Amazonía: Pozo petrolero de alto riesgo contamina comunidad en Loreto durante 70 años

Frente a la ribera del río Tigre, en la región Loreto, un hombre introduce un palo delgado de pocos centímetros por la grieta de un tubo metálico vertical y, tras sacarlo, deja caer sobre la base de esa estructura corroída unas gotas de un líquido viscoso con un fuerte olor a combustible. El tubo, expuesto sin ninguna protección, está al lado de las escaleras del puerto principal de la comunidad de Miraflores, en el distrito de Nauta, ubicado a cinco horas en embarcación por río de la ciudad del mismo nombre, en la Amazonía peruana. A pocos metros de esa escena, la vida parece transcurrir con naturalidad: un grupo de niños juega a la pelota, dos gallinas dan vueltas mientras picotean el pasto y un cachorro se acerca a oler a los foráneos. 

Ese tubo metálico —que sobresale a unos metros desde el nivel del río y contrasta con ese inmenso espejo de agua y la copiosa vegetación de la Amazonía—, es un pozo petrolero abandonado sin remediación desde la década de 1950. Es uno de los 3264 pasivos ambientales del subsector hidrocarburos (PASH) del Perú, de acuerdo con la séptima actualización hecha por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

Pasivo ambiental de alto riesgo abandonado en Miraflores. Foto: Gabriel García/Convoca

Pero este no es un pozo abandonado cualquiera. Es uno de los 174 pasivos de alto riesgo identificados por su potencial impacto sobre el medio ambiente y también por la posibilidad de afectar a la salud de las personas. En el año 2024, según el MINEM se destinaron S/39 millones 447 mil 908 soles para la intervención de pozos y suelos contaminados.

Del pozo no solo emana petróleo, sino también gases que, de acuerdo a los lugareños, son el origen de sus mareos, náuseas y dolores de cabeza. En Miraflores conviven unas 120 familias, que suman aproximadamente 600 personas y que están expuestas de forma permanente a los hidrocarburos, sin que hasta la fecha se haya cumplido con la remediación ambiental prometida.

El pozo petrolero abandonado está en la ribera del río Tigre, en el puerto de la comunidad. Descripción. Foto: Gabriel García/Convoca

"A pesar que hemos hecho todo lo posible, aun así no hemos tenido una buena respuesta por parte del Estado", menciona a Convoca, Edison Torres Malafaya de 62 años. ”Parece que nos han abandonado a pesar que vivimos en una zona de alto riesgo”.

Torres era el presidente comunal o apu de Miraflores en el 2019. El 9 de marzo de ese año, el incremento del caudal del río Tigre cubrió el pozo y generó el afloramiento de una cantidad indeterminada de petróleo. El crudo se extendió por todo el pueblo debido a que la zona se inunda y el agua cubre los pilares de madera de las casas en época de creciente. 

El registro que guardan documentado con fotos y videos muestra las manchas oleosas sobre sus cultivos y también animales muertos. El derrame trastocó por completo la vida en la comunidad. Se convirtieron en noticia nacional y foco de atención de las autoridades estatales. Sin embargo, seis años después, continúan expuestos al mismo peligro. 

Javier Navarro, actual dirigente de Miraflores, muestra a Convoca los documentos que registran los daños ambientales. Descripción. Foto: Gabriel García/Convoca

”En ese entonces nos visitó la Dirección General de Capitanías, la Fiscalía Ambiental de Nauta, la ANA (Autoridad Nacional de Agua), el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), de Petroperú, etc… y ellos han sido testigos que nosotros no sabíamos qué hacer porque el petróleo se había derramado todito y se había hecho como una represa. Los animales se murieron: gallinas, patos; todo ha sido una pérdida grande para nosotros. Tenemos hectáreas de sembríos de camu camu que dejaron de producir”, recuerda Torres, el entonces apu.

De una carpeta manila, Javier Navarro, de 54 años y actual presidente comunal de Miraflores, saca uno a uno los documentos que registran lo ocurrido en los últimos años: reportes de autoridades sobre el derrame y denuncias de la comunidad insistiendo en el sellado del pozo y en la remediación ambiental.

