson Shack determinó que el MTC otorgó al consorcio brasileño 55 millones de dólares de adelanto para compras anticipadas y construcción “de las unidades de peajes y pesajes (…), sin que esta obligación se encuentre establecida en el contrato de concesión, beneficiándola con la reducción del costo de comisión de financiamiento en 681 mil 314 dólares”.

Los auditores recomendaron que se inicie acciones legales contra los funcionarios implicados en las irregularidades

Convoca.pe trató de recoger la versión de Intersur, pero hasta el cierre de edición de este informe sus voceros se limitaron a decir que nuestro mensaje será remitido a la gerencia del consorcio.

Como se sabe, Camargo Correa es investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de presunto soborno de 3 millones 984 mil 335 dólares al expresidente Alejandro Toledo para que la constructora brasileña sea beneficiada con el contrato del Tramo 4 de la vía Interoceánica Sur, cuyo monto ascendió a más de 180 millones de dólares.

Por este caso, el fiscal Hamilton Castro, quien lidera el Equipo Especial para el caso Lava Jato en Perú, formalizó investigación preparatoria por colusión y lavado de activos contra Toledo, el brasileño Marcos de Moura Wanderley (exdirectivo de Camargo Correa), los israelíes Josef Maiman y Michele Maiman (cercanos al exmandatario). Además, están implicados los integrantes del Comité de Proinversión que concesionaron la Interoceánica Sur: Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font Quevedo y Jhon Barclay Méndez.

Cabe anotar que el mencionado grupo de fiscales tiene investigaciones abiertas sobre supuestos pagos de coimas por los Tramos 2 y 3 de la misma carretera, adjudicadas a Odebrecht. Y algunos de los nombres de los acusados se repiten: Alejandro Toledo, Josef Maiman y otros.