En un informe del 25 de marzo de 2019, la ANA señaló que el brote de hidrocarburos del pozo 08M-1 en Miraflores, afectó la calidad del agua superficial del río Tigre –afluente del Marañón, uno de los más importantes de la Amazonía– donde encontraron concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), determinación usada para la evaluación de sitios impactados por petróleo crudo. Además, el OEFA reportó en 2019 que las muestras de suelo de la zona presentaban contaminación de bario de hasta 83,6% por encima del Estándar de Calidad Ambiental – ECA para suelo de uso residencial. 

William Celis Valencia, de 49 años, avanza entre las hectáreas de cultivos de maíz y camu camu de la comunidad y señala los cultivos estropeados. Recuerda que en 2019, el derrame cubrió toda esta zona. Frente a las cámaras de Convoca, abre al azar una panca y muestra una mazorca seca. Lo mismo ocurre con los camucamales: los frutos caen muertos. Él responsabiliza de esto a la fuga de hidrocarburo. Celis menciona que gracias a un programa del gobierno cada familia de Miraflores recibió tres hectáreas de cultivos para camu camu pero desde el derrame de 2019 ya no hay producción, tienen que cruzar hasta el otro lado del río para mantener sus cultivos de maíz y plátano. En Miraflores la economía es de subsistencia y ante la ausencia de saneamiento básico la principal fuente de agua es la lluvia y el río.

Los cultivos de la comunidad de maíz y camu camu están afectados tras el derrame de 2019. Foto: Gabriel García/Convoca.pe

Sin pruebas toxicológicas

El puesto de salud categoría 2 ubicado en el Centro Poblado de Miraflores reportó que tras el derrame de petróleo los habitantes presentaron infecciones estomacales, alergia, vómitos, mareos, dolores de cabeza y diarreas. Sin embargo, pese a que los síntomas coinciden con los efectos de la exposición a metales pesados, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) Loreto no registra casos ni atenciones relacionadas con contaminación por petróleo en esta población antes o después del 2019.

Nelly Cebas Peña, de 62 años, asegura que desde el afloramiento de petróleo hasta hoy sufre dolores de cabeza y problemas cardíacos. Manifiesta que, aunque después del derrame se prometió a la población pruebas médicas específicas, nunca se realizaron. Su testimonio expresa desesperación por la falta de ayuda y el daño irreparable a sus medios de subsistencia. 

Nelly Cebas explica a Convoca que desde el derrame sufre problemas de salud. Descripción. Foto: 

”El agua del río está contaminada porque el tubo burbujea y sale petróleo”, describe. Nelly cuenta que sólo bebe agua con tranquilidad cuando sabe que es de lluvia y no del río.

Gabriel Barria, coordinador regional de metales pesados de la GERESA Loreto, confirmó a Convoca que no tiene registro de ninguna intervención en Miraflores. Explicó que, según el protocolo, el proceso para tomar pruebas toxicológicas tras un derrame de hidrocarburos se inicia por la intervención de la Gerencia Regional de Salud a través de la Dirección de Salud Ambiental y la Dirección de Epidemiología y dura un aproximado de 30 a 60 días. 

“Posteriormente, llega a la coordinación de metales pesados, encargados de realizar las brigadas de atención integral. Estas brigadas consisten en enviar a un grupo de profesionales médicos, enfermeros, entre otros, para cubrir determinada zona con personas con exposición o con sintomatología clínica (de exposición a hidrocarburos) para la toma de muestras (sangre y orina). Tras ello, la única entidad en el Estado que puede dar un resultado para confirmar o no si esa población ha sido afectada es Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) del Minsa”, dijo Barria.

El funcionario subrayó el alto costo que demandan estas intervenciones, precio que incluye el traslado del personal hasta este punto de la Amazonía, que según calculó, podría ascender a 700 soles por cada persona analizada. Actualmente, esta Gerencia Regional de Salud interviene por mandato judicial en la comunidad de Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Santa Rosa, comunidades afectadas por derrames de petróleo. 

Gabriel Barría, coordinador de metales pesados de la Geresa Loreto. Foto: Gabriel García/Convoca.pe

”Nosotros hemos solicitado que nos sometan a una prueba toxicóloga y en eso tampoco han cumplido”, dice indignado Edinson Torres desde la comunidad de Miraflores. ”Estamos en una situación de abandono. Las autoridades nos dicen que van a sellar el pozo y se van a ir, ¿y nosotros? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedan nuestros sembríos? ¿Cómo quedan las personas que quizá estamos con metales dentro de nuestro organismo?”, se pregunta.

El ex dirigente informa a Convoca que la comunidad pide una indemnización, tras más de 60 años viviendo junto a un pasivo de alto riesgo y tras sufrir en 2019 un importante derrame: “Que al menos nos indemnicen con algo por las pérdidas que hemos tenido y por las enfermedades que sufren algunas personas”. 

La comunidad acude al puesto de salud de Miraflores para tratar sus dolencias, un centro de categoría 2 que tiene nueve profesionales médicos que cumplen SERUMS. La atención es básica y el espacio tiene una infraestructura precaria. 

Arrol Acuña Salas, técnico encargado, relata que la mayor incidencia de enfermedades se debe a la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico. La población debe desinfectar el agua del río con cloro para su consumo. Solo en 2024, hubo 188 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA), 170 de infecciones respiratorias agudas (IRAS), 150 casos de anemia y el mismo número de casos de parasitosis.

Posta de salud de la comunidad de Miraflores. Foto: Gabriel García/Convoca.pe

“Justamente, desde la Dirección de Salud Ambiental nos han dicho que harán un estudio para lograr agua tratada acá para que la gente lo pueda consumir”, informa este técnico. “También hemos enviado un documento sobre ese derrame de petróleo porque es un problema que los vecinos tienen pero hasta ahora no han respondido”.

Ante esta situación, la comunidad presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto el 6 de mayo de 2021. 

“Nosotros pusimos la denuncia pero en ese tiempo apareció el Covid-19 y no se ha proseguido”, explica Edinson Torres, ex apu de Miraflores.

Convoca corroboró que la Fiscalía en Materia Ambiental de Loreto - Nauta archivó la denuncia, según la información de la FEMA Loreto, debido a que ”el tema era más administrativo que penal pero se logró asegurar adecuadamente el pozo”.

Desde el derrame de 2019, el pozo abandonado que afecta a la comunidad de Miraflores espera remediación. Foto: Gabriel García/Convoca

MINEM no identifica responsable del pozo 

Conforme con la ley 29134, ley de pasivos ambientales (LPASH), se definen como PASH “a los pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos”.

Desde 2011, es decir, catorce años después de la reglamentación de la ley, el Estado a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del MINEM solo ha identificado a una empresa como responsable de un grupo de pasivos ambientales: la estatal Petroperú. 

El pozo de Loreto fue determinado en la categoría de: “responsable no identificado” en julio de 2019 a través de una resolución ministerial del MINEM. Según la ley, ante la ausencia de responsable el Estado debe costear y ejecutar los trabajos de remediación.

La remediación de los PASH por parte del Estado, está a cargo de la DGAAH, y se deberá realizar de forma progresiva priorizando los pasivos de alto riesgo. El pozo abandonado de Loreto fue priorizado por el MINEM junto a otros 4, el 19 de junio de 2019 como parte de la primera relación priorizada de pasivos ambientales. Casi seis años después, no se ha concretado la remediación en ninguno de ellos.

Entre los testimonios recogidos para este reportaje, los habitantes de Miraflores señalaron mayoritariamente como responsable del abandono del pozo a la empresa estadounidense Texas Petroleum Company. Respecto a la fecha del abandono del pozo tampoco hay certeza, la población y anteriores reportajes periodísticos refieren de forma general que ocurrió en la década de 1950. 

A través de una solicitud de acceso a la información pública a la estatal Perupetro, Convoca accedió al plan de abandono aprobado del pozo 08M_1 donde se da cuenta que la perforación del pozo de Miraflores se inició el 10 de enero de 1956 y terminó el 14 de febrero de 1957 y que este alcanzó una profundidad total de 11,537 pies. Precisan, además, que en ese momento las evaluaciones del pozo tuvieron resultados no comerciales de hidrocarburos por lo que se decidió abandonar el pozo exploratorio y se declaró como SECO, es decir, un pozo de perforación que no ha encontrado suficiente hidrocarburo para ser rentable.

“Los primeros pozos exploratorios fueron perforados por empresas como Texas Petroleum Company y Petróleos del Perú, siendo los pozos 04M_1, 08M_1, 50D_1 y 50P_1 los primeros en ser perforados. Estos pozos abarcan desde las décadas de los 50s hasta los 70s, donde se intensifica la exploración con los llamados pozos ‘primeros pozos exploratorios’”, se lee del plan de abandono. Pese a esta referencia, lo irónico es que el Estado no establece la responsabilidad en ninguna empresa y refiere que la fecha de abandono del pozo no está registrada. 

Tras 6 años de espera, una empresa contratada por el Estado está haciendo un estudio para elaborar un plan de cierre de este pozo abandonado. Foto: Gabriel García/Convoca

Burocracia retrasa la remediación

En el caso del pozo 08M_1, nombre técnico del pozo de Miraflores, requiere de un plan de abandono permanente y un plan de abandono ambiental, por lo que su remediación se realizará bajo la modalidad de un proyecto de inversión pública, según informó el Ministerio de Energía y Minas. 

Según el artículo 6 de la LPASH, el abandono ambiental contempla las acciones para la descontaminación, restauración, reforestación, retiro de instalaciones y otras que sean necesarias para remediar los PASH, teniendo en cuenta las condiciones originales del ecosistema, las condiciones geográficas actuales y el uso futuro del área.

Convoca sigue el rastro de las acciones del Estado para iniciar el proceso de remediación a través de resoluciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

El 22 de diciembre 2023, se convocó al concurso público Nº 011-2023-MINEM-1 para la ”contratación del servicio de consultoría para la elaboración Estudio de Pre inversión a
nivel de perfil de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (PASH) de Alto Riesgo”. 

Este servicio incluía la elaboración de planes de abandono de suelos contaminados de diversos PASH. Este concurso fue declarado desierto el 14 de febrero de 2024 por incumplimiento de los postores. Luego, el 16 de abril de 2024 se convocó la adjudicación simplificada AS-SM-4-2024-MINEM-1 que terminó con la buena pro, correspondiente al PASH del pozo 08M_1.

La empresa Soporte Integral en Petróleo y Gas S.A.C. (SIPEGA), durante la ejecución del “servicio de elaboración de Plan de Abandono Permanente de Pozos identificados como Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (PASH) de Alto Riesgo” ingresó a la comunidad de Miraflores para identificar los posibles riesgos e impactos sociales durante la ejecución del abandono permanente del pozo 08M_1. Su diagnóstico consideró el riesgo de remediación de este pozo como “muy alto”. Esta calificación se basó en indicadores como la presencia de infraestructuras a menos de 50 metros del pozo y también factores sociales, como desacuerdos en la comunidad sobre la intervención para el abandono definitivo.

La información más actualizada del caso por parte del MINEM es que la empresa Engineers & Environmental Perú Sociedad Anónima está elaborando el Plan de Abandono, levantando información ambiental y social de la zona de área de influencia y el estudio de pre inversión. Esta empresa firmó el 13 de junio de 2024, el contrato por el “servicio de consultoría para la elaboración estudio de pre inversión a nivel de perfil de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos (PASH) de alto riesgo” con el MINEM por un monto de S/.1 millón 051 mil 718 en un plazo de 185 días calendario (sujetos a la aprobación de los entregables). 

Mientras tiene lugar este proceso lento y difícil, desde Miraflores el alcalde de este centro poblado, Neiser Coral, insiste en que la remediación llegue pronto y que no los olviden. ”Si tenemos un pozo de tan alta contaminación, entonces se debe priorizar su remediación, sobre todo, cuando ya hay una empresa que ha ganado”, pidió esta autoridad. “Deben ponerle más rapidez y más empeño”.

Neiser Corral, alcalde de Miraflores, en el puerto junto al pasivo ambiental. Foto: Gabriel García/Convoca

*Reportaje editado por Beatriz Jiménez.